COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


APOYO AL PUEBLO GUARANÍ

Posted in Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 30 avril, 2008

 

 

 

Históricamente la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, originarios de Bolivia ha sido de exclusión y marginalidad; históricamente los hacendados y terratenientes del oriente han negado sistemáticamente los derechos del pueblo guaraní y se los ha agredido física, social y culturalmente. Es inadmisible dudar de que las poblaciones originarias hayan sido despojadas de sus tierras y recursos, que son explotadas como mano de obra, que son privadas de sus derechos como personas.

Luego de tantas pruebas y denuncias sobre la más inhumana explotación a la que están sometidos guaraníes, ayoréos, chiquitanos y guarayos por terratenientes que se han apoderado de sus tierras, ahora nos quieren hacer creer que son ellos, los indígenas, los que están generando violencia para desestabilizar el proceso autonómico de Santa Cruz. Basta revisar los tantos informes de misiones gubernamentales y de organismos internacionales sobre esta situación para saber que los gobiernos pasados no adoptaron las medidas necesarias para que cese la violación de los derechos humanos de quienes siguen sufriendo la presión y atemorización de los propietarios de tierra en lugares donde se ha instaurado la cultura del sometimiento a través del maltrato, el compadrerío o el padrinazgo, donde la situación laboral está al margen de la Ley General del Trabajo, donde niños y niñas en edad escolar están obligados a trabajar y no pueden asistir a la escuela, donde niñas, hijas de indígenas, prestan servicios en las haciendas y son vejadas por el patrón.

 Finalmente cuando el Estado Boliviano muestra avances en el proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen, el INRA, cumpliendo con su rol técnico y legal, se encuentra en la región de Camiri con la resistencia de los ganaderos latifundistas que tienen el respaldo de la Prefectura de Santa Cruz. Lo paradójico es que una instancia pública departamental tenga como mandato el cumplir y hacer cumplir la ley para garantizar el bienestar de la población y que, en la práctica, responda a los intereses de los grupos de poder económico que siempre dominaron en el oriente y que no quieren perder sus privilegios. Tal contradicción solo ayuda a constatar el carácter folclórico y utilitario que tienen los pueblos indígenas para el Comité Cívico y la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, pues su Estatuto plantea que se « respetaran los usos y costumbres de las comunidades nativas » pero a la vez, el Estatuto elimina la figura de la reversión del latifundio vigente en la Constitución Política del Estado y en la propuesta de la NCPE, y confiere al Gobierno Departamental la potestad de definir sobre « la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución y administración de las tierras del departamento ».

 Por ello, en señal de reclamo y solidaridad con los pueblos indígenas y originarios, las instituciones que conformamos la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) exigimos al gobierno poner fin a la concentración de la propiedad de tierras en pocas familias de terratenientes en desmedro de las comunidades indígenas originarias guaraníes y otras.

 Demandamos el cumplimiento de las Leyes Nacionales y de los compromisos del Estado Boliviano en materia de Derechos Humanos, y específicamente, en relación a los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a la eliminación de la servidumbre.

 Denunciamos que acontecimientos como los que se suscitaron en la localidad de Cuevo-Camiri, no sólo tienen que ver con la resistencia a la aplicación de una ley (INRA); son pretextos para que grupos fascistas logren sus propósitos divisionistas negando toda forma de institucionalidad del Estado Boliviano.

 Demandamos al gobierno la pronta investigación y la sanción a los responsables de las agresiones cometidas contra la población indígena en la localidad de Cuevo.

 Nos solidarizamos con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y con las comunidades y familias que durante décadas han sido sometidas a formas de explotación y violación permanente de sus derechos sin ninguna protección por parte del Estado Boliviano.

 Fundación Acción Cultural Loyola, ACLO; Asociación Programa Tarija, APT; Centro de Asesoramiento Multidisciplinario Vicente Cañas, CVC;Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB;Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA; Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, CENDA; Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS; Centro de Promoción Minera, CEPROMIN; Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija CER-DET; Centro de Servicios Agropecuarios, CESA; Centro de Investigación y Apoyo Campesino, CIAC; Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM; Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA; Investigación, Capacitación y Participación Ciudadana, DESAFIO; Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI-Bolivia; Instituto de Investigación y Capacitación Campesina, IICCA; Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular, INDICEP; Instituto Politécnico Tomás Katari, IPTK; Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí, ISALP; Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino, KURMI; Centro de Planificación, Educación y Promoción Popular LLANK’ASUN; Mujeres en Acción; Oficina de Asistencia Social de la Iglesia, OASI; Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII;Promoción de la Mujer Tarija, PROMUTAR; Centro de Educación Popular, QHANA; Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas, SEMTA; Taller de Educación Alternativa y Producción, TEAPRO; Centro de Promoción y Cooperación, YUNTA; Programa Desarrollo del Poder Local; Programa NINA

Publicités

Defendemos la unidad de Bolivia y rechazamos la autonomía separatista

Posted in Referéndum par colectivoboliviano sur 29 avril, 2008

Ante el referéndum ilegal e inconstitucional que imponen empresarios y cívicos en Santa Cruz, las organizaciones de derechos humanos, religiosas, cívicas, universitarias, vecinales, juveniles de mujeres, de periodistas y otras, expresamos lo siguiente:

1. Rechazamos el llamado referéndum autonómico dirigido por los grupos de poder y dirigentes cívicos separtistas, en contra del pueblo cruceño y la unidad de Bolivia. Esa consulta se impone en contra de las leyes y de la Constitución Política del Estado vigente, por tanto, el pueblo de Santa Cruz, con razón, no se siente obligado a participar y propone la abstención. Los votos por el no a la autonomía separatista también serán un respaldo a la unidad del país. Además, así como ningún habitante de Santa Cruz (nacido allí o migrante) está obligado a concurrir a una consulta ilegal e inconstitucional, los resultados no serán obligatorios ni para los compatriotas de aquel departamento ni para los bolivianos que estamos en contra de la división del país.

Sin embargo, apoyamos las autonomías municipal, universitaria e indígena que se ajusten a las normas y a la Constitución Política.

2. Aquella consulta que tiene en cuenta los intereses de los grupos de poder, muestra otra vez que cuando los sectores dominantes de la sociedad sienten que sus propias leyes limitan sus actos, las violan, como sucede en Santa Cruz. El referéndum fue convocado por quienes no tienen mandato constitucional para ello, la organización irregular de la consulta, el uso abusivo de recursos públicos, la censura a los medios de difusión, el comportamiento de la Corte Departamental Electoral como juez y parte, las amenazas a los ciudadanos que decidieron abstenerse y el desacato a la Corte Nacional Electoral, entre otras acciones, configuran un referéndum ilegal e inconstitucional por su forma y contenido. 

3. Consideramos que la mayoría de los trabajadores y del pueblo cruceño ven cada vez con más claridad que aquel referéndum impuesto no tiene en cuenta sus intereses. Asimismo, la conducta autoritaria de los empresarios y cívicos (incluida la Unión Juvenil Cruceñista), como los ultrajes contra guaraníes, periodistas y un abogado indígena, es una muestra de lo que pretenden hacer en un régimen autonómico/separatista, así como es otro ejemplo de autoritarismo la censura a los medios y la censura vigente en estos medios cuando se niegan a publicar lo que discrepa con ellos.

4. Frente a ese referéndum ilegal e inconstitucional, las organizaciones de La Paz convocamos al pueblo a participar en la Concentración Por la Unidad de Bolivia y en contra del separatismo el día 4 de mayo, en la Ceja de El Alto a partir de las 9 de la mañana.

La Paz, 25 de abril de 2008.

 

ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS LA PAZ       

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS  DESAPARECIDOS « ASOFAM »

MOVIMIENTO FRANCISCANO JUSTICIA Y PAZ

IGLESIA METODISTA

IGLESIA LUTERANA

IGLESIA PRESBITERIANA

ISEAT

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA DE BOLIVIA

CAPITULO BOLIVIANO DE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO

CAFÉ SEMILLA JUVENIL

CONTEXTO

COMITÉ DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL SOBERANIA Y DIGNIDAD (CODEPANAL)

ORGANIZACIÓN CENTRO JUANA ZURDUY DE PADILLA

CENTRO COMUNAL EL CARMEN

Bolpress, 25 de abril de 2008

LIBERACIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS CAUTIVAS Y RESTITUCIÓN DE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES

Posted in ACCION URGENTE par colectivoboliviano sur 21 avril, 2008
Tags:

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL DE  DERECHOS HUMANOS

BOLETÍN No. 1

Santa  Cruz, 18 de abril de 2008

La Coordinadora de Derechos Humanos de Santa Cruz, en  seguimiento a los recientes hechos de violencia denunciados que motivaron la  solicitud de una Acción Urgente, se permite informar a la opinión pública  que:

ˆ       El día 17 de abril, luego de haber  circulado la Acción Urgente, salieron de la zona de El Chaco, la comisión  gubernamental encabezada por el Viceministerio de Tierras, los periodistas y  el abogado asesor de la Asamblea del Pueblo Guaraní ˆAPG, quienes fueron  trasladados a la ciudad de La Paz.  Varios de ellos  presentaban signos de tortura y golpes recibidos y están siendo objeto de  atención médica.  Antes de abandonar la zona, el Viceministro  de Tierras, presentó querella ante las autoridades judiciales , denunciando a  los implicados en los hechos violentos.

ˆ       Uno de los indígenas   Guaraní afectados en los hechos está siendo trasladado de urgencia a la  ciudad de La Paz para ser intervenido quirúrgicamente.

ˆ       Algunos miembros de partidos políticos  de oposición se han dado a la tarea de difundir a través de los medios de  comunicación que los periodistas, profesionales y la institución CEJIS que  acompañan la delegación encargada del proceso de saneamiento de tierras,  forman parte de un grupo irregular, lo cual los hace objeto de nuevos ataques,  dejando en alto riesgo la vida e integridad personal de las personas afectas y  de los integrantes de la institución referida.

ˆ       Los medios de comunicación locales y  gran parte de los medios a nivel nacional, presentan información distorsionada  de los hechos, buscando confundir a la opinión pública y trasladar la  responsabilidad de los hechos en las víctimas de los ataques.

ˆ       El Poder Legislativo conformó una  comisión suprapartidaria para verificar los hechos y transparentar el proceso  de saneamiento de tierras en la región del Chaco boliviano.

ˆ       El día 17 de abril fue presentada ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  – CIDH, una  solicitud de medidas cautelares para…

Los señores Mario Rivero e Hilarión Castillo, de  quienes se dice se encuentran como rehenes en la zona, no han sido liberados y  no se conoce su situación.  Igualmente 3 personas víctimas  de los ataques del pasado 13 de abril continúan  desaparecidas.

Por lo anterior, solicitamos a las organizaciones y  personas solidarias mantener la Acción Urgente y   dar  seguimiento a la misma debido a que la situación de amenaza contra la vida e  integridad personal de los afectados y de las comunidades indígenas se puede  intensificar y desatarse nuevos hechos de violencia.

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL DE  DERECHOS HUMANOS

ALAS, Casa de la Mujer, CEJIS,  CIPCA, Colectivo Rebeldía,  DESAFIO, FORMASOL, Fundación  Tierra

La Iglesia y los “esclavos” guaraní

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 21 avril, 2008

Xavier Albó (*)

Una frase del Sr. Cardenal ha causado revuelo durante toda la semana. “Se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos…Que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos”. Era una alusión al lenguaje con que se habla no sólo ahora sino también desde antes para referirse a la dependencia que siguen teniendo demasiados guaraníes “empatronados” en algunas haciendas del Chaco. Después Mons. Terrazas comentó que su frase había sido descontextualizada por los medios. Efectivamente, el contexto central de la homilía, que yo mismo escuché por la red ERBOL era el Buen Pastor, que cuida a sus ovejas y muere por ellas, a diferencia de los mercenarios.

 Busco “esclavo” en el diccionario y encuentro la segunda acepción: “sometido rigurosa o fuertemente a alguien o algo”. Es la que aquí podría corresponder. Se usa también en Naciones Unidas, al referirse a “formas modernas de esclavitud”, en la Iglesia universal y en la boliviana. Por ejemplo en su tan oportuna Carta Pastoral de 2000: La Tierra, Madre fecunda para todos, al hablar de otra situación comparable de “empatronados” en el otro extremo del país, nuestro Cardenal y todo los obispos del país afirman: “son formas disfrazadas de esclavitud” (nº 36).

Que las hubo y las hay en el Chaco es indudable. Algunos hitos telegráficos:

1892. Matanza de Kuruyuki, con casi 1000 muertos. Sigue un incremento brutal de haciendas con peones cautivos.

1957. La Reforma Agraria recién intenta entrar en Huacareta. Sus impulsores son emboscados y asesinados por los patrones. Son encarcelados pero salen a los diez meses por ser del MNR. La Reforma se hace allí al revés, consolidando las haciendas.

1982. El libro Caciques y Patrones de Kevin “Benito” Healy difunde en detalle el sistema de servidumbre que allí persiste. Ya no le dejan volver a la zona.

1992. Centenario de Kuruyuki. Asiste el presidente Jaime Paz. Miles de guaranís le exigen tierras; él les da material escolar. El obispo de Cuevo sí recoge el reto y, como buen pastor, en cuatro años logra comprar 8.397 hectáreas en que rescata y libera a 193 familias.

1996. Seis años de movilizaciones indígenas han logrado introducir la Ley INRA de Goni la figura de territorios indígenas (TCO). Pero frena compra de fincas no saneadas

1997. Los guaraní inician varios trámites de TCO, incluido el de Alto Parapetí.

2005. La oficina andina de la OIT dictamina: “el caso del Chaco es el más dramático de trabajo forzoso en la región andina”; estima que hay de 5 a 7.000 afectados.

2007, noviembre. Rodolfo Stavenhagen, relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas en misión oficial a Bolivia logra, a pesar de sus 80 años, llegar hasta la zona de conflicto y reitera firmemente la denuncia.

2008, 13 abril. Homilía del Buen Pastor. Al atardecer, la caravana del equipo de Reforma Agraria, acompañado de un grupo de guaraníes, intenta sin protección policial ir a Itakuatía en Alto Parapetí para una reunión de la APG que dé inicio al saneamiento, que incluye verificar si existe o no esa servidumbre forzosa (lo que pedía el Cardenal). Al acercarse a Cuevo, escabullen el bloqueo convocado por ganaderos y autoridades locales, pero más allá caen en una emboscada que los apedrea, inutiliza varios vehículos y persigue con perros y palos a los que huían por el monte. Entre otros, una joven es capturada y mantenida amarrada y humillada en un poste de la plaza en plena lluvia hasta que unas señoras – bendito sea Dios – la sueltan. Los más de 40 heridos son todos del mismo bando y casi todos guaraní. Les acongoja la conciencia de que todo ello suceda tan cerca del terrible Kuruyuki de 1892. A mí me recuerda también Huacareta 1957 y me hace temer el mismo (no) resultado.

2008, 16 abril. Mons. Terrazas, ya mejor informado, acuerda con el Gobierno que la Iglesia participe en el grupo ampliado de verificación del alcance de esas servidumbres forzosas. Habrá que ser cauteloso, pues en Alto Parapetí, donde la APG ha identificado 7 comunidades “cautivas” con 229 familias, ya 88 de sus empatronados han sido “forzados” a salir: antes de que llegue la comisión muchos empatronados deberían emigrar y muchas vacas ajenas deberían inmigrar…

El Sr. Cardenal añadía “No nos dejemos llenar la cabeza sólo con zumbidos de odios y rencores” y lo ejemplificaba con lo de “esclavos”. ¿Podrá, deberá aplicarse y explicitarse esa advertencia, con la influyente voz del pastor, también frente a quienes “llenan con zumbidos la cabeza” de esos bloqueadores para que teman que les quitarán todas sus tierras?, ¿frente a los poderosos y tan notoriamente sesgados medios de comunicación de Santa Cruz, su propia diócesis? Tal vez ayudaría también a quitar trancas y tejer puentes.

(*) El autor es jesuita, antropólogo e investigador de CIPCA.

BOLPRESS, 20 ABRIL DE 2008

« Terratenientes sabotean violentamente el proceso de saneamiento de las tierras en Bolivia »

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 19 avril, 2008

Pronunciamiento de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)ç

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) condena con firmeza la violencia con la cual los terratenientes de la provincia Cordillera de Santa Cruz se oponen al legítimo proceso de saneamiento de las tierras que consiste en la revisión de títulos de la propiedad agraria en Bolivia.[1]

 En conformidad con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2007, este proceso está encaminado al reconocimiento y titulación de tierras con el fin de luchar contra las condiciones de servidumbre y de trabajo forzoso a las cuales está sometido el pueblo guaraní. Esto fue denunciado por la CIDH: “por lo menos 600 familias guaraníes ubicadas en haciendas en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca” están sometidas a “situaciones de servidumbre por deudas análogas a la esclavitud, en no pocos casos agravadas con elementos de trabajo forzoso”. [2]

La noche del domingo 13 de abril, autoridades del gobierno, funcionarios del INRA e indígenas guaraníes fueron atacados y golpeados en una emboscada comandada por ganaderos y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, cuando la comisión oficial intentaba ingresar a la zona de Alto Parapetí, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, vía el municipio de Cuevo. Más de 40 personas resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad, entre las cuales se encuentra el director nacional del INRA.

La FIDH manifiesta su profunda preocupación y condena a estos actos violentos orientados a impedir el trabajo de los funcionarios enviados por el Estado para llevar a cabo el saneamiento de las tierras, en conformidad con las recomendaciones formuladas por la CIDH y otras instancias y observadores internacionales, como el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen, quien visitó Bolivia del 25 de noviembre al 4 de diciembre 2007 y acaba de remitir su informe al gobierno boliviano.

La FIDH reitera su preocupación frente al racismo omnipresente en Bolivia que está reflejado tanto en los acontecimientos recientes como en el proyecto de estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz que será sometido a “referéndum” el próximo 4 de mayo. La FIDH insiste en que, además de ser inconstitucional y de pasar por alto lo previsto por la Corte Nacional Electoral [3], el estatuto autonómico tiene, como lo ha señalado el Dr. Stavenhagen, un “tinte racista altamente lesiv(o) para los derechos humanos de los pueblos indígenas de este departamento”, en particular en su artículo 161.

La FIDH hace un llamamiento a las autoridades estatales y locales para que se lleve a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los actos violentos arriba mencionados; que sus autores sean llevados ante un tribunal independiente e imparcial, y que se les aplique las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley; asimismo, apoya la conformación de la Comisión interinstitucional, en la que participa el Defensor del Pueblo, las Iglesias católica y metodista; la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y la Confederación de la prensa, a objeto de coadyuvar a la pacificación en el lugar y verificar en el mismo las condiciones en las que se encuentran las comunidades cautivas guaraníes, promoviendo el cumplimiento del proceso de saneamiento.

La FIDH recuerda a todos los actores, y en particular a los ganaderos y a la Federación de Ganaderos del Gran Chaco (Fegachaco), que tienen que respetar el estado de derecho. También advierte contra la desinformación que busca frenar el proceso de saneamiento y que ya provocó el bloqueo de varias vías de comunicación.

__________________

 [1] El proceso de saneamiento y titulación de tierras fue establecido por la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 conocida como la Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria, “con la finalidad de desconcentrar la tierra y redistribuirla entre quienes no la tienen o la poseen insuficientemente, además de devolver los territorios ancestrales a los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas del país” (CIDH). Para ello se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Debido a los pocos avances, el 28 de noviembre de 2006 se aprobó la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria modificatoria de la “Ley INRA” para agilizar el proceso. Las leyes 1715 y 3545 luchan contra el flagelo de la servidumbre mediante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria y la dotación de tierras a los pueblos indígenas, entre ellos los guaraníes, en sus territorios ancestrales.

[2] Las familias guaraníes están sometidas a condiciones de trabajo físico excesivas, en algunos casos bajo la amenaza de aplicación de castigos corporales, y se les retribuye o de manera insuficiente para responder a sus necesidades vitales, o en especie. Muchas de ellas están encadenadas a las haciendas por deudas vitalicias o incluso heredadas de sus padres y abuelos e “incluso se han constatado casos en los cuales los propietarios y patrones de haciendas transfieren personal con deudas, disponiendo de la libertad de las personas”. Como lo señaló también la CIDH , “esta situación involucra además violaciones a otros derechos tales como la integridad personal, tanto física como psíquica y moral; a condiciones mínimas de vida digna; a la educación; así como al acceso a la justicia ante tales circunstancias”.

[3] Las autoridades del Departamento de Santa Cruz apoyan su reivindicación de autonomía en el resultado del referéndum del 2 de julio 2007, en el cual ganó el “sí”. Sin embargo, la Corte Nacional Electoral de Bolivia había claramente establecido que este referéndum no era para otorgar la autonomía a los departamentos sino para que, en caso de que el “sí” fuera mayoritario, la Asamblea Constituyente estableciera el régimen vinculante en materia de autonomía que entraría en vigor al mismo tiempo que la nueva Constitución, la cual todavía no ha sido adoptada. Además, incluso en el marco legal actual, el establecimiento de un estatuto autonómico que no sea adoptado por la Asamblea Legislativa es contrario a la Constitución vigente (artículo 4), a la Ley del Referéndum (Ley 2769) y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencia 0085/2006 del 20 de octubre de 2006).

BOLPRESS,  19 abril 2008

El gobierno no puede liquidar el latifundio

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 15 avril, 2008

Por Miguel Lora Ortuño

 Ya Mariátegui, a principios del siglo pasado, sostenía que el problema de la tierra es uno de los aspectos estructurales no resueltos en América. Las revoluciones mexicana y boliviana, dos intentos de resolver este problema desde la perspectiva del nacionalismo de contenido burgués, han fracasado manteniendo a los explotados del agro en el atraso y en la miseria más espantosa. Las limitaciones de esos dos intentos tienen una causa común, sus direcciones no van más allá del respeto a la gran propiedad privada de los medios de producción y pretenden distribuir la tierra a la inmensa masa campesina (uno de los rasgos del giran peso del precapitalismo), sin afectar de manera radical los intereses de los despojadores de la tierra durante la colonia y la República.

 En Bolivia, la reforma agraria se planteó desde una perspectiva burguesa al respetar la propiedad agraria llamada “industrial” (ahora denominada “tierra productiva con función social”) y convertir al campesino en propietario individual de una parcela cada vez más pequeña. Era inocultable la perspectiva que abrigaba el movimientismo de una futura reconcentración de la propiedad privada parcelaria para posibilidad el surgimiento posterior de una burguesía agraria.

La experiencia posterior ha mostrado que el proceso ha recorrido por un camino opuesto, la acentuación del minifundio improductivo, hecho que confirma que –a esta altura del desarrollo del sistema social vigente– ya no es posible pensar en un futuro desarrollo capitalista del país. La excesiva parcelación de la tierra ha sido el obstáculo para el ingreso de la tecnología a la producción agropecuaria, al mismo tiempo en las grandes concentraciones latifundiarias del Oriente, en desmedro de las poblaciones originarias de la región, ha surgido la producción maquinizada.

La perspectiva revolucionaria que no puede ser cumplida por direcciones nacionalistas burguesas es que, para resolver el problema de la tierra no hay otro camino que acabar radicalmente con el latifundio y mantener la tierra como unidad productiva como propiedad social para incorporar la industrialización a la producción agropecuaria. Este objetivo sólo podrá ser cumplido plenamente por la revolución dirigida por el proletariado.

El gobierno del MAS está lejos de materializar semejante tarea histórica porque toda su política parte de la defensa de la propiedad privada, todos los días la campaña en favor de la nueva constitución masista aprobada en Oruro ratifica el respeto a la propiedad y a la iniciativa privadas. Por esta razón, no puede tocar el latifundio y todo pleito con los terratenientes se reduce a determinar qué tierras son productivas y cuáles no, cuando la inmensa mayoría de los explotados del agro no tiene nada para sobrevivir.

La solución radical el problema de la tierra choca con los intereses materiales de los terratenientes del Oriente. Se trata de un polvorín a punto de estallar  en cualquier momento, en la medida en que los explotados del agro rebasen las limitaciones políticas del gobierno del MAS.

El chaco puede arder, rebasando las limitaciones del MAS

Los actuales dueños de los latifundios, ganaderos y productores industriales (soyeros y otros), han logrado sus posesiones a costa del despojo de los territorios de los pueblos originarios, los cuales, privados de su medio de vida, no han tenido otro camino que someterse a formas de explotación más salvajes. En la región, junto al trabajo asalariado, sobreviven formas de producción serviles, fenómeno que ha empujado al pueblo guaraní a rebelarse una y otra vez contra sus explotadores, muchas veces sin éxito alguno, para retomar sus posesiones originarias.

El gobierno del MAS hurga el avispero por puro cálculo político para maniobrar contra la Media Luna y restar importancia al referéndum autonómico. Anuncia el establecimiento de un territorio comunitario de origen (TCO) en el Alto Parapetí, la distribución de tierras al pueblo guaraní, la abolición del trabajo servil, etc.

La reacción natural de los terratenientes que ven el peligro de perder parte de sus posesiones no se deja esperar. Realizan medidas de presión y logran arrastrar a otros sectores de la población, cercan a las autoridades del gobierno en sus hoteles, bloquen los camino y exigen que paren los trabajos de saneamiento de tierras.

En este momento, el pueblo guaraní y los terratenientes  se encuentran en apronte, en cualquier momento puede estallar el enfrentamiento. El gobierno respetuoso de la propiedad privada se asusta frente al monumental conjuro que ha desencadenado. La ministra Susana Rivero decide retirarse de Camiri anunciando que el gobierno no quiere provocar enfrentamiento alguno. García Linera, en una declaración posterior a la retirada de Rivero, dice que el saneamiento continuará si no es ahora en un mes o seis meses paro que no se parará con el trabajo, declaración que anticipa la retirada del vice ministro Almaraz con el rabo entre las piernas.

En este episodio se refleja nítida la limitación política del gobierno del MAS, su incapacidad de conducir el proceso de liquidación de los latifundios hasta sus últimas consecuencias apoyado en la movilización del pueblo guaraní y usando la fuerza compulsiva del Estado para someter a los terratenientes explotadores y usurpadores. Su retirada que prácticamente está anunciada será una traición a los explotados del Chaco.

La rebelión del pueblo guaraní plantea la necesidad de expulsar a los terratenientes y la expropiación de los latifundios  de la zona. Corresponde a todos los explotados del país potenciar la lucha de los explotados del Chaco y secundar sus acciones en todo el país. De materializarse la lucha con esas características se habrá dado un golpe mortal a la derecha reaccionaria y a los empresarios chupasangres.  

BOLPRESS, 15 abril 2008

Un référendum bolivien sur fond de guerre civile et de sécession

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 14 avril, 2008
Tags:

Par André Maltais

 Le gouvernement bolivien d’Evo Morales aura-t-il finalement sa nouvelle constitution ? Après seize mois d’hostilités de toutes sortes de la part des secteurs de la droite, c’est dans un climat de tension, marqué par le spectre de la sécession et de la guerre civile, que se prépare le référendum par lequel la population doit approuver ou rejeter le document.

 

Depuis l’élection d’Evo Morales, la stratégie des « comités civiques » des riches départements de Santa Cruz, Pando, Beni, et Tarija, a consisté à ethniciser le conflit avec le gouvernement.

Cette ethnicisation s’accompagne de revendications « partitionnistes » demandant que la nation « Camba » (blancs et métis des départements de l’Est) se sépare de la nation « Criolla » (indigènes de l’Ouest, qualifiés de « paresseux », « passéistes » et de « boulet au pied » des classes riche et moyenne).

 

Le 25 novembre, de violents affrontements, provoqués par une oligarchie minoritaire mais disposant de moyens tels qu’elle semble omniprésente, faisaient trois morts et plusieurs centaines de blessés, à Sucre, où l’Assemblée constituante venait tout juste de mettre fin à ses travaux.

Ils survenaient après d’innombrables tentatives de paralyser les travaux constitutionnels, appels à la désobéissance civile et au boycottage économique, grèves « civiques » encadrées par des « groupes de choc » armés, vétos du Congrès contre une centaine de lois proposées par le gouvernement, de même que calomnies et incitations à la haine aussitôt véhiculées en abondance dans les médias.

 Devant le manque de fermeté du gouvernement qui craint manifestement de paraître répressif, l’oligarchie est parvenue à se gagner l’appui de plusieurs éléments de la classe moyenne, notamment dans les universités et les capitales départementales.

Tout ça pour une nouvelle constitution qui, pourtant, garantit la propriété privée, l’investissement étranger et les autonomies départementales réclamées par cette même droite.

Mais cette même constitution garantit aussi les langues et les modes de vie indigènes; déclare « droits de l’homme », l’eau, l’énergie, la lumière et les communications; et permet de révoquer en tout temps, par référendum, les mandats des représentants politiques à tous les niveaux d’administration.

 De plus, un article limitant la propriété des terres n’a pas obtenu les deux tiers des voies des membres de la Constituante et doit faire l’objet d’un référendum, ce qui est loin de rassurer les grands propriétaires terriens.

C’est en juin 2006 que les quatre départements où se concentrent les principales réserves de gaz naturel du pays, ont voté en faveur des autonomies départementales, lors d’un référendum impulsé par l’ex-président par intérim, Carlos Mesa.

Cette région, en forme de demi-lune, représente la moitié orientale du territoire bolivien. L’autre moitié, formée des départements de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosi et Oruro, avait voté « non ».

Ces référendums suivaient de peu l’arrivée de l’un des plus beaux cadeaux qu’ait reçu la caste réactionnaire de Santa Cruz, soit l’ambassadeur états-unien, Philip Goldberg.

Dès le 13 juillet 2006, Leopoldo Vargas, journaliste au quotidien El Deber de Santa Cruz, prédisait que l’expérience acquise par Goldberg en ex-Yougoslavie n’allait pas tarder à être utilisée contre le gouvernement d’Evo Morales.

 Avant son arrivée en Bolivie, Goldberg s’est beaucoup promené dans les Balkans durant les années 1990 et, cela, jusqu’à la chute et au procès du président serbe, Slobodan Milosevic.

De 1994 à 1996, il occupe en Bosnie le poste d’assistant spécial de l’ambassadeur états-unien, Richard Holbrooke, artisan de la désintégration de la Yougoslavie. Il sera également chef de la délégation états-unienne à la Conférence de Dayton qui a consacré la partition de la Bosnie.

Entre 2001 et 2004, on le retrouve au Chili mais il retourne ensuite dans les Balkans pour y diriger la mission états-unienne à Pristina (capitale du Kosovo) et encourager la séparation du Montenegro.

 Goldberg est donc très familier avec des processus de « décentralisation » et « d’autonomie » à l’origine d’une décade de guerres civiles ethniques en Bosnie, Croatie, Macédoine et Albanie, suivie par l’intervention militaire états-unienne contre la Serbie et la présence de troupes de l’OTAN et de l’ONU pour « pacifier » la région.

Le processus d’exacerbation du racisme et des autonomies séparatistes que connaît en ce moment la Bolivie coïncide avec l’arrivée en poste de Goldberg, en 2006, mais aussi avec la présence d’une importante minorité croate parmi l’élite de la région de Santa-Cruz qui est à l’origine du concept de la « nation Camba ».

L’agro-industriel, Branko Marinkovic, président de Comité civique de Santa-Cruz et un des plus farouches opposants au gouvernement, est d’origine croate.

Héritier de ces cadeaux empoisonnés (autonomies départementales et Philip Goldberg), Evo Morales a d’abord cherché à pactiser avec l’oligarchie en faisant inscrire les « autonomies départementales » dans la nouvelle constitution.

Cela n’a pas du tout calmé la droite qui, au contraire, a joué cette carte à fond. Au début de 2007, le préfet du département central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dont le département avait pourtant voté contre les autonomies, menace de tenir un second référendum portant sur « l’annexion » de son département à la demi-lune de l’Est.

La population indigène descend aussitôt dans la rue où, mobilisée par le préfet lui-même, l’attendent des sympathisants de la milice de l’Union des jeunes de Santa Cruz. Pendant que des milliers de fils à papa, armés de bâtons de baseball et barres de fer, s’en donnent à cœur joie dans le plus pur style hitlérien, Reyes Villa s’enfuit à Santa Cruz où il rencontre … Philip Goldberg !

Manfred Reyes Villa est un ex-capitaine de l’armée, lié à la dictature de Hugo Banzer et ses liens avec la CIA sont sans équivoque. Le ministre bolivien de la présidence, Juan Ramon Quintana, accuse quant à lui l’agence états-unienne d’aide internationale (USAID) de préparer « l’après Morales » et d’y consacrer une bonne part des 120 millions de dollars que reçoit annuellement la Bolivie.

Quintana affirme que l’argent transite par une firme de consultants, Chemonics International, et est destinée à la création de partis politiques modérés pouvant s’avérer un contrepoids au MAS (parti du gouvernement actuel) et à ses successeurs.

La population bolivienne, qui commence à en avoir assez de la tolérance du gouvernement face à une oligarchie qui ne respecte pas les lois du pays, se prépare maintenant à approuver par référendum la nouvelle constitution (au cours du premier semestre de 2008) et à affronter la droite sur la question des autonomies.

Comme celles-ci sont liées à l’Assemblée constituante, les soi-disant comités civiques font semblant de croire que si le référendum populaire approuve la Constituante, leurs départements seront de facto autonomes.

 C’est ainsi que le 12 décembre, l’Assemblée provisoire autonome de Santa Cruz sanctionnait unilatéralement le statut d’autonomie de la région et que le préfet du département, Ruben Costas, menaçait le gouvernement de ne pas s’aviser ni d’envahir ni de militariser la région.

 De son côté, Evo Morales met son poste en jeu et annonce la tenue d’un référendum révocatoire si la nouvelle constitution est approuvée. En plus du mandat du président, celui-ci pourrait permettre à la population de révoquer le mandat des préfets. Bien malin ceux qui s’y retrouvent !

 Source : février 2008 no. 266 l’Aut’journal, Montréal.  

La mascarada autonomista: los intereses detrás de Marinkovic, Costas y Quiroga

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 8 avril, 2008
Tags: , ,

por Alejandro Saravia 

Nada hay más revelador sobre la naturaleza intrínseca del llamado movimiento autonomista cruceño que las cuentas pendientes que tiene Branko Marinkovic ante la Ley boliviana por apropiación ilegal de tierras del Estado. Valiéndose del tráfico de influencias y la corrupción de funcionarios y autoridades estatales, un mismo individuo, o familia, ha conseguido ser dotado hasta cinco veces de extensas áreas de tierra, dice la información dada a conocer por el Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en torno a la apropiación de la Laguna Corazón por parte del inefable paladín de la autonomía cruceña.

En otro contexto, este robo de tierras del Estado podría pasar por una avivada, por la destreza de un personaje listo en un país donde la administración de las tierras y la justicia es materia dúctil ante el poder del dinero. Pero en el marco general de una convocatoria a referéndum autonómico, que el propio Branko Marinkovic encabeza, esta situación ofrece más bien una ventana para mirar el futuro que les espera a los cruceños “autónomos”.

Se equivoca el ciudadano del oriente boliviano si cree que sus intereses serán protegidos por una oligarquía oriental que ahora camufla sus intereses de clase perorando sobre las virtudes de la democracia y libertad. En realidad, esta oligarquía actúa ante los recursos del Estado y el bien público con un implacable instinto de saqueo y beneficio personal. Como prueba del acaparamiento de tierras, en Santa Cruz 15 familias controlan medio millón de hectáreas. En el Beni 10 familias concentran ilegalmente medio millón de hectáreas. En Pando 9 familias poseen cerca de 800,000 hectáreas.

Detrás del discurso de enfrentamiento entre cambas y collas está el choque entre dos sectores: está la oligarquía oriental y la población sin tierras. ¿Desde cuándo los terratenientes, los que se han beneficiado de los recursos del país sin compartir, necesitan de la solidaridad de los de abajo?, ¿desde cuándo la magra burguesía boliviana se hace la defensora de la democracia y la libertad, ella que personificada en los Gasser o Sánchez de Losada, ha financiado o se ha beneficiado por años del golpismo militar?

¿No fue acaso en Santa Cruz, como refiere el periodista de La Nación, Manuel Salazar, donde grandes narcotraficantes ofrecieron en 1980 un financiamiento de cuatro millones de dólares al golpista García Mesa?  ¿No estaba en esa reunión Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país y dirigente de la Liga Anticomunista Mundial (WALC), además de Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz?

Branko Marinkovic y el sector social que lo ha elegido como su portavoz, representa la continuidad de esa mentalidad de exclusión social y saqueo de los recursos del Estado. Más que cualquier opinión, son sus actos públicos, es la distancia entre su discurso y sus acciones lo que da una pauta de lo que será ese Santa Cruz en manos de los capataces del lugar.

El discurso popular es el más revelador en materia de mentalidades. Gabriela Oviedo, la miss Bolivia de 2004, pasó a la historia cuando, con todo el candor de un estado de cosas que no ha cambiado hasta hoy, declaró que “la gente que no conoce mucho sobre Bolivia, piensa que todos somos indios del lado oeste del país… Es La Paz la imagen que refleja eso, esa gente pobre, de baja estatura e india. Yo soy del otro lado del país, del lado este… Nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos inglés.”

Históricamente, Santa Cruz ha sido extrañamente una tierra de acogida para el nazismo. En esa ciudad han surgido grupos neofascistas como “Los novios de la muerte”, activo durante la dictadura de García Mesa. Ya en años previos, la dictadura del coronel Hugo Bánzer llegó inclusive a encubrir, proteger y otorgar la ciudadanía boliviana a un criminal de guerra nazi, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, quien más tarde organizaría los ataques paramilitares del 17 de julio de 1980 contra la COB en La Paz.

En ese Santa Cruz autonómico del prefecto Rubén Costas, ser alto, blanco y saber inglés es el paradigma de modernidad. En ese país deseado por la oligarquía cruceña no tiene cabida “esa gente pobre, de baja estatura e india”, que no viene necesariamente de la región andina. Esos “pobres indios” son los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoreode, Yuracare-Mojeño, Gwarayo y Guaraní, pobladores que viven en Santa Cruz desde hace cientos de años, mucho antes de la llegada de los Marinkovic, los Costas o los Quiroga. Si hay dueños legítimos de las tierras de Santa Cruz, esos dueños son los pueblos indígenas. Ellos que no tienen pisada en las aulas de las universidades privadas, ni en los espacios de diversión del barrio Equipetrol, ni en los salones de las Torres Cainco. Y no serán las huestes de la Unión Juvenil Cruceñista las que lucharán por una mayor justicia e igualdad para los primeros pueblos indígenas cruceños, sencillamente porque jamás lo hicieron.

Santa Cruz le debe su crecimiento económico al estaño, es decir, al trabajo de los mineros de Catavi, Llallagua, Pulacayo y Siglo XX, por citar algunos centros mineros. Fueron esos indígenas aymaras y quechuas los que escupieron sus pulmones en sangre y silicosis para que Santa Cruz pueda colocar losas en sus calles y para que su agroindustria puedan capitalizarse. El trabajo de los “pobres indios” permitió en la década de los años 70, según el historiador Mariano Baptista Gumucio, la enorme expansión de la agricultura cruceña mediante créditos del Estado destinados al cultivo y la exportación de algodón, café, azúcar, madera y ganadería. Sin embargo, llegado el momento de devolver los préstamos, fue el Estado el que acabó absorbiendo las deudas de los productores cruceños al Banco Agrícola. Los bolivianos que no vieron ni un centavo de esos capitales tuvieron al final que pagar unos 700 millones de dólares. Ese traspaso de la deuda privada al erario público fue obra de ADN, la formación política del ex dictador Hugo Banzer y que hoy se llama PODEMOS, o lo que es lo mismo: ROBEMOS, encabezada por Jorge Quiroga, el ex consultor del Fondo Monetario Internacional.

Más que un conflicto entre ciudadanos bolivianos de oriente y occidente, en Bolivia es el neoliberalismo el que está luchando para aplastar las demandas de mayor justicia económica e inclusión social. Marinkovic, Costas y Quiroga defienden los intereses de las transnacionales. Su expresión política es la derecha, es PODEMOS, es el aval del embajador estadounidense Philip S. Goldberg. La embajada de Estados Unidos ha estado entregando cientos de miles de dólares a una serie de organizaciones opuestas a las reformas que lleva adelante el presidente Morales. Es esta derecha de oligarcas criollos, no de cruceños, la que ha rechazado la mediación de la Iglesia y la mediación de países como Brasil o Argentina para evitar la división del país.

En más de 180 años de historia de Bolivia, jamás un gobierno estadounidense ha  actuado en Bolivia con verdadero altruismo. Washington ha velado por sus intereses en suelo boliviano utilizando a dictadores militares o políticos corruptos (Banzer – Sanchez de Losada), pisoteando los derechos humanos de los propios bolivianos.Y si ha logrado todo esto, ha sido con el apoyo de la burguesía local. Ese “nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos inglés” también tiene una dimensión política que se manifiesta en el espejismo de la autonomía. No puede haber autonomía si primero no somos iguales en derechos humanos, en derechos sociales y económicos.

Lo que el referéndum de la oligarquía cruceña quiere hacer aprobar no es la autonomía, es la balcanización de Bolivia. Marinkovic, Costas y Quiroga no hacen otra cosa que crear las condiciones para una guerra civil sobre los recursos naturales en Bolivia. Los intereses que ellos defienden son los de las grandes corporaciones gasíferas y petroleras. Son estas transnacionales las que ya hundieron a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 en la Guerra del Chaco, la primera guerra por el petróleo en la región. En ese conflicto que dejó unos 100.000 muertos, fueron los indígenas aymaras y quechuas los que defendieron los recursos petroleros en Santa Cruz. Hoy son esos mismos intereses los que quieren poner fin a Bolivia como país. El actual embajador estadounidense en La Paz, Philip S. Goldberg, es el mismo que vigiló los intereses de Estados Unidos durante la división de la ex Yugoslavia, el país de origen de la familia de Branko Marinkovic. Y no cabe la menor duda que será Estados Unidos el primero en reconocer el referéndum de Marinkovic, Costas y Quiroga.

En el fondo, el poder no está ni en el Palacio Quemado ni en la Prefectura de Santa Cruz. El poder no lo tiene ni Evo Morales ni Branko Marinkovic. El poder está en el pueblo y en aquellos actores, símbolos o instituciones en los que el pueblo invierte esta significación. El poder está en el pueblo y en sus acciones colectivas. Ante el espejismo de la autonomía, ante el neoliberalismo disfrazado de cruceñismo, ante los tres tristes tigres del imperialismo, Marinkovic, Costas y Quiroga, queda una de las herramientas más hermosas en el arsenal democrático de los pueblos movilizados: el boicot a su referéndum. Y que viva Santa Cruz sin capataces.