COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Informe del Defensor del Pueblo: Masacre se consumó contra campesinos indefensos y se persiguió casa por casa

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 1 décembre, 2008

    La Paz, 29 nov (ABI).- El informe que presentó este sábado el Defensor del Pueblo confirmó que la masacre de Pando fue ejecutada contra indefensos campesinos, con el agravante de una persecución casa por casa y la cacería de personas que intentaban cruzar el río Tahuamanu para salvar sus vidas.

    El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dio una amplia explicación sobre los luctuosos sucesos acaecidos en las regiones de Tres Barracas y Porvenir, el 11 de septiembre, y en el aeropuerto de Cobija, un día después, jornadas marcadas por la extrema violencia.

    El informe defensorial confirma que 19 personas fallecieron y 53 quedaron heridas y que en los hechos sangrientos participaron directamente funcionarios de la Prefectura de Pando con la utilización de recursos materiales del Estado.

    Se confirma que los autores de la matanza usaron armas de fuego de manera desproporcionada « frente al estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con la agravante de la persecución casa por casa, la cacería de personas en su cruce por el Río Tahuamanu y aquellas que escapaban por el monte ».

    El informe indica que los acontecimientos fueron iniciados el 10 de septiembre con la apertura de zanjas a la altura de Cachuelita y Tres Barracas con maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) y el uso de vehículos para el traslado de personal de la Prefectura, cívicos y otros con la finalidad de obstaculizar el paso de los campesinos hacia el lugar convocado para llevar a cabo su ampliado.

    Califica estas acciones como una vulneración flagrante de los derechos humanos y fundamentales a la vida, integridad física y libertad de locomoción, a su vez ilícitos penados por la normativa vigente; muerte masiva que constituyen delitos de lesa humanidad, como es la masacre en cuanto a sus autores se refiere, los que deben ser individualizados para la sanción pertinente.

    También critica que ante la magnitud del conflicto y de los hechos suscitados el 11 de septiembre en Porvenir, la Policía Nacional realizó acciones insuficientes sin extremar esfuerzos, omitiendo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, consagradas en la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

    Asimismo en el caso de algunos campesinos que buscaron protección y seguridad en sus instalaciones, se negó a brindarla, lo cual provocó que éstos continúen con la fuga, siendo en muchos casos victimados.

    De lo señalado se evidencia la vulneración del derecho a la vida y la integridad física por omisión e incumplimiento de deberes formales de los funcionarios policiales, para con los ciudadanos.

    En las primeras horas del 11 de septiembre, los campesinos retienen a aproximadamente seis personas del grupo cívico – prefectural en el trayecto de Tres Barracas – Porvenir, quienes fueron liberados en ésta ante la mediación de la Policía Nacional.

    A su vez, 15 campesinos y dos campesinas son retenidos en Porvenir y luego trasladados a dependencias del Comité Cívico en Cobija, por funcionarios de la Prefectura de Pando y otros, con la finalidad de incriminarlos en el fallecimiento de personas, para lo cual procedieron a inferir una serie de amenazas de muerte, golpearlos, provocarles dolores, sufrimientos y en última instancia presentarlos a la prensa.

    Esas acciones configuraron la vulneración del derecho a la integridad física, a la dignidad, al extremo que aprovechando las circunstancias de indefensión en que se encontraban las víctimas, fueron objeto de vejámenes y tortura debido a la presión psicológica de la que fueron objeto por parte de sus agresores.

    Posteriormente, los campesinos son conducidos a la FELCC, donde continúa el hostigamiento de parte de los grupos cívico – prefecturales, omitiendo en estas circunstancias tanto el Ministerio Público como el Juez Cautelar su deber de garantizar la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos constitucionales de los detenidos, al extremo que, en lugar de disponer su libertar inmediata, son arbitrariamente recluidos en la cárcel de Villa Busch, para aplacar la ira de los agresores.

     El informe pormenoriza que en ese contexto violento de la jornada, los heridos que fueron trasladados a distintos centros hospitalarios tuvieron atención médica y de emergencia limitada, debido a las presiones y hostigamiento ejercido por los grupos de la Prefectura, cívicos y algunos pobladores, impidiendo su ingreso y en otros casos obligándolos a escapar del lugar, por tanto la asistencia médica se restringió a lo estrictamente básico.

    En consecuencia, esta situación evidencia la vulneración del derecho a la salud de los heridos, con el agravante de la discriminación hacia el grupo campesino, y consecuentes complicaciones y secuelas, que disminuyeron su capacidad física y de bienestar general, cuya atención aún se encuentra pendiente en algunos casos.

    Las niñas y los niños que acompañaban a sus padres al ampliado campesino estuvieron expuestos a la violencia y los consecuentes riesgos al ser testigos presenciales tanto de la pérdida de vidas humanas como de las agresiones físicas de que fueron objeto en algunos casos sus mismos progenitores, o bien huyendo para preservar sus vidas junto a sus pequeños hermanos, madres o padres, sintiendo la amenaza y la persecución, a riesgo de ser victimados por disparos de armas de fuego.

    Las circunstancias en las que se encontraban las niñas y niños, en medio del peligro, sin alimentación ni abrigo, con miedo y desamparo, han dado lugar a profundos sentimientos de frustración, inseguridad, ansiedad con consecuencias irreversibles para su salud psicosocial.

    Durante los hechos de Pando se vulneraron sus derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a la vida, integridad física, psíquica y moral, a la alimentación, protección, dado que no fue considerado el interés superior del niño y omitido por los funcionarios policiales y agentes del Estado.

    Por otra parte, durante los operativos militares para la detención de los confinados también existió vulneración a los derechos a la integridad física, psíquica y moral de los hijos de éstos.

    El Defensor del Pueblo indica en su informe que como efecto de la dictación del estado de sitio en Pando, se procedió a la detención del entonces prefecto Leopoldo Fernández, por incumplimiento de la medida adoptada.

    Una vez trasladado a la ciudad de La Paz, para cumplir con el confinamiento, Fernández fue imputado dentro un proceso judicial que, dada la cronología de las actuaciones procesales, persiste en un estado de indeterminación por parte de las autoridades del Ministerio Público y judiciales, hecho que vulnera el derecho a la seguridad jurídica del imputado.

    Asimismo, esta dilación en el tratamiento del caso está dando lugar a la vulneración de del derecho de acceso a la justicia oportuna de parte de las víctimas y sus familiares, que legítimamente siguen reclamando por la sanción a los culpables.

    En el marco del Decreto Supremo Nro. 29705 del estado de sitio, el Comando Conjunto acantonado en el departamento de Pando, procedió a la detención de varias personas.

    En el primer operativo efectuado se produjo allanamiento de los domicilios en horas de la madrugada, sin exhibición de orden de detención alguna, uso desproporcional y excesivo de la fuerza, amedrentamiento a sus familiares (esposas e hijos), agresiones físicas, trato degradante infligidos por los miembros de las Fuerzas Armadas el momento de su detención y traslado a la ciudad de La Paz.

    Asimismo, los confinados no fueron puestos a disposición de Juez competente dentro las 48 horas como señala la Constitución Política del Estado y por el lapso de un mes aproximadamente fue restringida la comunicación en general con sus familiares.

    Consecuentemente las autoridades del Poder Ejecutivo que determinaron el confinamiento de estos ciudadanos, así como los efectivos militares que intervinieron en la detención y traslado a la ciudad de La Paz, vulneraron los derechos a la integridad, debido proceso y comunicación.

    El informe destaca, no obstante, que durante la permanencia de los confinados en el recinto militar se respetaron sus derechos humanos por parte de los efectivos militares a cargo de la seguridad de éstos.

    Emergente de esta situación de conflicto violento en el departamento de Pando, como una reacción natural a la situación de inseguridad sobreviniente, se produce el desplazamiento tanto interno como externo, de grupos de personas junto a sus familiares, en el caso de allegados al movimiento cívico hacia Brasilea, República Federativa del Brasil, y, en el de los campesinos (algunos de ellos heridos), que aducen ser amedrentados por los otros, a la ciudad de La Paz.

    Estos desplazamientos han desintegrado el núcleo familiar de unos y otros, vulnerando su derecho a permanecer en su hábitat, lo que afecta su desarrollo integral y pacífica convivencia en comunidad.

RECOMENDACIONES

    En atención a los antecedentes expuestos, el Defensor del Pueblo, en uso de las facultades contenidas en la Ley Nro. 1818, formula las siguientes recomendaciones:

    Al Presidente y ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, adopten las medidas correspondientes en el marco de sus competencias para materializar el derecho de acceso a la justicia, en el marco del debido proceso.

    Esto para el establecimiento de responsabilidades individuales por los hechos del 11 de septiembre de 2008 acaecidos en el departamento de Pando, bajo los principios de celeridad y economía procesal, sin que los autores materiales e intelectuales de estos ilícitos queden en la impunidad.

    Al Ministro de Gobierno y al Comandante General de la Policía Nacional, adoptar las medidas conducentes al establecimiento de responsabilidades individuales por la omisión e incumplimiento de deberes formales de los funcionarios policiales, del Comando Departamental de Policía de Pando.

    Al Ministerio Público, realizar la investigación pertinente tendiente a identificar a los responsables de las acciones arbitrarias de los efectivos militares del Comando Conjunto durante los operativos de detención de quienes fueron confinados en aras de la sanción correspondiente, debiendo el Ministerio de Defensa proporcionar la información necesaria.

    A los ministros de la Presidencia, Justicia, Salud y Deportes adopten las medidas necesarias para la identificación, registro y efectivización oportuna del Decreto Supremo Nro. 29719, que dispone la otorgación de asistencia social humanitaria a las víctimas de los hechos del 11 de septiembre de 2008, como parte de la responsabilidad objetiva del Estado boliviano, así como la atención en salud de los heridos hasta su completo restablecimiento, incluyendo la asistencia especializada y dotación de medicamentos, en ambos casos bajo el principio de gratuidad.

     La quinta recomendación está dirigida al Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales y señala que en coordinación con el Prefecto y alcaldes municipales de los municipios involucrados de Pando, conformen equipos multidisciplinarios.

    Estos deberán iniciar un proceso de tratamiento psico-social en las comunidades del departamento donde existan niños, niñas y adolescentes que fueron testigos presenciales de la violencia y sus secuelas en los hechos del 11 de septiembre y adoptar medidas socio protectivas para niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad y en situación de abandono.

    Al Prefecto, alcaldes municipales y Comandante Departamental de la Policía de Pando el deber legal que tienen de observar el interés superior del niño dispuesto por la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Código del Niño, Niña y Adolescente, respecto a la atención y protección prioritaria que éstos deben recibir en situaciones de conflicto.

    La última séptima recomendación insta a las autoridades nacionales, departamentales, locales y organizaciones de la sociedad civil, y población en general promuevan iniciativas en aras de la reconciliación social que garantice una pacífica convivencia en el marco del respeto a los derechos humanos.

Agencia Boliviana de Información (ABI), 1 diciembre 2008

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