COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Informe a 40 días de los ataques a organizaciones sociales en el Oriente boliviano

Posted in movimientos sociales,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 20 octobre, 2008


A 40 días del ataque a organizaciones indígenas y de derechos humanos en Santa Cruz de la Sierra, a manos de los grupos delincuenciales que responden a la Prefectura y el Comité Cívico de este Departamento, aún no contamos con las garantías mínimas para volver a trabajar en nuestras sedes. El 9 de septiembre pasado, en medio de una supuesta « revuelta popular » financiada por grupos opositores al gobierno del presidente Evo Morales, la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) fue atacada, saqueada e incendiada por 50 jóvenes y adolescentes asalariados de personas vinculadas a la Prefectura y al Comité Cívico. En la noche del mismo día la sede del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Ascensión de Guarayos -Norte de Santa Cruz- fue también asaltada y saqueada por personas ligadas al Comité Cívico de esa localidad y la Alcaldía Municipal.
En Trinidad, nuestra oficina se encuentra en la clandestinidad desde que se conociera extraoficialmente una « lista » en la que figuran nombres de personas e instituciones « enemigas de la autonomía y la benianidad », que son objeto de persecución y agresiones. En Riberalta, desde hace un mes, junto a los dirigentes y autoridades locales que responden a los movimientos sociales, las ONG CEJIS Riberalta, CIPCA Norte y el Instituto para el Hombre Agricultura y Ecología (IPHAE), están con sus puertas cerradas y sus funcionarios impedidos de trabajar y circular libremente en aquella localidad noramazónica. El 15 de septiembre, el Comité Cívico Regional dio a los trabajadores de estas instituciones 24 horas para abandonar Riberalta, « caso contrario no nos responsabilizamos de lo que pueda pasarles », amenazaron los partidarios del prefecto Ernesto Suárez. Ese día, la Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos solicitó al subprefecto de la provincia Vaca Díez, Agustín Vargas, proteger la vida y la integridad de las personas aún hoy perseguidas por no amoldarse a los dictados de los grupos de poder tradicionales.
La tarde del 9 de septiembre, frente a la sede destrozada del CEJIS de Santa Cruz, fue quemada un tercio de su biblioteca, reconocida internacionalmente por su especialización en temáticas legislativas, indígenas, campesinas, agrarias y territoriales. La quema de los libros fue clásicamente celebrada por quienes obtusamente creían que haciendo humo a los papeles desaparecerían las ideas que repudiaban.
Los días 10 y 11, fueron tomadas las sedes de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por indígenas expulsados del movimiento indígena, reciclados como funcionarios de la Prefectura y el comité. Se atribuyen representación, pero carecen de base. Al menos que sus bases sean las decenas de jóvenes « contratados para robar », como ellos se definen ante las cámaras de televisión. La sede de la organización nacional de los pueblos indígenas de Bolivia fue recuperada luego de cinco días en una acción coordinada entre vecinos de la Villa 1º de Mayo e indígenas.
La CPESC, ubicada a media cuadra, fue totalmente desmantelada por los vándalos contratados para ese fin. Sólo las paredes tambaleantes quedaron de la Casa Grande de los pueblos del Oriente. Desde allí partieron varias marchas de cientos de kilómetros para que el Estado boliviano reconociera los derechos de los pueblos indígenas. Allí nació el Pacto de Unidad, principal referente de los movimientos sociales del país, y se construyeron varios documentos que hoy son Ley. Allí se parió la loca idea de marchar el 2002 para exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Creyeron los grupos de poder del Oriente que borrando la sede de CPESC no habría más movimiento indígena en los departamentos que conciben como grandes estancias?
Ante esta situación de violencia, inmediatamente se iniciaron las acciones legales ante las autoridades competentes para que se investiguen y se esclarezcan los responsables de estos hechos.
Denunciamos la quietud investigativa de la Fiscalía cruceña, que se esconde en el -según su definición- « sistema jurídico garantista » de este país para no citar a las decenas de supuestos demócratas que con brutalidad agredieron a personas inocentes, atacaron propiedades públicas y privadas, amenazaron y mantienen en zozobra las poblaciones que no comulga con sus valores de completo atropello a los derechos humanos. Las caras de estas personas fueron captadas por varios canales de televisión privados justo mientras cometían sus delitos y se envanecían de cometerlos.
A 40 días del ataque a las organizaciones, la Justicia se limitó a solicitar estas imágenes a los canales de televisión privados, cuyos dueños son prósperos latifundistas o ex funcionarios de los partidos políticos de derecha que defienden y apañan la violencia ejercida contra quienes no adhieren a la dictadura cívico-prefectural sufrida en el Oriente.
A 40 días, estos canales no cedieron las imágenes porque -es obvio- nunca se les ocurriría facilitar información para detener a los frutos de la violencia que siembran en cada minuto de transmisión. Lamentamos la actitud de los medios de comunicación, que atentan contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
La población todavía no puede decidir sobre el discurso de los medios de comunicación, que es el de los dueños de los medios de comunicación. Como único recurso nos queda llegar directamente a cada persona con nuestro mensaje, con nuestra visión. Da resultados en algunos organismos, como en las Naciones Unidas (ONU), en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el Parlamente de la Unión Europea y en la Unión de Naciones de Sudamérica (UNASUR).
Pero será una tarea larga y fatigosa desmontar el muro de « omertá » que silencia las voces discordantes y obliga la permanente autocensura. El combate contra la impunidad es por tanto el imperativo de organizaciones como el CEJIS, desde donde perseguimos la permanente construcción de una sociedad justa, incluyente y solidaria.
 

Leonardo Tamburini
Director ejecutivo del CEJIS 

 

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