COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Proyecto de Ley de lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ílícito e Investigación de fortunas

Posted in JUSTICIA par colectivoboliviano sur 14 janvier, 2009

Proyecto « Marcelo Quiroga Santa Cruz » aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de julio de 2007 510/2007 Otros artículos 22-12-2008: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2009 21-12-2008: Proyecto de Ley de Pensiones 10-12-2008: Proyecto de Ley de armas, municiones, explosivos y otros relacionados 05-12-2008: Anteproyecto de ley contra la discriminación 05-11-2008: ¡Ninguna confianza a Barack Obama! 21-10-2008: Ley de Convocatoria a Referéndum Dirimidor del Artículo 398 y para refrendar el proyecto de Constitución 21-10-2008: Ley interpretativa que habilita al Congreso para modificar el proyecto de Constitución 09-10-2008: Violaciones a las leyes en la aprobación del proyecto constitucional del MAS y resumen de algunos problemas estructurales de ese texto.

TÍTULO I / DEFINICIONES Y PRINCIPIOS: ARTÍCULO 1 (Definiciones). Corrupción es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, una persona natural o jurídica nacional o extranjera que comprometa o afecte recursos económicos del Estado, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Embargo Preventivo o Incautación: Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, trasladar o de asumir la custodia o el control de bienes, en virtud de un requerimiento fiscal, con la finalidad de precautelar la reparación del daño causado. Confiscación: Acto por el cual la Autoridad Jurisdiccional Competente, mediante sentencia ejecutoriada, priva el derecho propietario de los bienes de una persona, de manera definitiva a favor del Estado, por ser éstos producto o instrumentos de un delito. Servidor Público: Servidor Público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios con relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la legislación nacional vigente; se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Legitimación de Ganancias Ilícitas: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que a sabiendas se preste o preste su nombre para ocultar o legitimar los bienes de terceros, de cualquier especie, habidos ilícitamente.

ARTÍCULO 2 (Principios). La presente Ley se funda en los siguientes principios: Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Transparencia. Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Es el acceso a la información veraz, oportuna, comprensible y confiable de recursos y gastos del Estado, a través de los medios y la tecnología existentes, que está a disposición de todo ciudadano que así lo requiera, excepto las limitaciones establecidas por Ley. Gratuidad. Los servicios de la administración de justicia, del Ministerio público, de los órganos de investigación y de la administración pública en general tienen carácter gratuito. Inmediatez. La administración de justicia debe fundarse en la eficiencia y eficacia, a fin de obtener celeridad en los trámites. Universalidad. La presente Ley, se aplicará a todo servidor público y a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades públicas o privadas dentro del territorio nacional y que tengan relación con el Estado reafirmando de esta manera, el principio constitucional de igualdad de todos ante la Ley. Control Social. Es la participación activa de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene todo boliviano (a) de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado en todas sus formas. Imprescriptibilidad. Se entiende como la no extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, delincuencia económica y financiera que atentan contra el patrimonio del Estado y otros establecidos en la presente Ley.

TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 3 (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la protección y recuperación del patrimonio del Estado, por medio de una lucha efectiva contra la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delitos económicos y financieros a través de mecanismos de control, prevención y educación, con la participación activa de entidades públicas, privadas y la sociedad civil.

ARTÍCULO 4 (Finalidad). La presente Ley establece normas y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, las Leyes, Tratados y Convenciones Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, así como los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que comprometan o afecten recursos del Estado.

ARTÍCULO 5 (Ámbito de Aplicación). El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende las acciones u omisiones de: Los servidores públicos, electos, designados, de libre nombramiento, de carrera, interinos y otras personas que prestan servicios al Estado en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Prefecturas, instituciones descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, semi autárquicas, de economía mixta, residuales, entidades autónomas, Gobiernos Municipales, universidades y otras entidades de la estructura del Estado. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Corte Nacional Electoral, Banco Central de Bolivia, Superintendencias y Defensor del Pueblo. Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación en su estructura patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica; personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos, se beneficien indebidamente con recursos del Estado. Personas privadas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean reportadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, por conducta o actividad relacionada a operaciones sospechosas vinculadas con actos de la administración pública, y que de manera directa o indirecta, afecten o comprometan los recursos del Estado. Ningún servidor público queda exento de la presente norma jurídica. Esta Ley especial no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente. En el caso del Presidente y Vicepresidente, ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República, Ministros y ex Ministros de Estado, Prefectos, Senadores y Diputados, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República, Superintendentes, Contralor General de la República, Vocales de las Cortes Superiores, Defensor del Pueblo y Vocales de la Corte Nacional Electoral y aquellos que ocuparon estas funciones y que hubiesen cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, se procederá, previo cumplimiento de los Artículos 52º, 62º, numeral 3, 66º, atribuciones primera, 68º, numeral 11), 118º, numeral 5) y 6) de la Constitución Política del Estado. En caso de existir responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva y penal, se aplicará con preferencia la responsabilidad penal y ésta no será subsidiaria con relación a las demás.

TÍTULO III ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CAPÍTULO I COMISIÓN NACIONAL DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS ARTÍCULO 6 (Comisión Nacional y Composición). Se crea la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por: Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Ministerio de Gobierno. Ministerio Público. Contraloría General de la República. Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial. Defensor del Pueblo. Un representante del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción. La Comisión Nacional estará presidida por el Ministro de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros.

ARTÍCULO 7 (Atribuciones). Las atribuciones de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas son las siguientes: Supervisar, fiscalizar y proponer políticas públicas nacionales, orientadas a prevenir actos de corrupción dentro de la función pública. Aprobar y evaluar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, elaborado por el Ministerio del ramo, responsable de esas funciones. Informar anualmente al Presidente de la República, al Congreso Nacional y a la Sociedad Civil sobre la ejecución y cumplimiento de las metas formuladas. Promover la probidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública, y la obligación de rendir cuentas sobre la gestión administrativa y los recursos del Estado. Promocionar la enseñanza y práctica de valores morales y éticos en el sistema educativo boliviano público y privado.

CAPÍTULO II MINISTERIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ARTÍCULO 8 (Responsabilidad). El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito tiene la responsabilidad de elaborar, proponer, desarrollar y ejecutar las políticas públicas anticorrupción aprobadas por la Comisión Nacional. ARTÍCULO 9 (Atribuciones). El Ministro de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, tiene las siguientes atribuciones: Elaborar los programas de prevención y lucha contra la corrupción, promover y fomentar la ética y transparencia en la gestión pública. Prestar asistencia técnica y asesoramiento a los organismos del Estado para implementar la lucha contra todas las formas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Coordinar acciones con las instituciones públicas y privadas para implementar programas de prevención, capacitación y difusión de valores éticos en las escuelas, colegios, institutos y universidades del país. Constituirse como sujeto procesal coadyuvante e intervenir de oficio en las denuncias de corrupción, para su investigación por el Ministerio Público y sanción por las autoridades jurisdiccionales competentes. Diseñar e implementar un programas de registro, control y seguimiento permanente de los bienes adquiridos por los servidores públicos y de las personas públicas o privadas que presten servicios públicos o comprometan de manera ilegal los recursos del Estado, en coordinación con el Ministerio Público, Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial y otras instituciones públicas o privadas. Representar a la Comisión Nacional de Lucha Anticorrupción, el Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Y otras establecidas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y su Decreto Reglamentario. Diseñar y desarrollar, anualmente, dentro del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el Programa Institucional Nacional Anticorrupción (PINA), destinado a: Capacitar, actualizar y acreditar la formación de: Fiscales Anticorrupción; Investigadores de la Policía Boliviana; Funcionarios de la UIFP; Funcionarios de la Contraloría General de la República; otros funcionarios públicos. Prevenir la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la legitimación de ganancias ilícitas mediante la difusión de valores éticos en las escuelas, colegios, institutos, universidades e instituciones públicas del país. Aprobar, supervisar, evaluar y fiscalizar el desarrollo y resultados del Programa Institucional Nacional Anticorrupción (PINA) a nivel institucional, elaborados y ejecutados por parte de la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Policía Boliviana y la UIFP.

CAPÍTULO III CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ARTÍCULO 10 (Representación de la Sociedad Civil). Se crea el Consejo Nacional y los Consejos Departamentales de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, integrado por representantes de las organizaciones sociales departamentales y nacionales respectivamente; que tiene como objetivo fundamental promover y fortalecer la participación activa de la sociedad civil para ejercer el control social anticorrupción. Su composición y atribuciones serán reglamentadas por Decreto Supremo.

CAPÍTULO IV FISCALES ANTICORRUPCIÓN ARTÍCULO 11 (Fiscales Anticorrupción). El Fiscal General de la República, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público designará, en cada departamento y en base a acreditación emitida por el PINA y evaluación permanente, a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia económica y financiera. Atribución que será incluida en el Artículo 36º de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 2175 de 13 de febrero de 2001.

CAPÍTULO V INVESTIGADORES DE LA POLICÍA NACIONAL

ARTÍCULO 12 (Investigadores de la Policía Boliviana). El Comando General de la Policía Boliviana, en base a la acreditación emitida por el PINA y evaluación permanente designará a los investigadores especializados de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, en cada departamento y desempeñarán sus actividades bajo, la dirección funcional y operativa de los fiscales. Estará integrada por Jefes y Oficiales de la Policía, idóneos y capacitados; serán inamovibles de sus funciones salvo que no cumplan la orden judicial, la del Fiscal, no tengan actualizada su acreditación del PINA o actúen negligentemente.

CAPÍTULO VI UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL (UIFP)

ARTÍCULO 13 (Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial). Se crea la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, como entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Hacienda; su Director será designado por el Presidente de la República.

ARTÍCULO 14 (Funciones). La Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial tiene como funciones básicas: A requerimiento formal del Ministerio de Lucha Contra la Corrupción o del Ministerio Público mediante los Fiscales Anticorrupción, analizar y realizar actividad de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos de corrupción, cuya información deberá ser proporcionada por los sujetos obligados sobre operaciones sospechosas, sin límite de monto. Remitir los resultados del análisis y antecedentes al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente, cuando así corresponda. A requerimiento formal del Ministerio de Lucha Contra la Corrupción o del Ministerio Público mediante los Fiscales Anticorrupción, aplicar procedimientos de análisis de actividades financieras y patrimoniales de los servidores públicos, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que comprometan y/o afecten directa o indirectamente los recursos del Estado. Otras atribuciones se establecerán por Decreto Supremo, tomando en cuenta la normativa nacional y las recomendaciones de Convenios Internacionales vigentes en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia económica y financiera.

ARTÍCULO 15 (Manejo de la Información). La información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial (UIFP), no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis. Cuando la UIFP considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, la remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público. Esta información, valorada por el Ministerio Público, podrá ser presentada como prueba en los procesos penales.

CAPÍTULO VII CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ARTÍCULO 16 (Unidad de Declaraciones Juradas). La Contraloría General de la República, designará a funcionarios acreditados por el PINA especializados de la Unidad para la recepción y verificación, seguimiento y actualización de las declaraciones juradas de los servidores públicos. Esta unidad deberá coordinar sus actividades con la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, Fiscales Anticorrupción y Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Sus funciones ser regularán mediante Decreto Supremo.

TÍTULO IV SUJETOS OBLIGADOS

ARTÍCULO 17 (Denominación). Son sujetos obligados las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras cuya obligación es cumplir y hacer cumplir las instrucciones y disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, relativa a la aplicación de medidas preventivas contra la corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

ARTÍCULO 18 (Alcances). Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a las actividades de: a) Banca nacional, b) Mercado de valores, c) Entidades aseguradoras, intermediarios y auxiliares de seguros, d) Mercado de pensiones, e) Operaciones sistemáticas de cambio de moneda, f) Emisión, venta o canje de cheques, cheques viajeros, g) Casas de préstamo y empeño, h) Giro postal, i) Emisión de tarjetas de crédito o débito, j) Títulos valores, k)Transferencias sistemáticas de fondos por courrier, correos especiales y/o medios electrónicos, l) Cooperativas en general, m) Compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueológicos, n) Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas, o) Juegos de azar, casinos, loterías y bingos, p) Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje, q) Actividades relacionadas con la minería, r) Actividades relacionadas con la construcción de carreteras y/o infraestructura vial, s) Despachadores de aduanas, importación y exportación, t) Fondos financieros privados, u) Mutuales de ahorro y préstamo, v) Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones, w) Actividades inmobiliarias, de compra venta de inmuebles, x) Servicios de inversión, y) Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, z) Actividades con alto movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Artículo 6º del Código de Comercio y otras presentes y futuras, establecidas por la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial.

ARTÍCULO 19 (Exención de Secreto Bancario). No se podrá invocar secreto bancario, de valores y de seguros, comercial, industrial, tributario, económico y financiero, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial requiera información para el cumplimiento de sus funciones, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno. La información obtenida por la Unidad solo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos vinculados a la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera. La exención requerida por la Unidad estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos.

ARTÍCULO 20 (Protección de los Denunciantes). Las denuncias de los funcionarios públicos y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, plantea la necesidad de proteger la identidad y la seguridad de los denunciantes. A tal efecto, el Ministerio Público y la Policía Nacional están obligados a establecer los mecanismos pertinentes para ejecutar dichas acciones, dentro del marco constitucional. En caso de una denuncia o acusación falsa, la persona agraviada será públicamente desagraviada, contando además con el pago de los daños y perjuicios que por Ley correspondan, aplicándose lo establecido por el Artículo 166º del Código Penal.

ARTÍCULO 21 (Protección de Sujetos Participantes). Los peritos, testigos, asesores técnicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento, gozarán de las garantías constitucionales, para evitar agresiones, represalias o intimidación.

TÍTULO V MODIFICACIONES, COMPLEMENTACIONES E INCLUSIONES AL CÓDIGO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CAPÍTULO I INCLUSIONES Y MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 22. Se incluye en el Código Penal los siguientes Artículos: 39 Bis, 90º Bis, 104º Bis, 144º Bis, 149º Bis, 149º Ter, 158º Bis y 177º Bis y modificación 185º Bis según el siguiente texto: ARTÍCULO 39 BIS (Atenuantes en Delitos de Corrupción). Toda Persona que hubiese participado o participe como instigador, cómplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y juzgamiento de los delitos sistematizados en el Artículo 23º de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se beneficiará con la reducción de un tercio de la pena que le correspondiere. ARTÍCULO 90º BIS (Incautación y Confiscación de Bienes y Activos). En el caso de los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde el inicio de las investigaciones de los ilícitos, previo requerimiento fiscal, y en un plazo perentorio de cinco días, se procederá a la incautación de los bienes y activos, con inventario completo, en presencia de un Notario de Fe Pública, designado al depositario de acuerdo a Ley, y concluidos los trámites de la causa, el órgano jurisdiccional dispondrá, en sentencia, la confiscación definitiva de tales bienes y activos a favor del Estado. Durante la etapa preparatoria, el sindicado o sospechoso de estos ilícitos, deberá demostrar la obtención o tenencia lícita de los bienes y productos incautados. ARTÍCULO 104º BIS (Extinción de la Pena por Prescripción). No procede la extinción de la pena por prescripción en los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ARTÍCULO 144º BIS (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). El servidor público que arbitrariamente otorgue un fin distinto al cual se hallare destinado, en beneficio propio o de terceros, bienes derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a los cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de la función pública, de cinco a diez años. En el mismo delito incurrirá el servidor público que, dando un fin distinto al cual se hallaren destinados, utilice los servicios prestados por personas remuneradas por el Estado o que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal. ARTÍCULO 149º BIS (Enriquecimiento Ilícito). El que en ejercicio de la función pública, custodie, explote, use o administre fondos, servicios o bienes públicos; bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, para acrecentar su patrimonio respecto de sus ingresos, adquiera bienes, goce derechos y acciones, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directa o por medio de otras personas naturales o jurídicas y no justifique la procedencia legal, será sancionado con privación de libertad de ocho a doce años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de hasta quinientos días y la confiscación de los bienes obtenidos ilegalmente. Las mismas sanciones se aplicarán para el caso de la persona natural o jurídica que mediante actividad privada, por sí o a través de otras personas, acreciente su fortuna afectando el patrimonio del Estado o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación directa o indirecta y no justifique procedencia legal. ARTÍCULO 149º TER. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilícito de un servidor público, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con presidio de tres a cinco años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días. ARTÍCULO 158º BIS (Cohecho Activo Transnacional). El que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una entidad internacional directa o indirectamente, ya sea en beneficio propio o de un tercero, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier otro acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial, será sancionado con presidio de ocho a doce años y multa de cincuenta a quinientos días. ARTÍCULO 177º BIS (Obstrucción de la Justicia). El que mediante el uso de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a obstaculizar la presentación o la aportación de pruebas en procesos relativos a la comisión de delitos vinculados con la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera, será sancionado con presidio de tres a cinco años y multa de treinta a quinientos días. Se agravará la sanción en una mitad a quienes mediante el uso de la fuerza física, amenazas o intimación obstaculicen las funciones a oficiales y jueces, fiscales y policías, así como a los órganos de prevención en relación con la comisión de delitos vinculados a la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera. ARTÍCULO 185º BIS (Legitimación de Ganancias Ilícitas). El que adquiera, transporte, convierta o transfiera, utilice y administre bienes, recursos, derechos, activos económicos, financieros y comerciales, vinculados a delitos de: tráfico de sustancias controladas, delitos de corrupción, delitos contra la función judicial y los cometidos por organizaciones criminales, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas, robo, falsificación de moneda o billetes de bancos, emisión ilegal, falsificación de documentos en general, contribuciones y ventajas ilegítimas, sociedad y acciones ficticias, franquicias, liberaciones o privilegios, defraudación tributaria e ilícitos aduaneros, con la finalidad de ocultar, simular, engañar, encubrir o impedir la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad verdadera de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes, comete delito de legitimación de ganancias ilícitas serán sancionados con presidio de ocho a doce años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y con multa de hasta quinientos días. El que por negligencia, imprudencia, impericia o falta de diligencia debida, facilite la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas será sancionado con reclusión de tres a cuatro años. El delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo. Las normas de éste Artículo se aplicarán también a personas nacionales y extranjeras que lo cometan en el territorio boliviano o fuera de éste, en el marco de los Convenios y Tratados Internacionales. ARTÍCULO 23 (Sistematización Penal). Los tipos penales establecidos en los Artículos: 132º Bis, 142º,143º,144º, 144º Bis, 145º,146º,147º,149º,149º Bis, 149º Ter, 150º,151º, 152º, 158º, 158º Bis, 173º, 173º Bis, 174º, 177º, 177º Bis, 185º Bis, 221º, 224º, 225º, 228º, 229º y 231º del Código Penal, Artículos 177º,178º,179º,180º y 181º del Código Tributario, Artículos 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º y 177º de la Ley General de Aduanas serán sistematizados bajo el Título de Delitos de Corrupción. ARTÍCULO 24 (Modificación de las Penas Aplicables). Las penas de los Artículos 132º Bis, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 149º, 150º, 151º, 152º, 158º, 173º, 173º Bis, 174º, 177º, 221º, 224º, 225º, 228º, 229º y 231º del Código Penal, Artículos 177º, 178º, 179º, 180º y 181º del Código Tributario, Artículos 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º y 177º de la Ley General de Aduanas, serán de ocho a doce años y multa de hasta quinientos días. CAPÍTULO II INCLUSIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTÍCULO 25. Se incluye al Código de Procedimiento Penal los Artículos 23º Bis, 29º Bis, 91º Bis, 133º Bis y 148 Bis, de acuerdo con el siguiente texto: ARTÍCULO 23º BIS (Improcedencia de la Suspensión Condicional del Proceso). La suspensión condicional del proceso no procede en los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ARTÍCULO 29º BIS (Imprescriptibilidad). Los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, son imprescriptibles. ARTÍCULO 91º BIS (Prosecución del Juicio en Rebeldía). Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro el proceso penal por los delitos establecidos en el Artículo 104º Bis de la presente Ley, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes. ARTÍCULO 148º BIS (Recuperación de Bienes en el Extranjero). El Estado solicitará a las autoridades extranjeras la cooperación necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos, sustraídos por servidores y ex servidores públicos, objeto o producto de delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delitos económicos y financieros, que se encuentren fuera del país. ARTÍCULO 133º BIS (Duración Máxima del Proceso en Delitos de Corrupción). El proceso de investigación, en los delitos sistematizados en el Artículo 23º de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 29º Bis no prescriben, y la duración máxima de la investigación (etapa preliminar), desde la denuncia hasta el inicio del juicio oral, público contradictorio y continuo (acusación), será de dieciocho meses. CAPÍTULO III COMPLEMENTACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ARTÍCULO 26. Se complementa los Artículos 962º, 1502º, 1552º y 1553º del Código Civil, de acuerdo con el siguiente texto: ARTÍCULO 962 (Carácter Subsidiario de la Acción). La acción de enriquecimiento no es admisible cuando el perjudicado puede ejercer otra acción para obtener, se le indemnice por el perjuicio que ha sufrido. Ésta prohibición no será aplicable en los casos en los que el perjudicado sea el Estado como consecuencia de actos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. ARTÍCULO 1502.- (Excepciones). La prescripción no corre: Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio de la República, hasta treinta días después de haber cesado en sus funciones. Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue. Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que tenga contra la sucesión. Entre cónyuges. Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción. En los casos relacionados con recuperación de activos para el Estado, provenientes de la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. En los demás casos establecidos por la Ley. ARTÍCULO 1552. (Anotación Preventiva en el Registro). Podrán pedir anotación preventiva de sus derechos en el registro público: Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles de deudor. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación. Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el Artículo 1540, inciso 14. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable. El Ministerio Público en representación del Estado y la sociedad en los casos relacionados con recuperación de activos provenientes de la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. II. En los casos previstos por el Artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. ARTÍCULO 1553 (Término de la Anotación Preventiva). La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intervalo. El término establecido en el parágrafo I, en los casos relacionados con recuperación de bienes y activos para el Estado provenientes de los delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. Será de 10 años prorrogable hasta por un total de quince años. ARTÍCULO 27 (Complementación al Código de Procedimiento Civil). Se complementa el Artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el siguiente texto: ARTÍCULO 375 (Carga de la Prueba). La carga de la prueba incumbe: Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho. Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor. En las demandas del Estado por recuperación de bienes y activos, provenientes de los delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y criminalidad económica, financiera y comercial; el Estado esta únicamente obligado a demostrar la calidad actual o pasada del servidor público o de demandado. En los casos que un servidor público o demandado tenga relación con bienes y activos que acrecienten ilícitamente el patrimonio de alguno de ellos, la carga de la prueba para demostrar la lícitud de su incremento patrimonial, corresponderá al demandado. CAPÍTULO IV MODIFICACIONES A LA LEY 2445 DE 13 DE MARZO DE 2003 ARTÍCULO 28 (Modificaciones al Artículo 4º de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades). Se modifica el Artículo 4º de la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003 de Juicio de Responsabilidades, quedando de acuerdo al siguiente texto: ARTÍCULO 4º (Participación Delictiva). Quienes tuvieran cualquier forma de participación delictiva con las autoridades en la comisión de cualquier delito mencionado en el Artículo 1º de la presente Ley, sin estar comprendidos en el ejercicio de funciones señaladas en el Artículo 118º, atribución 5ª de la Constitución Política del Estado, o quienes actúan como instigadores, cómplices o encubridores, de estos delitos, serán enjuiciados conjuntamente la causa principal. Si no hubieran sido incluidos, serán enjuiciados por la Justicia Ordinaria, de acuerdo a la Ley Común. ARTÍCULO 29 (Complementaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público). Inclúyese al Artículo 36º de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 2175 de 13 de febrero de 2001, la atribución otorgada al Fiscal General de la República, contenida en el Artículo 11º de la presente Ley. CAPÍTULO V DEROGACIONES ARTÍCULO ÚNICO. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: Artículo 185º Ter del Código Penal, Artículos 87º y 158 de la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras, modificada por la Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 – Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera), y Artículo 2º de la Ley 2623 de 22 de diciembre de 2003 « Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República », y toda disposición legal contraria a la presente Ley. El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa días a partir de su promulgación y publicación. Remítase al H. Senado Nacional, para fines de revisión. Es dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a los trece días del mes de julio de dos mil siete años.

Edmundo Novillo Aguilar PRESIDENTE H. CÁMARA DE DIPUTADOS

BOLPRESS, 13 de enero de 2009

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