COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


El MAS, prisionero del legalismo burgués y de la acción directa de las masas

Posted in OPINION par colectivoboliviano sur 6 octobre, 2008

Miguel Lora Ortuño

La limitación política del MAS radica en su planteamiento de la posibilidad de realizar grandes cambios en el marco del capitalismo y sujetos a la legislación burguesa. A eso llama « revolución democrática y cultural ». Concibe como « transformaciones estructurales » a pequeños ajustes a las formas de propiedad ya existentes, y la reducción del tamaño del latifundio, uno de sus planteamientos más atrevidos.

Sin embargo, el oficialismo ha podido embaucar a grandes sectores de explotados haciéndoles creer que su política es revolucionaria y que la constitución masista es el instrumento de su liberación. Por eso es que las llamadas « organizaciones sociales » realizan movilizaciones contra la derecha en diferentes escenarios geográficos del país.

Por otra parte, la crisis política boliviana ha despertado preocupación en los países miembros de UNASUR, la OEA, la ONU y, frente a la posibilidad de que las posiciones irreductibles puedan desembocar en acciones armadas que terminen desestabilizando a la región y poniendo en peligro el régimen burgués, envían, afanados, representantes para hacer el papel de « garantes » de las negociaciones que no han tenido ningún resultado. Para estas organizaciones internacionales, « la preservación de la democracia » significa el respeto al orden burgués.

En este escenario, el gobierno aparece como prisionero de su propia política burguesa (defensa del legalismo burgués y de la propiedad privada); de las organizaciones sociales (acción directa absolutamente ilegal); de la derecha que una y otra vez sobrevive por las limitaciones de la política del gobierno, y de la presión internacional. Cada uno de estos factores pugnan por imponerse en el escenario y obligan al gobierno adoptar actitudes contradictorias y necias muchas veces, actitudes que irremediablemente lo condenan a chocar con unos y otros.

Ceder a la presión de la derecha abriendo el debate ilimitado sobre la constitución masista significaría chocar con « sus » organizaciones sociales, cuyos sectores radicales ya empiezan a desbocarse. Ceder a las acciones directas como el cerco al Parlamento, fatalmente lo empujaría a chocar con la presión internacional y la oposición de derecha, porque hay que convenir que no es nada « democrático » el secuestrar a uno de los poderes del Estado; ceder a la derecha con relación a los procesos a los cívicos o el ampliar estos procesos a los dirigentes de las « organizaciones sociales » que igualmente han secuestrado instituciones públicas y han provocado muertes como en Cochabamba y Sucre, por ejemplo, significaría volcarse contra sí a un poderoso movimiento social que el mismo gobierno ha generado.

La única salida lógica a este atolladero sería que, de una buena vez, defina una política coherente: o soslaya las leyes burguesas y asume la acción directa de las masas para transformar radicalmente el país, o toma el camino opuesto, choca con las organizaciones sociales y corta en seco las acciones que éstas realizan.

Por la naturaleza burguesa del gobierno, no es difícil resolver la disyuntiva planteada. El respeto a la gran propiedad privada de los medios de producción, el sometimiento a la ley burguesa y a la presión internacional, lo empuja irremediablemente a chocar con las organizaciones sociales movilizadas. Podrá controlar a algunos sectores, pero surgen otros más radicales, como ha ocurrido en el cerco a Santa Cruz, que tienden a escaparse del control del gobierno. No está lejos la posibilidad que el Estado utilice la represión y que corran ríos de sangre para someter a los desbocados.

La manera cómo ha terminado las negociaciones en Cochabamba, lo único que hace es trasladar la confrontación al escenario del Parlamento. La media luna y la derecha en su conjunto, atrincherados en su mayoría del Senado, seguirán sobreviviendo y las « organizaciones sociales » no tendrán otro camino que secuestrar el Poder Legislativo con un costo político muy alto para el gobierno frente a la opinión de sus aliados internacionales. Así, continuará el pleito sobre si la futura convocatoria para el referéndum dirimitorio es legal o ilegal.

En suma, el gobierno es víctima de su política incoherente y contrarrevolucionaria.

BOLPRESS, 6 octubre 2008

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