COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


NO AL VASALLAJE POLÍTICO DE LA CSUTCB

Posted in ACCION URGENTE,MEDIOAMBIENTE,movimientos sociales,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 27 septembre, 2011

(Aclaramos que en este mensaje el hermano Felipe Quispe hace referencia a la CSUTCB aliada al gobierno del MAS y no así a la CSUTCB aliada a la Central Obrera Boliviana, y dirigida por Rufo Calle y Sergio Tarqui)

Es bien triste escuchar las declaraciones de los dirigentes de la CSUTCB, quienes muy alegremente convocan a un estado de alerta y emergencia contra la marcha de los indios indígenas de las tierras bajas, quienes vienen reclamando sus justos derechos que los corresponden, incluso defendiendo a la madre naturaleza y a la Pachamama, tan cacareada en las tribunas internacionales por el propio gobierno de Evo Morales Ayma. Ahora, por defender a los intereses mezquinos de los transnacionales y multinacionales, pretende cometer el etnocidio y ecocidio.

Los supuestos dirigentes de la CSUTCB, deben limpiarse sus bocas cloacas para atacar a la Central Obrera Boliviana (COB), porque se trata de una organización matriz de los trabajadores del país. No repitamos como loros las consignas emanadas desde el Palacio del Gobierno, tildando de derechistas y medialuneros a todos los que se solidarizan con la sagrada marcha por el Tipnis.

En vez de hacer guerra a los hermanos, por qué no buscamos la independencia sindical, la soberanía política-ideológica, el centralismo democrático. En vez de dar una dirección revolucionaria a la CSUTCB, estamos hundiendo peor a un lodazal y pantanal de crisis orgánica. La CSUTCB tiene su historia bien ganada: Desde el año 2000 al 2005 ha llegado a una instancia superior con bloqueos de carreteras, marchas, huelgas de hambre y cercos a las ciudades; tumbó a tres gobiernos neoliberales. Gracias a estas acciones comunarias los q’aras masistas están gozando y engordando como chanchos, reprimiendo a nuestros hermanos de las tierras bajas para administrar mejor los intereses del capitalismo e imperialismo.

¡Cuidado! No se puede engañar con discurso líricos al pueblo, ¡Cuidado! que la chispa roja les salte y les lleve a la horca y al filo del cuchillo de Tupak Katari. Los que hablan en nombre de la  CSUTCB no sean llunk’us o zalameros; no nos hagan pelear entre hermanos de carne y hueso como en los tiempos del MNR, donde hubo enfrentamientos sangrientos por solo ser lechinistas, pazestenssorristas, silesistas, etc. Compañeros, estos tiempos han pasado. No nos pisemos el poncho, menos ensuciemos al poncho rojo.

¡Hagamos una política sana y revolucionaria con sabiduría amaútica! No caigamos al servilismo y al vasallaje político. Tenemos que buscar el poder, tierra y territorio, Estado Propio, como lo hicieron nuestros antepasados.

¡Nuestra solidaridad plena con la marcha por el Tipnis!

El gobierno de Evo Morales debe bajar a las bases, entrar a un diálogo franco y sincero, de igual a igual y cara al pueblo. ¡Basta de dividir! ¡Basta del paralelismo sindical! Ahora estamos viviendo en otro escenario, más remozado y de nuevo tipo. Si no cumple con este mandato estamos obligados de autoconvocarnos, luchar y rebasar a las direcciones vendidas al sistema imperante.

¡JALLALLA TUPAK KATARI!

¡JALLALLA BARTOLINA SISA!

¡JIWPAN Q’ARANAKAXA!

Felipe Quispe Huanca

Ex Ejecutivo de la CSUTCB

La Paz, 27 de septiembre de 2011

Policía: « Nuestro objetivo es evitar que la marcha continúe »

Posted in ACCION URGENTE,Derechos Humanos,movimientos sociales,Pueblos indígenas,Racismo par colectivoboliviano sur 13 septembre, 2011


(Comisión de Comunicación de la Marcha).- La Policía Nacional aseguró que no permitirá pasar a la VIII Marcha Indígena si avanzara hasta la población de Yucumo, a 20 kilómetros de donde se encuentra ahora. Los uniformados negarán a los indígenas el derecho a la libre circulación, dique para proteger el “bien mayor” de la vida; según la Policía, podría haber enfrentamientos con la centena de campesinos que bloquea esa vía desde hace dos semanas.

“Nuestro objetivo es evitar que continúe la marcha para evitar, vuelvo a recalcar, que exista un enfrentamiento”, dijo el coronel Carlos Flores, vocero de los policías en el bloqueo.

“Los marchistas tienen el derecho al libre tránsito. Pero vayámonos a un principio: el bien supremo, el derecho mayor, que es justamente la vida. Nosotros debemos anteponer, ante este derecho de libre locomoción, el derecho a la vida. Lo que no queremos es que exista un enfrentamiento y existan daños a la integridad física, en el entendido de que están marchando niñas niños, mujeres embarazadas y ancianos”, explicó el coronel.

El oficial aseguró que los policías 450 enYucumo están desarmados. “Vamos a contener esta marcha -hasta el último momento- sin el uso de ningún tipo de agentes químicos y equipo policial. Estamos actuando a manos libres y no tenemos un equipo policial, ustedes seguramente en su momento van a poder observar. Nuestro rol es de contención absolutamente, es de prevención. No estamos viniendo a reprimir a la marcha, sino solamente a contener ¿Sí?”, agregó.

“Lo que nosotros queremos en este momento es evitar que los señores marchistas avancen, porque no sabemos cuál es la reacción de este sector (de los bloqueadores)”, recalcó.

– ¿Por qué no se procede a desbloquear la vía?

– ¿No está viendo usted en este momento que pasan los vehículos? Por lo menos nosotros venimos aquí y conversamos con ellos para que pasen los vehículos. Dialogamos con ellos justamente para dejarlos pasar. Cada tiempo, cada dos horas, están circulando los vehículos, respondió Flores en el puente de ingreso a Yucumo, donde cien mujeres y hombres de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) mantienen el bloqueo.

Alberto Miranda, secretario de Medio Ambiente de la CSCIB, declaró: “No tenemos el espíritu de enfrentarnos. Los compañeros estamos en este punto de bloqueo porque en el pliego de la CIDOB hay incorporados cinco puntos que nos afectan. Si ellos sacaran esos cinco puntos públicamente de su pliego, nosotros automáticamente nos retiramos del bloqueo. Uno de los cinco puntos es sobre la consulta en las carreteras en construcción o por construirse, ahí nos afectan a varias carreteras que pasan por nuestras comunidades. Como Yucumo-Rurrenabaque, Rurrenabaque-Puente San Buenaventura, San Buenaventura-Ixiamas, entre otras. En otro punto dicen que los terceros serán retirados inmediatamente de las áreas protegidas. Nosotros tenemos comunidades en las áreas protegidas ¿A nosotros se refieren o a quién? A nosotros nos da a entender que sí estamos incluidos en ese punto”.

“El otro punto del pliego –continuó Miranda- es sobre las tierras fiscales, que los indígenas quieren que pasen a sus manos. Tenemos que aclarar estos puntos, porque estamos susceptibles de qué pueda pasar. No estamos apoyando al gobierno ni nada, nosotros estamos diciendo que esos puntos deben sacar o por lo menos aclarar públicamente a qué se refieren. Porque estamos confundidos. Por otro lado, también se ve que en Chaco hay pozos (de hidrocarburos) que han perforado, pero tengo información de que no los han sellado bien y están filtrando y contaminando al río Pilcomayo. En ese punto creo que estamos de acuerdo, pero no sé cómo lo ven ellos. No creo que los compañeros estén diciendo ‘que no se explote’, cuando ellos también están pidiendo la descentralización del Fondo Indígena, fondos que provienen de los hidrocarburos. Es totalmente una contradicción para mí, y eso creo que tendrían que aclarar”.

El punto sobre el Fondo Indígena es también observado por los bloqueadores. “Dicen que debemos descentralizarlo, cuando ellos tienen cuatro representantes en el fondo y nosotros tenemos tres nomás. Entonces tienen su mayoría. Estos puntos deberían ser aclarados muy bien, porque hay una confusión”, dijo el dirigente de la CSCIB.

La mañana del lunes llegó al campamento de la VIII Marcha Indígena en La Embocada un vehículo que ondeaba un trapo blanco. Eran representantes de la Policía boliviana, que soltaron a los marchistas un discurso impregnado de valores cristianos. “Lo extraño es que se aparecen con una bandera blanca, pero lo más extraño es que dicen que ese es un nuevo concepto de la Policía en este proceso de cambio. Cuando nos fijamos en la bandera, era una polera blanca que habían roto, la habían amarrado a un palito y se vinieron. Con eso pareciera que estamos en dos grupos que mantienen un conflicto bélico. Que estamos, por ejemplo, enfrentándonos en una guerra civil, y de ahí que viene la Policía a ponerse en medio de los dos bandos para levantar una bandera blanca. Es algo totalmente ofensivo para nosotros los marchistas”, comentó el presidente de la Subcentral de Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) Fernando Vargas Mosúa, por cuyo territorio de un millón de hectáreas el gobierno nacional quiere hacer pasar una carretera sin el consentimiento de los propietarios de esa tierra: los pueblos Mojeño, Chimán y Yuracaré.

Para Vargas, lo que hizo la Policía “es ofensivo para nuestra marcha que va en son de paz. Lo único que reclamamos es que nuestros derechos sean respetados. También nos han dicho que en Yucumo ellos van a estar en medio, entre los bloqueadores y los marchistas. Claramente hemos entendido que, al estar ahí en medio, no nos van a dejar pasar. Yo quiero denunciar la forma de actuar del gobierno nacional: Si hay una marcha pacífica, manda a la Policía para no dejar pasar a la marcha. Los pueblos indígenas estamos reclamando un derecho, pero parece que eso había sido un delito en Bolivia, en un país democrático con estado de derecho. Consideramos que para el gobierno es un delito reclamar nuestro propio derecho, y de eso realmente nos sentimos molestos, porque no debería ser esta la actitud del Presidente. Pareciera que ser narcotraficante está bien para el país, bien para el Presidente, y reclamar un derecho es un delito. Este es un tema que no voy a dejar pasar y la comunidad internacional lo debe saber. Pedimos a las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncien sobre esta actitud del gobierno, que ahora utiliza a la Policía boliviana -seguro mañana utilizará al Ejército- para reprimir o frenar la marcha. Pero nosotros no vamos a frenar nuestra marcha. Si mañana entramos en un diálogo y si ese diálogo se rompe, igual vamos a continuar nuestra marcha el miércoles”.

“El presidente Evo Morales Ayma está preocupado porque la marcha está desenmascarando toda su posición política que tenía escondida frente a la comunidad internacional. A nivel internacional, él es el protector del medio ambiente, de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, al interior del país, es el impulsor de una política capitalista y mercantilista, sin tomar en cuenta el principio constitucional de establecer una política económica comunitaria, una política plural. Eso, con esta marcha, se está descubriendo y –obviamente- da una imagen negativa del Presidente en el contexto internacional. Es lo que le preocupa”, explicó Vargas.

“El Presidente está con la posición radical de que la marcha no continúe, porque le va a afectar más a su imagen y va a terminar despojándose de su orgullo que tiene como persona y como Presidente. Se siente orgulloso de haber sido elegido como Presidente en tres oportunidades, la última con más del 60 por ciento de los votos. Por eso él considera que puede hacer lo que le dé la gana con este país, algo totalmente equivocado. Él debería un poquito mirar para atrás y ver, primero, de dónde viene. Segundo, por quién está ahí gobernando ahora. Y tercero, debería gobernar no solamente para un sector, sino para todos los bolivianos”, dijo el dirigente del TIPNIS.

Para el mojeño, el hecho de que la Policía no intervenga en el bloqueo de Yucumo “es una señal de que el gobierno está de acuerdo con el bloqueo. Y es una señal de que el gobierno está liderizando ese bloqueo”.

Se prevé que una comisión ministerial enviada por el Presidente Evo Morales visite este martes a los marchistas para intentar negociar una solución a las 16 demandas de las organizaciones indígenas. Los ministros que irían a la comunidad La Embocada serían el de Relaciones Exteriores David Choquehuanca; el de la Presidencia Carlos Romero; y el de Obras Públicas Walter Delgadillo. La comisión de ministros estaría en La Embocada a las 10 de la mañana.

Vargas espera que « entre indígenas de tierras bajas y del Altiplano nos podamos entender y hablar con mayor confianza. Si el ministro Choquehuanca trae otra propuesta, si la posición del gobierno ha cambiado y el proyecto carretero no va a atravesar nuestro territorio, creo que podríamos empezar a discutir los temas de nuestra plataforma. El gobierno tiene que cambiar de posición política, primero, diciendo que el camino ya no va más por el TIPNIS, que va a ir por otro lado pero igual vamos a llegar a San Ignacio de Moxos. A partir de ahí ya nos sentaríamos a ver toda la parte técnica, la parte de cumplimiento de normas. El proyecto debe volver a foja cero y empezar de nuevo, a hacer la consulta previa, a hacer todo el proceso que establecen las normas. Pero si mañana los ministros vienen para seguir manteniendo lo mismo, serían dos días más de marcha que hemos perdido”.

Plan 3000, bastión rebelde del oriente boliviano/II

Posted in movimientos sociales par colectivoboliviano sur 20 décembre, 2008

 

Asedio y resistencia: ¡El Plan no se rinde!
Marxa Chávez
17 diciembre 2008

Los sombríos sucesos habían comenzado a planearse mucho antes de septiembre en realidad, en sendas reuniones del “Consejo Nacional Democrático” (Conalde), dirigido por los potentados agroindustriales de oriente. Consecuente sólo con sus propias ambiciones, desde inicios de este año, la derecha en Bolivia organizó paros patronales. Así sucedió en marzo y abril, ante la prohibición del gobierno de exportar aceite y su comercialización a precios altos en el interior del país 1.

La arremetida de los sectores de derecha continuó en varios flancos: realizaron sus ilegales referéndums por los estatutos autonómicos en cuatro departamentos. “¿Diálogo? ¿Cuál diálogo?”, había dicho burlonamente aquel marzo un buen humorado Carlos Dabdoub, Director para la Autonomía de la Prefectura de Santa Cruz, ante las convocatorias gubernamentales para establecer mesas de negociaciones, mientras las acciones de los hacendados cruceños y empresarios se hacían cada vez más violentas y cínicas.

Paros y bloqueos patronales

En agosto, el tema de la “devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos” (IDH) fue el subterfugio de la derecha. El IDH es un ingreso que se reparte entre los 9 departamentos del país, del cual el gobierno había destinado una parte para pagar el Bono Dignidad a los ancianos mayores de 60 años. La cuestión nunca se redujo a los extravagantes debates televisados de los cívicos sobre si ellos querían más a los ancianos que el gobierno, la cuestión de fondo en todo este tiempo fue la articulación de un plan elaborado durante varios años, que proclamaba, a través de la consigna de “autonomías”, las políticas para el manejo regional de recursos naturales en manos de las autoridades departamentales. Inclusive, el estatuto autonómico cruceño asignaba a las instancias departamentales la gestión y distribución de la tierra. En suma, se trata de un proyecto de corte neofascista, que pretende desbaratar todos los proyectos políticos que habían labrado los movimientos comunitarios, vecinales, campesinos, desde el 2000, como la defensa del agua como bien común, la nacionalización de los hidrocarburos, una Asamblea Constituyente popular y un cuestionamiento profundo al racismo imperante en el país. Toda la “agenda” popular forjada desde las calles, las barricadas y las carreteras desde muchos años atrás, luego fue tomada por el gobierno del MAS y cumplida por éste —también filtrada— en la forma y los tiempos estatales.

Este año se agudizaron los enfrentamientos: los más visibles entre representantes gubernamentales con los prefectos y cívicos. La no presencia del estado en regiones como la ciudad de Santa Cruz era patente. Ni los militares ni los policías podían hacer más que intentar evitar algunos hechos de violencia. Cuando el mismo comandante departamental de la policía de Santa Cruz terminó, el 15 de agosto, fue golpeado brutalmente en el suelo por los unionistas, mientras era filmado por varios canales de noticias, se supieron las verdaderas dimensiones de esta “crisis estatal” en esos departamentos. Más allá de la composición estatal y su crisis, en el lado popular, en las calles, se estaban dando enfrentamientos con la participación mucha gente de los barrios populares de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, sobre todo contra los grupos de choque que se presentaban cada vez más violentamente.

Para los unionistas agresores, la lógica era, y es, no solo burda sino cruda: “Queremos la independencia, no queremos a esta raza maldita en nuestra tierra”, habían vociferado aquel mismo agosto, mientras ensangrentaban a una mujer “colla” que vestía pollera.

A fines de agosto, y principios de septiembre, los paros y bloqueos patronales se iniciaron nuevamente impulsados por el Conalde, otra vez, supuestamente, para conseguir la devolución de sus ingresos por el IDH. En el Gran Chaco, en el departamento de Tarija, se inició el 25 de agosto un bloqueo caminero que luego se extendería a otros puntos de la geografía de los departamentos del oriente. Mientras el gobierno decretaba el referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución Política del Estado, para el 7 de diciembre de 2008, las movilizaciones cívicas y prefecturales iban a derivar en una intentona, la más violenta y grave de todos estos últimos tres años… hasta ahora.

No fueron sólo las ciudades centrales en las que se dieron enfrentamientos y tomas de instituciones, sino que estos hechos se extendieron a comunidades campesinas alejadas. Las voces que escuchamos desde por lo menos el 1º de septiembre, a través de las pocas radios comunitarias que daban voz a los campesinos y vecinos, llegaron de muchos lugares en por lo menos cuatro departamentos del país. Se tomaron trancas, instituciones, se destruyeron oficinas, amenazaron, persiguieron, hirieron a gente opuesta a la política prefectural y cívica, usaron armas de fuego. Tomaron aeropuertos y, finalmente, asesinaron campesinos.

No eran grupos “espontáneos” de gente que salía a protestar pacíficamente, como adujeron de manera desvergonzada los cívicos, eran grupos que habían coordinado las tomas, habían planificado cómo y con qué irían a tomar sedes y moler a golpes a la/os que se opusieran. Y no se tomaron únicamente oficinas estatales, los ataques también estuvieron digitados contra organizaciones de trabajadores y de campesinos.

La mañana y la tarde del 9 de septiembre todo ardía en el centro de Santa Cruz: oficinas públicas, el canal y la radio estatales, papeles, computadoras; todo lo que no se quemó, se robó. Los grupos financiados de la UJC saqueaban todo lo que podían al grito de “¡Fuera collas de mierda! ¡Autonomía!”. La mañana y la tarde del 10 de septiembre, al sur de Bolivia, grupos de choque de la prefectura y comité cívico de Tarija atacaron el Mercado Campesino. “Están preparando el garrote hacia el campesino”, había dicho un dirigente popular de ese departamento. Durante todo el 11 de septiembre, finalmente, se evidenció hasta dónde estaba dispuesta a llegar la derecha: masacraron a más de 17 campesinos en Pando, con ráfagas de metralleta, con fusiles, con armas de diverso calibre, ferozmente dispararon contra los de la marcha campesina, a varios sobrevivientes luego los torturaron, por eso la sangre de tanta gente humilde llegó esa mañana al río Tahuamano.

A esta violencia planificada, a esas armas, a esa gente pagada, a ese proyecto político de derecha se enfrentaron los campesinos de Pando y Beni, y los habitantes del Plan 3000.

Se ha iniciado la guerra en el Plan 3000 2
10, 11 y 12 de septiembre: lucha popular auto organizada

“Bolivia no fue silenciada”, fueron las últimas palabras vertidas por un vecino que pensaba en la importancia de su lucha, y que rescatamos en la primera parte de esta serie de notas. Con la experiencia y todo lo aprendido colectivamente, en mayo y en los “palos cívicos”, por los vecinos y jóvenes, por los comerciantes, todos salieron nuevamente a las calles, rompiendo el silencio y el miedo, para evitar que los grupos de choque armados pudiesen tomar su zona.

El 10 de septiembre fue otra jornada de lucha en diversos lugares del país. “Si quieren entrar, tendrán que pisar nuestros cadáveres”, proclamó una mujer con su pequeña hija a la espalda, aprestándose a defender el Mercado Campesino junto a los vecinos de las zonas periféricas de la ciudad de Tarija. Se enfrentaron todo el día a las bombas molotov, a los palos y piedras de los universitarios y grupos de personas que respondían al comité cívico y a la prefectura.

En Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista intentaba ocupar la Terminal Bimodal de Buses, enfrentándose en el lugar con la Unión Juvenil Popular y otras personas que se oponían a la toma. Los habitantes del Plan 3000 vieron como eran destruidas todas las oficinas estatales en el centro de la ciudad y cómo los unionistas rodeaban y finalmente tomaban la terminal, expulsando a los que hacían resistencia adentro, sin que el grupo de policías que se hallaba allí pudiese hacer nada.

Cuatro vecinos del Plan habían sido ya heridos por balas de fuego disparadas por los unionistas la noche anterior. Mucho antes de septiembre, cuando se daban los ya conocidos “paros cívicos”, varia/os compañeras y compañeros habían descrito cómo los camiones llenos de unionistas pasaban por las calles presionando a las personas para que cumpliesen la medida: golpeando sus escudos con palos, de manera insistente y como una forma de amedrentamiento psicológico a toda la gente que estaba escuchándolos en la noche desde su casas. Esta vez, los camiones llenos de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista también llegaron por todas las entradas del Plan.

El 9, 10, 11… el día 10 ha sido serio, nosotros fuimos atacados por todos los lados. Por el lado de El Mechero, que vinieron unos 200, 300 personas, más de la mitad drogadictos, por el Trillo cerca de San Aurelio otras 300 a 400 personas contratadas, también drogadictos la mayoría, por el lado de [la avenida] Che Guevara, Radial 10, otros 300, 400 más o menos. Nosotros, últimamente en la Rotonda los jóvenes, nos desesperábamos, nos desesperábamos por este atentado donde los niños y los ancianos no podían aguantar, nosotros mismos no lo podíamos aguantar; en realidad nos estaban matando vivos, estábamos parados pero muertos ya. Las autoridades [gubernamentales] no venían con nosotros, no nos defendían, porque ellos también fueron atemorizados, perseguidos (Testimonio de estudiante del Plan 3000).

Las jornadas que se vivieron la más dura fue la del primer día, donde la unión midió mal y mandó la mitad de su fuerza para tratar de tomar el Plan 3000 y se encontraron con una buena organización que logró rechazar ese embate, y ya el segundo y tercer día lograron entrar por las noches, o sea cada noche la vigilia partía desde las 5 de la tarde con más fuerza y ya se sabía que entraban en las noches tipo delincuentes, el lumpen pagado, y a partir de las 8 venían. La segunda noche lograron entrar hasta a la mitad del mercado y demás, pero por suerte se logró rechazar. El tercer día ya fue más, había una inflexión, ya no se atrevieron a entrar, ya estaban por el suelo las fuerzas de la unión juvenil (Huáscar, compañero que es parte de la resistencia y lucha en el Plan 3000).

Ante la inminente toma del Plan por parte de los unionistas, la gente se reunió en la calle para realizar las vigilias en los puestos de venta. Se sabía que si ingresaban los asaltantes lo primero que saquearían serían los pequeños puestos de venta que la gente tiene allí para trabajar; las instrucciones de la derecha eran tomar La Rotonda y luego arrasar el Mercado:

Una de las instrucciones que les dio Andrés Gallardo [diputado de Podemos] a sus paramilitares era que tomen el Plan 3000 y todo lo que saqueen era para ellos. Por eso es que intentaron tomar el Plan 3000, porque querían saquearlo. Entonces los comerciantes han ayudado bastante, han hecho vigilia permanente, prestaban sus megáfonos (Testimonio de un compañero que es parte de la resistencia en el Plan 3000).

En medio del bullicio de la gente que protegía las calles del barrio, se escuchaba la voz potente de una mujer, amplificada por un megáfono: “¡El Plan se respeta carajo!”, mientras los jóvenes empuñaban palos y piedras para defenderse de los ataques recurrentes de la UJC.

Eduardo nos explica por qué se pretendía, tan sañudamente, tomar el Plan:

La idea era entrar todos y quemar todo el centro, digamos, que es parte simbólica y luego iba a venir Branko [Marinkovic, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz],que estaba esperando en el Trillo; iba a entrar y decir: “Aquí no hay nada, aquí todos somos nosotros”, y todos los medios ya preparados para dar un mensaje mediático: “Aquí no hay nada, aquí nosotros somos la ley, aquí quién se nos para”. Es una cuestión política, el ataque al Plan es símbolo, porque el Plan 3000 no tiene industria, no tiene una prefectura, una alcaldía, no se maneja harta plata, no hay, es la gente que trabaja nomás; el Plan simplemente es un símbolo, simplemente es un bastión de la izquierda en Santa Cruz. Entonces el hecho de tomar el Plan, tomar La Rotonda, destrozar todo es una cuestión de poder y eso quería Branko con recomendación de Goldberg [ex embajador norteamericano en Bolivia], porque es la piedra en el zapato en Santa Cruz. Entonces iba a haber violencia, iba a haber una masacre, el 11 iba a haber una masacre (Entrevista a Eduardo Loayza, director de la Radio Integración).

El 11 de septiembre, mientras los campesinos de Pando eran perseguidos, asesinados y literalmente “cazados como animales”, según relatos de la/os sobrevivientes a la masacre, los vecinos del Plan habían pasado la noche en una vigilia en La Rotonda y en el mercado de la zona. Así nos lo cuentan Benedicta y Huáscar:

Las vigilias que se hacían ha sido excelente para nosotros. Olla común hemos cocinado como gremiales, y la gente venían aportando también de los barrios salía. La vigilia ha sido también un excelente porque nuestros hijos al lado de nosotros estaban. También las mujeres más inteligentes somos, que nosotras hemos amanecido junto con los hombres en la vigilia pijccheando coca, haciendo bulla aquí, allá. La Unión Juvenil Cruceñista de todo lado nos querían atacar, pero nunca han llegado al corazón del Plan 3000, las mujeres nos hemos unificado (Benedicta, vecina del Plan).

Una consigna interesante que había es que al fascismo no se lo combate con leyes, ni con flores, se lo combate en las calles con los palos y con las armas, y eso el Plan ha agarrado muy bien, y las vigilias duraban toda la jornada. La gente valerosamente salía con los escudos, con los palos y con lo que podían; ahí se veían familias enteras, habían niños con sus palos y demás, y algo interesante es que los niños eran los que más peleaban, se tiraban contra los de la unión y demás, niños de ocho años con sus palos y sus piedras al lado de sus padres protegiendo sus puestos de venta. Niños que yo creo que aquí en adelante van a seguir manteniendo esa idea de reivindicación de su clase (Huáscar, compañero que es parte de la resistencia y lucha en el Plan 3000).

Los pocos efectivos policiales que existían en la zona poco pudieron hacer, y entonces la organización fue pensada y hecha por cientos de familias de la zona: unas salieron a ser parte de los grupos que se enfrentaban muchas veces cuerpo a cuerpo con los unionistas, otras salieron a ayudar en las vigilias, otros apoyaron dando comida y agua; por eso los agresores no pudieron tomar el Plan. Inclusive en la misma zona existían algunas personas que estaban de acuerdo con los grupos de choque cívicos, pero la fuerza de toda la gente que estaba contra el racismo y la violencia con la que llegaban los unionistas fue la clave para detener las intenciones de éstos. La auto organización de la gente fue pensada para evitar el ingreso de la UJC a sus calles.

Después de la toma de instituciones se pudo armar una estructura y teníamos la cadena de combate […] Se ha fabricado bastantes escudos de protesta, ayudó para avanzar hacia delante y para protegerse de las piedras, petardos que lanzaba el enemigo […] El último enfrentamiento que se dio ese jueves de esa semana ellos ingresaron por la avenida Che Guevara dirigido por un diputado emenerrista que ahora es de Podemos, se llama Andrés Gallardo, diputado de la Villa Primero de Mayo. Este señor pagaba 200 bolivianos, más cohetes, más bates de béisbol y un Red Bull, le daban a cada uno para que tomen eso y vengan todo narcotizados, algunos venían todos drogados. Esa era una diferencia entre ellos y nosotros, nosotros peleábamos con el uso de razón y conciencia, y nuestra fortaleza era la convicción, la dignidad, los principios, la defensa de la patria y el aniquilamiento de todo lo que representa la oligarquía, pero ellos eran una tropa de mercenarios que todavía para poder pelear tenían que drogarlos, eso es lo más chistoso, eso era lo más triste también de parte de ellos (Testimonio de un compañero que es parte de la resistencia en el Plan 3000).

La situación en los otros departamentos del país era grave, como en los ductos y planta de gas en la zona del Gran Chaco. Los militares que custodiaban las instalaciones de dicha planta fueron reducidos y despojados de sus armas. El gobierno no podía hacer mucho más que continuar con los llamados al diálogo y condenando la violencia. Pero los ataques a organizaciones campesinas e indígenas, continuaron y se dieron en muchas regiones, en las cuales el poder político está hasta ahora en manos de partidos tradicionales y agrupaciones ciudadanas que reciclaron a viejos políticos de la derecha.

En Beni, las llamadas de auxilio que transmitían algunas radioemisoras se oían por las noches, cuando se denunciaba que las sedes sindicales estaban rodeadas, habiendo sido luego invadidas y destruidas e incluso dinamitadas por la gente partidaria de las prefecturas y subprefecturas. En Santa Cruz, las sedes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) habían sido asaltadas, arrancaron los techos y ladrillos de las paredes, quemaron las pertenencias de estas organizaciones. En estas tomas participaron, hay que señalarlo enfáticamente, algunos ex dirigentes indígenas, quienes en un acto de abyección se convirtieron en partidarios de la prefectura del departamento.

Los otros compañeros indígenas que estaban siendo perseguidos se declararon en la clandestinidad, y se dirigieron al Plan 3000, como un lugar donde se sentían seguros y podrían adherirse a la lucha de los vecinos:

Fue el centro de reunión de todos aquellos que estaban contra la prefectura, porque era el único lugar donde podías refugiarte, hacer cuerpo y resistir al fascismo. Ahí llegó a parar la CIDOB, algunos dirigentes de la Central Obrera Departamental, llegaron a parar los de la CPESC. Ellos respetaban el liderazgo que había en el Plan 3000 a través de sus grupos vecinales; respetaban bastante, porque los jóvenes han declarado independencia ideológica y política, no había padrinazgos de ninguna organización política (Testimonio de un compañero que es parte de la resistencia en el Plan 3000).

En medio de la batalla, una voz se escuchaba en todo el Plan, era la Radio Integración, que cumplió un papel de amplificadora de la autoconvocatoria que hacían todos los vecinos. Mucha gente que vivía en barrios aledaños al Plan 3000 escuchaba igualmente las transmisiones, los llamados para ir a defender el barrio. Desde allí, en varios momentos, también se transmitió a nivel nacional lo que estaba sucediendo en Santa Cruz. Es por eso que otro de los objetivos de la UJC fue tomar las instalaciones de este medio que dio voz a toda la resistencia, no pudieron ingresar hasta allí.

El 11 pretendían ellos entrar, pero tuvimos también que como medio advertirles [a la UJC] de frente: “Vénganse, ataquen el plan” (porque ellos querían atacar también otros mercados y habían hecho varias tomas). Entonces dijimos “Vénganse, ataquen, vamos a resistir nosotros”. Decíamos [a los vecinos], si a ustedes los atacan y quieren tomar en Los Pozos, los agreden y quieren quemar su fuente de trabajo, organícense y tomen el Palacio de Justicia; si en la feria Barriolindo quieren quemar sus cosas organícense, retomen la nueva terminal; si en el Abasto hacen violencia organícense, van a estar débiles ellos, retomen las refinerías. Empezamos en los lugares más cerca: hay que tomar Saguapac 3, y [los de la UJCtuvieron miedo; era como una bola de nieve, podía darles más fuerte, o era más bien como un bumerang. Entonces fueron más bien a resguardar, se desanimaron, y fueron más bien a resguardar Saguapac (Entrevista a Eduardo Loayza, director de la Radio Integración).

Por lo general, cuando la prensa corporativa y empresarial se refiere al Plan lo hace como “los masistas”. Pero lo que Eduardo, Benedicta y las personas que estuvieron en la primera línea de combate muestran es que en realidad se trataba de un barrio entero de 300 mil personas en apronte; 100 mil familias cuya gran mayoría ayudó con lo que pudo para resistir el asedio de la UJC, y que pudieron convertir a Radio Integración en su medio para mandar sus reportes. Los vecinos, de una forma similar a El Alto de octubre de 2003, se convirtieron en reporteros para las otras personas que escuchaban la emisora en diferentes puntos de la zona, la información que se tenía:

Radio Integración no maneja presupuesto, se autofinancia, no recibe ítem del estado, de nada de eso. Los propios vecinos hicieron un papel importante porque fueron los ojos de la radio, entonces llamaban: “por tal lugar están entrando, es un auto color tantos, con vidrios oscuros; está trasladando handies, está llevando cohetes, tal camión esta llevando tal cosa”. Teníamos ojos en todas partes, a pesar de no contar con nada; el propio pueblo se convierte en los ojos, en la mirada, en el respaldo de todo. Teníamos un control tremendo que eso también asustó a los propios fachos de derecha, porque se asustaban, decían: “Cómo aquí, quién me esta viendo, de todas partes me están observando” (Entrevista a Eduardo Loayza, director de la Radio Integración).

La resistencia hecha por la gente en el Plan impidió que los unionistas tomasen la zona, pero la significación de este movimiento era mucho más grande, ya que se estaba hablando de la constitución de un polo de resistencia urbano, auto organizado, de avance movilizado en plena ciudad de Santa Cruz, una urbe que, por lo menos en los anillos centrales, ha sido desde mucho antes bastión de las fuerzas de derecha, y aún sigue siéndolo, pero esta vez las voces contrarias a la política del Conalde se escucharon con mucha fuerza. El 12 y 13 de septiembre, el asedio de laUJC al Plan había rebajado mucho en su intensidad y Mario Cossío, prefecto de Tarija, había decidido presentarse en La Paz para “reiniciar el diálogo”.

Evidentemente, la situación para los cívicos tampoco se preveía como un triunfo, y no por la actuación de las fuerzas militares o policiales, sino por la respuesta de las personas que son parte de organizaciones campesinas y populares: en Tarija, bravuconamente, los cívicos habían anunciado que se tomaría definitivamente el Mercado Campesino, incluso con la resistencia que protagonizaron allí mujeres, jóvenes, comerciantes, vecinos y campesinos, pero no pudieron concretar sus amenazas. En Santa Cruz, el centro de la ciudad estaba ocupado por los grupos de choque, pero el Plan 3000 no. En Pando, los sicarios caminaban por las calles de Cobija, capital del departamento, armados, y el Estado de Sitio dictado por el gobierno no había podido implantarse. En Beni los cívicos mantenían las tomas y pretendían reforzarlas.

Hasta el lunes 15 de septiembre, a pesar que los centros de las ciudades capitales seguían en manos de los cívicos, el Conalde anunció que comenzaría el desbloqueo de los caminos, pero otro bloqueo se había iniciado y avanzaría con fuerza.

¡Avanzar sobre Santa Cruz!: la respuesta popular

Se trataba de cientos de comunidades indígenas y sindicatos campesinos, que desde las tomas del 9 de septiembre habían anunciado el bloqueo de todas las rutas interprovinciales, interdepartamentales e internacionales que comunican a la capital cruceña con otros departamentos y países. Asimismo, cientos y cientos de trabajadores mineros cooperativistas habían iniciado una marcha desde el departamento de Cochabamba hacia Santa Cruz “para darles una lección a los de la UJC”, anunciaban muchos. Pero, además, se inició una marcha histórica, que no fue reflejada en los grandes medios-empresas de comunicación más que como la marcha violenta del MAS que aterrorizaba y hería la sensibilidad de los ciudadanos modernos del muy civilizado centro de la ciudad de Santa Cruz.

Las imágenes de campesinos portando machetes y armas de fuego (algunas escopetas de caza, en realidad) provocaron un horror como sólo lo puede sentir la gente de la derecha señorial del país: los indios y collas, tan aborrecibles para ellos, llegaban bajo la forma de multitud y, efectivamente, la indignación y la solidaridad con los campesinos de Pando y con los vecinos del Plan movían a las más de 20 mil personas que anunciaban llegar o al Plan 3000 como columna de apoyo o, directamente, para ingresar al centro simbólico del racismo y clasismo de la oligarquía boliviana: la Plaza Central de la ciudad de Santa Cruz.

Este movimiento de campesinos y comunidades indígenas hacia esa ciudad, es tan histórico como la constitución de los polos de la auto-organización obrera de los años 50 al 80 en Bolivia, en ese sentido se presenciaba, se dibujaba y discutía, no sin diferencias y grandes debates, los caminos del movimiento indígena y campesino como columna y puntal de los cambios de estos últimos ocho años en el país, y del movimiento popular en general. Se perfilaban nuevos (y a la vez antiguos) horizontes políticos, que llegaban junto al sonido de las multitudes que marchaban hacia Santa Cruz.

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1 Ver la cronología sobre la arremetida de la derecha en 2008, donde es notorio que, por lo menos una vez al mes, los grupos de derecha intentaron alguna acción mediante huelgas, bloqueos, marchas, golpizas o referéndums.

2 Declaraciones de Portugal Quispe, transmitiendo en vivo para el país y el mundo por Radio Integración y Radio Patria Nueva durante la resistencia del 11 de septiembre de 2008.

3 Empresa de agua potable y alcantarillado sanitario. Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz.

Ukhampacha Bolivia, http://www.ubnoticias.org

18 diciembre de 2008

Carta de las víctimas de Pando a los tres poderes del Estado

Posted in movimientos sociales,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008

26 de Octubre de 2008

Señores/as:

Autoridades del Poder Ejecutivo

Autoridades del Poder Legislativo

Autoridades del Poder Judicial

Bolivia

De nuestra mayor consideración,

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando, preocupada por la falta de respuesta efectiva a sus demandas de seguridad para proteger a las comunidades de Pando y Bení, donde persisten las amenazas y agresiones en contra de familias campesinas que luchan por la defensa de todos sus derechos y que históricamente han sido objeto de discriminación socioeconómica, política y cultural, solicitan su atención.

Si bien el Estado de Sitio trajo algo de tranquilidad a Pando, la seguridad no está garantizada más allá de la capital, Cobija y de ciudades intermedias, dejando a las comunidades y cantones en total vulnerabilidad y asecho de sicarios que siguen insultando, golpeando, violando y maltratando a los dirigentes y a nuestras familias.

A su vez, estamos atentos a las acciones que se realizan para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de la masacre del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir. Creemos que el Sr. Leopoldo Fernández Ferreira, principal acusado de estos hechos no es el único que debe responder por la muerte de tantos compañeros y por la instigación a la violencia que no cesa y que podría incrementarse al levantarse el Estado de Sitio o, al dejarlo en libertad. Por ello, exigimos al poder judicial una gestión basada en la imparcialidad, en la justa aplicación de las leyes y la protección de nuestros derechos humanos para demostrar que en este país existe justicia.

Asimismo, demandamos a todas las autoridades de los tres Poderes del Estado, interponer sus oficios para exigir a las instancias correspondientes que puedan dar respuestas claras y efectivas a los problemas de inseguridad y desprotección que venimos enfrentando en el oriente boliviano por la violencia sembrada por parte de Leopoldo Fernández y todos sus seguidores, para que en todas las comunidades afectadas las familias puedan vivir libremente y los desplazados y perseguidos políticos podamos retornar y restablecer nuestra vida normal.

Consideramos que el Ministerio de Justicia es la instancia que puede exigir y demandar a los entes correspondientes la celeridad en la investigación, juicio y condena de Leopoldo Fernández y todas las personas que han participado en la masacre de Porvenir.

Los medios de comunicación han hecho eco extenso de la solicitud que realizó la Corte Superior de Justicia de Sucre pidiendo la remisión del caso a esa ciudad. Este incidente puso en duda el verdadero rol de la justicia boliviana e incrementó el temor de quienes somos víctimas de la masacre, en relación a que el caso pase de juicio ordinario a juicio de responsabilidades, pues sabemos que esa sería una forma de retardar y diluir el proceso jurídico para que quede en la impunidad.

Finalmente, pedimos a las organizaciones de la sociedad civil sumarse a la lucha contra la impunidad para exigir que las autoridades judiciales garanticen la justicia, en base a la verdad, y evitar que los culpables estén en libertad.

Por el derecho a la verdad y la justicia,

las víctimas de Pando

Fuente: BOLPRESS, 29 octubre de 2008

Informe a 40 días de los ataques a organizaciones sociales en el Oriente boliviano

Posted in movimientos sociales,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 20 octobre, 2008


A 40 días del ataque a organizaciones indígenas y de derechos humanos en Santa Cruz de la Sierra, a manos de los grupos delincuenciales que responden a la Prefectura y el Comité Cívico de este Departamento, aún no contamos con las garantías mínimas para volver a trabajar en nuestras sedes. El 9 de septiembre pasado, en medio de una supuesta « revuelta popular » financiada por grupos opositores al gobierno del presidente Evo Morales, la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) fue atacada, saqueada e incendiada por 50 jóvenes y adolescentes asalariados de personas vinculadas a la Prefectura y al Comité Cívico. En la noche del mismo día la sede del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Ascensión de Guarayos -Norte de Santa Cruz- fue también asaltada y saqueada por personas ligadas al Comité Cívico de esa localidad y la Alcaldía Municipal.
En Trinidad, nuestra oficina se encuentra en la clandestinidad desde que se conociera extraoficialmente una « lista » en la que figuran nombres de personas e instituciones « enemigas de la autonomía y la benianidad », que son objeto de persecución y agresiones. En Riberalta, desde hace un mes, junto a los dirigentes y autoridades locales que responden a los movimientos sociales, las ONG CEJIS Riberalta, CIPCA Norte y el Instituto para el Hombre Agricultura y Ecología (IPHAE), están con sus puertas cerradas y sus funcionarios impedidos de trabajar y circular libremente en aquella localidad noramazónica. El 15 de septiembre, el Comité Cívico Regional dio a los trabajadores de estas instituciones 24 horas para abandonar Riberalta, « caso contrario no nos responsabilizamos de lo que pueda pasarles », amenazaron los partidarios del prefecto Ernesto Suárez. Ese día, la Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos solicitó al subprefecto de la provincia Vaca Díez, Agustín Vargas, proteger la vida y la integridad de las personas aún hoy perseguidas por no amoldarse a los dictados de los grupos de poder tradicionales.
La tarde del 9 de septiembre, frente a la sede destrozada del CEJIS de Santa Cruz, fue quemada un tercio de su biblioteca, reconocida internacionalmente por su especialización en temáticas legislativas, indígenas, campesinas, agrarias y territoriales. La quema de los libros fue clásicamente celebrada por quienes obtusamente creían que haciendo humo a los papeles desaparecerían las ideas que repudiaban.
Los días 10 y 11, fueron tomadas las sedes de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por indígenas expulsados del movimiento indígena, reciclados como funcionarios de la Prefectura y el comité. Se atribuyen representación, pero carecen de base. Al menos que sus bases sean las decenas de jóvenes « contratados para robar », como ellos se definen ante las cámaras de televisión. La sede de la organización nacional de los pueblos indígenas de Bolivia fue recuperada luego de cinco días en una acción coordinada entre vecinos de la Villa 1º de Mayo e indígenas.
La CPESC, ubicada a media cuadra, fue totalmente desmantelada por los vándalos contratados para ese fin. Sólo las paredes tambaleantes quedaron de la Casa Grande de los pueblos del Oriente. Desde allí partieron varias marchas de cientos de kilómetros para que el Estado boliviano reconociera los derechos de los pueblos indígenas. Allí nació el Pacto de Unidad, principal referente de los movimientos sociales del país, y se construyeron varios documentos que hoy son Ley. Allí se parió la loca idea de marchar el 2002 para exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Creyeron los grupos de poder del Oriente que borrando la sede de CPESC no habría más movimiento indígena en los departamentos que conciben como grandes estancias?
Ante esta situación de violencia, inmediatamente se iniciaron las acciones legales ante las autoridades competentes para que se investiguen y se esclarezcan los responsables de estos hechos.
Denunciamos la quietud investigativa de la Fiscalía cruceña, que se esconde en el -según su definición- « sistema jurídico garantista » de este país para no citar a las decenas de supuestos demócratas que con brutalidad agredieron a personas inocentes, atacaron propiedades públicas y privadas, amenazaron y mantienen en zozobra las poblaciones que no comulga con sus valores de completo atropello a los derechos humanos. Las caras de estas personas fueron captadas por varios canales de televisión privados justo mientras cometían sus delitos y se envanecían de cometerlos.
A 40 días del ataque a las organizaciones, la Justicia se limitó a solicitar estas imágenes a los canales de televisión privados, cuyos dueños son prósperos latifundistas o ex funcionarios de los partidos políticos de derecha que defienden y apañan la violencia ejercida contra quienes no adhieren a la dictadura cívico-prefectural sufrida en el Oriente.
A 40 días, estos canales no cedieron las imágenes porque -es obvio- nunca se les ocurriría facilitar información para detener a los frutos de la violencia que siembran en cada minuto de transmisión. Lamentamos la actitud de los medios de comunicación, que atentan contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
La población todavía no puede decidir sobre el discurso de los medios de comunicación, que es el de los dueños de los medios de comunicación. Como único recurso nos queda llegar directamente a cada persona con nuestro mensaje, con nuestra visión. Da resultados en algunos organismos, como en las Naciones Unidas (ONU), en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el Parlamente de la Unión Europea y en la Unión de Naciones de Sudamérica (UNASUR).
Pero será una tarea larga y fatigosa desmontar el muro de « omertá » que silencia las voces discordantes y obliga la permanente autocensura. El combate contra la impunidad es por tanto el imperativo de organizaciones como el CEJIS, desde donde perseguimos la permanente construcción de una sociedad justa, incluyente y solidaria.
 

Leonardo Tamburini
Director ejecutivo del CEJIS 

 

La histórica marcha para la refundación de Bolivia

Posted in movimientos sociales,Política par colectivoboliviano sur 20 octobre, 2008
Miguel Melendres/ Foto Alejandro Ascuy
Fidel Surco afirmó que la movilización no será suspendida mientras los congresistas no les hagan llegar la ley de convocatoria en el lugar donde se encuentre la marcha y llamó a los sectores sociales a defender la propuesta de Constitución “en las urnas y no con las armas ».

El cielo amaneció nublado a favor de los marchistas que los mantuvo entusiasmados y los acompañó durante el tercer día de la Marcha por la Refundación de Bolivia, que empezó a las 06.00 del miércoles 15 de octubre. El bloque de 15.000 campesinos e indígenas de varias organizaciones sociales de todo el país, partía de Lahuachaca con banderas nacionales, departamentales y wiphalas rumbo a Patacamaya, esa jornada. 

Llegaron a destino pasadas las 14.00, en un clima festivo, contrario a lo que se pensaría de un grupo de personajes que caminó por casi 70 kilómetros, por ocho horas diarias y donde se sumaron hombres, mujeres, ancianos y niños, la mayoría con rasgos mestizos y ponchos, aguayos, sombreros de saó, chulos y corbatas.

La Época estuvo presente y acompañó por varias horas la caminata que busca llegar a La Paz este lunes para festejar la aprobación de la Ley de convocatoria al Referéndum dirimitorio y Constitucional en el que los bolivianos definirán si apoyan o no la propuesta de Carta Magna elaborada por la Asamblea Constituyente en Sucre y aprobada en detalle en Oruro el 9 de diciembre del año pasado.

Las abarcas, los “kits” o zapatos deportivos, las sandalias  o, simplemente, los pies descalzos ampollados y ensangrentados, avanzaron desde el lunes cuando iniciaron la movilización en Caracollo, rumbo a la ciudad de La Paz, donde las organizaciones rurales y urbanas llegarán el lunes. Los afectados por el duro suelo de la carretera asfáltica suspendían su paso de vez en cuando para ser acariciados por la delicadeza de un algodón en las manos de uno de los tantos médicos de trato amable que acompañaban de cerca a la movilización.

En medio de un clima nada común para su físico amazónico, Michael Tosubé, presidente de la agrupación de Jóvenes Antonio José de Sucre del departamento de Santa Cruz, declaró que su sector llegó al altiplano con mucho sacrificio para luchar por la unión de todo el país, contrariamente a lo que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, hace pensar que el oriente apuntaba a un federalismo. “La Media Luna, el prefecto Costas, Branco Marinkovic, velan por sus intereses pero no por la verdadera necesidad del pueblo. Nosotros nos sumamos a esta marcha, convencidos de la unidad de Bolivia y si los oligarcas se levantan, nosotros nos levantaremos también, pero contra ellos. Ya no nos la pueden charlar”, enfatizó Tosubé.

“No estoy acostumbrado al frío, pero es la única manera de exigir que de una vez por todas, seamos incluidos  constitucionalmente en la Carta Magna. Y no nos iremos hasta que se apruebe la Ley del referéndum”, dijo categóricamente Gilver Orellana, secretario general de la Unión Juvenil Popular de ese mismo departamento. “Apoyamos esta marcha porque reconoce nuestros derechos, al estado multicultural y plurilingüe. Con los latifundistas y los cívicos del nuestro departamento no tenemos nada que ver porque ellos sólo miran sus ombligos y sus intereses económicos”, declaró Orellana. 

Más tarde, agarrado del brazo de una de sus compañeras, bailaba al son de una tamborita oriental, avanzando por el altiplano, junto al millar de cruceños que participan de la marcha. Unos metros más allá, también se oían zampoñas altiplánicas, pututos y cánticos para darse ánimo. Los marchistas se alimentan esencialmente de ají de fideo, chuño, frutas, pan y otros víveres que les son entregados por organizaciones sociales y por voluntarios que acompañan la movilización.

La marcha se reencamina

Los miles de campesinos, indígenas  y de entidades de profesionales  que llegaron a Patacamaya el miércoles en la tarde, decidieron hacer una jornada de descanso en este lugar, a 110 kilómetros de La Paz, mientras esperaban las decisiones del Congreso Nacional que se reunía en la Sede de Gobierno para dar viabilidad al Referéndum Constitucional y dirimitorio luego de arduas  jornadas de trabajo en comisiones especiales.

Como el acuerdo político no llegó y la reunión del Congreso se postergó para el sábado, el viernes a las 05.00 de la mañana, nuevamente se formaron las columnas humanas que reiniciaron la caminata, esta vez, con más fuerza y decisión. En esa población, se fueron sumando cada vez más campesinos, de tal manera que al reiniciar la marcha, pasaban los 20.000 movilizados y seguían uniéndose más grupos, conforme se avanzaba por la carretera.

Firmes y conscientes

“Nuestra posición es clara y no vamos a retroceder hasta que la NCPE incluyente se apruebe. Si aprueban la ley les esperaremos con brazos abiertos y con fiesta. Toda la clase obrera está consciente de ello y apoya esta movilización”, declaró Pedro Montes, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), que encabeza la marcha junto a Fidel Surco, presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam); Edgar Patana, presidente de la Coordinadora Regional para el Cambio (Corelcam); Isaac Ávalos, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); y Leonilda Zurita, senadora suplente y ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas « Bartolina Sisa ».

Fidel Surco afirmó que la movilización no será suspendida mientras los congresistas no les hagan llegar la ley de convocatoria en el lugar donde se encuentre la marcha y llamó a los sectores sociales a defender la propuesta de Constitución “en las urnas y no con las armas ».

Por su parte, Isaac Ávalos, que primero se cercioraba que quienes le hablaban eran periodistas o  simples “preguntones”, aseguró con voz cansada ya del trajín, que mientras no exista una ley de convocatoria, no se moverán de La Paz y dijo que la nueva Carta Magna, entre otras cosas, acababa con los ladrones, con la discriminación y la inmunidad de algunos congresistas y autoridades que cometen actos de corrupción, los cuales irán a la cárcel. Luego de echarse con los pies arriba para descansar en el camino, Ávalos criticó la impunidad de que gozan los parlamentarios en la actualidad lo que los hacía “unos sabayones hediondos” que lo que quieren es vivir de la sangre del pueblo.

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), Lucio Vedia, manifestó que los trabajadores cruceños marchaban hacia la ciudad de La Paz para mostrar “al país y al mundo” que los bolivianos se encuentran unidos en torno a la aprobación de la nueva Constitución y criticó la actitud del Comité Cívico de Santa Cruz y los partidos de oposición, de apoyar a los terratenientes del oriente, que gozan de millones de hectáreas, mientras que las familias campesinas que dan de comer a todo el país con el fruto de su trabajo humilde, “viven en pequeñas parcelas y surcofundios y nunca tuvieron las facilidades económicas para poder vivir bien”.

Entre tanto, Edgar Patana reconoció que era la primera vez que participaba de una marcha multitudinaria y larga como ésta, pero aseguró estar con el espíritu intacto y con las fuerzas suficientes para poder llegar a La Paz a luchar por la nueva Constitución. “La ceguera de la oposición no deja ver el objetivo de la propuesta constituyente. Esto no es de ahora, cientos de bolivianos han ofrendado su vida para lograr un cambio en la existencia de los bolivianos. Ahora somos nosotros, las organizaciones sociales de cada uno de los departamentos del país quienes lucharemos con las armas de la democracia para resolver los problemas de los bolivianos”, dijo el líder alteño.

Organizaciones de todas partes

Decenas son las organizaciones que participan de este acto democrático. Entre ellos, representantes y dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Central Obrera Boliviana (COB) y sus departamentales, la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y sus departamentales; además de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y otras federaciones de desocupados, cocaleros, indígenas, colonizadores, rentistas, maestros rurales, fabriles, trabajadoras del hogar, transporte libre, no videntes, pequeños empresarios, personas con discapacidad, universitarios, jóvenes, intelectuales, panificadores, ponchos rojos, juntas de vecinos, mineros, gremialistas, sin tierra, extranjeros, trabajadores del Brasil, entre otros.

Ortiz no puede abrir la NCPE

Los sectores sociales criticaron las declaraciones de Oscar Ortiz, presidente de la Cámara de Senadores haya manifestado que habían numerosos artículos referidos al sistema democrático, a la igualad de los ciudadanos ante la ley, los derechos de los padres de familia en la educación de sus hijos, que tenían que ser modificados en la instancia parlamentaria y por haber calificado como una “presión negativa” a la Marcha por la Refundación de Bolivia. En su alocución, durante el mitin preparado al llegar a la población de Patacamaya, Surco le envió un mensaje a Ortiz: “aprobar la Constitución dentro de 24 horas o los movimientos sociales no lo dejarían en paz”. Le increpó que no tenía ningún derecho como Senador, de querer modificar nada del proyecto de Nueva Constitución y que eso, lo iba a decidir el Soberano (el pueblo) a través de su voto en las urnas. El acalde de Patacamaya, Francisco Huara, recordó las palabras del líder indígena Tupac Katari, cuando enfatizó, antes que lo descuartizaran: “volveré y seré millones”. Con el apoyo de esas palabras, acentuó que la marcha se inició con miles, pero que llegará a La Paz, reforzada de millones de bolivianos. “Nuestra marcha marca un hito en la historia. Estamos las 36 etnias originarias representadas en esta movilización y los que se niegan a la nueva Constitución son los que llegaron de otro país con leyes obsoletas. Los que no quieran aprobar a CPE deberán abandonar el país”, destacó el alcalde.

Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) quien se unió a la marcha en Patacamaya, destacó la participación de miles de marchistas y recordó que la movilización por una nueva Constitución surgió en 1990, con la primera movilización indígena que se generó en el oriente boliviano. “Es una lucha democrática y masiva, como las primeras que realizamos los indígenas de las zonas bajas. Nunca se hizo un cerco violento, pero todo va a depender de los parlamentarios. Lo que esperamos es que ellos tomen conciencia de que este proceso a favor de la mayoría, no se va a detener. Tiene que aprender a ser responsables”, manifestó.

Al mismo tiempo, Fidel Surco, en un “mensaje al mundo, Latinoamérica y en especial a Bolivia”, dijo que esta marcha histórica nacional vino a decirle a los representantes de grupos de familias ricas minoritarias, que están sentados n el Congreso Nacional, traicionan con su actitud a su patria y a la gente humilde. Denunció que los opositores, se están dedicando a enviar cartas que exigen la suspensión de la movilización, “pero el pueblo no va a parar hasta que se apruebe el texto”.

Lo que los bolivianos esperan del Congreso, es la aprobación de una Ley para consultar al pueblo, sobre el nuevo texto constitucional, luego de un diálogo político que duró dos semanas, donde se trató de resolver diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre autonomías, que es el único tema que se estableció se iba a tratar. En la Mesa de Diálogo se llegaron a redactar cinco puntos referidos a las competencias, la construcción de autogobierno, el potencial institucional, la constitucional de las autonomías, la distribución competencial y la legislación autonómica, además de 30 nuevas competencias exclusivas departamentales sobre las autonomías y la descentralización administrativa a ser propuestas para su inclusión en la Nueva CPE. La oposición trata de establecer nuevas teorías que intenten abrir todo el texto y empezar a modificar varios otros artículos constitucionales.

Fuente: La Época, 20 de octubre de 2008

Miles de alteños sitian la Embajada de Estados Unidos en La Paz

Posted in movimientos sociales par colectivoboliviano sur 9 juin, 2008

Redacción Bolpress

Miles de ciudadanos de la ciudad de El Alto rodearon el edificio de la Embajada de Estados Unidos en La Paz tras romper varios anillos de seguridad de la Policía. En las puertas de la sede diplomática, los alteños exigieron la expulsión del embajador Philip Goldberg luego de que el gobierno de su país concediera asilo político a un ex ministro enjuiciado por genocidio en Bolivia.

Al promediar las 11:30, al menos cinco mil vecinos de El Alto rebasaron el cerco policial de protección que se había instalado a varios metros del edificio diplomático, un bunker que ocupa casi un manzano en la céntrica avenida Arce de la residencial zona de Sopocachi. 

La gente enardecida intentó tomar la embajada e incluso incendiarla, reclamando a los “gringos” por la decisión del gobierno de Estados Unidos, supuesto policía planetario y protector de los “derechos humanos”, de conceder asilo político al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio. La multitud estuvo a punto de rebasar a los efectivos policiales, que se vieron obligados a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los marchistas. Algunas radioemisoras locales informaron que dentro de la Embajada los “marines” de seguridad estaban en situación de apronte ante cualquier eventualidad.

El ministro de Defensa Walker San Miguel dijo sentirse decepcionado por el hecho de que un acusado de gravísimos delitos contra los derechos humanos sea protegido por Estados Unidos, un país que dice defender los derechos humanos en todo el mundo. La multitudinaria marcha también fue convocada para censurar el racismo en el país, una lacra que se creía superada por la historia, pero que lamentablemente aún está vigente, como lo demuestra la preocupante proliferación de casos de discriminación étnica especialmente en Sucre y Santa Cruz.

Participaron en la multitudinaria movilización afiliados a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve); Central Obrera Regional (COR) de El Alto; Federación de Gremiales; Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas; Federación de Padres de Familia (Fedepaf) y miembros del Concejo Municipal, entre otras organizaciones populares de La Paz que se sumaron a la interminable columna humana para hacer patente su rechazo al racismo.