COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Ley electoral y minorías indígenas

Posted in Autonomía,Política,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 1 juillet, 2010

Xavier Albó *

El proyecto de Ley del Régimen Electoral ya tuvo el OK del Senado. Puede que antes de que se publique esta columna ya esté aprobada y promulgada. Pero reclamo que previamente se respete el derecho constitucional de las minorías indígena originarias a la consulta previa informada y mediante los procedimientos apropiados cuando una medida legislativa les afecte (CPE art. 30.15). Así ocurre con sus circunscripciones especiales.

Cuando la Ley Transitoria del 2009 rebajó sus escaños especiales de los 14 concertados a sólo 7, se les dijo que tuvieran paciencia, pues era lo único negociable con la oposición y urgía tener una Ley. Ahora se trata ya de la Ley fundamental y – sin previo diálogo con los más afectados – aparecen de nuevo sólo 7 (art. 57).

Reiterando mis cálculos de entonces, censo en mano, aquella decisión afectó a Beni (con un 25% de indígenas de 18 naciones o pueblos) y a Santa Cruz, con un 19% de 6 pueblos, pues, su único diputado especial indígena equivale a sólo el 11% de los diputados del Beni y al 4% de los de Santa Cruz (LR 3-V-2009). Era la discriminación negativa de siempre, contraria al espíritu del art. 146 de la CPE. Habría que añadir 1 para Chuquisaca, ahora con 0 escaños para sus 14.000 guaraníes, y quizás 2 a La Paz para asegurar siempre a un afroboliviano y otro para sus 5 minorías indígena originarias. Tal vez consciente de ello, el MAS incluyó a un plurinominal guaraní en Chuquisaca. Pero la Ley debería institucionalizar lo que esa vez sólo fue una decisión política coyuntural. En la consulta previa la CIDOB podría negociar entre 9 y 11; pedir más sí sería exagerado, pues cada escaño especial debe ser restado del número total de diputados del departamento.

La CPE habla sólo de circunscripciones rurales y entonces las proporciones son menores pero siguen insuficientes, sobre todo porque el criterio censal de “rural” (lugares con menos de 2000 habitantes) no coincide con el espíritu constitucional de incluir a aquellas minorías que siguen en su territorio originario pero no a los emigrados definitivos a las grandes urbes. Al menos dos de los indígenas que hoy ocupan tales escaños provienen de sus centros urbanos en el corazón de su territorio: San Ignacio de Moxos y Urubichá (con 8.893 y 3.224 habitantes en el 2001), por no hablar de los muchos con doble residencia, en su territorio y en la ciudad, algo que hasta ahora ningún censo ha medido.

Es explicable que se acelere la aprobación de las primeras y principales leyes para aplicar la CPE antes del 22 de julio sin perder el tiempo en detalles secundarios. Pero el cómo se aborda el asunto con los implicados respetando su derecho a ser consultados no es algo secundario.

Lo es aún menos en relación a quienes, con su IV Marcha de 2002, despertaron al país sobre la necesidad de una nueva Constitución y ahora están marchando de nuevo con esta y otras varias demandas muy legítimas vinculadas a su cumplimiento. Puede que algunas sean exageradas o ya resueltas. Tampoco descarto que en esta marcha se mezclen intereses personales de protagonismo. Pero descalificarla como un complot es una mala lectura y peor estrategia. Todo podría resolverse al tiro con un cordial acercamiento, como se hizo ya con la APG.

* Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita. Fuente: CIPCA.

BOLPRESS, 1 de julio de 2010

¿Crisis autonómica? Ideólogo de la autonomía cruceña abandona al prefecto Costas

Posted in Autonomía par colectivoboliviano sur 18 novembre, 2008

Santa Cruz, 18 Nov (Erbol).- El principal ideólogo, gestor e impulsor de la autonomía departamental de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, dejó este martes sólo al prefecto cruceño, Rubén Costas, tras presentar su renuncia de manera sorpresiva.

El constitucionalista Urenda era asesor del despacho prefectural de Santa Cruz y hoy se alejó del cargo indicando que dejó su puesto porque ya se incorporó el régimen autonómico en el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). 

En las últimas horas, el mismo Urenda había criticado el proyecto mejorado del nuevo texto constitucional, al asegurar que formará parte del bloque que emprende la campaña por el NO a la propuesta de la Carta Maga, que será sometida a referendo popular el próximo 25 de enero.

Pero paradójicamente ahora se aleja de Costas haciendo entender que podría estar dejando su cargo porque ya cumplió con su deber de incorporar la autonomía en la NCPE, que presuntamente hasta hace algún tiempo lo rechazaba o no aceptaba.

Urenda era el hombre de confianza del prefecto Costas, con quien apuntó en el mismo norte desde el inicio del proceso autonómico, es decir, desde el momento en el que autonomía departamental parecía sólo una idea de sectores presuntamente “neoliberales u oligarcas”, en términos del actual Gobierno.

Según el sitio “constituyentesoberana.org”, Urenda fue el principal ideólogo del modelo autonomías departamentales que está desarrollándose en Bolivia; abogado de primera línea, experto en la cuestión autonómica, además de asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

“Un demócrata liberal.- Urenda fue también en su momento uno de los artífices del movimiento denominado ‘Nación Camba’; pero a la vez es un disidente de las facciones más reaccionarias de ese movimiento y se constituye en un abierto opositor de las logias que controlan las instituciones cruceñas”, indica la misma página citada.

AUTONOMÍAS PREVISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN QUE SE SOMETERÁN A REFERÉNDUM

Posted in Autonomía par colectivoboliviano sur 22 octobre, 2008

La política general sobre tierras y territorio, y su titulación es competencia privativa del Estado, pero los departamentos autónomos podrían adquirir facultades reglamentarias y ejecutivas

El contenido de estas páginas no refleja necesariamente la opinión de Bolpress.

Redacción Bolpress

El gobierno reconoció los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los cuales podrían entrar en vigencia antes que la nueva Constitución Política del Estado si se adecuan a la nueva Carta Magna, informó el ministro de Desarrollo Rural Carlos Romero.

 

Si los estatutos no se compatibilizan con la nueva CPE en un plazo máximo de seis meses, el Tribunal Constitucional realizará un control de constitucionalidad de esas normas departamentales, indica la décima disposición transitoria del texto constitucional corregido y aprobado por el Congreso.

Aunque reconoció que se han hecho “correcciones importantes” en el régimen autonómico de la nueva CPE, el presidente de la Cámara de Senadores Oscar Ortiz (Podemos) esperaba “una autonomía con mucho mayor alcance”. Discrepó con la forma en la cual se apoyó la reelección presidencial, un tema que, en su criterio, debió ir a un referéndum y no negociarse en una mesa.

A pesar de ello, Ortiz valoró que se hayan reconocido los estatutos de los cuatro departamentos, los cuales accederán a las autonomías inmediatamente. “Ojala se pueda conformar el Tribunal Constitucional, obviamente los estatutos debieran verificarse y ser concordantes con la nueva Constitución”, dijo.

Las nuevas reglas autonómicas

El artículo 270 enumera los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas del Estado. Estos son la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, reciprocidad, subsidiariedad, gradualidad, participación y control social y provisión de recursos económicos. En el nuevo texto constitucional se añaden los principios de “complementariedad, equidad de género, coordinación y lealtad institucional, y transparencia”. Se reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con una precisión: “en los términos establecidos en esta Constitución”.

La nueva redacción del artículo 271 es la siguiente: “I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración y aprobación de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En el artículo 272 se establece que “la autonomía (antes el régimen autonómico) implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. Se añade “la administración de sus recursos económicos”.

En artículo 275 dispone que “cada órgano deliberativo de las entidades territoriales (antes consejo o asamblea autónoma) elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción”.

Autonomía departamental

El nuevo artículo 277 dice: “El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, (antes Consejo Departamental) con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias (se borra ‘exclusivas asignadas por la CPE’) y por un órgano ejecutivo”.

En el artículo 278, II. Se establece que “La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género”, y se anula “desarrollo humano e índice de pobreza” En este punto se añade el siguiente texto: “Los Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción”.

El artículo 279 dice que “El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador (antes Prefecto), en condición de máxima autoridad ejecutiva”.

Competencias autonómicas

El nuevo artículo 297 define las siguientes competencias:

a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley. En el texto anterior, el art. 298 establecía que “toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al Estado Plurinacional”.

El nuevo artículo 298 define como competencias privativas del nivel central del Estado (antes Estado Plurinacional): Sistema financiero, Política monetaria, Banco Central, sistema monetario, y la política cambiaria, Sistema de pesas y medidas, así como la determinación de la hora oficial, Régimen aduanero, Comercio Exterior, Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boliviana, Armas de fuego y explosivos, Política exterior, Nacionalidad, ciudadanía, extranjería, derecho de asilo y refugio, Control de fronteras en relación a la seguridad del Estado, Regulación y políticas migratorias, Creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado, Administración del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entidades públicas del nivel central del Estado, Control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional, Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental, Registro Civil, Censos oficiales, Política general sobre tierras y territorio, y su titulación, Hidrocarburos, Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado, Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente, Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral y Política económica y planificación nacional.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales, 2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones, 3. Servicio postal, 4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua. 5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios, 6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente, 7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques, 8. Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado, 9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental, 10. Construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y ferrocarriles de la Red Fundamental, 11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado, 12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodesia, 13. Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales, 14. Otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en más de un Departamento, 15. Otorgación y registro de personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento, 16. Régimen de Seguridad Social, 17. Políticas del sistema de educación y salud, 18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico, municipal, 19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado, 20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales, 21. Sanidad e inocuidad agropecuaria, 22. Control de la administración agraria y catastro rural, 23. Política fiscal, 24. Administración de Justicia, 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado, 26. Expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública, conforme al procedimiento establecido por Ley, 27. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros de interés del nivel central del Estado, 28. Empresas públicas del nivel central del Estado, 29. Asentamientos humanos rurales, 30. Políticas de servicios básicos, 31. Políticas y régimen laborales, 32. Transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a mas de un departamento, 33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial, 34. Deuda pública interna y externa, 35. Políticas generales de desarrollo productivo, 36. Políticas generales de vivienda, 37. Políticas generales de turismo,

El nuevo texto constitucional establece que “La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías” en cuanto al Régimen de la tierra.

El artículo 299 establece que las competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas son: 1. Régimen electoral departamental y municipal, 2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones, 3. Electrificación urbana, 4. Juegos de lotería y de azar, 5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado, 6. Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal, y 7. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.

II. Las competencias concurrentes por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas son: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, 2. Gestión del sistema de salud y educación, 3. Ciencia, tecnología e investigación, 4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques, 5. Servicio metereológico, 6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado, 7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos, 8. Residuos industriales y tóxicos, 9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos, 10. Proyectos de riego, 11. Protección de cuencas, 12. Administración de puertos fluviales, 13. Seguridad ciudadana, 14. Sistema de control gubernamental, 15. Vivienda y vivienda social y 16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

Competencias exclusivas de los departamentos

El artículo 300 indica que son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la Ley, 2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción, 3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia, 4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las políticas nacionales, 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino, 6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados, 7. Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en defecto del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste, 8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las políticas estatales, interviniendo en los de las Red fundamental en coordinación con el nivel central del Estado.

9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento, 10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales, 11. Estadísticas departamentales, 12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en el departamento, 13. Otorgar personalidad jurídica a ONGs, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento, 14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria, 15. Proyectos de electrificación rural, 16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental preservando la seguridad alimentaria, 17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción, 18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental, 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental, 20. Políticas de turismo departamental.

21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción, 22. Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales, 23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental, 24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental.

25. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público, 26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto, 27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.

28. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros departamentales, 29. Empresas públicas departamentales, 30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad, 31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario, 32. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental, 33. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector.

34. Promoción de la inversión privada en el departamento en el marco de las políticas económicas nacionales, 35. Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional, y 36. Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental

II. Los Estatutos Autonómicos Departamentales podrán a su vez definir como concurrentes algunas de sus competencias exclusivas, con otras entidades territoriales del departamento. III. Serán también de ejecución departamental las competencias que le sean transferidas o delegadas.

Recursos departamentales

El artículo 341 define como recursos departamentales: 1. Las regalías departamentales creadas por ley; 2 La participación en recursos provenientes de impuestos a los Hidrocarburos según los porcentajes previstos en la Ley, 3. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los recursos naturales, 4. Las transferencias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social, 5 Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos establecidos en el artículo 339.I de esta Constitución, 6. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas de endeudamiento público y del sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, 7. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos y 8. Los legados, donaciones y otros ingresos similares.

Jerarquía de los estatutos y leyes departamentales

El artículo 410. II. dispone que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado, 2. Los tratados internacionales (se borra “las leyes”).

3 Se asciende de categoría a los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena y se degrada a los decretos supremos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

En la disposición transitoria Segunda se establece que “La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Consejo Plurinacional Electoral, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

BOLPRESS, 22 octubre de 2008

Enron y el separatismo

Posted in Autonomía par colectivoboliviano sur 9 juin, 2008

Andrés Solíz Rada*

 La decisión de Transredes (Shell-Ashmore, heredera de Enron) de entregar la ampliación del gasoducto Villamontes – Tarija a la prefectura tarijeña, sin tomar en cuenta al gobierno central, demostró, una vez más, que la citada empresa impulsa la fragmentación de Bolivia, tema que se comenta a nivel mundial. Frente a esta situación, el Presidente Evo Morales hizo lo mínimo que podía hacer: Decretar el traspaso al Estado de las acciones de la empresa transportadora de hidrocarburos, por las que se pagará lo que corresponda.

Así parece terminar la presencia de la Enron, que, en nombre propio y de sus herederas, marcó un hito de corrupción en suelo boliviano. Recuérdese que la Enron, al declararse en quiebra, el 2-XII-01, fue calificada como una de las empresas más corruptas en la historia non santa de EEUU. La Enron llegó al país al amparo del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), a fin de acelerar la liquidación de YPFB. A los pocos meses de posesionarse en el cargo, GSL firmó con la Enron (julio de 1994), un “memorando de entendimiento” para construir el gasoducto Bolivia-Brasil.


Petrobras, al anunciar que financiaría los 300 millones de dólares que requería la obra, en la parte boliviana, pretendió dejar fuera del negocio a la Enron. GSL se negó a aceptar el crédito aduciendo que no podía pagarlo. Petrobrás respondió que aceptaría el pago en gas natural. En ese momento, GSL reemplazó a YPFB, que debió quedar como propietaria del gasoducto en territorio nacional, por la compañía estadounidense. 
Enron, convertida después en parte de Transredes, incentivó actos oprobiosos. El vicepresidente aymara, Víctor Hugo Cárdenas, promulgó el decreto que aprobaba el ilegal contrato con la petrolera, debido a GSL estaba en EEUU. Los más altos ejecutivos de YPFB, Arturo Castaños y Hugo Peredo, aparecieron trabajando en Petrobrás. El Superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, no exigió que se instalara una planta separadora de líquidos, lo que hizo que Brasil se beneficiara con el gas húmedo que recibía en forma adicional y gratuita. No se conocieron protestas del directorio de YPFB, integrado también por el economista Gonzalo Chávez. Transredes “prestó” a uno de sus directores, Carlos Kempff Bruno, para que sea Ministro de Jorge Quiroga, para luego recuperarlo.

Transredes desplegó millonarias campañas en radios periódicos y televisoras, en las que, mediante hábiles programas (“campaña del buen conductor”), compró el silencio o la complicidad de otrora aguerridos periodistas, además de políticos y dirigentes cívicos, en especial de Santa Cruz. Las auditorias estatales a las petroleras demostraron que Transredes incumplió compromisos de inversión y que hizo exportaciones irregulares, además de extraños desembolsos que coincidían con gastos en banderas, pasacalles, camisolas y juegos artificiales para la realización de concentraciones, marchas y cabildos, cada vez más agresivos en contra del Estado nacional.

Quienes sirvieron a la Enron dicen ahora que la nacionalización “atenta contra la seguridad jurídica” y que “no habrán nuevas inversiones”, sin mencionar la forma en que Bolivia quedó sin seguridad jurídica para evitar que sea astillada por el poder transnacional y sus empleados. Si Evo Morales reorganizara YPFB de manera efectiva, si abandona su política rentista, si deja de desembolsar préstamos a transnacionales y Bancos extranjeros y si congela la consigna de dividir a Bolivia en 36 naciones originarias, habrá encontrado el camino para conducir al país por la senda de la “revolución democrática” que proclama.

*Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacado defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

 

Ganaderos de la “media luna” crean un comité de defensa de las haciendas del chaco integrado

Posted in Autonomía par colectivoboliviano sur 21 mai, 2008

Sus objetivos son bloquear al INRA, rechazar el saneamiento, evitar la creación de una TCO en Alto Parapetí y derogar la “ilegal Ley 3545”

(UPIC-Tierra).- La Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Federación de Ganaderos de Tarija (Fegatar), la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) y los gobiernos municipales de las provincias Gran Chaco, Hernando Siles, Luis Calvo y Cordillera (departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz) crearon un Comité Interinstitucional de coordinación para evitar el saneamiento de tierras en el chaco integrado y la creación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) guaraní en la localidad de Alto Parapetí.

En una reunión ampliada realizada el 14 de mayo en Villamontes (Tarija), el presidente de la Congabol Guido Náyar, los presidentes de Fegatar Justo de la Vega, de Fegabeni Christian Sattori, de Fegachaco Freddy Toledo, y representantes municipales del chaco conformaron cuatro comisiones de trabajo encargadas de la movilización, asuntos jurídicos, asuntos económicos y asuntos productivos. El nuevo Comité patronal inter departamental anunció que hará uso de sus derechos constitucionales para defender los recursos naturales de la región y promover la actividad ganadera, que, en su criterio, constituye una de las principales actividades que genera desarrollo, brinda autonomía alimentaria y es el sustento de la mayoría de los pobladores de las provincias. El Comité de los empresarios exigió la inmediata derogación de la “ilegal Ley 3545 por ser contraria al interés colectivo, estar fuera del marcho constitucional, atentar contra el desarrollo sostenible y por no valorar adecuadamente la Función Económica Social, especialmente en lo que se refiere a la carga animal, la valoración de las inversiones y los aspectos sociales”. Además, reclamó la inmediata derogatoria el Decreto Supremo 29354 que autoriza la expropiación de predios en el chaco de Chuquisaca. La alianza ganadera reunida en Villamontes rechazó una vez más la creación de una TCO en Alto Parapetí en benficio del pueblo guaraní y se pronunció a favor de que las TCOs ya existentes en el chaco sean productivas y beneficien sólo a los indígenas originarios. La patronal insistió en que no existe ninguna forma de esclavitud en el chaco boliviano y anunció que no permitirá el ingreso del INRA a las haciendas porque el propósito de las brigadas gubernamentales no es el saneamiento de la propiedad agraria sino la “confiscación abusiva y arbitraria de la propiedad privada atentando contra la libertad económica, confiscando propiedades productivas para usar la tierra con fines políticos y apropiarse de nuestros recursos naturales…”. Los comités de defensa de haciendas

El investigador Miguel Urioste observa que en los últimos 10 años surge una alianza implícita entre elites de poder de Santa Cruz y TCOs indígenas del oriente en “defensa” de los recursos naturales de esa vasta región territorial para beneficio de los originarios del departamento. Por otra parte, han surgido en Santa Cruz comités de defensa de la tierra financiados por grupos de poder.

En mayo de 2006, la Cámara Agropecuaria de Oriente instruyó la conformación de comités de defensa de la tierra y comenzó pedir aportes a sus afiliados. Tiempo después, los hacendados de Beni comenzaron a amenazar con el uso de armas. El 8 de marzo de 2008, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz sellaron un pacto político con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera en la localidad de Lagunillas. El director de Medioambiente de la Prefectura de Santa Cruz Neco Aguilera, ex ministro de Desarrollo Sostenible; el subprefecto regional Marcelino Apurani, hombre del prefecto Rubén Costas; el Vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y el capitán grande de Alto y Bajo Isosog Bonifacio Barrientos, desconocido por las capitanías indígenas por traficar con tierras indígenas, acordaron asumir acciones conjuntas contra el saneamiento y la creación de la TCO Alto Parapetí. Días después, Guido Nayar, ex militante del ultraderechista ADN, respaldó públicamente las acciones violentas de los ganaderos “aguerridos y valientes” del chaco cruceño en defensa de “su territorio”. El 16 de marzo, autoridades municipales de Cordillera, la Capitanía de Alto y Bajo Isosog y asociaciones de ganaderos de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo firmaron un pacto para evitar la creación de nuevas TCOs y frenar cualquier intento de saneamiento. Los “comités de defensa de la tierra” instalaron trancas de control en Huacareta con la misión de evitar el ingreso a la zona de cualquier funcionario del INRA y del Viceministerio de Tierras. 

En la reunión del 14 de mayo en Villamontes, los ganaderos reafirmaron su total apoyo al proceso autonómico y demandaron la aplicación de los estatutos autonómicos departamentales inmediatamente después de los referéndums confirmatorios. La nueva articulación patronal sigue al pie de la letra la consigna movilizadora lanzada por los líderes políticos y empresariales del movimiento autonomista de Santa Cruz, es decir enfrentar con todo a las brigadas del INRA hasta que se ejecute el estatuto autonómico aprobado el 4 de mayo, el cual entrega competencias legislativas y ejecutivas exclusivas sobre la tierra al gobierno autónomo de Santa Cruz.

CORDILLERA SE DECLARE PROVINCE AUTONOME

Posted in Autonomía par colectivoboliviano sur 4 mai, 2008

(HORA 25).- La province Cordillera du département de Santa Cruz se déclare autonome « pour donner suite à sa réunion tenue le 2 avril 2008 et parce qu’elle n’accepte pas de passer d’un centralisme national à un centralisme départemental, sans avoir la possibilité d’administrer directement les ressources économiques et naturelles qui appartiennent à tous les Boliviens », selon la résolution votée par le Comité civique de Camiri- Province Cordillera, la plus étendue de la région de Santa Cruz.

« Nous refusons le référendum sur les statuts autonomistes du 4 mai et nous convoquons le peuple de Cordillera à ne pas participer à ce processus autoritaire et illégal qui met en danger l’unité de la nation bolivienne.  Nous reconnaissons les autonomies provinciales comme étant la base de notre développement local et régional avec une vison nationale », indique le document qui souligne également son opposition au projet de Constitution politique de l’État du gouvernement d’Evo Morales.

« Cordillera et Camiri s’affirment comme provinces indépendantes et autonomes, avec la ferme intention de ne pas permettre que les Loges de Santa Cruz n’imposent après le 4 mai un seul article des statuts rédigés par 4 de ses membres sans la participation des provinces », a affirmé le conseiller des citoyens de Camiri, Mirko Orgaz Garcia, au moment de présenter la résolution adoptée.

Expulsion de Repsol-YPF

Selon les décisions du même conseil municipal, la résolution annonce aussi la décision d’expulser à partir du 1er mai l’entreprise transnationale Repsol-YPF, qui contrôle le conglomérat ANDINA,

Cette résolution arrive au moment où le gouvernement se prépare à racheter des actions à ce conglomérat dans le but de contrôler 50% plus un du total de ces actions, alors que, selon les directives même de Repsol, l’État bolivien obtiendra la majorité des actions mais le contrôle des opérations demeurera aux mains des actionnaires étrangers pour les 30 prochaines années.

« Afin d’assurer le développement de la région et de la Bolivie et d’empêcher qui continue l’exode de nos ressources en hydrocarbure, dans le cadre de notre autonomie provinciale et dans le respect des résolution du Conseil municipal, nous ratifions la décision d’expulser les entreprises transnationales de la province Cordillera, en particulier ANDINA-Repsol YPF, qui, en plus de ne pas avoir respecté ses engagements et d’avoir volé l’État bolivien, continue ses opérations sur les sites de Camiri et de Guairuy avec l’aval du gouvernement », mentionne la résolution.

La province Cordillera, désire une « autonomie avec une vision nationale et pour ce faire a décidé d’expulser les transnationales qui saccagent le pays », appliquant ainsi son droit souverain d’administrer les ressources de la nation bolivienne et sa condition de province autonome », a affirmé Orgaz.

Résolution du Comité civique de Camiri – Province Cordillera   Au peuple de Santa Cruz en particulier et au peuple bolivien en général: Cordillera se déclare Province autonome.

–   Nous avons un pays déchiré à cause des intérêts mesquins résultant des profits générés par nos hydrocarbures.  Dans ce contexte, nous nous sentons obligés d’affirmer notre point de vue.  Nous le faisons à partir de la région où fut fondée la Bolivie comme nation pendant la Guerre du Chaco.

–   Le pays est divisé entre, d’un côté, les fondamentalistes de l’ « indigénisme » et de l’autre par les « autonomistes »  Les deux tendances poussent notre patrie au bord du précipice, dans un abîme sans fond et si ce mouvement n’est pas freiné, le gâchis sera irrémédiable.  C’est pour cela que nous rejetons les référendums, tant celui du 4 mai pour l’obtention d’un statut d’autonomie que celui pour une nouvelle Constitution politique de l’État, car les deux ne font que diviser le pays et céder les droits de propriété de nos ressources naturelles à des élites intermédiaires de l’un ou de l’autre clan ce qui a comme conséquence de permettre aux transnationales de détruire la nation bolivienne.

–   Durant 60 années d’activités pétrolières, Camiri a contribué au développement national et départemental et n’a rien eu en échange.  Notre histoire de saccage et d’exploitation, semblable à celles de Potosi, Sanandita, Bermejo ou Huanuni – Siglo XX, a été exacerbée par le centralisme tant national que départemental.

–   Devant cette réalité, il est temps aujourd’hui d’affirmer, comme membres de la société de Cordillera, société qui n’a pu participer à l’élaboration des statuts autonomistes et encore moins en connaître le contenu mais dont l’importance des provinces comme protagonistes des dynamiques sociales, politiques et économiques de notre département et pays a au contraire été mise de côté, que  nous ne nous sentons pas partie prenante de ce texte  proposé par ceux qui ont usurpé nos droits à partir de leur pouvoir économique. 

Dans ce contexte:

1.      Nous nous déclarons Province autonome du Département de Santa Cruz en vertu de notre Conseil municipal du 2 avril 2008 et parce que nous n’acceptons pas de passer du centralisme national au centralisme départemental sans avoir la possibilité d’administrer directement les ressources économiques et naturelles qui appartiennent à tous les Boliviens.

2.      Afin de garantir le développement de la région et de Bolivie et d’éviter que continue le saccage de nos ressources en hydrocarbure, dans le cadre de notre autonomie provinciale et en vertu des résolutions du Conseil municipal, nous ratifions la décision d’expulser les entreprises transnationales de la province Cordillera, en particulier la Andina – Repsol YPF, qui, en plus de ne pas avoir tenu ses engagements et d’avoir volé l’État bolivien, continue ses opérations Camiri et à Guairuy avec l’aval du gouvernement.

3.      Il est résolu que YPFB,  partir du 1 mai, deviendra directement responsable des opérations à Camiri et à Guairuy parce que c’est l’entreprise pétrolière qui dessert les intérêts de Camiri, de la région du Chaco et du peuple bolivien.

4.      Nous rejetons le référendum du 4 mai portant sur les statuts autonomistes et nous convions le peuple de Cordillera à ne pas participer à ce processus imposé et illégal qui met en danger l’unité de la nation bolivienne.  Nous ratifions les autonomies provinciales comme base de notre développement local et régional avec une vision nationale.

5.      À partir de maintenant, nous nous déclarons en vigile et en mobilisation permanente exigeant du gouvernement national l’application de l’accord sous-signé le 3 avril 2008.

Réalisé au Comité civique de Camiri, le 30 avril 2008

LA défense des peuples n’admet pas le moindre retard

Pour une vÉritable nationalisation et refonte effective de YPFB

 

Par le Comité civique de Camiri

 Carmen Palenque, présidente du comité civique ; Héctor Sánchez, Premier vice-président ; Omar Contreras, Deuxième vice-président ; Raúl Ortiz Pozo, Secrétaire général ; Eneida Salazar, Secrétaire ; Mercedes Lazcano, Secrétaire aux comptes ; Paulino Silez, Secrétaire aux communications ; Raul Frias, Secrétaires à l’environnement ; Hugo Santillan, membre du conseil ; Margarita Morales, Membre du conseil ; Roxana Suarez, Membre du conseil ; Mirko Orgáz García, Conseiller juridique.

BOLPRESS, 30 de abril de 2008.

Traduction : Francine Gagné

 


Il s’agit des termes Logias et logieros qui font référence aux groupes de pouvoir économique de cette région.