COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Tercer llamado de atención: Naciones Unidas condena el racismo en Bolivia y exige al gobierno que proteja a la gente

Posted in Derechos Humanos,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 24 septembre, 2008

La FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura piden respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de conformidad con normas internacionales ratificadas por el Estado

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas James Anaya condenó la reciente ola de violencia en los departamentos bolivianos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, que pone en peligro la vida de dirigentes indígenas y trabajadores de instituciones que defienden los derechos humanos. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos conminó a las autoridades de Bolivia a garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de estas personas.

“Condeno los actos de violencia contra grupos indígenas y campesinos, así como las amenazas graves a sus representantes”, dijo el relator especial de la ONU y expresó su preocupación porque estos ataques se producen en el contexto de una política sistemática de autoridades de los departamentos mencionados contra los esfuerzos del gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas.

 

“Denuncio particularmente los asesinatos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, Departamento de Pando, que consistió en una emboscada de paramilitares contra miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y estudiantes de la Normal de Maestros de Filadelfia, la mayoría indígenas”, expresó el Relator Especial.

 

Anaya, indígena norteamericano Apache y profesor de la Universidad de Arizona, ha sido un constante defensor de los derechos de esas comunidades en todo el mundo.

 

El ex relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen, y el relator actual James Anaya han expresado su preocupación por actos discriminatorios y racistas contra los pueblos indígenas en Bolivia, a través de comunicados de prensa difundidos el 10 de abril de 2008 y el 4 de junio de 2008.

La situación

 

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció actos de difamación y amenazas por parte del Comité Cívico Regional de Riberalta en la Provincia Vaca Díez, departamento de Beni, en contra de dirigentes campesinos, trabajadores zafreros 1 y trabajadores del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y del Instituto Para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE).

 

El 16 de septiembre de 2008, el líder cívico Mario Aguilera y el Vicepresidente del Comité Cívico Regional de Riberalta Marcos Jáuregui declararon que sabían quienes eran las personas que habían financiado a los campesinos y zafreros que se desplazaron desde Riberalta para marchar en Pando. Acusaron directamente al Centro CIPCA Norte, al Centro CEJIS Riberalta y al Instituto IPHAE, así como a dirigentes campesinos y trabajadores zafreros y los conminaron a abandonar Riberalta en un plazo de 24 horas, agregando que, en caso contrario, “el Presidente del Comité Cívico no se responsabiliza de lo que pudiera suceder”.

 

Estas amenazas se inscriben en un contexto de tensión creciente en la región, que ha tenido uno de sus episodios más violentos el 11 de septiembre de 2008 con la masacre en el Pando 2, cuando los campesinos marchaban hacia el municipio de Porvenir, localizado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital del Departamento de Pando, la cual dejó al menos 15 muertos, cerca de 37 heridos y más de 106 desaparecidos. 3.

 

El 12 de septiembre de 2008, la Subprefectura de la Provincia Vaca Díez, constitucionalmente responsable de la seguridad ciudadana y del resguardo de las personas, convocó a una reunión de instituciones con el objetivo de promover un « Pacto de Unidad y Pacificación » en Riberalta, a la luz de los eventos ocurridos en Pando.

 

Durante dicha reunión la Federación de Campesinos de Vaca Díez desmintió las aseveraciones que estaba haciendo la prensa, en el sentido de que habrían sido campesinos del Departamento de Beni los que se encontraban haciendo parte del enfrentamiento en el Pando, puesto que ellos no participaron en la marcha a Porvenir. La reunión concluyó con un acuerdo de pacificación. Sin embargo, al final de la reunión un grupo de cívicos irrumpió rechazando toda tregua y desconociendo los acuerdos asumidos en la reunión.

 

Desde entonces, los cívicos han continuado con sus amenazas de muerte, persiguiendo y presionando a que se retiren de la ciudad a los alcaldes municipales del partido de Gobierno (MAS), autoridades cuyas jurisdicciones están en el vecino Pando, pero con sede en Riberalta (municipios Gonzalo Moreno, San Pedro y El Sena), al igual que a los dirigentes de los trabajadores zafreros de castaña y a las ONG, acusados de « promover el enfrentamiento en Pando desde Riberalta ».

 

Acción solicitada

 

El Observatorio, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

 

El Observatorio, muy preocupado por esta situación, recuerda que estos hechos se inscriben dentro de un marco más general de acciones violentas promovidas por distintos comités cívicos y grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista. 4.

 

El Observatorio manifiesta su rechazo y su seria preocupación respecto a las declaraciones que desacreditan a las organizaciones de defensa de derechos humanos y a sus miembros, las cuales, en medio del clima social que se vive actualmente en Bolivia ponen en grave riesgo la seguridad y la integridad personal de los mismos, y urge a las autoridades tanto nacionales como locales y regionales a que adopten las medidas oportunas y apropiadas para que todos los defensores de derechos humanos reciban una protección eficaz y para que se de fin a las declaraciones de descrédito en su contra.

 

El Observatorio recomienda dirigirse a las autoridades de Bolivia urgiéndolas a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos miembros del Centro CEJIS, del Centro CIPCA y del Instituto IPHAE y de todas las demás las mencionadas organizaciones sociales y de derechos humanos en el departamento del Beni y en todo el país, así como de los dirigentes campesinos y trabajadores zafreros concernidos.

 

Además, pide asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “ individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a la obligación de las autoridades de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);

 

De manera general, se exige garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Bolivia.

 

El Relator Especial hace un llamamiento urgente a que se suspenda la violencia y exhorta a las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internaciones de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los de grupos indígenas y campesinos afectados.

 

Además, insta al Estado a investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. 

______

 

Direcciones:

 

Sr. Evo Morales Ayma, Presidente de la República de Bolivia, La Paz, Bolivia.

E-mail: webmaster@presidencia.gov.bo  FAX: +591 2 2201211

Licenciado Álvaro García Linera, Vicepresidente de la República de Bolivia. Fax: + 59 1 2 2201211 Casilla: 7056, La Paz, Bolivia

Sr. Alfredo Octavio  Rada  Vélez, Ministro de Gobierno (Interior);

E-mail: webmaster@presidencia.gov.bo

Sr. Juan Ramón Quintana Taborga, Ministro de la Presidencia, E-mail: despacho@presidencia.gov.bo;

Sr. Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo, Calle Colombia # 440. Fax: + 59 1 2 211 35 38 

La Paz – Bolivia TEL.: +59 1 2 2113600  + 59 1 2 211 26 00

Sr. Mario Uribe Melendres, Fiscal General de la República, FAX: + 591 4 64 51 052 / 047,

E-mail: info@fiscalia.gov.bo

General Miguel Alfonso Gemio Urrutia, Comandante General de la Policía Nacional,

FAX: + 591 224 34 149

Sra. Embajadora Angélica Navarro Llanos, Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas en Ginebra. 139, Rue du Lausanne, (6° étage) 1202 Ginebra, Suiza.  FAX: + 41 22 908 0722;

E-mail: mission.bolivia@ties.itu.int   ;  mission.bolivia@bluewin.ch TEL.: + 41 22 908 07 17  

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