COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


El gobierno más « democrático » del planeta fue compinche de golpistas en Bolivia

Posted in Política par colectivoboliviano sur 19 novembre, 2008

El Presidente Evo Morales denunció en la OEA que Estados Unidos fue el único país que no censuró el golpe cívico empresarial

Washington, (PL y ALAINET).- El Presidente Evo Morales denunció hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la manipulación política y el silencio cómplice del gobierno norteamericano respecto al golpe cívico contra su gobierno.

 

Morales viajó a Estados Unidos para intervenir ante las Naciones Unidas y la OEA, y reunirse con miembros del Congreso para tratar sobre « la peor crisis diplomática » en la historia de los dos países, con miras a normalizar las relaciones una vez que el Presidente electo Barak Obama asuma el cargo.

En una intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) criticó a la Casa Blanca por distorsionar la situación del enfrentamiento al narcotráfico en la nación andina.

Jamás hemos defendido la cocaína y alcanzamos resultados concretos en su combate, sin embargo, nos anuncian sanciones como la suspensión de las preferencias arancelarias, explicó Morales, quien recordó la unilateralidad del mecanismo estadounidense de certificación en materia de drogas.

De acuerdo con el mandatario, semejante medida es una prueba de la politización del flagelo, cuya lucha -precisó- debe desarrollarse desde mecanismos regionales e internacionales y no a partir de venganzas por defender una ideología diferente.

Morales también fustigó la doble moral del gobierno del presidente George W. Bush respecto a la violencia desatada en Bolivia por sectores radicales de la oposición.

El país más democrático fue el único miembro de la OEA que se abstuvo de repudiar semejante actitud, a pesar de haber declarado una campaña contra el terrorismo, sentenció.

El mandatario de origen aymara denunció las labores de espionaje e injerencia desarrolladas en la nación andina por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), expulsada de Bolivia.

La DEA pinchaba (intervenía) teléfonos de dirigentes y mandaba a investigar cuentas bancarias de parlamentarios, apuntó.

EE.UU. y el golpe cívico en Bolivia

Morales se ha convertido en blanco de un complot estadounidense para desestabilizar y derrocar a su gobierno, afirma el analista Roger Burbach.

Los observadores de la política de Estados Unidos hacia América Latina tienden a considerar que la crisis en las relaciones con Bolivia responde a un descuido y torpeza hacia América Latina, debido a su participación en las guerras en el Medio Oriente y Asia Central. Al contrario, precisa Burbach, el intento de golpe en Bolivia fue una política consciente basada en la hostilidad estadounidense hacia Morales, su partido político el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales alineados.

« La Embajada de EE.UU. históricamente está acostumbrada a dictar su voluntad en Bolivia, con violaciones a nuestra soberanía, tratándonos como una república bananera », dice Gustavo Guzmán, expulsado como embajador de Bolivia en Washington, luego de la expulsión de Philip Goldberg el 10de septiembre de 2008, acusado de « conspirar contra la democracia y buscar la división de Bolivia ».

En las elecciones presidenciales en 2002 el embajador de EE.UU. Manuel Rocha hizo una campaña abierta en contra de Morales y amenazó que « si eligen a aquellos que quieren que Bolivia se convierta de nuevo en un gran exportador de cocaína, ello pondrá en peligro el futuro de la ayuda de EE.UU. a Bolivia ».

Poco después de su toma de posesión como Presidente, George Bush ofreció su ayuda a Morales para « llevar una vida mejor a los bolivianos ». Evo le pidió que reduzca las barreras comerciales para los productos bolivianos y le invitó a Bolivia, pero Bush no respondió.

El Subsecretario de Estado Thomas Shannon, el más alto oficial de EE.UU. que asistió a la toma de posesión de Morales, anunció su voluntad de diálogo, pero lo que vino fueron casi tres años de altercados diplomáticos, al tiempo que EE.UU. proporcionaba asistencia directa y encubierta al movimiento de oposición de los cuatro departamentos orientales conocidos como la « Media Luna », donde se había iniciado una ofensiva por la autonomía regional, poco después de que Morales asumió el cargo, explica Roger Burbach.

La administración Bush ha seguido una política de doble filo, similar a la estrategia que empleó para derrocar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, en 1973.

Las negociaciones diplomáticas iniciadas por Shannon se centraron casi exclusivamente en las diferencias políticas en torno a las drogas. La administración Bush amenazaba constantemente con retirar o reducir la asistencia económica y las preferencias comerciales si Bolivia no cumplía con la política estadounidense de erradicación y penalización de la coca.

Al mismo tiempo, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) financiaba a los opositores de Morales. El Drug Enforcement Administration (DEA) de EE.UU., con 37 agentes en el país, parece haber actuado como la CIA, participando en operaciones políticas clandestinas con la oposición.

La intervención se hizo evidente desde el inicio de la administración Morales, con las primeras actividades de USAID a través de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI). Luego de que Morales asumió el cargo, documentos de la USAID registran que la OTI se propuso « prestar apoyo a los gobiernos regionales incipientes ».

En total, dice Roger Burbach, la OTI canalizó 116 subsidios por 4,4 millones de dólares « para ayudar a los gobiernos departamentales a operar más estratégicamente ». En un esfuerzo por establecer vínculos políticos útiles, la OTI también llevó a prefectos departamentales para reunirse con gobernadores de EE.UU.

El National Endowment for Democracy (NED), fundado como un instituto semi-público durante los años de Reagan, ha sido particularmente activo en Bolivia. Financia a varios grupos y organizaciones, con un claro sesgo político, entre ellos el Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social.

El Instituto se opuso a Morales en las elecciones de 2005, declarando en un informe sumario presentado a la embajada estadounidense que Morales y el MAS son una « oposición anti-democrática y radical » que no representan a la mayoría. El apoyo de NED a las actividades del Instituto continuó en 2006, luego que éste presentó un informe en el cual hablaba de su intención de « contribuir a mejorar el desarrollo municipal a través del monitoreo social eficiente y eficaz », revela Roger Burbach.

La Embajada de EE.UU. comenzó a movilizarse más abiertamente y a reunirse con la oposición de extrema derecha en la Media Luna a finales de 2007. El embajador Goldberg fue fotografiado en Santa Cruz junto con un magnate empresarial partidario del movimiento de autonomías, y un conocido narcotraficante colombiano quien había sido detenido por la policía local.

Morales dijo que el traficante estaba vinculado a organizaciones paramilitares de derecha en Colombia. Como respuesta, la embajada de EE.UU. afirmó que no podía revisar los antecedentes de cada persona que aparezca en una foto con el embajador.

En enero de 2008 se detectó que la Embajada estaba dando ayuda a una unidad especial de inteligencia de la policía boliviana. La embajada justificó que « el gobierno de EE.UU. tiene una larga historia de ayuda a la Policía Nacional de Bolivia en diversos programas ».

En febrero se reveló que voluntarios del Cuerpo de Paz y un becario Fulbright habían sido presionados por un oficial de la embajada para que vigilen a venezolanos y cubanos en el país, violando los estatutos del Cuerpo de Paz que prohíben todo tipo de actividades de inteligencia por parte de los voluntarios.

En diciembre de 2007, cuando la Asamblea Constituyente inició la votación sobre el proyecto final de la Constitución, la oposición tomó las calles en forma violenta y ocupó los principales edificios públicos en Sucre, exigiendo la renuncia del « indio de mierda Morales ». Fue entonces que dirigentes políticos y organizaciones empresariales de Santa Cruz y de otras ciudades de la Media Luna comenzaron a llamar abiertamente a la autonomía y a la secesión del gobierno central boliviano.

Al mismo tiempo, recuerda el analista Roger Burbach, la administración Bush comenzó a demostrar su apoyo a los comités cívicos opositores utilizando la « ayuda ».

La Millennium Challenge Corporation (MCC), creada en 2004 como un organismo del gobierno estadounidense « para trabajar con algunos de los países más pobres del mundo », había estado a punto de aprobar un fondo de 584 millones de dólares para financiar la construcción de una gran carretera para unir el norte de Bolivia con el resto del país, así como para realizar inversiones en proyectos agrícolas.

Sin embargo, en una carta dirigida a Morales en diciembre de 2007, la MCC afirmó que si bien « reconoce el rendimiento de su país de acuerdo a nuestros 17 indicadores… el estado actual de las relaciones EE.UU.-Bolivia no es consistente para una asociación de trabajo de este tipo ». Otro informe de la MCC fue aún más directo: El proyecto « se aplazó a causa de condiciones adversas, incluyendo los disturbios en torno al proceso de la Asamblea Constituyente ».

Estados Unidos estuvo involucrado abiertamente en la organización de la rebelión de los Comités Cívicos, que comenzaron a provocar inestabilidad económica, como ocurrió en Chile a inicios de los 70.

El Embajador Goldberg viajó a Santa Cruz el 25 de agosto para reunirse con Rubén Costas, el principal opositor de Morales y prefecto de Santa Cruz, quien se convirtió en el líder de facto de los prefectos rebeldes y del movimiento autonomista en general.

Apenas Goldberg se fue, Costas se declaró « gobernador » del departamento autónomo de Santa Cruz y ordenó la toma de las oficinas gubernamentales, incluidas las que recaudan los impuestos. Fue esta visita a Costas que Morales citó como la razón para declarar al Embajador Goldberg « persona non grata », el 10 de septiembre, dice el analista Burbach.

En septiembre, los doce gobiernos de UNASUR expresaron su pleno y decidido apoyo al gobierno constitucional del Presidente Evo Morales, pero Bush agudizó el conflicto la semana siguiente con la suspensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, afirmando que « Bolivia no ha cooperado con los Estados Unidos en los importantes esfuerzos para luchar contra el tráfico de drogas ».

La secretaria de Estado Condoleezza Rice señaló que « no hubo ningún examen ideológico para la cooperación y la amistad con EE.UU. » que haya llevado al recorte del acuerdo comercial con Bolivia.

Según Burbach, esta declaración fue una mentira diplomática: en 2006, el primer año de Morales en el cargo, la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas de EE.UU. informó que el cultivo de coca « estadísticamente no registro cambios en comparación con la estimación de 2005 ». Para 2007, la ONU informó de un aumento de sólo un 5 por ciento en el cultivo de coca. Ambos datos contrastan con Colombia, que registró un aumento de los cultivos de coca en un 27 por ciento, a pesar de su fuerte alianza con EE.UU.

El 1 de noviembre, Morales anunció la suspensión indefinida de las actividades de la Drug Enforcement Administration de EE.UU. en Bolivia, y la expulsión de sus37 agentes, acusados de espionaje político, incluida la financiación de grupos de delincuentes.

Identificó un agente clave de EE.UU. involucrado en estas actividades: Steven Faucette, agente regional de la DEA en Santa Cruz, que habría realizado viajes a Trinidad y Riberalta (ciudades de la Media Luna en las provincias de Beni y Pando, respectivamente), con el objetivo de financiar el golpe cívico.

Morales reveló que un avión con registro norteamericano denominado Super King había volado a los aeropuertos de la Media Luna sin registro de planes de vuelo ni notificación de la carga, en clara violación de la soberanía nacional. La inteligencia boliviana también descubrió siete casas de seguridad operadas por EE.UU. que llevaban a cabo actividades de espionaje político, incluyendo la vigilancia telefónica de autoridades políticas, policiales y militares.

El gobierno boliviano consignó lo que equivale a un arsenal militar de la DEA, incluyendo aviones, barcos, vehículos de transporte terrestre, equipos de comunicaciones y mil ametralladoras M-16.

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