COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Los problemas del viejo golpismo

Posted in ACCION URGENTE,Política par colectivoboliviano sur 22 septembre, 2009

Por Luis Bruschtein

América latina necesita la derrota del golpe hondureño para desalentar cualquier ilusión de regresar a una práctica que asoló la región durante décadas. Necesitaba el regreso de Manuel Zelaya, tanto como los hondureños mismos. Por eso la decisión comprometida de Lula, acompañado por el gobierno argentino y los de la mayoría de la región. Si se aceptaba la permanencia de Micheletti hasta las próximas elecciones, aunque sólo fueran unos pocos días, se habría legitimado el golpismo al darle un triunfo.

Aunque civil, Roberto Micheletti es un golpista latinoamericano clásico: gorila, anticomunista y proclive a la hegemonía de Washington en la región. Da la impresión de que los paralelismos llegan hasta allí. Porque Zelaya no es la víctima típica del golpismo sino que se trata de un hombre que llegó desde la derecha y en la marcha fue virando tibiamente hacia la izquierda. Otra diferencia importante fue la reacción de los gobiernos latinoamericanos reunidos en la Unasur. La mayoría de las veces, las víctimas de los golpes eran la mancha blanca en el mapa, rodeados de regímenes protofascistas que inmediatamente reconocían al nuevo gobierno de facto. Esta vez dieron su respaldo al mandatario depuesto.

En ese marco, el elemento más diferenciador ha sido por un lado Brasil y por el otro Washington. En el caso de Brasil, durante las largas décadas de golpes militares, ese país no tenía prácticamente incidencia en la región. Esta vez, Lula decidió un protagonismo muy activo por la restauración democrática. Es evidente que una vez que Brasil optó por la integración, su peso se hace sentir y un síntoma muy claro es que Zelaya eligió su embajada. Que se haya refugiado en la Embajada de Brasil, que desde allí haya realizado declaraciones y hasta actos políticos son hechos que reniegan de la explicación del canciller Celso Amorim de que Brasil “sólo le abrió la puerta”. Zelaya no se hubiera movido sin tener la seguridad de que sería recibido y Brasil tampoco hubiera asumido ese protagonismo sin sondear antes a Washington.

Y hasta es probable que esos antecedentes hayan sido los que convencieron al depuesto mandatario hondureño de regresar y resignar la seguridad del exilio. Los golpistas siempre habían actuado con el respaldo de la Casa Blanca y de los demás gobiernos de la región. Esta vez, el rol de Obama ha sido diferente, a pesar de lo cual fue criticado. Sobre estas reacciones hizo una ironía: “Antes criticaban a Estados Unidos porque intervenía en la región y ahora me piden que intervenga”. Lo decía por los que le reclamaban una acción más decidida. Lo cierto es que su posición desconcertó al golpista Micheletti que ahora reclama “respeto a la soberanía de Honduras”. La estrategia para el golpe siguió el viejo molde y una de las acciones previas había sido armar un lobby en el Congreso norteamericano.

Pero el golpe de Micheletti demostró también que en todas estas sociedades sigue palpitando la tentación del golpismo frente a los procesos de cambio.

PÁGINA 12, 22 de septiembre de 2009

FOTOS DE LA REPRESIÓN

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Liberales asustados, nacionalistas pragmáticos, indianistas ingenuos

Posted in Política par colectivoboliviano sur 13 septembre, 2009


Semanario Pulso/
*Pablo Stefanoni


A tres años y medio de la llegada al gobierno de Evo Morales, la coyuntura boliviana parece a años luz de la situación de virtual ’’doble poder » entre el Estado central y las regiones autonomistas y de potencial inestabilidad del poder del Presidente. A tres meses de las elecciones presidenciales, la fórmula presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera es una ficha puesta. Mientras, la oposición ’con una profunda sensación de derrota anticipada’ busca conformar, en medio de una aguda puja intestina, una alianza ’ o al menos dos o tres frentes’ más como un intento de « reducción de daños » que como una estrategia de disputa efectiva por el poder.
La consolidación del “evismo”.


¿Pero como llegó a este estado agónico una oposición que hace dos años se daba el lujo de declarar la autonomía de facto, impedir aterrizajes de Morales en zonas autonómicas, tomar instituciones públicas o enfrentarse a tiros con campesinos oficialistas? Justamente, por todo esto: la derecha boliviana al igual que muchos medios, locales y extranjeros hizo un pésimo cálculo de la correlación de fuerzas luego del referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008.
Lo que en la noche del plebiscito aún podía leerse, hasta cierto punto, como un “empate”: Evo y los prefectos autonomistas habían sido ratificados, dejó de serlo pocas horas después. Evo Morales no sólo pasó el umbral simbólico de los dos tercios “obtuvo finalmente el 67 por ciento de apoyo” sino que la fortaleza autonomista había sido perforada por el voto afirmativo: empate en Tarija, triunfo en Pando y un 40 por ciento en Santa Cruz, el núcleo duro de la oposición política-empresarial. El desenlace es conocido: la toma y saqueo de instituciones y la “masacre de Pando”, en septiembre de 2008, habilitan el uso legítimo de la fuerza estatal, incluyendo el estado de sitio y el confinamiento de Leopoldo Fernández y, casi en paralelo, los cocaleros del Chapare preparan el cerco a Santa Cruz.

Resultado: en enero de 2009, un referéndum aprueba con el 61 por ciento una Constitución que pocos meses antes parecía condenada a mejor vida.
Si bien es evidente que Santa Cruz está lejos de ser la aldea de los años 50 tampoco es ni una fortaleza inexpugnable ni el motor económico del país que la burguesía cruceña desearía ser: la economía soyera “su principal orgullo” depende del subsidio estatal al diesel tanto como de los mercados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), perforados por los TLC de Colombia y Perú con Estados Unidos; sus costos y sus escalas de producción están a años luz de la soya brasileña o argentina y, además, el Estado se metió en el negocio mediante la estatal EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) (Ver entrevista a García Linera en Le Monde Diplomatique). En paralelo, el occidente minero boliviano, debilitado por la crisis de los precios de los años 80, volvió a reposicionarse con los efectos económicos, políticos y simbólicos que conlleva el renacimiento de la “Bolivia minera”, al tiempo que la nacionalización del gas “más allá de sus luces y sombras” redujo significativamente el poder político de las petroleras trasnacionales, aliadas de la elite cruceña.
Pero el golpe final provino de la aventura, en la que los sectores “ultras” involucraron al conjunto de la elite política cruceña: la contratación de Eduardo Rózsa Flores, con una biografía novelesca “entre el idealista y el mercenario” para armar grupos armados de resistencia. La acción fue grotesca pero el asunto sirvió para que el gobierno pudiera confirmar, por primera vez, la existencia de sectores desestabilizadores y subversivos en el país. Fue el último (auto)golpe de la oposición.

¿Evo es Robespierre?
No obstante, el gobierno de Evo Morales, al igual que el de Hugo Chávez, necesita un enemigo al acecho, y eso hace que en el discurso gubernamental la “fuerza” de la derecha siga parcialmente vigente. Además, se da un hecho paradójico: intelectuales y opinadores liberales creen al pie de la letra el discurso oficial, que las propias bases del MAS “que navegan las aguas mucho más pragmáticas del nacionalismo-popular, a la espera de conseguir cargos en el Estado” se toman mucho menos en serio. Así, el economista Roberto Laserna es incapaz de ver las metas modernizadoras del gobierno (incluso mencionar este asunto le parece chistoso) y se deja obnubilar por el barniz indigenista y “ancestralista” con el que se recubre políticas abiertamente desarrollistas; y el sociólogo Henry Oporto dedica una separata en PULSO a alertar sobre “la vuelta al mito de la revolución”, donde cita la frase del vicepresidente García Linera: “me veo como uno de los jacobinos de la Revolución Francesa y veo a Evo como Robespierre” – bastante retórica, por cierto – como un ejemplo de la “fiebre revolucionaria” que se está apoderando de los círculos gobernantes.
Es verdad que en el discurso oficial predomina la lógica “amigo/enemigo”, propia de la tradición nacional-popular latinoamericana, hegemónica en el partido de Gobierno, incluyendo llamados a “aplastar a los separatistas”, no es difícil visualizar las dificultades para reemplazar la desinstitucionalización neoliberal por nuevas instituciones, u observar políticas que, como la migración de campesinos a Pando, combinan sensatos objetivos de construir Estado en esta tierra de nadie amazónica en manos de todo tipo de mafias con más cuestionables intentos de alterar el padrón electoral o mandar gente sin contención a los confines del país. Pero todo ello está lejos de la “revolución igualitaria”, el socialismo o la pérdida de libertades cívicas que no deja dormir a los liberales. Estos parecen olvidar que el neoliberalismo se aplicó en Bolivia a fuerza de decretazos presidenciales y estados de sitio, algo bastante alejado del « consensualismo » que reclaman ahora que perdieron el poder. Y confunden la actual hegemonía nacional-popular con un virtual camino hacia el partido único. La cosa parece más sencilla y menos dramática: hoy la derecha liberal no es escuchada por la mayoría de la sociedad, aunque grite nadie la oye. Pero eso no es diferente a la ineficacia del discurso de la izquierda en los 90, sin que nadie hablara del partido único neoliberal (aunque la democracia pactada se parecía bastante).

Lo que hay hoy, en todo caso, como hubo en los 90, es una tendencia al discurso único. El economista Gonzalo Chávez sí captó con agudeza “reemplazando el miedo por la ironía” la realidad compleja que vive Bolivia en una reciente columna (“Fin de la patria rentista”, La Razón, 23-8-09), donde analiza el buen desempeño de los bancos “en parte gracias al Estado” y la buena relación entre las entidades financieras y el gobierno. Allí ironiza sobre los “neoliberales revolucionarios” que manejan la macroeconomía e implementaron políticas antiinflacionarias contractivas, bastante ortodoxas, como la emisión de bonos del Banco Central con altas tasas de interés, para “secar el mercado” y evitar la inflación derivada de la entrada de una ingente cantidad de dólares producto de exportaciones récord.

Y no son sólo los bancos: si hubo quejas de las empresas mineras, nacionales o transnacionales, fueron pronunciadas en voz tan baja que nadie las escuchó.
Riesgos y desafíos
Con todo, lo cierto es que el continuo predominio de la política por sobre la economía y la lógica del impacto de corto plazo que caracteriza al “evismo” pone en riesgo los objetivos de largo plazo del proceso de cambio: construir el Estado y desarrollar al país. El ‘affaire’ Santos Ramírez es una fuerte advertencia de que un retorno acrítico al capitalismo de Estado lleva consigo, también, una vuelta a prácticas que consideraban al Estado un botín para armar grupos de poder, además de garantizar el propio ascenso social (y ahí está también Condepa).


Frente a la necesidad de cuadros “uno de los principales déficits del actual gobierno” se recurrió a la cooperación de Francia para poner en pie una escuela de administración pública; aunque es probable que la lógica “weberiana” de los franceses choque más temprano que tarde con el discurso “multiculturalista” y “comunitarista” que predomina entre quienes hoy discuten una nueva ley de la función pública y consideran que el Estado boliviano debe ser un reflejo de las culturas comunitarias que predominarían “sobre una base evidencial bastante discutible, por decir lo menos” en la sociedad boliviana. La consolidación de una nueva langue de bois (lengua de madera) “poscolonial” corre el riesgo de reemplazar la realidad por el wishful thinking, que permite ver supuestos “proyectos alternativos a la modernidad y al capitalismo” y clivajes binarios (indígena vs. occidental) en el mundo popular boliviano. Como los liberales, este sector es incapaz de ver la matriz nacional-desarrollista, que atraviesa el “proceso de cambio” y se expresa, por ejemplo, en la defensa oficial de la explotación petrolera en la Amazonía.
Nuevamente, es posible constatar una característica de la política boliviana: la “refundación permanente” del país encubre las dificultades para encarar reformas exitosas, en un marco donde el entusiasmo estatista suele chocar y chocó en innumerables ocasiones con un Estado crónicamente débil, pero, al mismo tiempo, dada la debilidad aún mayor de la economía privada formal, percibido por la mayoría de la sociedad como uno de los pocos espacios de ascenso social. Paradoja que hizo estallar otros proyectos nacional-populares y enciende una luz de alerta sobre el que actualmente transita Bolivia.
Con todo, fue el periodista crítico Carlos Valverde quien acertó en la causa de la invencibilidad electoral de Evo Morales: “Nunca en la historia de Bolivia como ahora tanta gente se siente parte del poder”. Políticas sociales e identificación étnica-cultural parecen ser las claves del “cariño” por Evo. Es posible, como en Venezuela, que la oposición necesite entender esto antes de tener alguna oportunidad de volver al escenario político.

11 de septiembre la masacre de Pando

Posted in AUTONOMISTAS Y RACISMO,Derechos Humanos par colectivoboliviano sur 12 septembre, 2009

La justicia boliviana una vez más está en cuestión. Al año del asesinato de campesinos en Pando, el jefe intelectual de este crimen, Leopoldo Fernández, detenido en el penal de San Pedro no sólo no fue juzgado sino que ahora es candidato a elecciones, ¡qué vergüenza! Estamos frente a individuos que gozan de impunidad absoluta en el país gracias a los favores de los jueces y fiscales.

Los indígenas y campesinos de Pando así como los indígenas de Chuquisaca necesitan que los responsables de los crímenes, torturas y vejámenes sean juzgados. Es una cuestión de justicia y no de revancha como tratan de mostrar los medios de comunicación afines a estos grupos de la derecha recalcitrante .

¿Qué credibilidad pueden tener los fiscales y jueces de ese poder judicial totalmente corrupto cuando las víctimas deben cohabitar con sus torturadores y victimarios? ¿Cómo es posible que se hable de democracia cuando trataron simple y llanamente de eliminar al adversario usando la logística de la Prefectura pandina y del Comité cívico?

Los responsables de crímenes deben ser juzgados por jueces probos y amantes de la justicia, pero lastimosamente hasta ahora lo único que vimos en el país es que la impunidad se pasea campante porque los diferentes estamentos de la justicia están en manos de aquellos que fueron nombrados gracias a los cuoteos del antiguo régimen.

R.P.H.

A un año de la masacre de Porvenir

Posted in Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 11 septembre, 2009

Campesinos asesinados el 11 de septiembre de 2008 por grupos de choque a la orden de la prefectura pandina

Campesinos asesinados el 11 de septiembre de 2008 por grupos de choque a la orden de la prefectura pandina. Foto: Indymedia La Paz, 15 septiembre de 2008.

Leopoldo Fernández: De « carnicero » a candidato

El departamento de Pando es un territorio de gran importancia económica y geopolítica. Su ciudad capital Cobija junto a Trinidad, capital del departamento de Beni, constituyen los asentamientos urbanos bolivianos más importantes de la Amazonía, una vasta región del trópico húmedo sudamericano considerada la reserva genética más importante de la humanidad.

El control de la tierra determinó la estructura económica, política y cultural de Pando, un territorio megadiverso en flora, fauna, bosques de castaña, palmares, mara, roble, cedro, palo maría, entre muchos otros recursos naturales.

La explotación de materias primas demandadas por el mercado mundial (quinina y oro en la colonia; caucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y castaña y madera en la actualidad) fue la base de la acumulación de capital de la elite local, estrechamente relacionada con la oligarquía brasilera.

Terratenientes, burócratas y jueces organizados en clanes familiares se apropiaron del poder regional, restringieron los sistemas de organización de sectores sociales subalternos y explotaron a cientos de familias y comunidades campesinas e indígenas en condición de servidumbre por deudas, una lacra análoga a la esclavitud.

Durante la dictadura de Hugo Banzer en la década de 1970, la elite pandina concentró más poder económico, recibió gratuitamente enormes extensiones de tierras fiscales y bosques, y consolidó su dominio absoluto de la institucionalidad administrativa y política de tipo feudal.

No más de 10 clanes familiares coparon los cargos de la administración pública (corte electoral, universidad, comité cívico, prefectura, municipios, jefaturas militares), diputaciones y concejalías; el comercio, la producción, las finanzas y los medios de comunicación.

En el gobierno constitucional de Banzer (1997-2001), prosperaron con generosos contratos públicos y estuvieron a punto de adueñarse de más de tres millones de hectáreas de tierra unos cuantos senadores, diputados, ministros barraqueros de ADN y otros caciques como Leopoldo Fernández, ex empleado de los dictadores Luis García Meza (1980-1981), Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982), parlamentario, prefecto y ministro de gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002).

Recuperar la soberanía territorial en el norte amazónico

La oligarquía pandina comenzó a desarrollar una identidad distinta a la bolivianidad a partir de la descentralización administrativa a mediados de los años 90 del siglo XX.

Motivados principalmente por intereses particulares, los grupos de poder regional priorizaron sus negocios con compañías transnacionales e inversionistas del agronegocio, y las alianzas económicas y políticas con sus pares « amazónicos » de Brasil y Perú, relegando a segundo plano la integración de la región con el resto del país.

Familias influyentes y grupos de poder de Pando tramitaron fraudulentamente predios agrarios con la complicidad de ex funcionarios del INRA y alentaron un creciente tráfico de tierras mediante contratos de venta y arrendamiento anticonstitucionales.

Los terratenientes pandinos alquilaron sus predios y concesiones forestales principalmente a ciudadanos brasileros y crearon empresas madereras clandestinas con capital proveniente del narcotráfico.

En noviembre de 2004, el secretario general de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando Winston Galvez exigió al gobierno que anule los trámites ilegales de terratenientes y sobre todo que controle el « creciente tráfico de tierras a favor de extranjeros ».

En julio de 2005, súbitos brasileños que trabajaban para el ex prefecto Leopoldo Fernández, procesados penalmente por tala ilegal de madera en la comunidad Trinchera, fueron condenados a tres años de reclusión por daños y perjuicios ocasionados al Estado.

En 2006, un individuo conocido como « El Parana » fue acusado de promover asentamientos extranjeros en un área de 20 mil hectáreas, donde se habría construido una escuela brasilera atendida por profesores brasileros.

Ese mismo año el ex funcionario del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) Luis Lema Pereira alquiló el predio Arizona en el municipio Bellaflor, incluido un aserradero y un bosque, al brasilero José Milton Soder (alias « Zicao »), un conocido traficante de madera.

Luego de las elecciones de la Asamblea Constituyente en 2006, el jefe de la Unidad de Tierra y Territorio de la Prefectura de Pando Gary Von Boek admitió que muchos extranjeros indocumentados vivían en Pando y anunció que el gobierno departamental había decidido realizar un censo. 

La Prefectura de Pando solicitó a la Cancillería una reunión con su similar de Perú para conformar una comisión Binacional encargada de reposicionar algunos hitos desde Puerto Heath hasta Bolpebra.

En 2008, una comisión multipartidaria del Congreso constató que el contrabando de madera, castaña y gasolina campeaban en Pando. « Cobija es tierra de nadie, ocho o 10 familias han logrado institucionalizar una estructura que responde a sus intereses », denunció el senador del MAS Ricardo Díaz.

Díaz exigió a la Superintendencia Forestal que anule las concesiones forestales otorgadas a súbditos brasileños y que inicie de inmediato una auditoría ambiental a todas las concesiones para detener la deforestación y la tala indiscriminada.

 »Se deben establecer responsabilidades de quiénes han permitido que el departamento de Pando, además de Beni y Santa Cruz, en la frontera con Brasil, se estén convirtiendo en zonas desérticas de la noche a la mañana, enriqueciendo a pocas familias extranjeras », demandó el legislador.

El superintendente Forestal José Martínez estimó que el negocio de la madera mueve más de 124 millones de bolivianos cada año, sin dejar beneficios a las comunidades indígenas y causando una deforestación alarmante.

¿Autonomistas o separatistas?

La autonomía departamental se convirtió en la principal demanda regional luego de que Evo Morales llegó a la presidencia en enero de 2006.

Habiendo perdido el control del Estado central y viendo amenazados sus intereses, los caciques pandinos se refugiaron en la agrupación Podemos liderada por Jorge Quiroga, el heredero político del ex dictador Banzer, y sellaron una alianza de clases con la burguesía agroindustrial de Santa Cruz y Beni.

La Cámara Forestal Amazónica, la Federación de Autotransporte de Pando, la Federación de Empresarios Privados de Pando, el Comité Cívico y otras instituciones que representan a terratenientes y a la burguesía comenzaron a actuar en bloque en mayo de 2006, exigiendo al gobierno que no promueva nuevos asentamientos humanos sin consultar antes a barraqueros y a concesionarios forestales.

En noviembre de 2006, madereros de la empresa Caramanu asentados ilegalmente en tierras fiscales interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra del saneamiento de tierras; y poco después contrataron a sicarios para amedrentar a brigadas del INRA, pasando de la resistencia legal a la violencia organizada.

En enero de 2007, el gobierno creó mediante Decreto Supremo 28998 la Unidad de Desarrollo Integral Amazónico, encargada de diseñar planes de industrialización de recursos naturales, fiscalizar tierras y recuperar la soberanía territorial en el norte amazónico.

Para defender sus tierras de la invasión « colla » y del « maldito estado centralista », a mediados de 2008 los patrones pandinos constituyeron un gobierno autónomo de facto con competencias legislativas, reglamentarias y ejecutivas para dotar tierras y verificar el cumplimiento de la Función Económica y Social.

El 2 de agosto de 2008, el gobierno declaró a Pando como el primer departamento saneado de Bolivia con una superficie total de 6.3 millones de hectáreas, y regularizó y perfeccionó el derecho propietario de 2,6 millones de hectáreas.

El gobierno identificó a 1.500 extranjeros asentados dentro de los 50 kilómetros de la franja fronteriza departamental, dedicados principalmente a la explotación irracional de recursos forestales y a otras actividades ilícitas como el tráfico de droga, armas, vehículos y a la trata de blancas.

El Viceministerio de Tierras y el INRA advirtieron que todo asentamiento u ocupación de hecho en tierras fiscales posterior a la promulgación de la Ley INRA (1996) es ilegal y pasible al desalojo con la fuerza pública.

La Superintendencia Forestal y las Fuerzas Armadas establecieron 10 puestos de vigilancia y control en la frontera y lograron paralizar el cuartoneo de madera en las comunidades Soberanía, Uncía, Holanda, Limón, San Miguelito y otras. Se decomisaron 47.471 pies de madera aserrada de las especies cedro y roble, marfil, almendrillo, miso y almendrillo, valuados en 265.454 bolivianos.

La oligarquía y sus huestes reaccionaron con extrema violencia. Empuñaron las armas, asaltaron y saquearon instituciones estatales (Aduana, INRA, Superintendencia Forestal, Migración y la Administradora Boliviana de Caminos), flagelaron a sus enemigos políticos e intentaron fracturar la unidad territorial de Bolivia en nombre de la « independencia » del departamento « autónomo » de Pando.

Entre el 9 y el 11 de septiembre más de 70 instituciones públicas fueron destruidas en Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija por hordas de la oposición autonomista. La subversión terrateniente llegó al climax con una masacre de campesinos.

En la madrugada del jueves 11 de septiembre de 2008, empleados de la Prefectura de Pando, dirigentes cívicos y sicarios brasileros contratados por el ex prefecto Leopoldo Fernández cavaron zanjas con maquinaria del Servicio Prefectural de Caminos cerca de la población de Porvenir, para detener por la fuerza a un grupo de campesinos y estudiantes que se dirigía a la ciudad de Cobija.

Las bandas armadas emboscaron a los marchistas en la localidad de Tres Barracas, hirieron a más de 50, tomaron varios rehenes, los torturaron y asesinaron a por lo menos 13 personas, entre ellas Bernardino Racua, secretario Ejecutivo de la Subcentral Campesina de Conquista en el municipio de Puerto Rico, defensor de la tierra y los recursos naturales y biznieto de Bruno Racua, el flechero takana que defendió la soberanía nacional en la Batalla de Bahía el 11 de octubre de 1902.

Comandaron la masacre Luis Alberto Rojas, ex empleado de la unidad de Recursos Naturales de la Prefectura y procesado por tráfico de madera; el dueño de tierras y diputado suplente de Podemos Fermín Terrazas, y el funcionario de la Prefectura y ex constituyente de Podemos Abel Janco, entre otros. Acusaron al prefecto Leopoldo Fernández de ser el autor intelectual de la matanza.

Varias instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos del país y del extranjero condenaron el « genocidio y el racismo » en Pando y se solidarizaron con el gobierno democrático de Evo Morales. El 15 de septiembre de 2008, los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) reprocharon la subversión golpista y advirtieron que no reconocerán a ningún régimen político anticonstitucional.

La oposición sediciosa terminó aislada internacionalmente y derrotada políticamente. El ex prefecto Leopoldo Fernández fue detenido y encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz, acusado de organizar la masacre de Porvenir, calificada por una comisión de Unasur como un « crimen de lesa humanidad » y una violación « flagrante del derecho a la vida y a la integridad de las personas extremadamente grave ».

Unasur evidenció que funcionarios del gobierno departamental de Pando agredieron a los campesinos de forma organizada, respondiendo a una cadena de mando y haciendo uso de los bienes de la Prefectura.

La masacre de campesinos constituye una « grave violación de derechos humanos » y « habría sido cometida por personal de la Prefectura de Pando, funcionarios del Sedcam (Servicio de Caminos), miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura », concluyó un informe presentado por el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia Denis Racicot en marzo de 2009.

A un año de a masacre de Pando

Los familiares de tres estudiantes normalistas asesinados en Porvenir iniciaron una acción penal contra los presuntos responsables de la masacre, y la acusación se fue fortaleciendo con las denuncias de 10, 30 y hasta 50 personas afectadas por este « hecho criminal que pasó a la luz del día », dice la abogada de las víctimas Mary Carrasco.

Los estudiantes normalistas no murieron en combate; les dispararon cuando huían de sus agresores. Los campesinos no eran enemigos o amigos del ex prefecto Fernández que perdieron la vida en un ajuste de cuentas; los asesinaron en una emboscada planificada, enfatiza Carrasco.

Sin embargo, desde que se inició la acción penal no hubo más que trabas de orden administrativo y jurídico debido al poder político y económico de los imputados y al tráfico de influencias, desde los Ministros de la Corte Suprema de Justicia hasta el último funcionario del Poder Judicial.

Según Racicot, « hubo un ataque frontal con uso de armas letales de forma indiscriminada y unilateral ». Por la naturaleza de los « múltiples asesinatos », los acusados deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, recomendaron los investigadores de Unasur.

Pero los familiares de Fernández y algunos magistrados pretendieron que el ex Prefecto sea sometido a un « juicio de responsabilidades » ante la Corte Suprema, en su condición de máxima autoridad departamental.

En julio de 2009, los siete cuerpos de los obrados del proceso fueron hurtados por un secretario suplente junto al abogado Johnny Castelú, y trasladados a la localidad de Porvenir.

La jueza de Instrucción de Porvenir María Eugenia Romero dijo que las carpetas procesales fueron remitidas a su jurisdicción por instrucción de la jueza Séptima de Instrucción en lo Penal de La Paz Betty Yañíquez.

Sin embargo, la Corte de Justicia de La Paz y la jueza a cargo del proceso nunca autorizaron el traslado de obrados, y por tanto los expedientes fueron hurtados. « No sabemos si las fojas fueron mutiladas », denunció en aquella oportunidad la abogada Carrasco.

Los familiares de las víctimas de la masacre iniciaron 15 procesos por tráfico de influencias contra jueces, conjueces, administrativos y otros funcionarios judiciales que obstaculizan el proceso de investigación.

A un año de la masacre en Pando, sólo cuatro de más de 20 imputados están en la cárcel, entre ellos el ex prefecto Fernández, acusado por los delitos de terrorismo y asociación delictuosa y denominado el « carnicero del Porvenir ».

El « carnicero » quiere ser Vicepresidente

Los dirigentes políticos y cívicos de la derecha, especialmente el senador pandino Roger Pinto (Podemos), afirman que Leopoldo Fernández es un « preso político » y el « símbolo de una región perseguida por pensar diferente ».

Las cadenas mediáticas se parcializan abiertamente con Fernández y defienden sus derechos en una campaña articulada y sostenida. Los medios ya no se acuerdan de las víctimas de Porvenir, pero no se olvidan del cumpleaños de Leopoldo y le otorgan tribuna libre para que fustigue al gobierno « autoritario ».

En su condición de « mártir » de la oposición conservadora, Fernández se lanzó como candidato a la Vicepresidencia por la alianza Plan Progreso para Bolivia y Convergencia Nacional (PPB-CN), junto a los prefectos revocados Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes.

El ex prefecto de Pando piensa que un candidato no puede ser perseguido penalmente; « sin embargo, su situación jurídica no cambia ni un milímetro », afirma la abogada Carrasco.

Según la jurista, a la persecución penal no le interesa la persona sino el hecho delictivo. Por esa razón, « para nosotros Leopoldo Fernández Ferreira no es ni ex prefecto ni candidato, es un imputado por delitos de terrorismo, asociación delictuosa y lesiones graves ».

Fuente: Somos Tierra N. 9, INRA-Viceministerio de Tierras.