COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Agroindustriales autonomistas en deuda con el Estado “andinocentrista »

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 7 août, 2008

La burguesía agroindustrial incubada por el Estado comanda hoy el movimiento autonomista de Santa Cruz; profieren los alaridos independistas más radicales algunas familias de inmigrantes que prosperaron a la sombra del “centralismo”

(UPIC-Tierra).- Dirigentes cívicos, líderes empresariales y connotados intelectuales cruceños quieren crear en Santa Cruz un gobierno autónomo con facultades ejecutivas, legislativas y jurídicas plenas más que federales fundamentalmente porque los ha “defraudado” el Estado “burocrático y andinocentrista” que marginó y abandonó a su región.

El despreciable centralismo “altoperuano, colla, indio, feo, dictador e ineficiente” tiene la culpa de casi todos los males nacionales y regionales, coinciden el prefecto Rubén Costas, el presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, el director de Autonomías de la Prefectura Carlos Dabdoub, el máximo asesor legal Juan Carlos Urenda, el alcalde Percy Fernandez, el ex alcalde Sergio Antelo y la historiadora Paula Peña, entre otros dirigentes del movimiento autonomista cruceño.

La burguesía agroindustrial, los “intelectuales orgánicos” y el aparato mediático regional sugieren que Santa Cruz es el departamento más grande, pujante y desarrollado de Bolivia gracias a la laboriosa y emprendedora cultura “camba”.

Deliberadamente ocultan que después de la revolución nacionalista de 1952 el Estado incubó una burguesía agroindustrial en Santa Cruz como pivote del desarrollo capitalista en Bolivia, la cual se enriqueció a la sombra de los sucesivos gobiernos en el último medio siglo.

Las nuevas generaciones de cruceños autonomistas ignoran que muchos empresarios recibieron gran cantidad de fondos y ayudas públicas que jamás llegaron a los pequeños productores y al pueblo en general.

Las obras del Estado en Santa Cruz

Por recomendación del gobierno de Estados Unidos,[1] la “marcha al oriente” y el desarrollo agroindustrial fue una de las principales políticas económicas que llevó adelante el régimen del MNR luego de la revolución protagonizada por indios y obreros del occidente del país en 1952.

El Estado nacionalista repartió tierras, créditos, maquinaria y ejecutó políticas públicas explícitas para apoyar a los empresarios agropecuarios, especialmente del departamento de Santa Cruz.

La reforma agraria no perjudicó a los gamonales que ya existían en el oriente, al tiempo que regaló enormes predios a los allegados del régimen con la esperanza de que los antiguos y los nuevos latifundios se conviertan pronto en “empresas agrícolas” productivas. [2]

Además de dotar tierras y mano de obra con agresivos planes de colonización, el Estado multiplicó la inversión pública en la construcción de ingenios, complejos agroindustriales y vías de vinculación nacionales e internacionales.

El Estado central construyó las carreteras La Paz – Cochabamba – Santa Cruz que integraron al oriente con el occidente del país. Se edificaron caminos desde Santa Cruz hacia Portachuelo – Buena Vista – Puerto Grether con más de 1.000 kilómetros de extensión. Se tendieron las líneas férreas Santa Cruz – Argentina (531 kilómetros) y Santa Cruz -Brasil (615 kilómetros).

En la década de los 50, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) amplió el ingenio La Esperanza, construyó el ingenio La Bélgica y estableció las plantas azucareras de Guabirá y San Aurelio con inversiones superiores a los 25 millones de dólares. El núcleo inicial de la inversión agroindustrial en el oriente fue el ingenio Guabirá en el norte cruceño.

En 1960 se creó la Comisión Nacional para la comercialización del arroz (CONCA), sustituida en 1968 por la Comisión Nacional del Arroz (CONAR). Se fundaron estaciones experimentales para investigación agrícola en Saavedra y Belén, Tamborada, Riberalta, Reyes, Trinidad y Villamontes. El Estado importó al menos 1.300 tractores, 5.000 arados de vertedero y 2.500 arados de hierro.

El Banco Agrícola Boliviano (BAB) repartió créditos de fomento a manos llenas hasta que quebró en 1992. Se estima que entre 1955 y 1983 el BAB entregó 12 mil millones de pesos bolivianos en créditos para capital de inversión y de operación, 44 por ciento de los cuales fue a parar al departamento de Santa Cruz. Otras investigaciones estiman que el 42% de los 21,8 millones de dólares de créditos agrícolas del BAB distribuidos entre 1955 y 1969 benefició a productores cruceños. A partir de 1967, los grandes propietarios algodoneros comenzaron a recibir financiamiento del Banco del Estado. [3]

Sin duda, el vilipendiado Estado centralista hizo el mayor esfuerzo de la historia republicana para diversificar la economía nacional, sustituir importaciones e integrar al país. Además, la desproporcionada asignación de recursos fiscales, una dudosa repartición de tierras y una poco transparente política de concesión y pago de créditos enriqueció a la mimada agroindustria cruceña en menos de dos décadas.

La nueva burguesía cruceña se fortaleció aún más cuando comenzó a recibir los excedentes de la producción hidrocarburífera en las dictaduras. La elite regional ganó influencia política, acumuló créditos y tierras en el régimen de facto de Hugo Banzer.

En el período 1971-1978 la dictadura militar utilizó la tierra y los créditos basados en la tierra para consolidar su base social y económica. Algunos empresarios se gastaron el dinero en automóviles, viajes, mansiones o invirtieron en minas y concesiones forestales. Muchos no pudieron pagar y Banzer terminó condonando 60 millones de dólares a menos de mil productores de algodón y soya.

Entre 1970 y 1974 la participación cruceña en las exportaciones nacionales aumentó de 7% a 37%, principalmente petróleo, gas y algodón. En la segunda mitad de la década del 70, Santa Cruz se convirtió en un importante centro de producción y exportación de cocaína.

La jauja neoliberal

Los privilegiados agroindustriales cruceños aprovecharon bien las políticas estatales que facilitaron las importaciones de bienes de capital a comienzos de la década del 80, cuando estalló la hiperinflación. Sus ganancias se multiplicaron tras la instauración del neoliberalismo a mediados de la década.

Con la premisa de “exportar o morir”, el Estado neoliberal invirtió grandes cantidades de dinero para fortalecer al empresariado agroexportador y aprobó decenas de políticas estatales de fomento, entre ellas la devolución de impuestos a los exportadores, subsidios indirectos a través de empresas estatales de transporte y la ley de Inversiones de 1990. Proliferaron los proyectos financiados por USAID y se concretó el gran proyecto de las Tierras Bajas del Este costeado por el Banco Mundial.

El Estado negoció un acuerdo de libre comercio con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que los agroindustriales de Santa Cruz exporten soya con preferencias arancelarias.

Los agroindustriales que se apoderaron ilegalmente de tierras fértiles entre fines de los 70 y mediados de los 80 “legalizaron” sus latifundios y comenzaron a recibir créditos del BID y de la CAF para desmontar áreas y ampliar de manera irrestricta los cultivos de soya.

La Ley INRA dio inicio a una reforma agraria asistida por el mercado en 1996, la cual aceleró la titulación, el registro y el catastro de propiedades con el objetivo principal de dar “seguridad jurídica” a los propietarios y atraer “inversiones”.

El nuevo modelo mercantilizó y concentró las tierras de Santa Cruz, y también “consolidó” los derechos de latifundistas que se adueñaron de miles de predios “de engorde” en los últimos 40 años.

Entre 1953 y 2002 se distribuyeron casi 36 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Los medianos y grandes empresarios obtuvieron el 73 por ciento de la tierra y los pequeños productores recibieron apenas el 6%. El reparto fue particularmente intenso en los períodos 1974-1978 (20,7% de la tierra) y 1989-1993 (16,2%). [4]

Familias de latifundistas como los Petricevic obtenían auto préstamos del Banco Unión (del cual eran los mayores accionistas) hipotecando sus latifundios “de engorde”. El Banco Unión quebró y el Estado tuvo que asumir las millonarias deudas. [5]

Y a pesar de todos los programas de apoyo, el complejo soyero mantuvo su naturaleza primaria poco competitiva y concentrada en exportaciones a la CAN. A fines de los 90 los “agronegocios” soyeros repitieron las taras de los ciclos productivos del azúcar y el algodón: bajo rendimiento y crecimiento sustentando en la expansión de la frontera agrícola y en la especulación de tierras, no en la modernización técnica.

Los exportadores de soya y girasol obtuvieron ganancias exorbitantes en los últimos años con el favor del despreciado Estado “centralista”. Cuando el precio del barril de petróleo trepó hasta los 100 dólares, los agroindustriales de Santa Cruz acaparaban más de 100 millones de dólares de los 250 millones de dólares de subvención estatal al diesel, estimó el ministro de Hacienda Luis Arce.

Conclusiones

El Estado “burocrático y andinocentrista” no marginó ni abandonó al departamento de Santa Cruz en los últimos 50 años. Sin embargo, los sucesivos gobiernos nacionalistas, los regímenes de facto y el Estado neoliberal se olvidaron de las grandes mayorías cruceñas y privilegiaron a un minúsculo grupo empresarial.

La burguesía agroindustrial históricamente beneficiada con políticas públicas de fomento hoy comanda el movimiento autonomista de Santa Cruz y exige al gobierno nacional un nuevo pacto político para “democratizar” el poder. Lanzan los alaridos independistas más radicales algunas familias de inmigrantes que prosperaron a la sombra del Estado central.

Fuentes:

1. “La ‘media luna’ sobre Bolivia: Nación, región, etnia y clase social” (The «Half Moon» over Bolivia: nation, region, ethnicity and class); Willem Assies; Leiden University / w.j.assies@law.leidenuniv.nl

2. “No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia”, Mamerto Pérez Luna, CEDLA, 2007.

3. “Los barones de Oriente: El poder en Santa Cruz ayer y hoy”, Ximena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros, Fundación Tierra. 2008.

4. “Agricultura en Santa Cruz: de la encomienda colonial a la empresa modernizada (1559-1985)”, Mario Arrieta, ILDIS, 1990.

5. “La cuestión agraria: Entre latifundistas y avasalladores”, Carlos Romero B., Cejis, 2005.

6. “Visión de país: Desde las naciones indígenas y originarias, los movimientos sociales organizados y la sociedad civil”; MAS Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos; Asamblea Constituyente, 2007.

[1] En el marco del tratado de cooperación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos suscrito durante la Segunda Guerra Mundial, una misión norteamericana presidida por Mervin Bohan propuso en 1942 una agresiva y activa intervención del Estado en el desarrollo agroindustrial de Bolivia a través de la vertebración caminera; la modificación de políticas impositivas sobre la tierra, la redistribución de tierras, la redistribución de la población y la ocupación de espacios geográficos insuficientemente habitados, entre otras acciones.

[2] En el quinquenio 1953-1958 se distribuyeron más de 95 mil hectáreas de tierra en Santa Cruz entre un poco más de 1.000 beneficiarios. (INRA)

[3] Los créditos agrícolas para Santa Cruz casi se duplicaron en el período 1955–1975. Entre 1960 y 1965 los préstamos del BAB representaban el 2% del PIB agropecuario, tendencia que se mantuvo en el período 1966-1971. Entre 1978 y 1982 los créditos del BAB alcanzaban el 5% del PIB y en la década de los 80 superaron el 16%.

[4] Un informe preliminar del INRA indica que en todo el país 3.142 personas se beneficiaron con dobles dotaciones que abarcan una superficie total de 8,6 millones de hectáreas. 482 personas accedieron a triples dotaciones (3.1 millones de hectáreas); 174 personas recibieron cuádruples dotaciones (1.6 millones de hectáreas) y 72 personas obtuvieron cinco o más dotaciones que abarcan una superficie de 844 mil hectáreas. La mayor cantidad de dotaciones múltiples ilegales se concretaron en el departamento de Santa Cruz.

[5] De una cartera total aproximada de 3.084 millones de dólares a diciembre de 1994, los préstamos destinados a la agricultura representaban el 10.5% (324 millones de dólares). Los préstamos agropecuarios en mora constituían el 86.3% de la mora total a escala nacional a fines de ese año.

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