COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


La biodiversidad de la Amazonía a merced del “desarrollo” y la rentabilidad del capital

Posted in MEDIOAMBIENTE,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 27 juillet, 2010

Represan ríos y desplazan pueblos enteros porque las transnacionales precisan « energía barata »

SENA-Fobomade *

El capital corta las principales arterias y venas del sistema hídrico de la Amazonía, el bioma más rico en biodiversidad genética de la Tierra, porque su prioridad es generar energía barata para garantizar la rentabilidad empresarial y el “desarrollo” capitalista. Así se consolida en la Amazonía el plan PAC/IIRSA, un proyecto de desarrollo sub-imperialista impulsado por el Estado brasilero.

El modelo productivo de hidroelectricidad adoptado por los países de Sudamérica intensifica la naturaleza concentradora y excluyente del actual patrón insustentable de producción y consumo capitalista, explicó el profesor de la Universidad Federal de Rondonia Luis Fernando Novoa en el Seminario trinacional sobre hidroelectricidad y desarrollo celebrado en Cochabamba con el auspicio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad de San Simón y del Centro de Información en Energías Renovables (CINER).

Novoa, también miembro de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, describió que el modelo energético alentado por Brasil es una especie de incubadora de plataformas transnacionales que buscan la expansión y el uso intensivo de materias primas y energía. Se trata de la inserción y subordinación definitiva de la Amazonía como proveedora de exportaciones basadas en recursos naturales.

En este modelo se conjugan los intereses de los oligopolios en el uso intensivo de recursos energéticos a través de la centralización del planeamiento territorial y la descentralización de la implantación, operación y licenciamiento de proyectos que agilizan la mercantilización de recursos naturales disponibles.

Todos los proyectos de infraestructura hidroeléctrica en el territorio amazónico han sido concebidos como inversiones financieras completamente subordinadas a la lógica de la rentabilidad.

En la planificación de nuevas infraestructuras en función a la proyección de la demanda de consumo de electricidad, la variable demográfica importa menos que la demanda sectorial. Todo se subordina a las perspectivas de expansión y producción de los grandes consumidores de energía y a las necesidades tarifarias de las grandes empresas.

La previsión del alto crecimiento del consumo de energía, en torno al 5% al año, solo ha servido para justificar la oferta de excedentes energéticos a cualquier costo en beneficio de la industria siderúrgica, la industria de la celulosa y del agronegocio, los sectores “dinámicos que aprovechan las ventajas comparativas disponibles”, asevera Novoa.

Esta política industrial prioriza la atracción de inversiones y la readecuación de los marcos regulatorios, y minimiza el impacto del endeudamiento público, los costos sociales y ambientales y la sobreexplotación de la mano de obra.

El plan de expansión

El Programa de Aceleración de Crecimiento 2007 – 2010 (PAC) de Brasil tiene como objetivo “estimular la eficiencia productiva de los principales sectores de la economía; impulsar la modernización tecnológica, acelerar áreas en expansión deprimidas, aumentar la competitividad e integrar a Brasil con sus vecinos y con el mundo”. Para ello se estimula a la inversión privada con la remoción de obstáculos normativos y jurídicos y con la otorgación de créditos para el financiamiento de infraestructura.

Los principales proyectos hidroeléctricos en la Amazonía son:

UHE de Santo Antonio, rio Madera (3.170 MW) –2012

UHE de Jirau, rio Madeia (3.320 MW) – 2012

UHE de São Salvador, rio Tocantins (243 MW) – dec/09

UHE de Estreito, rio Tocantins (1.087 MW) – ago/10

UHE de Dardanelos, rio Aripuanã (261 MW) – dec/10

UHE de Belo Monte (5.680 MW), previsión jun/14

UHE de Tupirantins, rio Tocantins (620 MW) – jun/17

Inventario del potencial hidroeléctrico de Tapajós (11.000 MW) – abr/08

Inventario en el río Juruena (5.000 MW) – dec/08

Viabilidad de Teles Pires (1.820 MW) – may/08

Viabilidad de Ji-Paraná (350 MW) – jun/09

Usinas de agua y Usinas Plataforma:

Belo Monte: reservorio de 516 km²

São Luiz de Tapajós: 722 km²

Santo Antonio: 271 Km²

Jirau: 258 km²

“La expansión de los proyectos de hidroelectricidad de Electrobras incorpora a Bolivia y Perú, lo quieran o no estos países, porque la expansión brasileña se hace en todos los ríos que cruzan estos países”, dice Luis Fernando Novoa.

Este modelo energético no resolverá los problemas estructurales de la economía regional ni mejorará la calidad de vida de la población, sino que por el contrario ocasionará graves daños sociales y ambientales.

Ocurre que las gigantescas asimetrías entre Brasil, Bolivia y Perú impiden una integración equilibrada y justa de los megaproyectos hidroeléctricos programados en los tres países, los cuales beneficiarán en gran medida a las grandes corporaciones radicadas en Brasil, dejando enormes costos sociales, ambientales y económicos a los pueblos indígenas y países receptores de las “inversiones”.

Ofensiva contra la legislación ambiental

En Brasil hay una ofensiva para recortar la legislación ambiental con el argumento de que obstruye la expansión de los megaproyectos hidroeléctricos.

Ahora los estudios ambientales y los procesos de licenciamiento ambiental son considerados « una dificultad adicional para que Brasil aproveche completamente el potencial hidroeléctrico de la región amazónica ». En este caso, “completamente » quiere decir transformar todos los afluentes de las márgenes izquierda y derecha del Amazonas en una sucesión de reservorios de aguas estancadas e insalubres, en detrimento de la mayor reserva de biodiversidad del planeta y del modo de vida singular de sus poblaciones.

La Asociación Brasilera de Concesionarias de Energía Eléctrica (ABCE) intenta consolidar un mecanismo legislativo que armonice los dictámenes constituciones que asignan al Estado la responsabilidad de aplicar un régimen de protección del medio ambiente. El objetivo es flexibilizar las normas de uso de tierras indígenas para proyectos energéticos; evitar la creación de nuevas áreas de preservación ambiental en la Amazonía, y anular las normas que impiden la instalación de gasoductos.

En la actualidad se revisa el Código Forestal y se flexibilizan las regulaciones del IBAMA referidas al uso de territorios de poblaciones tradicionales, a las concesiones forestales y a los recursos hídricos. Por ejemplo, se promueven leyes reglamentarias del artículo 23 de la Constitución Federal referido al licenciamiento de proyectos, que ayuden a reducir la judicialización de proceso de licenciamiento ambiental. Una de ellas es la ley PAC que hasta ahora no fue aprobada.

Por otro lado, se promueve la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para que comprendan la importancia de los proyectos energéticos de fuentes renovables. Se pretende crear consciencia en todas las esferas del gobierno sobre la necesidad de acciones que viabilicen los emprendimientos de interés para la población, es decir proyectos de generación hídrica más baratos y limpios que cualquier otra fuente de energía.

Hay premura por instalar hidroeléctricas sin un necesario debate público que considere los costos y daños. El Plan Plurianual (PPA) enumera los proyectos hidráulicos “considerados estratégicos” que el IBAMA debe aprobar de inmediato para que sean implementados.

En el licenciamiento de las represas del Madera los estudios de impacto ambiental fueron realizados con metodologías y criterios de certificación que ocultan los daños potenciales y la consideración mínima de las áreas de impacto directo e indirecto.

No se prevén los efectos de la sedimentación, sobreinundación, las alteraciones para la pesca y las culturas locales. Las indemnizaciones son subvaluadas y se procede a la relocalización de los afectados en condiciones incompatibles con su modo de vida original. Se acelerar el flujo demográfico hacia el Municipio de Porto Velho, sin la correspondiente expansión de los servicios y la infraestructura social.

La represión política también se agrava. El 15 de noviembre de 2009, Osmar dos Santos Lima de 54 años fue asesinado brutalmente en Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho (RO). Osmar era un líder de la región donde se construye la Usina Hidroeléctrica de Jirau que organizaba a los afectados por la represa.

Todo por un negocio que no es rentable

Es irreal e injustificable criticar la generación de hidroelectricidad, la energía más barata y la base futura del desarrollo de Brasil para los próximos 20 años, afirma Nivalde J de Castro, coordinador del Grupo de estudios del sector eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

“No habrá inundación en territorio boliviano por la construcción de las AHEs de Jirau y Santo Antonio”, afirma la diplomacia brasilera, pese a que comunidades bolivianas y brasileras íntegras quedarán a merced de inundaciones, endemias, cambios climáticos, pérdida de biodiversidady declinación de las economías agroextractivistas locales.

De Castro admite que los impactos ambientales de las enormes represas son irreversibles, pero cualquier actividad humana tiene impactos ambientales. Entonces, el gran dilema es que si Brasil descarta la hidroelectricidad se verá obligado a comprar otras energías no renovables más contaminantes.

Para el investigador brasilero todo se reduce a la ecuación costo beneficio: “La represa de Jirau afectará a 6 mil personas, pero beneficiará a 10 millones de habitantes de las ciudades (…) Sacar a los peces y a la gente será costoso, pero no será problemático porque contamos con asesores con capacidad para solucionar problemas técnicos”, asegura De Castro.

“Todos los países necesitan energía eléctrica para su desarrollo y los datos indican que la hidroelectricidad es la más barata; esa es la base de nuestra argumentación”, afirma De Castro y sentencia que su país continuará construyendo centrales hidroeléctricas en el Amazonas por razones económicas.

Pero la sociedad pregunta: ¿Cuándo vamos a debatir sobre los intereses del modelo económico y sobre el perfil productivo? ¿Si sólo se nos permite discutir sobre lo que está constituido como poder hegemónico y si la máxima aspiración es perfeccionar el modelo, entonces en qué queda la democracia?, cuestiona Novoa.

La sociedad civil tiene muchas dudas y exige respuestas: ¿cómo y para quién generar energía, cómo utilizarla? ¿Por qué los Estados están dispuestos a pagar altos costos ambientales e inclusive a subvencionar la generación de la hidroelectricidad, un negocio que no es rentable?

En un Taller Internacional sobre hidrogeneración en Bolivia organizado por el Viceministerio de Electricidad de Bolivia, representantes del sector empresarial advirtieron que los proyectos hidroeléctricos previstos no se concretarán ni serán rentables mientras el Estado no otorgue mayores ventajas al sector privado.

Los nuevos proyectos hidroeléctricos estatales y privados en Bolivia no son rentables en las actuales condiciones, asegura el ex ministro de Energía e Hidrocarburos y fundador de la compañía Hidroeléctrica Boliviana Angel Zannier.

En su criterio, es altamente improbable que se ejecuten 1.111 millones de dólares de inversión privada en los proyectos de Sakhahuaya, San José, Palillada, Molineros, Pilaya, Miguillas, Taquesi, que en conjunto generarían 826 MW, equivalentes a dos tercios de la producción nacional actual.

Según Zannier, lo mismo ocurre con Cachuela Esperanza, El Bala, Misicuni y Rositas, en los que se estimaba invertir poco más de 5.000 millones de dólares para generar 3.290 MW, casi el triple de la oferta nacional actual.

El experto considera que los principales factores que perjudican la rentabilidad son la subvención del gas natural para la generación de termoelectricidad (1,3 dólares por millar de pies cúbicos); las bajas remuneraciones de las empresas generadoras; los altos costos de operación y mantenimiento no reconocidos por el Estado y los crecientes riesgos para los inversionistas.

Según Zannier, el Estado calcula que los costos de operación y mantenimiento son de 1,5 por ciento, cuando en realidad se acercan al 10 por ciento. Por tanto, para viabilizar los proyectos hidroeléctricos será preciso “eliminar la subvención al gas natural; el precio de gas económicamente sensato para la generación de termoelectricidad debería ser de 3,37 dólares el millar de pies cúbicos”.

Además, Zannier propone reducir la participación del Estado en los ingresos del sector eléctrico del 35 por ciento a entre 5 a 8 por ciento, el nivel aceptado internacionalmente.

El gerente de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) José Antonio Ramírez piensa que la expansión de la hidroelectricidad en Bolivia sólo será posible si se avanza en los mercados de exportación, si se aumentan los precios en el mercado eléctrico mayorista, si se revisa la subvención al gas natural, si se mejora el marco normativo y si se otorgan incentivos fiscales a las empresas.

Según Ramírez, los proyectos de expansión y exportación de electricidad serían viables si se contara con “un marco jurídico claro, una remuneración que cubra los costos de desarrollo y precios al menos entre 60% y 80% mayores a los esperados en el mercado eléctrico mayorista (…) Estamos a la expectativa de la nueva ley de electricidad para tener un panorama claro y tomar decisiones de inversión”.

En el reciente seminario internacional de hidroelectricidad organizado por la Plataforma Energética, el especialista Enrique Gómez presentó la investigación “Tendencias y desafíos para el desarrollo del sector eléctrico boliviano”. Según ese estudio, con las tarifas eléctricas vigentes en el mercado mayorista, los ingresos no cubrirán los costos de operación y de pago de la deuda contraída para los proyectos hidroeléctricos cuya ejecución está prevista en los próximos años de acuerdo con las recomendaciones del Plan de Expansión 2010-2020.

El estudio elaborado por encargo de la Plataforma Energética demuestra que los proyectos bolivianos requerirán cuantiosos subsidios para su ejecución y funcionamiento, especialmente el proyecto hidroeléctrico sobre el río Madera.

Gómez asegura que el sector eléctrico boliviano requerirá inversiones importantes en los próximos años para lograr un despegue económico. Una de las condiciones que se requiere para lograr eficiencia en el uso de los recursos es eliminar las distorsiones de precios del gas natural.

“El precio del gas natural que se entrega para la generación de electricidad está subsidiado y es inferior al precio de exportación. Una elevación del precio del gas natural elevaría el precio que perciben las empresas generadoras por la energía eléctrica”, dijo Gómez.

Tanto las empresas públicas como las privadas deben obtener retornos razonables a sus inversiones para continuar con la expansión del servicio eléctrico y posibilitar la exportación de electricidad. Para ello, Bolivia debe generar electricidad a un costo inferior al de los países vecinos. El mercado geográficamente más próximo es el SING-Chile.

Uno de los objetivos del plan de desarrollo del sector eléctrico del gobierno boliviano es incluir en la nueva ley sectorial “una compensación a favor de las inversiones en hidrogeneración de manera tal que el costo final de la producción energética sea equitativa a las de la termoelectricidad”.

Pero los movimientos populares no están dispuestos a olvidar sus proyectos colectivos históricos sólo porque algunos dicen que no existe otro modelo de desarrollo. Y es que la cuenca del río Madera es transfronteriza, y corresponde a los gobiernos de los Estados establecer criterios para el uso equitativo antes de iniciar proyectos a gran escala. Por eso el objetivo prioritario es defender a la Amazonía como patrimonio socio biodiverso y fuente de un proyecto alternativo de desarrollo basado en el uso común de los recursos naturales.

* Fuente: Boletín 72 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA).

BOLPRESS, 24 de julio de 2010

Carta de la APG IG al Presidente Evo Morales

Posted in ACCION URGENTE,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 17 juillet, 2010

Entre Ríos, 30 de junio de 2010

APG IG

Estimado señor Presidente: Por la presente queremos informar a su Excelencia de dos demandas concretas de nuestra Comunidad como continuidad a la carta entregada a Ud. el 23 de marzo de 2009 y de la que nunca hemos recibido respuesta. Estamos profundamente decepcionados por la actuación de los funcionarios de su Gobierno y por su propio comportamiento, y nos duele como comunidades indígenas el abandono y falta de auxilio de todo tipo.

El contenido de estas páginas no refleja necesariamente la opinión de Bolpress.

1) Informamos a Ud que en nuestra TCO se han aprobado 20 licencias ambientales dentro de varios contratos de operación. Estas licencias comenzaron el 04 de abril de 1997 y tenemos conocimiento que la última se ha expedido el pasado 05 de febrero de 2010. Estas licencias han sido otorgadas a Repsol YPF E&P Bolivia SA, a excepción de tres concedidas a la empresa nacionalizada Transredes SA.

Todas esas licencias, señor Presidente, han sido otorgadas, así como los contratos de operación, sin que en ningún caso se haya cumplido con el « derecho a consulta » que nos corresponde como organización indígena reconocida legalmente, pero, además, violando expresamente el derecho de propiedad que nos corresponde como TCO reconocida legalmente.

2) Informamos a Ud. que ni las empresas, ni el Estado han cumplido nunca con la ejecución del contrato firmado oportunamente por la APG IG y la empresa Maxus SA y que corresponde a la operación del pozo X1, por lo que dicha licencia es nula de pleno derecho.

Sin embargo, el 10 de abril de 2008 el Ministerio de Medio Ambiente levantó un acta administrativa al constatar que la empresa Repsol YPF E&P Bolivia SA no presentó la licencia original correspondiente a la licencia otorgada a la empresa Chevron el 04 de abril de 1997; dicho procedimiento administrativo derivó en un proceso judicial que, según informaciones recogidas por nuestra organización, se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema.

La APG IG considera que, una vez más, se han violado nuestros derechos en la medida que, no sólo no se nos informó en el momento oportuno de dicha inspección a una explotación que está dentro de nuestra propiedad, sino que, además, hasta la fecha, jamás se nos notificó en forma legalmente eficaz de la existencia de este expediente administrativo.

Consideramos que esta actuación administrativa viola en forma flagrante nuestros derechos y tenemos elementos suficientes para creer que la única finalidad del mismo es obviar deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones económicas dimanadas del contrato de la APG IG con la empresa Maxus SA y de la que Repsol YPF E&P Bolivia SA es jurídicamente responsable a todos los efectos desde el momento en que adquirió los activos y obligaciones de la mencionada empresa.

3) Informamos a Ud que en el año 2007 sufrimos un intento de fraude por parte de Repsol España SA que, en su momento, informamos fehacientemente a los ministros de Hidrocarburos y al Vicepresidente del Estado Plurinacional. Hasta la fecha nunca hemos recibido respuesta alguna sobre esta cuestión por parte de funcionario alguno, debiendo nuestra organización hacer frente a esta cuestión sin contar con auxilio judicial alguno por parte del Estado boliviano.

4) Informamos a Ud. que hace aproximadamente 50 días hemos tenido una vez más un intento fallido de negociación por parte de funcionarios de YPF SA que fungen como representantes de Repsol YPF E&P Bolivia SA sin que hayan aportado hasta el momento los poderes que justifiquen dicha representación, a pesar de haber sido requeridos en este sentido por nuestro departamento jurídico, siendo además que ni siquiera han respondido por escrito en forma legalmente fehaciente.

5) En fecha 28 de abril de 2010 hemos recibido una carta de YPFB SA en la que oficialmente se nos informa que dicha empresa no reconocerá jurídicamente a la APG IG y que los problemas con empresas petroleras en nuestra TCO son unilaterales, o sea, que YPFB no prestará cooperación ni auxilio judicial u operativo alguno a nuestra organización dentro de las distintas licencias y contratos de operación que existen actualmente en nuestra TCO.

Esta carta incumple además el acuerdo que figura en el acta de fecha 09 de abril de 2010 y según el cual se nos enviarían los extractos de las actas de deliberación que, sobre este punto, se presume que llevó a cabo el Directorio (término sinónimo de Consejo de Administración) de YPFB SA, por lo que debemos presumir que dicha deliberación nunca se llevó a cabo y la resolución está adoptada por el señor Carlos Villegas, quien funge como Presidente Interino con plenos poderes de dicha empresa.

6) Informamos a Ud que en la misma situación de falta de cumplimiento de la legalidad nos encontramos con relación a la inscripción registral de la escritura definitiva de la TCO Itika Guasu, o sea, respecto del territorio original de origen que es propiedad de nuestra comunidad, no habiendo recibido nunca respuesta alguna a nuestras pretensiones que respetuosamente expresamos en forma documental en diversas oportunidades a funcionarios de diverso nivel jerárquico del INRA y del Vice Ministerio de Tierras. Es por lo que nos encontramos en total indefensión, toda vez que todas las inscripciones realizadas jurídicamente en nuestra TCO se han efectuado sin información fehaciente a nuestra organización, por lo que consideramos que las mismas son nulas de pleno derecho conforme a la legislación del Estado boliviano desde 1951 hasta la fecha.

7) Informamos a Ud. que nunca hemos recibido respuesta a nuestras demandas de regularización del funcionamiento del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y de que se nos informara en forma fehaciente de los documentos que oportunamente solicitamos en el año 2008 para conocer en derecho las diferentes resoluciones adoptadas hasta la fecha por dicho organismo, que fue creado luego de nuestras movilizaciones de 2005.

Estimado señor Presidente, estos hechos que se encuentran documentados con todas las formalidades jurídicas necesarias por nuestra parte, nos llevan a notificarle que consideramos agotadas las vías administrativas y legales con relación al Gobierno que Ud preside y al propio Estado boliviano y que exigiremos la depuración de responsabilidades que consideremos necesaria.

Demás está decir, señor Presidente, que estamos profundamente decepcionados por la actuación de los funcionarios de su Gobierno y por su propio comportamiento, y que nos duele como comunidades indígenas el abandono y falta de auxilio de todo tipo en que nos encontramos.

Reciba señor Presidente nuestros saludos,

Florentino Zeballos 
Presidente a.i. – APG IG

Benildo Vaca 
Resp. RRNN – APG IG

Gregorio Barrientos 
Resp. Educación – APG IG

BOLPRESS, 16 de Julio de 2010

Ley electoral y minorías indígenas

Posted in Autonomía,Política,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 1 juillet, 2010

Xavier Albó *

El proyecto de Ley del Régimen Electoral ya tuvo el OK del Senado. Puede que antes de que se publique esta columna ya esté aprobada y promulgada. Pero reclamo que previamente se respete el derecho constitucional de las minorías indígena originarias a la consulta previa informada y mediante los procedimientos apropiados cuando una medida legislativa les afecte (CPE art. 30.15). Así ocurre con sus circunscripciones especiales.

Cuando la Ley Transitoria del 2009 rebajó sus escaños especiales de los 14 concertados a sólo 7, se les dijo que tuvieran paciencia, pues era lo único negociable con la oposición y urgía tener una Ley. Ahora se trata ya de la Ley fundamental y – sin previo diálogo con los más afectados – aparecen de nuevo sólo 7 (art. 57).

Reiterando mis cálculos de entonces, censo en mano, aquella decisión afectó a Beni (con un 25% de indígenas de 18 naciones o pueblos) y a Santa Cruz, con un 19% de 6 pueblos, pues, su único diputado especial indígena equivale a sólo el 11% de los diputados del Beni y al 4% de los de Santa Cruz (LR 3-V-2009). Era la discriminación negativa de siempre, contraria al espíritu del art. 146 de la CPE. Habría que añadir 1 para Chuquisaca, ahora con 0 escaños para sus 14.000 guaraníes, y quizás 2 a La Paz para asegurar siempre a un afroboliviano y otro para sus 5 minorías indígena originarias. Tal vez consciente de ello, el MAS incluyó a un plurinominal guaraní en Chuquisaca. Pero la Ley debería institucionalizar lo que esa vez sólo fue una decisión política coyuntural. En la consulta previa la CIDOB podría negociar entre 9 y 11; pedir más sí sería exagerado, pues cada escaño especial debe ser restado del número total de diputados del departamento.

La CPE habla sólo de circunscripciones rurales y entonces las proporciones son menores pero siguen insuficientes, sobre todo porque el criterio censal de “rural” (lugares con menos de 2000 habitantes) no coincide con el espíritu constitucional de incluir a aquellas minorías que siguen en su territorio originario pero no a los emigrados definitivos a las grandes urbes. Al menos dos de los indígenas que hoy ocupan tales escaños provienen de sus centros urbanos en el corazón de su territorio: San Ignacio de Moxos y Urubichá (con 8.893 y 3.224 habitantes en el 2001), por no hablar de los muchos con doble residencia, en su territorio y en la ciudad, algo que hasta ahora ningún censo ha medido.

Es explicable que se acelere la aprobación de las primeras y principales leyes para aplicar la CPE antes del 22 de julio sin perder el tiempo en detalles secundarios. Pero el cómo se aborda el asunto con los implicados respetando su derecho a ser consultados no es algo secundario.

Lo es aún menos en relación a quienes, con su IV Marcha de 2002, despertaron al país sobre la necesidad de una nueva Constitución y ahora están marchando de nuevo con esta y otras varias demandas muy legítimas vinculadas a su cumplimiento. Puede que algunas sean exageradas o ya resueltas. Tampoco descarto que en esta marcha se mezclen intereses personales de protagonismo. Pero descalificarla como un complot es una mala lectura y peor estrategia. Todo podría resolverse al tiro con un cordial acercamiento, como se hizo ya con la APG.

* Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita. Fuente: CIPCA.

BOLPRESS, 1 de julio de 2010

Visiones irracionalistas que niegan la verdad objetiva y la posibilidad de transformar la sociedad

Posted in Política par colectivoboliviano sur 1 juillet, 2010

La intelectualidad postmoderna a un paso del totalitarismo

Redacción Bolpress

Las teorías políticas postmodernistas debilitaron las capacidades críticas y analíticas de importantes sectores intelectuales, abortaron insurrecciones populares en ascenso en Latinoamérica y ahora reconstituyen regímenes conservadores totalitarios. En Bolivia, el máximo exponente de esa corriente irracionalista, el Vicepresidente Álvaro García Linera, desvió el proceso de cambio e intenta restaurar el capitalismo.

El historiador marxista Perry Anderson dice que el postmodernismo nació en Francia en las décadas de los 60 y 70, con antecedentes en teorías como el estructuralismo y el postestructuralismo. El paradigma de la postmodernidad llegó a Latinoamérica en la década de los ochenta y en los años noventa comenzó a influenciar a cada vez más sociólogos, politólogos y filósofos.

El posmodernismo es una complicada mezcla de ideas de filósofos como Jaques Derrida, Michel Foucault, Althusser y teóricos de la posmodernidad como Jean Franpois Lyotard o J. Baudillard, que atacan a la filosofía empirista de la ciencia y a las filosofías humanistas de la historia, y muestran una gran desilusión por los grandes proyectos de cambio político.

Lyotard dice que la cultura postmoderna ya no cree en los “Grandes relatos”, entre ellos el socialismo. Según su colega Lipovetzky, otro gurú del clan, en la sociedad postmoderna reina la indiferencia de las masas, predomina el sentimiento del estancamiento y sólo se respeta la autonomía privada.

La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia y en la técnica, había roto con las jerarquías de sangre y la soberanía sagrada; con las tradiciones y los particularismos en nombre de lo universal, de la razón, de la revolución. En cambio, en las sociedades postmodernas –ávidas de identidad, diferencia, conservación, tranquilidad, realización personal inmediata– se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el porvenir de la revolución y el progreso, ya nadie quiere forjar el hombre nuevo.

Lipovetzky entiende que la despolitización y la desindicalización adquirieron proporciones jamás alcanzadas, la esperanza revolucionaria y la protesta estudiantil han desaparecido, se agota la contra cultura, la república está desvitalizada, las grandes cuestiones filosóficas, económicas, políticas o militares despiertan la misma curiosidad desenfadada que cualquier suceso… todas las “alturas” se hunden.

El gran problema del postmodernismo es que legitima estas características de las sociedades contemporáneas, como si fueran fenómenos eternos e insuperables, desacreditando todo tipo de acción revolucionaria, observa Alexis Capobianco en su artículo “Uruguay: ¿Una cultura postmoderna?” de diciembre de 2007. Muchos de los postmodernistas son fieles creyentes de las ventajas de una « inactiva » actitud aceptadora del status quo reinante.

No es la primera vez en la historia de la filosofía y de la política que afloran ideas antirracionalistas de derecha preconizadoras de la indiferencia existencialista. Lo nuevo y curioso del pensamiento antirracionalista del posmodernismo es que sedujo a un sector importante de la izquierda, relieva Enrique Pallares en su ensayo “Crítica al posmodernismo y sus efectos en la enseñanza de la filosofía”. (Synthesis, 2006, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA)

En los dos últimos siglos, la política progresista se alineó con la ciencia frente al oscurantismo, precisamente por creer en el pensamiento racional y en el análisis sin cortapisas de la realidad objetiva (natural o social). Sin embargo, en los últimos 25 años, los estudiosos de las humanidades y las ciencias sociales “progresistas” se apartaron de la herencia de la Ilustración y se interesaron más por ideas como la “descontrucción” y el “relativismo epistémico”.

El postmodernismo revaloriza la diversidad de concepciones y la heterogeneidad, en la búsqueda de formas sociales tolerantes con pluralismo étnico, cultural, social y de género. En esa línea, Raúl Prada, uno de los teóricos postmodernos del gobierno boliviano, explica que lo plurinacional no podría entenderse sin la deconstrucción y la decodificación descolonizadora, y tampoco sin el “núcleo reconstitutivo de las formas comunitarias, otros sistemas civilizatorios que recuperan el proyecto comunista”. (La Época)

Dice Prada que el Estado plurinacional boliviano se asienta en el pluralismo jurídico, político, cultural, económico y social. En su criterio, el pluralismo institucional rompe con las formas homogeneizantes de la institucionalidad moderna y conduce al pluralismo administrativo y normativo.

Los indigenistas post modernos rechazan categorías de análisis como explotación, imperialismo, clases sociales, verdad objetiva, etc., estigmatizando a quienes las utilizan como “viejos dinosaurios superados por la historia”. Su gran propuesta es “descolonizar” el Estado burgués mediante una reforma constitucional en los marcos de la democracia representativa liberal, con referéndums y elecciones.

Los postmodernos andinos sueñan que la “revolución democrática y cultural” transformará la sociedad capitalista divida en clases y caracterizada por la separación extrema entre estructura y superestructura, entre economía y Estado, entre relaciones de producción y de dominación política, y entre compradores y vendedores de fuerza de trabajo y ciudadanos supuestamente “iguales” en la esfera política.

Alan Sokal demostró que el posmodernismo es una confusión cultural con un enfoque extremo en el lenguaje y en el uso de una jerga pretenciosa que favorece el oscurantismo y debilita el análisis serio de la política. Su efecto más nefasto es el abandono del pensamiento claro sobre la cultura y un interés excesivo en creencias subjetivas, independientemente de su veracidad o falsedad.

Estamos en presencia de una filosofía que justifica actitudes evasivas propias de tiempos apocalípticos, cuando la razón de la fuerza suplanta a la fuerza de la razón, cuando se niega las posibilidades transformadoras del hombre, creando un clima de inmovilismo.

En vez de reconstituir las “formas comunitarias” y recuperar el “proyecto comunista”, la famosa “revolución democrática y cultural” niega la verdad, visualiza como un peligro la posibilidad de que el pueblo transforme la sociedad, y ha desviado el proceso de cambio en Bolivia hacia la restauración del capitalismo.

Como presagió Capobianco hace dos años, el desplazamiento de la intelectualidad hacia visiones irracionalistas conduce de forma inevitable hacia el totalitarismo.

Bibliografía consultada: Imposturas intelectuales, Alan Sokal D. y Jean Bricmont, Barcelona, 1999.

BOLPRESS, 1 de julio de 2010