COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Diputados aprueban Ley de Revolución Productiva con modificaciones e inclusión de un artículo

Posted in TIERRA Y REFORMA AGRARIA par colectivoboliviano sur 16 juin, 2011

La Paz, 15 jun (ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles, después de tres días de debate, el proyecto de Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, con modificaciones de forma y la inclusión del artículo 41 que reconoce legalmente a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), informó el presidente de esa instancia legislativa, Héctor Arce. « Queremos informar que se ha aprobado el proyecto de Ley de Revolución Agropecuaria y Productiva que ha sido aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y remitido al Senado. Esperemos que el Senado pueda tratarlo lo antes posible y ojalá esta ley pueda ser promulgada a la brevedad », señaló en conferencia de prensa. El Presidente de la Cámara de Diputados calificó la norma como un instrumento jurídico de « gran trascendencia », porque busca mejores condiciones de vida para los productores campesinos, para garantizar la soberanía alimentaria en el país. Sostuvo que la ley conlleva una característica « fundamental » para el desarrollo productivo mediante la creación de nuevas empresas públicas y mixtas con el sector privado, para la generación de servicios al productor. « Esta ley tiene esa dimensión axiológica, tiene esa gran dimensión valorativa sobre una nueva función del Estado (?) ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestra satisfacción del deber cumplido, en la Cámara de Diputados se ha tratado y se ha aprobado una ley que además es fruto de un largo consenso con las organizaciones sociales, legisladores y representantes del Órgano Ejecutivo », destacó. Respecto a las reformas al proyecto, precisó que se abrogó el inciso primero del artículo 15, referido al uso de productos transgénicos, porque era una reiteración con el artículo 13 inciso b numeral 3. Afirmó que la ley no incorpora el uso de transgénicos, sino que más bien establece niveles de seguridad a la utilización de alimentos modificados genéticamente que provienen de otros países, por lo que se obligará a que esos productos porten una aclaración sobre el uso de transgénicos para el ingreso al país. « Esta ley lo que hace es garantizar la producción de nuestros productos, en ningún sentido, en ningún momento genera la posibilidad o viabilidad de generar productos transgénicos, la ley lo que hace es proteger la industria agropecuaria, proteger al productor campesino y proteger también al consumidor, si algún producto llega de importación y tiene una manipulación genética deberemos los usuarios poder conocer este hecho », argumentó. Asimismo, informó que se incorporó al artículo 41, que genera un reconocimiento legal a EMAPA « porque cumple un rol fundamental de apoyo a la actividad productiva ». « Es decir es una empresa de apoyo al productor campesino, no es una empresa que va a competir con el productor campesino, por supuesto en una ley de incentivo a la producción agropecuaria tenía que estar presente para darle categoría legal a una empresa que cumple un rol y función en la actividad productiva », puntualizó. La Ley establece la creación de nuevas empresas tales como: la fábrica de fertilizantes; el banco de provisión y producción de semillas; la empresa de apoyo a la comercialización comunitaria; la empresa de mecanización del agro y tecnificación; y la empresa pública de mi agua, entidades que serán administradas por el Estado bajo el control social de las organizaciones sociales, como instancia de decisión.

Fuente: ABI

EL AGRONEGOCIO BRASILERO TIENDE A CONCENTRAR LA PRODUCCIÓN DE SOYA

Posted in MEDIOAMBIENTE,TIERRA Y REFORMA AGRARIA par colectivoboliviano sur 28 mars, 2011

Bolivia: Más de un millón de hectáreas en manos de extranjeros

Agroindustriales extranjeros compraron o arrendaron más de un millón de hectáreas de tierra en Bolivia en los últimos años. Los brasileros habrían adquirido cerca de 700 mil hectáreas; los argentinos, 100 mil hectáreas; y menonitas y japoneses, otras 200 mil has, la mayor parte en el mercado informal, revela el informe “Extranjerización de la Tierra boliviana” de la Fundación Tierra.

 

La concentración y extranjerización de tierras son fenómenos mundiales recientes, explicó el investigador y fundador de la Fundación Tierra Miguel Urioste al presentar algunos avances y conclusiones preliminares de su investigación “Extranjerización de la Tierra boliviana”.

Luego de la crisis alimentaria de 2007-2008, empresas del sector automotriz y transnacionales de países desarrollados o emergentes con alta demanda de alimentos y biocombustibles comenzaron a adquirir enormes extensiones en naciones pobres de África y América Latina.

En los últimos dos años, los suecos Black Herat Farming y Alpcot-Agro adquirieron predios en Rusia; la rusa Renaissance Capital, Morgan Stanley y el grupo británico Landkom compraron tierras en Ucrania; el Deutsche Bank y Goldman Sachs invirtieron en predios de China; el grupo saudí Savola, el mayor productor de aceite del mundo, puso el ojo en tierras de Sudán, Egipto y Ucrania, y transnacionales como Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni y Sumitomo se hicieron del control de millones de hectáreas en el extranjero.

Algunos estudios señalan que países ricos con déficits alimentarios (mucha población y poca tierra) desconfían del mercado mundial como principal abastecedor de comida, y optan por comprar o alquilar tierras en el extranjero para cultivar los alimentos que requiere su población.

El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar predios agrícolas. “Los negociantes salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos… Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”, denunció el Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina.

En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina.

En la actualidad, el capital financiero y transnacionales del agronegocio monopolizan millones de hectáreas en América Latina destinadas a la producción de commodities de exportación: oleaginosas para la alimentación de ganado, agrocombustibles y en tercer lugar aceites y harinas para el consumo humano, señala Miguel Urioste.

En Brasil y Argentina, los inversionistas concentran tierras mayormente para el cultivo de soya y otras oleaginosas y derivados. En ambos países se cultivan cerca de 45 millones de hectáreas de soya. En los países pequeños del Mercosur ampliado (Paraguay, Uruguay y Bolivia), el proceso de extranjerización tiene una naturaleza regional que podría llamarse “latinoamericanización de la propiedad de la tierra”, ya que son cada vez mayores las superficies que pasan en “propiedad o arriendo” a ciudadanos brasileros y argentinos, en ese orden de importancia, observa Miguel Urioste.

En Paraguay, de 3 millones de hectáreas de soya cultivadas anualmente, 60% serían de propiedad de agricultores brasileros. En Uruguay se estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas, el 25 por ciento de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas; del medio millón de hectáreas destinadas al cultivo de soya,casi la totalidad estaría alquilada a productores argentinos.

Según la investigación de la Fundación Tierra, el modelo soyero boliviano es diferente en varios aspectos, especialmente en cuanto a productividad. En Argentina y Brasil el rendimiento por hectárea es de casi 4 toneladas; en Bolivia, el promedio ronda las 2,5 TM/Ha. Por otro lado, los agroindustriales de Argentina y Brasil se rigen por las reglas del mercado, mientras que en Bolivia los productores se benefician con subsidios al precio del diesel de casi un 50%.

En Argentina, Brasil y Paraguay centenares de miles de pequeños productores aportan cerca del 30% del total producido; en Bolivia apenas unas 10 mil familias de pequeños productores campesinos –especialmente de zonas de colonización como San Julián, Yapacaní, San Pedro, Mineros y Cuatro Cañadas– aportan el 6% de la producción.

Los impuestos a la tierra y a las utilidadesen Brasil y Argentina aportan significativas y crecientes sumas al erario nacional (las llamadas retenciones); pero en Bolivia la contribución es muy marginal, dado que el impuesto a la tierra es irrisorio y no hay retenciones a las utilidades, resalta Urioste.

La extranjerización de tierras en Bolivia

El estudio de la extranjerización de la tierra en Bolivia “es muy novedoso porque no existen antecedentes sobre el tema y la información es muy escasa”, dice Urioste.

En Uruguay es notable el sistema de catastro y registro de transacciones que permite saber con precisión la nacionalidad de los propietarios, el uso que le dan a la tierra en cada campaña e inclusive el precio de las transacciones por hectárea.

Además, el ex presidente de Brasil Lula da Silva, José Mujica en Uruguay y Cristina Kirshner en Argentina pidieron a sus respectivos Congresos que elaboren legislación específica para restringir la descontrolada extranjerización de la propiedad agraria. Una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley en febrero de 2011.

En Bolivia, en cambio, “estamos a una distancia de años luz para poder elaborar un sistema de información público con estas características”, lamenta Urioste.

“A pesar del discurso político gubernamental contrario al latifundio y al agronegocio, la inversión extranjera directa destinada a la compra de tierras continúa siendo protegida por el Estado. De hecho, desde 2006 hasta 2010 ninguna hacienda de ciudadanos argentinos o brasileros ha sido ‘avasallada’ por campesinos sin tierra, cosa que era muy común y frecuente antes del inicio de este gobierno”, relieva el investigador de la Fundación Tierra.

En su criterio, todas las normas agrarias, incluidas la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006 y la nueva Constitución de 2009, permiten la libre compra venta de tierras entre privados, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando el comprador extranjero resida en el país.

El mercado informal de tierras ha crecido en el país gracias al débil y poco claro marco jurídico y al insuficiente proceso de saneamiento de propiedades agrarias. Por ejemplo, hasta fines de 2010, la gran mayoría de las tierras de cultivo de soya en manos de nacionales y extranjeros no tenía títulos de propiedad en regla, pero muchas de ellas contaban con el Plan de Ordenamiento Predial (POP).

El POP debiera otorgarse únicamente a los portadores de títulos debidamente saneados, pero en la práctica no ha ocurrido así, ya que los poseedores de otros documentos (autos de vista, sentencias ejecutoriadas…) que demostrarían su pacífica posesión de tierras también han accedido a los POP, observa Urioste.

Sin embargo, la inseguridad jurídica que deriva de la falta de títulos de propiedad saneados por el Estado boliviano a través del INRA no ha desalentado el acaparamiento de tierras vía compra o alquiler a productores brasileros, argentinos y a algunos colombianos.

Así, los productores bolivianos optan en muchos casos por alquilar sus tierras a extranjeros y se convierten en “un vagón más del tren… (y) la locomotora del modelo soyero está en manos de extranjeros (…) Estamos hablando de unas 200 o 300 personas con gran poder de concentración de la propiedad de la tierra y del poder económico consecuente”, precisa Urioste.

La Fundación Tierra estima que cada año se cultivan casi un millón de hectáreas de soya en Bolivia, más de la mitad por empresarios brasileros, menonitas y otros extranjeros que controlan todo el proceso, desde la siembra y cosecha, la transformación, hasta la comercialización y exportación.

El fenómeno de la extranjerización de la tierra es más notorio en el departamento de Santa Cruz, donde el 52% de la tierra agrícola se destina a la producción de soya. En esa zona, más del 70% de la soya cultivada pertenece a propietarios de origen extranjero y el 30% a bolivianos.

Los brasileros son los mayores productores de soya en Santa Cruz (40%), seguidos por menonitas (20%) y japoneses (7%). Según Urioste, los brasileros tienden a concentrar el negocio y disminuyela participación de menonitas yjaponeses.

Lo peor de todo es que las mejores tierras del oriente del país, en manos de argentinos y brasileños, se usan para producir soya de exportación en vez de trigo, maíz, arroz y otros alimentos necesarios para abastecer el mercado interno. Los inversionistas alegan que esos cultivos nos son “atractivos” porque el mercado boliviano es muy pequeño, y pagan impuestos menores a los que aportan otros negocios.

Según Miguen Urioste, “es una paradoja que en pleno proceso de cambio y de aplicación de una Reforma Agraria que se reclama radical los bolivianos no podamos determinar qué cultivos alimenticios sembrar en las mejores tierras del país, porque las decisiones de qué y cuánto producir no están en manos del gobierno sino de los productores que acuerdan sus inversiones con criterios exclusivos de rentabilidad en base a la tasa de ganancia determinada por el precio internacional de sus exportaciones”.

A mediados de febrero de 2011, el gobierno boliviano prometió que expropiaría al menos un millón de hectáreas en manos de extranjeros, pero hasta ahora no dice cuándo comenzará ni quiénes serán los afectados.

Con información de http://www.grain.org/m/?id=216 http://www.grain.org/briefings/?id=214 www.farmlandgrab.org http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=115

BOLPRESS, 28 mars 2011

 

 

Miguel ha jurado no morir esclavo

Posted in AUTONOMISTAS Y RACISMO,TIERRA Y REFORMA AGRARIA par colectivoboliviano sur 26 février, 2009

 Federico Peña (Publico.es).-

Miguel Corrales nació esclavo hace 36 años. Su madre lo parió en el suelo terroso de su choza, situada dentro de la parcela de media hectárea que el patrón de la hacienda, Ernesto Chávez, les dejó para una imposible subsistencia. Apenas dio sus primeros pasos, este guaraní comenzó a trabajar arreando ganado. No sabe lo que es un hospital. Menos una escuela. La única vida que conoció es la de la servidumbre. Desde su « comunidad cautiva », una especie de prisión verde en la zona del Alto Parapetí, unos 300 kilómetros al sur de Santa Cruz, la capital departamental, Miguel se ha jurado no morir esclavo.

« Mis padres comían como perritos alrededor de una bandeja en el suelo donde los patrones tiraban la comida. Mi madre murió así, encarcelada y con miedo. Ya no tengo miedo a los patrones. Mi único miedo es repetir la historia de mis padres ». El relato de Miguel podría ser el de cualquiera de los 77.000 guaraníes distribuidos en el Chaco boliviano, que ocupa parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

La ambiciosa reforma de la propiedad de la tierra impulsada por el presidente Evo Morales quiere acabar con la explotación indígena. Para conseguirlo, ha ordenado expropiar todas las tierras improductivas o que dañan el medio ambiente y distribuirlas entre los indígenes que las trabajan desde hace décadas como asalariados, sin ningún derecho sobre ellas. Batalla legal contra la esclavitud La batalla empezó hace más de 15 años, y obtuvo sus primeras victorias en los tribunales.

En el Alto Parapetí natal de Miguel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo confirmaron en 2005 que los indígenas son sometidos a un régimen de servidumbre. Según la Cruz Roja, alguna forma de esclavitud persistía en al menos 26 de las 40 grandes haciendas de la zona en 2006. « La falta de acceso a la tierra está en el centro de la explotación indígena », explica Ramiro Valle Mandepore, abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), fundado hace tres décadas por el sacerdote catalán Xavier Albó. Hacia 1994, los guaraníes comenzaron a organizarse muy lentamente para revertir el destierro sufrido tras la batalla de Kuruyuki en 1892, cuando los militares bolivianos masacraron a los kereimbas (guerreros) y expulsaron a los guaraníes de sus tierras.

Se organizaron en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que en el Alto Parapetí representa a unas 583 familias (2.762 personas). En 1997, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) admitió la primera demanda de la APG y declaró 54.000 hectáreas tierras comunitarias de origen. Si bien se dictó su saneamiento (es decir, la comprobación de que esas tierras cumplen una función económica y social y, en caso contrario, pueden ser expropiadas y devueltas a los pueblos indígenas), hasta la llegada de Evo Morales la demanda quedó congelada.

Según datos del INRA, de las 106 millones de hectáreas cultivables en Bolivia actualmente, el 35,3% está saneado, el 12,5% está en proceso y la mitad restante está por sanear. El pasado 25 de enero, los bolivianos decidieron en las urnas por abrumadora mayoría el 82% fijar en 5.000 hectáreas la extensión máxima de un latifundio. Santa Cruz arrojó una enorme paradoja. Aunque en mayo de 2008 se aprobó un estatuto autonómico que buscaba blindarse de esta reforma agraria, el 66% de sus ciudadanos apoyó la postura defendida por Evo Morales en la nueva Constitución del país. Minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Viru Viru, la postal agrícola cruceña impacta.

El departamento representa el 33% del territorio boliviano y el color verde soja omnipresente es un mazazo para los ojos. En su espesura fluorescente se oculta la oscura realidad del llano. Herbicida versus medio ambiente Desplazados de sus territorios originarios, guaraníes, chiquitanos, guarayos, ayoreos y yucaré-mojeños, conviven con la explotación. Soja versus pachamama (madre Tierra). Herbicidas versus cuidado del medio ambiente. Concentración de la riqueza, esclavitud y destierro. Alto Parapetí es una de las zonas más calientes del conflicto. Para llegar, hay que recorrer 294 kilómetros hacia el sur de Santa Cruz. La distancia, en taxi, obliga a cinco horas de amores desgarradores al son de la cumbia a todo volumen.

El camino atraviesa Ñancahuazú, la localidad que dio nombre al grupo guerrillero comandado por Ernesto Che Guevara entre 1966 y 1967. Al volante, Carlos, de origen guaraní, masca coca. Los grandes terratenientes, en alianza con los grupos de poder político, económico y mediático regional, organizaron en 2007 « Comités de defensa de la tierra » y grupos de choque armados para sabotear cualquier intento de expropiación. El 13 de abril de 2008, los técnicos del INRA y la APG intentaron ingresar en La Caraparicito, una hacienda de más de 20.000 hectáreas que cuenta con una pista de aterrizaje para aviones.

Su dueño, el estadounidense Ronald Larsen, los sacó a tiros de escopeta. Hubo 47 heridos. Incluso el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, sufrió el ataque del ganadero. La organización, por un lado, y la recuperación de la tierra por el otro, son claves para acabar con la explotación indígena. « Nuestra situación es muy difícil. No hay trabajo ni comida. Pero confiamos en recuperar a nuestros hermanos para volver a nuestro territorio », explica José Luis Terrazas, de 20 años, que es delegado de salud de la localidad de Yeiti.

En dos años, los guaraníes han liberado dos asentamientos, Tacete e Iviyeca. En total, son 600 hectáreas en las que viven 20 familias. « Es un comienzo. No se apropiarán más de nuestra mano de obra con la que construyeron su riqueza. Vamos a liberar a nuestro pueblo y a reconstruir nuestro territorio », se entusiasma José Luis. Confía en que el Gobierno de Morales le dará a cada integrante de la APG el promedio de 50 hectáreas per cápita que reclaman. Deshacer los abusos del dictador boliviano Banzer Durante la dictadura de Hugo Banzer ( 1971-1978) se entregó el 42% del territorio boliviano a amigos del régimen. Sólo en Santa Cruz, Banzer entregó más de 3,5 millones de hectáreas con dotaciones superiores a las 10.000 hectáreas. Entre los beneficiados estuvo Oswaldo Monasterio Nieme, el dueño de Unitel, una de las cadenas más incendiarias contra Morales, que recibió 10.000 hectáreas en 1990.

El día del referéndum constitucional, Unitel sostuvo el empate a pie de urna durante dos horas. Cuando los resultados oficiales anunciaron la victoria del Sí, Unitel sembró dudas de fraude electoral.

BOLPRESS, 25 de febrero de 2009

Comparación del capítulo Tierra aprobado por la Constituyente y el texto corregido en el Congreso

Posted in TIERRA Y REFORMA AGRARIA,Uncategorized par colectivoboliviano sur 15 décembre, 2008
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El Estado tiene ahora menos competencias privativas en temas relacionados con la tierra, mientras que los departamentos autónomos adquieren mayores facultades reglamentarias y ejecutivas

Viceministerio de Tierras
Unidad de Promoción Indígena y Campesina
La Paz, 23 de octubre de 2008 – Boletín Nº 76.

El Congreso de la República hizo dos modificaciones importantes en el Capítulo Noveno Tierra y Territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro.

En el Capítulo Noveno Tierra y Territorio del proyecto constitucional corregido se « garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos », y se exime a las propiedades agrarias adquiridas antes de la aprobación de la nueva Constitución de cumplir con los límites de la propiedad de la tierra determinadas en el artículo 398.

Además, el texto constitucional consensuado en el Congreso redistribuye las competencias asignadas al Estado central y a las entidades territoriales autónomas. El Estado tiene ahora menos competencias privativas en temas relacionados con la tierra, mientras que los departamentos autónomos adquieren mayores facultades reglamentarias y ejecutivas en esta temática.

 

Proyecto de Constitución corregido en el Congreso Nacional

Presidencia y Vicepresidencia de Estado

Artículo 172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras.

Distribución de competencias

Artículo 298

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación;

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado (facultad legislativa, pudiendo transferir y delegar facultades reglamentarias y ejecutivas):

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente; 7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques; 12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales, geodesia; 18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal; 19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado; 20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales; 22. Control de la administración agraria y catastro rural; 29. Asentamientos humanos rurales; 33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial, y 38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías.

Artículo 299

Son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental;

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques;

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

Artículo 300

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino;

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria;

18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental;

31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.

 

Recursos naturales

Artículo 349

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

III. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. (NUEVO)

Proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro  

Presidencia y Vicepresidencia de Estado

Artículo 173

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras.

 

Distribución de competencias

Artículo 299

Son competencias privativas indelegables del Estado plurinacional:

20. Tierra y territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, recursos hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad y recursos forestales;

31. Levantamiento de planos, mapas cartográficos; geodesia;

35. Registro de derechos reales;

40. Políticas de tierras, suelos, forestales y bosques;

41. Titulación de tierras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Constitución corregido en el Congreso Nacional

Presidencia y Vicepresidencia de Estado

Artículo 172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras.

Distribución de competencias

Artículo 298

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación;

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado (facultad legislativa, pudiendo transferir y delegar facultades reglamentarias y ejecutivas):

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente; 7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques; 12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales, geodesia; 18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal; 19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado; 20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales; 22. Control de la administración agraria y catastro rural; 29. Asentamientos humanos rurales; 33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial, y 38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías.

Artículo 299

Son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental;

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques;

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

Artículo 300

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino;

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria;

18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental;

31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.

 

Recursos naturales

Artículo 349

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

III. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. (NUEVO)

ANIVERSARIO DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA SE CELEBRÓ EN SAN IGNACIO DE VELASCO

Posted in TIERRA Y REFORMA AGRARIA par colectivoboliviano sur 12 décembre, 2008


  • El acto sirvió para que el gobierno resalte los logros alcanzados con la medida de la reconducción comunitaria de la Ley Inra, decretada el 28 de noviembre del 2006, que según sus personeros adquiere contornos revolucionarios y ya superó sus expectativas.
  • Al mismo tiempo aprovecharon la oportunidad para postular la necesidad de apoyar el Si a la nueva constitución, prometer resolver una serie de necesidades planteadas por los pobladores y hacer entrega simbólica de títulos de propiedad.

(ASC – Noticias) San Martín, 3 – diciembre- 2008

A dos años de la promulgación del decreto de reconducción comunitaria se realizó un acto especial de aniversario, con la presencia del presidente de la República, Evo Morales Ayma y otros personajes de gobierno y 16 comunidades de la zona de San Martín, distante unos kilómetros de la capital de San Ignacio de Velasco, zona conocida por haber sido centro de conflicto donde las comunidades de campesinos y colonizadores son permanentemente hostigadas por las tendencias racistas dominantes en San Ignacio.

El recibimiento

El acto se inició aproximadamente a las 14:30 tras la llegada del Presidente Evo Morales en el helicóptero Puma procedente de Santa Cruz. La recepción inicial fue en un campo deportivo de la localidad donde le esperaba la población con grupos musicales ejecutando zampoñadas, tarqueadas y otros. Luego de recibir los saludos protocolares la comitiva presidencial se dirigió a pie raúdamente a una especie de plaza de la localidad, sin por ello dejar de recibir muestras notables de simpatía a lo largo de dos cuadras de un recorrido tachonado de arcos con flores y aguayos.

Se instalaron en el palco autoridades del gobierno central, la delegada presidencial, autoridades militares y policiales del departamento más representantes de organizaciones sociales. El escenario preparado para la oportunidad lucía adornado de plantas y frutas del campo. Dieron la bienvenida al presidente representantes de sectores campesinos hablando en quechua, aymara y bésiro, dialecto de la lengua chiquitana. Era sorprendente escuchar en esas selvas los jilatanakas, jallalas, collasuyus marka, etc. El acto tuvo un desarrolló excepcionalmente pulcro, totalmente calibrado.

En la oportunidad habló un personaje especial, el párroco de San Martin, padre Vega, conocido por defender a los colonizadores y haber sido agredido por la Unión juvenil chiquitana en la plaza de San Ignacio. Él apareció como el portavoz de 16 comunidades haciendo una serie de pedidos urgentes de gente “campesina y pobre” en las áreas de salud, educación y productiva.

Tomó también la palabra Silvestre Saisari, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST), también agredido en la plaza de Santa Cruz por intolerantes racistas. Recomendó a sus afiliados cuidar las tierras que han recibido. A tiempo de agradecer al viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que todavía se requiere otras cosas además de la tierra para poder consolidar las comunidades.

Salustio Flores, de la Federación Única “Apaguayqui tumpa” participó exigiendo que las tierras de los masacradores, de los que se han dedicado al terrorismo, de los Marincovich “que ahorita están huyendo”, sean expropiadas para el estado, moción recibida con aplausos. El dirigente chiquitano reiteró la denuncia de que Marincovich se apropió de las tierras de Guarayos gracias a influencias de poder político, también exigió poner alto a esa gente del Alto Parapetí que hicieron de los guaraníes sus esclavos porque “todo el tiempo le andaban debiendo al patrón”.

Viceministro Almaraz cantó victoria en la lucha contra los terratenientes.

El Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, habló en tono muy entusiasta repitiendo permanentemente que las medidas y el carácter del gobierno eran “revolucionarias”. Anotó que los gobernantes decidieron realizar este acto en lugar tan lejano debido a los hechos de marzo pasado cuando grupos legalmente dotados y autoridades del INRA, fueron agredidos por cívicos de San Ignacio que impidieron su asentamiento y los expulsaron del lugar. Rememoró las agresiones producidas este año cuando se quemaron sedes de entidades ligadas a la actividad campesina y también mercados, cuando fue agredido el padre Vega y otros actos. Contra todo ello resaltó que la presencia de Evo Morales representaba un acto de desagravio a los campesinos.

Como prueba del éxito de la reconducción Almaraz informó que se entregaban en la oportunidad 500 títulos individuales y comunitarios que corresponden a 250 mil hectáreas, la mayoría de las cuales pertenecen a la provincia San Ignacio de Velasco. Señaló que los que aseguraron que no se iba a poder aplicar esta ley y se dedicaron a conspirar contra el gobierno “revolucionario” realizaron actos de violencia que finalizaron en la masacre de Pando. En su evaluación final concluyó que esas fuerzas no lograron lo que buscaban sino lo contrario, consolidar el proceso de cambio y por ello sentía que este era un momento de victoria. Aseguró que para ello fue determinante la marcha de campesinos sobre Santa Cruz a quienes agradeció especialmente. No dejó de proponer que todos estos triunfos deberían traducirse en la victoria del Si para la nueva constitución.

Evo Morales siente que los que intentaron acabar con su gobierno se están acabando

“He vivido lo que están viviendo ustedes” aseguró, recordando que en el Chapare él mismo encabezó la toma de tierras de militares, banqueros, ganaderos, aunque bromeó diciendo que “era más cocinero que cosechador”. Llamó a la unidad para “hacer valer nuestros derechos”, lo que es más importante que un título, recalcó. “Algunas familias no quieren que los pobres nos superemos” dijo, pero “…intentaron acabar con nuestro gobierno, pero siento que ellos se están acabando”, recibiendo fuertes aplausos.

El presidente hizo un comentario breve para hacer notar la integración presente en San Martin y en el resto de Santa Cruz, donde gente llegada de distintos lugares puede vivir en paz. Tal vez como una especie de contraste con otros curas, también resaltó la figura del padre Vega, declarando su respeto y admiración ante esos “padres que están con el pueblo”.

Convocó a los pobladores del municipio de San Ignacio a controlar los recursos que recibe la alcaldía revelando que desde el año 2005, cuando el municipio recibía la suma de 758.948 Bs, a la fecha prácticamente se habrían multiplicado por diez los ingresos, pues ahora es de 7 millones 850 mil Bs. También explicó que el IDH más la coparticipación suman hoy más de 22 millones. Explicó que informaba esto para que la gente controle en una cadena que pase por alcalde-prefecto-presidente.

Comentó de manera enérgica que los saneamientos de los gobiernos neoliberales fueron realmente un fracaso porque en diez años sólo lograron 9 millones de hectáreas y a un costo de 10 dólares por hectárea, en tanto que su gobierno, en dos años, saneó 18 millones de hectáreas y a un costo de 1 dólar por hectárea. A este ritmo predijo que las 55 millones de hectáreas que restan sanear bien podrían hacerse en dos o tres años.

En medio de una relación relativamente de confianza con los presentes. propuso que el Movimiento sin Tierra cambie de nombre a Movimiento con Tierra o con Trabajo porque ahora ya tienen tierra y tener la tierra para el campesino es tener trabajo.

Los marginados de la tierra ante la necesidad de seguir luchando

La esperanza de que el problema de la tierra se resuelva favorable y definitivamente para los campesinos e indígenas bolivianos sigue presente. Ellos son concientes de que continúan existiendo graves obstáculos principalmente provenientes de los sectores dominantes tan racistas y conservadores. Los que viven en el campo esperan superar esos peligros en el futuro para realmente lograr su liberación.

Es sorprendente ver que en la época actual los marginados, descendientes de los originarios, siguen desesperados por poseer un pedazo de tierra para resolver su necesidad de subsistencia, lo que resulta ser una reivindicación histórica pero también, a estas alturas del tiempo, una cuestión insuficiente porque la gente no sólo necesita trabajar la tierra para sobrevivir sino gozar de los beneficios de la civilización, que hoy por hoy les es negado. En esa medida los trabajos del gobierno del MAS siempre resultarán minúsculos porque se dan en el marco del ordenamiento actual que no variará mucho con la nueva constitución, porque igual  la gente seguirá en el campo, marginada y sometida a los vaivenes de la economía y la historia sino se resuelve el problema del atraso . Sin embargo se constata cierta satisfacción e ilusión con lo que hace el gobierno hasta hoy, idolatran al presidente y se sienten identificados y felices al verlo, algo difícil de creer en el pasado con otros gobiernos.

ASC Noticias, Santa Cruz-Bolivia, 3 de diciembre de 2008

El CONALDE critica a la nueva CPE porque « restringe » la propiedad privada, el lucro y la acumulación de tierras

Posted in TIERRA Y REFORMA AGRARIA par colectivoboliviano sur 3 octobre, 2008

Es un « abuso » exigir a la propiedad privada el cumplimiento de una « función social », dicen los terratenientes y sus representantes políticos 
(UPIC-Tierra).- Los líderes políticos, cívicos y empresariales de la oposición autonomista discrepan con siete grandes temáticas del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en 2007. Les preocupa particularmente el régimen económico que « restringe » a la propiedad privada y el capítulo de Tierra y Territorio que fomenta la « confiscación » de tierras. 

Los siete temas macro observados por los prefectos opositores del Consejo Nacional Democrático (CONALDE) abarcan a más de 50 de los 411 artículos del proyecto constitucional, los cuales, en su criterio, deberían ser incluidos en la agenda de diálogo.

Los temas observados por el CONALDE son: 1. institucionalidad democrática (eliminación del concepto de República, exclusión de minorías en el Legislativo, quiebre de la independencia de poderes, desnaturalización del control social y reelección presidencial); 2 Violación de la igualdad y discriminación ciudadana; 3. Justicia (distorsión de la justicia comunitaria, politización de la justicia con la elección popular y/o revocatoria de jueces y desnaturalización de la CPE al tipificar el delito de traición a la patria); 4. Negación de las autonomías (los departamentos no pueden dictar leyes); 5. Inestabilidad constitucional; 6. Restricciones a la propiedad privada, y 7. « Ausencia de un régimen agropecuario ».

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) identificó al menos 50 artículos de la CPE que limitan las inversiones extranjeras, consolidan la estatización de la economía y norman « herencias colectivas » sobre tierras, afectando los derechos ciudadanos y arriesgando las « libertades » individuales.

El presidente de la CEPB Gabriel Dabdoub informó que su gremio prepara un informe con fundamentos « filosóficos » en defensa de la libertad económica y física de los individuos, el cual será la base de una campaña empresarial contra el proyecto de CPE apoyado por los movimientos sociales y el gobierno de Evo Morales.

Observaciones al régimen económico

Según el CONALDE, el artículo 20 del proyecto de CPE « niega » a los empresarios el « acceso a los servicios básicos ». El artículo en cuestión establece que « toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones ».

En realidad, la crítica del CONALDE no se refiere al « acceso » a los servicios sino al « derecho » a lucrar con ellos. El artículo 20 señala que las empresas privadas podrán prestar servicios de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, pero no servicios de agua y alcantarillado, los cuales constituyen derechos humanos que no son objeto de concesión ni privatización.

El artículo 20 indica que « es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias (…) La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social ».

Además, el CONALDE denuncia « restricciones » a la propiedad privada en el artículo 316 del proyecto de Constitución.  

Algunas funciones principales del Estado enumeradas en el artículo observado por la oposición son: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. 2. Formular periódicamente el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. 3. Conducir y regular la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, y ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 4. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales imprescindibles en caso de necesidad pública. 5. Participar en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales, y 6. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza.

Por otro lado, el CONALDE reclama que el artículo 314 del proyecto de CPE « desincentiva a la actividad económica ». Dicho artículo establece como objetivo de la organización económica boliviana la eliminación de la pobreza y la exclusión social y económica, « para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones ».

El artículo 314 señala que la organización económica boliviana debe generar un producto social en el marco del respeto de los derechos de los individuos, de los pueblos y las naciones; producir y redistribuir la riqueza y los excedentes económicos de manera justa; reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y las desigualdades regionales, y permitir participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo.

Críticas a la política de tierras

El CONALDE critica al proyecto de CPE por su « política confiscatoria de la propiedad agraria bajo causales abusivas y sujetas a la voluntad del gobierno de turno ». Le inquietan particularmente el artículo 398 que limita la extensión de la propiedad agraria, y el artículo 400 que eleva a rango constitucional el mecanismo de reversión de tierras por incumplimiento de la función económico social (FES) y la expropiación de tierras por necesidad pública.

¿Qué dice el artículo 398? « Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las (5 mil o 10 mil hectáreas) ».

Artículo 400: « El incumplimiento de la función económica social (FES) o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano; La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago de una indemnización justa ».

El empresariado y sus representantes del CONALDE se oponen a que la propiedad privada en general y la propiedad de la tierra en particular estén obligadas a cumplir una « función social » como condición del derecho propietario.

El líder cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic opina que la función social es una especie de « espada de Damocles » para la propiedad privada. El ganadero y ex presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Luis F. Saavedra Bruno cree la función social le quita a la tierra toda su capacidad para apalancar créditos agropecuarios.

El presidente de CEPB afirma que lo importante no es delimitar la propiedad agraria o preocuparse por la concentración, sino fijarse en « el uso que se le está dando » a la tierra, « porque si alguien quiere trabajar podrá comprar y acceder a la tierra … Aquí estamos hablando de principios y de derechos ».

Dabdoud, Marinkovic y otros latifundistas autonomistas denuncian que el gobierno nacional arremete contra las iniciativas privadas, sean pequeñas o grandes, y tiene la intención de destruir la propiedad privada. Por ello el proyecto de Constitución « no respeta a nadie que tenga un pedazo de tierra ».

El vicepresidente del CAO Mauricio Roca considera que el gobierno está tentado a hacer proselitismo con la « tierra privada », y juzga y condena a los productores « por un simple revanchismo político ».

El empresariado y el CONALDE opinan que no habrá desarrollo agropecuario sin seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. Advierten que las políticas de la tierra que propone el gobierno podrían agravar la « desinstitucionalización estatal » y provocar una confrontación con consecuencias inimaginables como la « desintegración » del país.

En una entrevista con la periodista Sandra Veljković en 2007, Marinkovic se declaró opositor del gobierno izquierdista del MAS que « retacea latifundios ». « No queremos el comunismo en el siglo XXI », dijo en referencia al plan agrario gubernamental que respeta el derecho a la propiedad privada y colectiva de la tierra, la sucesión hereditaria, y promueve la redistribución equitativa de tierras improductivas concentradas en pocas manos.

« No queremos separarnos, queremos nuestro propio gobierno para poder tomar las decisiones aquí… », reclamó el agroindustrial autonomista procesado por apropiación ilegal de tierras.

 BOLPRESS