COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Carreteras, Indígenas y Vivir Bien

Posted in Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 16 juillet, 2011


Xavier Albó *

En el actual debate entre gobierno y pueblos indígenas sobre si debe o no modificarse el tramo II de la carretera Villa Tunari – Moxos que atraviesa el TIPNIS, se contraponen muchos intereses y se manifiestan de nuevo dos concepciones del “vivir bien”.

 

                  Los dirigentes indígenas del TIPNIS se oponen al trazo propuesto por verlo como una amenaza. La razón es que, si bien una carretera es un útil vínculo de comunicación y transporte, quienes mejor lo aprovechan son los que vienen de afuera para expoliarles de sus territorios y de sus recursos. No se cierran a que haya una carretera pero sí a como se la plantea unilateralmente “quieran o no quieran los indígenas”, sin respetar su derecho constitucional (art. 30.15) e internacional a una consulta “previa, libre e informada”. A ello se añade la persistente invasión por cocaleros y madereros, aun sin carretera, con el agravante de que el lugar es además Parque Nacional. Decir que se trata sólo de ONGs desorientadoras es desorientar a la audiencia.

Los medioambientalistas coinciden con los indígenas. El pasado 29 de marzo el PIEB ya divulgó que un estudio financiado por el gobierno de Dinamarca mostraba, a partir de 20 indicadores, que, con ese trazado, en 18 años podrían ser desforestadas 610.848 hectáreas del TIPNIS, es decir, el 64,5% del territorio. ¿Dónde queda la defensa de la Madre Tierra y la sostenibilidad futura?

Esa actitud indígena es consistente con la de otros pueblos amazónicos del Ecuador, Perú y Brasil. El mes pasado participé en un evento con diversos grupos indígenas del sudoeste brasileiro sobre o bem viver (nuestro ‘vivir bien’) y todos coincidían en ver las estradas (carreteras) y los mega barragens (represas) más como amenazas que como ventajas.

El Gobierno parece más dispuesto a negociar con sectores del sur del TIPNIS, ya muy metidos en negocios de tierra con cocaleros. A fin de cuentas Evo surgió de los cocaleros. Pero los otros no les reconocen como sus legítimos representantes.

En el fondo siguen estando en conflicto dos concepciones del desarrollo, en este caso, amazónico: el del vivir bien (todos) con un estilo moderado y sostenible vs el de vivir mejor (sólo algunos a costa de los otros), con el que los menos poderosos y marginados de siempre siguen quedando más marginados. La primera opción es también la que se ha pedido en los foros sociales mundiales: la otra Amazonía posible y necesaria; por ejemplo, reconociendo el valor del dióxido de carbono de los bosques.

Es cierto que, a nivel macro, necesitamos buenos caminos; su ausencia dificulta también el vivir bien. Cuando fui a la TCO Yaminawa (ver LR 26-VI-2011) se me quejaban de que debían circular por el lado brasileño y hasta comprar gasolina en el lado peruano porque por el lado boliviano, donde la gasolina es más barata, aún no había camino estable. No se trata pues de oponerse totalmente a cualquier carretera. Pero sí hay que escuchar a todos, respetar a los más débiles y prever la sostenibilidad futura.

Cierto, hay que “gobernar obedeciendo”, pero ¿a quiénes? ¿y marginando a quiénes? Gobernar incluye consultas y buena convivencia. Si no, “hecha la ley – y la CPE –, hecha la trama”.

Fuente : BOLPRESS, 16 de julio de 2011

 

Indígenas del Oriente Realizarán Nueva Marcha a la Sede de Gobierno

Posted in DERECHOS HUMANOS,MEDIOAMBIENTE,Pueblos indígenas,Uncategorized par colectivoboliviano sur 29 juin, 2011

Martes, 28 de Junio de 2011 16:08 | Escrito por Eduardo Justiniano – sociologo Cipca Beni |  |
NOTICIAS

CIPCA–Beni 28/06/2011 La III Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) reunida en Trinidad, determinó realizar la octava marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas hasta la sede de gobierno, en protesta por los daños que se causará al TIPNIS con la construcción de una carretera troncal por media reserva natural.

La octava marcha de los pueblos indígenas, partirá desde Villa Tunari (Cochabamba), el 2 de agosto venidero, y con ello  se quiere golpear el corazón del poder político del presidente Evo Morales, para que haya una respuesta inmediata al planteamiento de cambiar la ruta de la carretera Beni-Cochabamba.

No fue fácil tomar la decisión, dado que los dirigentes observaron que las organizaciones indígenas siempre están necesitadas de recursos económicos y medios logísticos para efectuar una medida de éste orden. “…Nuevamente estamos con este tipo de medidas que requiere un esfuerzo de los dirigentes y de los mismos pueblos que van a marchar”, sostuvo el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, quien oficializó la decisión al tiempo de concluir la III Comisión Nacional, que es la máxima instancia de decisiones de los pueblos de tierras bajas en el país.

Argumentó que, se mantiene el incumplimiento del gobierno a una serie de compromisos asumidos en anteriores encuentros; ahora lo central estaría en el incumplimiento al derecho de la consulta pública a los pueblos indígenas, cuando se trata de proyectos que afecten directa o indirectamente a los territorios indígenas.

Ese sería el caso del TIPNIS, considerado como una de las cinco reservas naturales más importantes de América, por su biodiversidad y fragilidad ecológica, dado que es un pie de montaña, apto para la reproducción de peces y otros animales que no les queda otro refugio, por el acentuado acoso humano al que han sido sometidos.

De la misma manera, el dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Pedro Vare, un viviente de la zona del Sécure, sostuvo que el gobierno insiste con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, sin tomar en cuenta la opinión de las 64 comunidades indígenas afectadas en el TIPNIS; un área reconocido constitucionalmente y por convenios internacionales que el Estado debe garantizar.

Ante la posibilidad de  una reacción de fuerza de los cocaleros del valle, acérrimos defensores de la política del presidente Evo Morales, el dirigente de la CPIB, dijo que no están en contra de otro sector social, simplemente que ante el riesgo de desaparecer por la política gubernamental, están ejerciendo su derecho a la protesta, “estamos en democracia, tenemos derechos que se debe respetar, no buscamos enfrentamientos con otros sectores sociales”, sostuvo.

Demandó las garantías necesarias del gobierno para realizar la marcha, además, les dijo a los dirigentes cocaleros, que “deben acordarse de lo que sucedió en la marcha de 1990 por el Territorio y la Dignidad, el pueblo andino fue el primero en manifestarse a nuestro favor, porque entendían que luchábamos por el respeto a nuestros derechos, eso mismo estamos haciendo ahora”, precisó Vare.

La confección de la plataforma, con las demandas puntuales, se realizará en julio, cuando nuevamente se realice otra reunión nacional de la CIDOB; sin embargo, se adelantó que el tema central es la exigencia para el cambio de ruta de la carretera Beni-Cochabamba; que se pare el avasallamiento de particulares a las TCOs y que el gobierno cumpla sus compromisos de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas de tierras bajas.

CONAMAQ: La ley de Revolución Productiva atenta contra el derecho a la vida

Posted in Uncategorized par colectivoboliviano sur 29 juin, 2011

Junio 22, 2011 por admincejis

Versión para impresora

« El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu rechaza la aprobación del artículo 15 en su numeral 3 y 4 y artículo 19, numeral 5 porque atenta contra la salud y fundamentalmente contra el derecho a la vida de la humanidad y Pachamama (…) El CONAMAQ convoca a una cumbre de todos los pueblos indígenas originarios y la sociedad civil a defender la producción de los alimentos sanos, naturales, ecológicos y biológicos de nuestros pueblos ».

A continuación presentamos el pronunciamiento completo. (Entrar al sitio de Cejis)

http://www.cejis.org/node/312

Diputados aprueban Ley de Revolución Productiva con modificaciones e inclusión de un artículo

Posted in TIERRA Y REFORMA AGRARIA par colectivoboliviano sur 16 juin, 2011

La Paz, 15 jun (ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles, después de tres días de debate, el proyecto de Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, con modificaciones de forma y la inclusión del artículo 41 que reconoce legalmente a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), informó el presidente de esa instancia legislativa, Héctor Arce. « Queremos informar que se ha aprobado el proyecto de Ley de Revolución Agropecuaria y Productiva que ha sido aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y remitido al Senado. Esperemos que el Senado pueda tratarlo lo antes posible y ojalá esta ley pueda ser promulgada a la brevedad », señaló en conferencia de prensa. El Presidente de la Cámara de Diputados calificó la norma como un instrumento jurídico de « gran trascendencia », porque busca mejores condiciones de vida para los productores campesinos, para garantizar la soberanía alimentaria en el país. Sostuvo que la ley conlleva una característica « fundamental » para el desarrollo productivo mediante la creación de nuevas empresas públicas y mixtas con el sector privado, para la generación de servicios al productor. « Esta ley tiene esa dimensión axiológica, tiene esa gran dimensión valorativa sobre una nueva función del Estado (?) ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestra satisfacción del deber cumplido, en la Cámara de Diputados se ha tratado y se ha aprobado una ley que además es fruto de un largo consenso con las organizaciones sociales, legisladores y representantes del Órgano Ejecutivo », destacó. Respecto a las reformas al proyecto, precisó que se abrogó el inciso primero del artículo 15, referido al uso de productos transgénicos, porque era una reiteración con el artículo 13 inciso b numeral 3. Afirmó que la ley no incorpora el uso de transgénicos, sino que más bien establece niveles de seguridad a la utilización de alimentos modificados genéticamente que provienen de otros países, por lo que se obligará a que esos productos porten una aclaración sobre el uso de transgénicos para el ingreso al país. « Esta ley lo que hace es garantizar la producción de nuestros productos, en ningún sentido, en ningún momento genera la posibilidad o viabilidad de generar productos transgénicos, la ley lo que hace es proteger la industria agropecuaria, proteger al productor campesino y proteger también al consumidor, si algún producto llega de importación y tiene una manipulación genética deberemos los usuarios poder conocer este hecho », argumentó. Asimismo, informó que se incorporó al artículo 41, que genera un reconocimiento legal a EMAPA « porque cumple un rol fundamental de apoyo a la actividad productiva ». « Es decir es una empresa de apoyo al productor campesino, no es una empresa que va a competir con el productor campesino, por supuesto en una ley de incentivo a la producción agropecuaria tenía que estar presente para darle categoría legal a una empresa que cumple un rol y función en la actividad productiva », puntualizó. La Ley establece la creación de nuevas empresas tales como: la fábrica de fertilizantes; el banco de provisión y producción de semillas; la empresa de apoyo a la comercialización comunitaria; la empresa de mecanización del agro y tecnificación; y la empresa pública de mi agua, entidades que serán administradas por el Estado bajo el control social de las organizaciones sociales, como instancia de decisión.

Fuente: ABI

EVO MORALES PIDE AL CONGRESO QUE APRUEBE HASTA 21 DE JUNIO LA LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA CONSENSUADA CON EL PACTO DE UNIDAD

Posted in ACCION URGENTE,MEDIOAMBIENTE par colectivoboliviano sur 2 juin, 2011

Deciden legalizar los transgénicos en Bolivia

SENA-Fobomade *

El Presidente Evo Morales presentó ayer en Palacio de Gobierno el proyecto de “Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” que autoriza por primera vez en Bolivia la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados.

 

El proyecto de Ley de 51 artículos, una disposición adicional y 15 disposiciones transitorias tiene por finalidad garantizar la soberanía alimentaria nacional, “en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural”.

 

 

El proyecto de ley enviado ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) establece las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales de los diferentes actores de la economía plural, “priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra”.

El Ejecutivo propone institucionalizar mecanismos financieros destinados a garantizar la soberanía alimentaria nacional, como por ejemplo un Seguro Agrario Universal que proteja a cultivadores afectados por sequías, inundaciones y otros desastres naturales.

Plantea también la creación de entes técnicos encargados de producir fertilizantes, acopiar semillas y monitorear la producción agrícola; Institutos Técnicos Agropecuarios provinciales, y un Comité de Bioseguridad responsable de verificar la calidad de los alimentos.

La norma fue elaborada por el Ministerio de Autonomías con la participación de representantes de organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad. “Será la tercera Ley de consenso que entrará en vigencia en Bolivia, después de las leyes de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez y de Pensiones, consensuadas con los sindicatos de la educación y con la Central Obrera Boliviana (COB)”, destacó el Presidente Morales.

“Una vez que sea aprobada por la ALP y promulgada, esta Ley sentará las bases para el incentivo de programas agrícolas y agropecuarios que garanticen una plena soberanía alimentaria”, aseguró Morales y solicitó al Congreso que apruebe la norma antes del 21 de junio para que entre en vigencia en la celebración del Año Nuevo Andino-Amazónico.

La Ley RPCA

El proyecto de Ley del Ejecutivo define políticas, mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros, y las bases institucionales para ejecutar la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (RPCA) en Bolivia.

La norma reconoce a las comunidades indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde ahora denominadas “Organizaciones Económicas Comunitarias” (OECOM), como el “núcleo orgánico, productivo, social y cultural para el vivir bien”.

El artículo 29 precisa que la estructura organizativa de base para la RPCA se asienta en las OECOM, las cuales se regirán por sus usos y procedimientos propios de toma de decisiones, consensos, resolución de conflictos, gestión integral del territorio, uso y acceso a los recursos naturales, y en base a su estructura orgánica propia.

Representantes de las OECOM y autoridades de los distintos niveles de gobierno conformarán el Consejo Plurinacional Económico Productivo (COPEP), Consejos Departamentales Económico Productivos (CODEP), Consejos Regionales Económico Productivos (COREP) y Consejos Municipales Económico Productivos (COMEP), encargados de elaborar políticas públicas y de la planificación, seguimiento y evaluación de la RPCA.

Se crearán y fortalecerán entidades públicas descentralizadas, desconcentradas o autárquicas de derecho público (con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica) facultadas para:

1. Gestión Integral del Agua (construcción y tecnificación de sistemas de riego, acueductos, atajados, pozos y estanques); 2. Gestión Integral del Suelo (forestación y agroforestería, construcción de terrazas, cercos y reposición de cobertura vegetal); 3. Producción de Abono (fertilizantes, compostaje y reciclaje de materia orgánica); 4. Producción de semillas (intercambio de simientes nativas, locales y mejoradas, implementación de bancos comunales, provisión de semillas y desarrollo de zonas semilleristas); 5. Asistencia técnica (provisión de maquinaria y equipamiento agrícola); 6. Acopio y reservas estratégicas (construcción de silos, centros de acopio y regulación del mercado); 7. Transformación y fomento industrial (asistencia técnica y financiera a emprendimientos comunitarios); y 8. Comercialización comunitaria (construcción, habilitación y mejoramiento de mercados locales, municipales y departamentales, promoción de ferias, compra de productos estratégicos a precios preferenciales y venta de insumos).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) instituirá una unidad especializada en la generación de información estadística primaria, y una herramienta de información integral a implementarse al menos cada tres años.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con el INE, implementará un Observatorio Agroambiental y Productivo, instancia técnica responsable del monitoreo y gestión de la información agropecuaria y del mantenimiento de un sistema de información agroambiental y productivo actualizado.

Políticas de la revolución agropecuaria

El proyecto del Ley del Ejecutivo propone garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas de la población, en “Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra”, es decir con el uso y acceso a las bondades de la Madre Tierra en convivencia armónica con la naturaleza.

La norma define un conjunto de políticas sectoriales para encarar la RPCA y lograr la soberanía alimentaria boliviana como objetivo fundamental.

Serán políticas de Estado el fortalecimiento de la base productiva y de los saberes ancestrales; la gestión territorial indígena originaria campesina; y el apoyo a la producción nacional mediante la promoción del consumo nacional, el intercambio y la comercialización equitativa, Servicios Agropecuarios y el Seguro Agrícola.

 

El Estado fomentará la investigación, innovación, transformación e industrialización de productos agropecuarios mediante programas regionales diferenciados y adaptados a la vocación productiva de los distintos actores de la economía plural (artículo 16).

Los productores nacionales gozarán de preferencias en la asignación de subsidios respecto a los subsidios a las importaciones (artículo 17). Las OECOM serán proveedoras de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar y el Subsidio de Lactancia Materna.

Se creará un “Sello Social” para certificar el uso de mano de obra e insumos locales provenientes de la producción agropecuaria nacional en la transformación e industrialización de alimentos (artículo 18).

Se impulsará la campaña mediática “Compro y Como Boliviano” y otras acciones complementarias que fomenten el consumo de productos locales.

El Estado dotará créditos en especie, impositivos, en materia ambiental y otros que fomenten las iniciativas de organizaciones comunitarias, comunidades campesinas, cooperativas y asociaciones de productores (artículo 18).

El proyecto de Ley contempla políticas específicas para la gestión de riesgos, la atención de emergencias alimentarias y el acopio de reservas con el fin de garantizar la provisión de alimentos a precio justo, declaradas actividades estratégicas.

El Estado Plurinacional tomará las medidas necesarias para garantizar la oferta oportuna y adecuada de alimentos estratégicos suficientes que permitan satisfacer las necesidades de alimentación del pueblo boliviano (artículo 25)

Son productos estratégicos aquellos que directa o indirectamente forman parte de la alimentación diaria del pueblo boliviano, de la constitución de reservas y los que el Estado priorice por su potencial exportable (artículo 7).

En tanto se apruebe el Plan de Producción Alimentaria, se declaran productos estratégicos al maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo (Disposición transitoria segunda).

Hasta que la producción nacional pueda abastecer el consumo interno de estos productos, como medida de emergencia se fomentará e incentivará el consumo de alimentos alternativos de producción nacional con características similares para compensar el déficit. En caso de que los alimentos no puedan ser sustituidos se facilitará la importación.

El proyecto de Ley dispone la ratificación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el cual permite el intercambio de productos desarrollados en instituciones internacionales para su validación en el país o la generación de nuevas variedades partiendo del material de intercambio o acceso (Disposición adicional única).

En síntesis, el Estado fortalecerá integralmente la base productiva, haciendo énfasis en las prácticas locales y ancestrales de las comunidades, para una gestión integral que optimice el uso y acceso al agua, la recuperación de la fertilidad del suelo y la conservación e incremento de la biodiversidad.

Esto se logrará mediante e la recuperación y crianza de semillas nativas y la producción de semillas mejoradas, y otras acciones que protejan la biodiversidad de la biopiratería y de la monopolización de las semillas por parte de las transnacionales.

Semillas y recursos genéticos

El Estado Plurinacional promoverá la innovación agropecuaria y forestal fortaleciendo al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) como autoridad competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF) y de los servicios de certificación de semillas.

Sus tareas son generar tecnologías, establecer lineamientos y gestionar las políticas de innovación agropecuaria y forestal, con la finalidad de contribuir a la seguridad con soberanía alimentaria, en el marco del diálogo de saberes y conocimientos de la intra e interculturalidad, y la gestión de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad como patrimonio del Estado.

El INIAF es la instancia encargada de garantizar la conservación y administración in situ y ex situ de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad, parientes silvestres y microorganismos de las diferentes eco regiones del país, con la finalidad de evitar la erosión genética y asegurar su disponibilidad como fuente de variabilidad genética y primer eslabón de la producción agropecuaria.

El Estado promoverá y protegerá la producción, uso, conservación, intercambio y provisión de semillas de alta calidad. Se priorizará la producción de semillas estratégicas; la recuperación, conservación, mejoramiento, producción y difusión de semillas nativas; y el control de la producción, acondicionamiento, certificación, promoción y comercialización de semillas.

Se crearán bancos, fondos y centros de acopio de semillas que permitan conservar y crear reservas estratégicas; y se establecerán alianzas estratégicas con sectores privados dedicados a la producción y acopio de semillas.

Luz verde a los transgénicos

La política de comercialización e intercambio se enmarcará en los principios de reciprocidad, complementariedad y redistribución de productos agroalimentarios, “con el propósito supremo de servir al ser humano y no así al mercado”, dispone el artículo 17 del proyecto de Ley del Ejecutivo.

El Órgano Ejecutivo regulará la exportación e importación de productos e insumos agroalimentarios y definirá un marco normativo para el establecimiento de acuerdos con el sector productivo respecto a metas y volúmenes de producción y exportación.

Se diseñará un sistema de acreditación de la condición sanitaria, calidad e inocuidad alimentaria y el carácter orgánico de productos agroalimentarios e insumos de origen animal y vegetal.

También se establecerá un régimen de “Control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”. En otras palabras, se legalizará por primera vez el uso de transgénicos en el país.

Se denominan organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos a los productos que tienen un gen de otra especie incorporado a su mapa genético de manera artificial mediante procedimientos de ingeniería genética.

Es decir que los OGM son organismos artificiales que han sido “cruzados” con otras especies con las que no podrían tener relación en la naturaleza. De este modo se han creado tomates con genes de animales, kiwis con genes de ratón, ovejas con genes de algodón y maíz con genes de escorpión.

Hasta ahora, el único cultivo transgénico autorizado en Bolivia era la soya resistente al herbicida Glifosato, que en 2010 alcanzó una superficie de 780 mil hectáreas, equivalente al 88% del área cultivada de Santa Cruz (IBCE).

El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado determina que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirán por el principio de “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”, velando por la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población.

Sin embargo, el Artículo 409 de la misma Carta Magna dispone que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”. Dicha norma reglamentaria es precisamente el proyecto de ley presentado este miércoles por el Presidente Morales.

El proyecto de Ley RPCA del Ejecutivo viabiliza la importación y comercialización de transgénicos, siempre y cuando no ponga en riesgo el patrimonio genético de Bolivia.

El Artículo 13 del proyecto en cuestión reglamenta que “la diseminación de organismos genéticamente modificados o provenientes de otros ecosistemas no debe comprometer la integralidad de los recursos genéticos locales ni los ecosistemas y especies de las que Bolivia es centro de origen”.

De esta manera, el gobierno de Evo Morales autoriza el uso de transgénicos para incrementar la pro­ductividad agrícola, una de las principales demandas del empresariado agroindustrial y uno de los fundamentos del Plan de Acción Productivo Agropecuario 2011-2015 de la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El Congreso elabora una ley que liberaliza la profesión docente, confirma Evo

Posted in Política par colectivoboliviano sur 12 mai, 2011

RECORTAN ÍTEMS, REDUCEN GASTOS EN COLEGIOS NOCTURNOS, PENALIZAN LA HUELGA Y JUBILAN A MAESTROS DE MÁS DE 65 AÑOS

Redacción Bolpress

Las políticas educativas de los gobiernos ultraliberales y pro empresariales de Barack Obamba, Sebastián Piñera y Porfirio Lobo en Honduras no se diferencian mucho de la “revolución cultural” que ejecuta el presidente Evo Morales en Bolivia. El gobierno boliviano diseña un “mecanismo legal” para obligar a los maestros rurales a trabajar más, y la Asamblea Legislativa analiza un proyecto de ley que convierte a la docencia en una profesión libre

Los obreros de todo el mundo han sido las principales víctimas de capitalismo “recargado”, más conocido como neoliberalismo, en los últimos 20 años. En la actualidad, regímenes de derecha y gobiernos “progresistas” continúan ejecutando políticas orientadas a acelerar la desindicalización, la flexibilización y la desregulación laboral en todo el mundo.
En plena crisis estructural del capitalismo, se imponen programas de austeridad fiscal punitivos para los trabajadores de todo el planeta. El plan burgués consiste en reducir los déficits fiscales recortando salarios, beneficios sociales y gastos sociales con el objetivo de mantener las tasas de ganancia del capital privado y “aumentar la confianza de los inversores”.

Un estudio realizado el Carnegie Endowment for International Peace de Estados Unidos concluye que “los Estados de Bienestar » construidos en toda Europa desde los años 40 del siglo pasado son “incosteables”.

El 11 de mayo de 2010, Grecia fue forzada a adoptar un plan de austeridad para reducir su déficit presupuestario en 30 mil millones de euros en los próximos tres años mediante recortes de salarios, beneficios asistenciales, subsidios y pensiones.
El 26 de mayo del año pasado, España anunció recortes de 80 mil millones de euros en su presupuesto fiscal, la liquidación de 13 mil puestos de trabajo en los servicios públicos, la reducción en un 5% del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones.

Portugal ha congelado las contrataciones y los salarios en la función pública y aprobó un incremento del IVA a fin de recortar 20 mil millones de euros de su déficit presupuestario. El gobierno italiano aprobó recortes por 24 mil millones de euros hasta 2012, incluyendo una reducción de puestos de trabajo en el sector público, recortes salariales, incremento de la edad de jubilación y recortes en el sistema de asistencia sanitaria.

Francia planea reducir su déficit presupuestario de 8% a 3% del PIB en 2013, aplazando la edad de jubilación de los empleados públicos, recortando ayudas a la vivienda, los subsidios de desempleo y las subvenciones a los museos.

Alemania se ha propuesto reducir 60 mil millones de deuda hasta 2016 mediante recortes en programas sociales para familias, infancia, bienestar y discapacitados. El gobierno conservador de centroderecha de Gran Bretaña anunció una congelación de nuevas incorporaciones a la función pública, la eliminación de 300 mil puestos de trabajo en la función pública y la congelación de los salarios.

En 2011, el FMI recomendó a todos los países de América del Sur que abandonen los planes anticíclicos, moderen su endeudamiento y ejecuten una rigurosa política de austeridad con el fin de lograr “cero déficit fiscal”. El lema es producir más, disponer de más bienes exportables y reducir el déficit externo.

La educación es el servicio público más afectado por la austeridad neoliberal. Según el último Informe Seguimiento de la Educación para Todos de la UNESCO, la comunidad mundial fallará en su intento de reducir en un 50% los índices de analfabetismo de adultos y lograr la educación primaria para todos los niños. En la actualidad unos 796 millones de adultos no saben leer ni escribir, y 67 millones de niños no tienen acceso a la enseñanza primaria.
En Francia, el ministro de Educación Luc Chatel confirmó que en la próxima gestión escolar desaparecerán unas 1.500 aulas de primaria en ese país, hecho calificado de ruptura sin precedentes por el sindicato SNUipp-FSU.

Según el ministro francés, en el período 2011-2012 habrá más profesores y menos alumnos que hace 15 años, aunque la SNUipp-FSU recordó que el ministerio había anunciado el ingreso de unos cinco mil escolares más en el curso de septiembre, y deploró una estrategia cuantitativa del gobierno en detrimento de la calidad.
El gremio rechazó una vez más la supresión de nueve mil plazas, previstas para el 2011-2012. En la política de bajas está incluida la desaparición de unos 400 puestos de funcionarios de las Redes de Ayuda Especializada a los Alumnos en Dificultad (Rased), después de la destrucción de 1.800 en 2008. La SNUipp-FSU llamó a educadores y padres a una gran manifestación de protesta frente al ministerio el 18 de mayo.

En Estados Unidos, el déficit fiscal de 15 mil millones de dólares de California puede derivar en mayores recortes para escuelas públicas, teme el 68 por ciento de los californianos y el 74 de los padres con hijos en los centros escolares públicos, según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC en inglés).

Los residentes están preocupados por el precio que la reducción del gasto tiene en la calidad de la enseñanza pública del kínder al grado 12. Los padres ya notan el impacto de los recortes en las escuelas de sus hijos. El 76 por ciento de los hispanos y el 68 de los adultos consultados proponen aumentar los impuestos a los ingresos de los más ricos para evitar más ajustes al gasto de la educación.

« El apoyo de los californianos para mantener el gasto del kínder (jardín de la infancia) al grado 12 es un factor importante para que los líderes tomen en cuenta cualquier propuesta que pongan ante los votantes este año », declaró Mark Baldassare, presidente de PPIC y autor de la investigación.

El 9 de mayo, miles de maestros iniciarán en Washington una semana de protestas contra la amenaza del gobierno de recortar los presupuestos de la educación, anunció el diario The Washington Post. Las manifestaciones comenzarán en el centro de San Francisco y culminarán el viernes frente al Capitolio estatal. Los marchistas demandarán a las autoridades locales por los despidos masivos en los centros educacionales y la disminución de fondos para programas de enseñanza.
« Estamos aquí para hacer una declaración de que el cierre de escuelas es la solución equivocada », dijo Dennis Kelly, presidente de la organización Educadores Unidos de San Francisco, que representa a más de seis mil empleados. Las acciones forman parte también de la escalada de esfuerzos de los 325 mil miembros de la Asociación de Maestros de California, que esperan por la negociación del gobernador estadual Jerry Brown con los republicanos para dar solución al problema mediante los impuestos.
Sin una renovación de la subida de impuestos, Brown y los congresistas demócratas advierten que el Estado se verá obligado a hacer recortes en el gasto público que afectará la vida de casi todos los californianos. La propuesta de presupuesto presentada por Brown para cerrar la brecha de más de 25 mil millones de dólares del déficit afectará a las comunidades más pobres y a las minorías.

Capitalistas y “socialistas” contra la educación pública

Pero no sólo los “imperialistas” del norte privan de educación a los pobres y a la clase media. Los gobiernos “progresistas” del sur también ejecutan “dolorosos” recortes educativos, entre ellos el régimen de Evo Morales.

El incremento salarial de 11 por ciento concedido recientemente a maestros y salubristas elevaría el déficit fiscal hasta más del 5 por ciento, alertó el ministro de Economía de Bolivia Luis Arce. Por esa razón, el gobierno busca mecanismos para ahorrar gastos en el sector educativo.

El ministro de Educación Roberto Aguilar anunció la semana pasada que se ejecutará un plan de “reordenamiento de ítems” docentes en los institutos técnicos y colegios nocturnos del país. El Ministro prometió que « no se va a retirar a ningún profesor”, aunque el plan es fusionar cursos con pocos alumnos y de esta manera “ahorrar” gastos.

“Luego de verificar que existe una gran cantidad de alumnos en algunos institutos técnicos y colegios nocturnos, el Ministerio ha establecido un necesario reordenamiento de los ítems en función de optimizar su utilización para el fortalecimiento del propio instituto o colegio y en beneficio de los alumnos”, explicó Aguilar.

Por otro lado, el director Distrital de Educación de La Paz Sebastián Gutiérrez confirmó a Erbol que obligarán a jubilarse a todos los profesores de más de 65 años de edad. “A los que tienen por encima de esa edad vamos a obligarlos a realizar sus trámites; la jubilación es obligatoria no es cuestión de voluntad… Lo que estamos buscando es trabajar en función de los estudiantes, no en función de los docentes”, precisó Gutiérrez.

Cientos de profesores de colegios nocturnos marcharon hasta las oficinas del SEDUCA en Oruro para manifestar su rechazo al reordenamiento educativo, el cual reduce significativamente sus cargas horarias, es decir su salario mensual.

El reordenamiento educativo comienza a incomodar a la población. El 5 de mayo miles de padres de familia de la ciudad de El Alto marcharon hasta el Ministerio de Educación en La Paz, exigiendo mejor infraestructura escolar y sobre todo más ítems para profesores.
El presidente de la Federación de Padres de Familia de El Alto Freddy Valencia denunció que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto ha descuidado el servicio educativo. Al alcalde Edgar Patana del MAS “no le importa la educación, no le interesan las unidades educativas, no está ejecutando proyectos de la gestión 2009, 2010, y ni siquiera hay proyectos preparados para 2011”, criticó.

Dirigentes de 48 unidades educativas del Distrito 3 de El Alto tomaron las oficinas de la Dirección de Educación, exigiendo al alcalde el mejoramiento de la infraestructura escolar y del programa del desayuno escolar. Los padres de familia tomaron de rehenes a cuatro funcionarios municipales.

En la ciudad de Cochabamba, enfurecidos padres de familia de los municipios de Tiquipaya y Colcapirhua tomaron las oficinas del SEDUCA regional, en protesta por el recorte de ítems. El pasado lunes, estudiantes de la Normal Simón Rodríguez de Villa Tunari tomaron la alcaldía de esa localidad reclamando al gobierno mejores condiciones de estudio. Denunciaron que sólo cuentan con un aula para cientos de alumnos.
La arremetida anti educativa se ha extendido recientemente mediante legislaciones específicas que vulneran derechos laborales elementales. como por ejemplo el derecho a la huelga. La guerra contra los sindicatos busca sobre todo precarizar el trabajo y permitir la proliferación del empleo temporal e inseguro.

Las políticas antiobreras han alcanzado cotas insospechadas en Estados Unidos, donde se han restringido los derechos de maestros y otros empleados públicos, mientras que se multiplican los derechos y las prerrogativas del capital privado.

A estas alturas, las políticas “pro Wall Street” del gobierno de Barack Obamba, del ultraliberal chileno Sebastián Piñera y del pro empresarial de Porfirio Lobo en Honduras no se diferencian mucho de la “revolución cultural” del régimen de Evo Morales en Bolivia.
El Presidente Morales reveló que su gobierno diseña un “mecanismo legal” para obligar a los maestros rurales a trabajar más, y reiteró que descontará sueldos a los docentes huelguistas que “perjudicaron a los estudiantes” en el último paro general indefinido convocado por la COB.
Los maestros y salubristas que quieren cobrar por los días no trabajados no tienen “ética ni moral… A mí me avergonzaría querer cobrar sin trabajar y perjudicado a los estudiantes”, dijo Morales.
El Mandatario reveló que la Asamblea Legislativa analiza un proyecto de ley para declarar a la docencia como una profesión libre, mientras que el ministro de Educación Roberto Aguilar confirmó que podría convocarse a un referéndum para consultar a la población si está o no de acuerdo con esa propuesta.

Morales recalcó: “Que no se culpe al gobierno de ese pedido… Cuidado que por culpa de algunos dirigentes de los maestros se sumen más voces; si fuera dirigente de los maestros aceptaría los descuentos…”.

Los maestros protestan en toda la región

Según el Mapa del Hambre 2011 divulgado el 18 de abril de 2011 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), existen tipos de países clasificados por el grado de desnutrición de sus habitantes. Cuba, Costa Rica, México, Chile, Argentina y Uruguay ostentan el más bajo índice de población desnutrida (5% o menos). Luego están los que registran entre cinco y nueve por ciento de población desnutrida, como Brasil, Venezuela, Jamaica y El Salvador.

En otro grupo se ubican los países con índice de desnutrición moderadamente bajo (entre 10 y 19 por ciento), entre ellos Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Suriname. Luego aparecen los países con desnutrición “moderadamente alta” (del 20 al 34 por ciento), entre ellos Bolivia, Belice, República Dominicana y Guatemala.

Es precisamente en estos últimos países donde se registran las mayores protestas sociales en los últimos meses. En República Dominicana, los trabajadores organizan una huelga exigiendo un aumento salarial de al menos 16%, mientras que los gremios patronales ofrecen apenas 11,5% de incremento. El Banco Central reconoció que en los dos últimos años la inflación general ascendió al 12.86%. Los sindicatos que integran el Comité Nacional de Salarios se reunirán este jueves para definir un calendario de movilizaciones y posiblemente una huelga general.
En Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de la subregión latinoamericana, casi cinco millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza, indica un informe del Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina. La mayoría vive en total precariedad y radica en áreas rurales, donde más de 1,7 millones de hogares subsisten con un dólar y medio diario.

En esta nación centroamericana solo 10 por ciento de la población concentra casi la mitad de los ingresos totales. El Programa Mundial de Alimentos refiere que 27 por ciento de los menores sufre desnutrición crónica y es vulnerable a múltiples enfermedades, además de retraso escolar y físico.

En febrero y marzo de este año, los docentes de Honduras realizaron manifestaciones durante cinco semanas, las cuales fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con saldo de una maestra muerta, decenas de heridos y detenidos.

El régimen de Porfirio Lobo decretó la suspensión de 305 maestros que participaron en las protestas exigiendo el pago de salarios atrasados, el cese a la privatización de la educación, la cancelación de la deuda del Estado con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y el respeto al Estatuto Docente.

Los docentes también rechazaban la ley de Participación Educativa aprobada por el Congreso Nacional para pasar la responsabilidad de la educación del Estado a las alcaldías, porque afectará a los pobres y conducirá a la privatización.

Los maestros suspendidos de sus labores por uno, dos y seis meses iniciaron el 4 de mayo un ayuno voluntario, el mismo que se ha extendido con una declaratoria de huelga de hambre indefinida. A la protesta iniciada por docentes del departamento de Colón se han sumado profesores de Francisco Morazán y Comayagua.

El 10 de mayo, los maestros cumplieron una semana en huelga de hambre en la Plaza La Merced, cercana al Congreso Nacional, exigiendo la reposición en sus puestos de colegas suspendidos. Tres docentes mantienen el ayuno de manera permanente, mientras que unos 50 se han sumado a la protesta por períodos de 24 a 48 horas. Un grupo de maestros pertenecientes a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica podría incorporarse a la huelga en los próximos días.
Sin embargo, Porfirio Lobo declaró que no dará marcha atrás en la decisión de sancionar a los educadores, y tampoco les pagará el salario descontado por los días no trabajados.

El el 28 y 29 de abril en Panamá, cinco mil docentes de la Asociación de Educadores de varias regiones del país acataron un paro contra el aumento del pasaje y el despido de maestros. El paro contó con el apoyo de maestros de Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Colón, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y Ngöbe Buglé.

La Coordinadora de Unidad Magisterial (CUM) y el Frente de Acción Magisterial (FAM) iniciaron el paro nacional con una marcha hacia el Palacio de la Presidencia del país, y exigieron a la ministra de Educación Lucy Molinar que retome el diálogo con el sector para negociar temas como la transformación curricular y el ajuste salarial.

Molinar no consultó a los docentes antes de aprobar un nuevo método de docencia que el gobierno quiere implementar, y amenazó con descontar salarios a los maestros que no pasen clases.

Con una inflación de 7 por ciento del Producto Interno Bruto, Panamá enfrenta una de las peores alzas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 15 años y una pérdida significativa del poder adquisitivo de los trabajadores. La Contraloría General de la República indica que el crecimiento económico este año carece de contrapartida en los ingresos familiares.
El incremento del IPC obedece, en más del 60 por ciento, a una inflación importada y al aumento de los precios del petróleo. Entre abril de 2010 y abril de 2011, el precio de la gasolina aumentó 32 por ciento y en febrero la canasta básica familiar incrementó su precio en 14,3 dólares comparado con igual mes del año pasado.

Influyó también el aumento del pasaje del transporte público, el cual reduce aún más el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, sobre todo de aquellos que ganan menos de 840 dólares mensuales. El aumento de hasta 21 por ciento en el transporte ha sido un duro golpe para la ya maltrecha economía del hogar. El salario mínimo del país está en los 375 dólares, muy por debajo de la canasta básica

Por otro lado, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores confirmaron un paro nacional obrero y estudiantil para el próximo jueves en rechazo a las políticas privatizadoras y excluyentes del gobierno de Sebastián Piñera.

Según la Confech, el sistema educacional en Chile está en crisis debido a la política privatizadora. Los maniestantes exigen mayor presupuesto para la enseñanza pública y políticas que rectifiquen el sobreendeudamiento de los universitarios al concluir sus estudios.

El 28 de abril, más de ocho mil universitarios chilenos protagonizaron una movilización en la céntrica Alameda de Santiago. Queremos que haya un aumento del gasto social para financiar y recuperar la educación pública y una reestructuración integral del sistema de becas, afirmó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile Camila Vallejo.

Vallejo aseguró que la situación es en extremo injusta para los alumnos de bajos ingresos, quienes sólo pueden acceder a la enseñanza superior a través del sistema crediticio y quedan endeudados de por vida. No podemos pretender ser un país desarrollado si no tenemos educación pública a nivel nacional, recalcó.

Ocho de cada 10 chilenos consideran que no se respetan los derechos laborales en el país, y viven con el temor constante a ser despedidos, reveló una encuesta elaborada por el grupo Imaginación, la Universidad Técnica Federico Santa María y el diario local Cooperativa.

Una cifra equivalente opinó además que la baja sindicalización en el país suramericano responde “al miedo al despido”, a pesar que el 65 por ciento de los entrevistados admitió que los sindicatos sirven para defender los derechos de los trabajadores. Tenemos que cambiar este Chile desigual e injusto, señaló el presidente de la CUT.

El dirigente de la multisindical chilena ilustró cómo la inequidad se percibe con particular crudeza en el mundo laboral, signado por la precariedad, los bajos salarios y la ausencia de cobertura social, factores todos generadores de hogares pobres.

En Chile subió el precio de todo, pero los salarios permanecen congelados. La derecha gobernante se niega a reconocer el impacto de la escalada del precio de los alimentos básicos como el pan, el aceite, el azúcar y el transporte público. Ante la noticia de que el pan subiría en más de un 30 por ciento (más de 2,50 dólares por kilo), La Moneda explicó: “así opera el mercado”.
En un reciente comunicado público, la Confederación de Estudiantes de Chile expresó su desacuerdo con que grupos ideológicos o económicos se impongan en el sistema educativo y que los alumnos sean vistos como meros clientes de una empresa y no como parte de una institución reflexiva, crítica y formativa.

La CUT y el Colegio de Profesores se adhirieron al paro estudiantil previsto para el 12 de mayo en Chile en defensa de la educación pública. Camila Vallejos calificó de estratégica la alianza con la multisindical y con el gremio magisterial por un acceso real a la educación superior y una reforma integral que favorezca una educación democrática, gratuita, igualitaria, laica y de buena calidad.

En Bolivia, el dirigente del magisterio urbano de La Paz José Luis Álvarez dijo que sólo la lucha unitaria de los trabajadores derrotará al gobierno soberbio y arbitrario de Evo Morales, quien penaliza la protesta social y se ha convertido en el “guardián de los intereses de los grandes empresarios”.

Con información de Prensa Latina.

Nómadas No Contactados de la Amazonia boliviana quedan sin territorio

Posted in Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 24 avril, 2011

Bolivia no tiene políticas claras para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, a pesar de su avanzada Constitución 

Por Wilson Mérida

La Ley de Reconducción Comunitaria del Inra enfatiza sus procedimientos en el componente de la tierra agrícola y carece de una estrategia para reconstituir los territorios originarios de las naciones indígenas en vías de extinción, lo cual prescribe la propia Constitución Política del Estado Plurinacional. Este “vacío legal” dejó sin su territorio a los Pacahuara, pueblo originario que jamás le ha exigido nada al Estado boliviano; mucho menos una vulgar parcela de tierra, sino simplemente que se respete su ancestral territorialidad integrada a los bosques amazónicos de Bolivia…

Buca Yacu, último descendiente de guerreros pacahuaras.

No cabe duda que la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, promulgada en noviembre del 2006 por el Gobierno del presidente Evo Morales, ha significado un avance revolucionario sin precedentes en la historia agraria de Bolivia; ya que a partir de su promulgación se develó el colosal fraude con que el Gobierno de Sánchez de Lozada aplicaba una Ley Inrafrontalmente favorable a los latifundistas y especuladores de tierras ganaderas y forestales especialmente en el oriente boliviano.

La Ley de Reconducción Comunitaria de Evo Morales redefinió importantes aspectos procedimentales de la Ley 1715 del Inra aplicado por el gonismo; y los primeros resultados revolucionarios de esa reforma tuvieron gran impacto precisamente en el departamento de Pando: en apenas dos años  —hasta agosto del 2008—  fue saneada el 100% de las tierras fiscales agrícolas, ganaderas y forestales de este territorio amazónico, facilitando la distribución de más de 2.3 millones de hectáreas a favor de miles de campesinos e indígenas pobres organizados como movimiento social, algo que los regímenes anteriores no habían alcanzado ni al 20% en 25 años años de democracia neoliberal. La Ley 3545 estipula que hasta el año 2013 deben sanearse todas las tierras fiscales existentes en el territorio nacional estimadas en algo más de 106 millones de hectáreas.
Sin embargo aquella exitosa perspectiva revolucionaria que se desarrolla con la aplicación de la Ley 3545 beneficiando como nunca antes se había beneficiado a la gran masa campesina del país, queda lamentablemente ensombrecida por una ostensible omisión en el nuevo diseño procedimental del Inra reformado por el actual Gobierno, no obstante que el artículo 31 de la nueva Constitución Política del Estado instituye políticas específicas para los pueblos indígenas en vías de extinción siguiendo lineamientos de la ONU.
En efecto, el artículo 31 de la nueva Constitución estipula con meridiana claridad lo siguiente:
     I.       Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamientovoluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
    II.        Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.
Este precepto constitucional tan avanzado no figura, paradójicamente, en la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra.
Buca lideriza el retorno de su familia a su territorio de Pando.

¿Tierra vs Territorio?

Sucede que la Reconducción Comunitaria tiene una concepción eminentemente agrarista en desmedro de una visión más integral de los derechos indígenas como tales. La dimensión campesinista del “farmer”agrícola individual o colectivo domina sobre el vasto y complejo espectro indígena originario. Este desequilibrio conceptual termina por romper la dicotomía Tierra-Territorio que había sido la consigna central de los movimientos sociales durante las últimas dos décadas. Los procedimientos establecidos en la Ley 3545 ponen énfasis en el problema de la tierra, frente al cual se subordinan las cuestiones de la territorialidad indígena, con lo que el discurso “tierra-territorio” queda roto y en solo eso: mero discurso.

La burocracia vinculada a la Ley de Reconducción Comunitaria aplica un solo tipo de procedimientos para la tierra y el territorio, basado en los trámites de solicitud de tierras que implican papeleos casi  al estilo clientelar de la reforma agraria del MNR de 1953; a tal punto que los problemas de territorio se reducen al instituto de la “Tierra Comunitaria de Origen” (TCO) que para constituirse no difiere en su tramitación respecto de una rutinaria solicitud agraria, olvidando que los problemas de la territorialidad indígena son una cuestión histórica vinculada a procesos de descolonización, a la memoria colectiva, a la sobrevivencia étnica  y al destino mismo del Estado Plurinacional; pues la pluri-nación es una multi-territorialidad que no puede reducirse a un simple trámite de solicitud de tierras ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria.
Este desfase institucional en la administración estatal de la tierra agrícola y del territorio indígena trajo como consecuencia una serie de incongruencias que aguó la fiesta nada menos que en el primer Departamento de Bolivia donde el Inra había logrado el récord de sanear el 100% de las tierras fiscales a sólo dos años de vigencia de la Ley de Reconducción Comunitaria: Pando.El caso de los Pacahuara

La nación Pacahuara, o lo que queda de ella, es una etnia en vías de extinción que se constituye hoy en el más importante pueblo en aislamiento voluntario o “no contactado” dentro del territorio amazónico de Bolivia, igual que otros grupos similares que se hallan dispersos en los territorios vecinos de Brasil y Perú.
Los Pacahuara jamás le han exigido nada al Estado boliviano; mucho menos una vulgar parcela de tierra. Desde hace tres siglos en los que se tienen registros formales de su existencia, esta nación madre de otras sólo exigió el respeto a su territorialidad para ejercer en paz su derecho a la vida nómada y salvaje integrada a los bosques amazónicos.
Cuando el Inra concluyó el saneamiento de tierras en Pando aplicando la Ley de Reconducción Comunitaria, el caso de la nación Pacahuara no encajó en los procedimientos agraristas del proceso y el resultado de este vacío legal fue que unos empresarios madereros que heredaron esa zaga de exterminio iniciada en 1796 y agudizada en los siglos XIX y XX, ahora son tan dueños del territorio Pacahuara (del cual fue parte incluso la ciudad gomera de Cachuela Esperanza) como lo fue a principios del siglo XX el esclavista Nicolás Suárez.
La concesionaria Mabet resultó favorecida por la Ley de Reconducción Comunitaria en vez de los indígenas Pacahuara, consumándose de ese modo una estrategia etnicida apadrinada por intereses norteamericanos que durante la dictadura militar de Banzer pretendieron borrarlos del mapa de Pando « relocalizándolos » hacia proximidades de Riberalta (Beni).
Las reformas del Inra no han sido capaces de zanjar esta querella histórica desde la perspectiva indígena, por ejemplo revirtiendo al Estado las concesiones de Mabet y creando en esta zona un santuario de vida silvestre Pacahuara con un tercer Parque Nacional en Pando, complementario a los ya existentes en Manuripi y Bruno Racua, los cuales fueron creados para proteger la fauna y la flora de la Amazonia pandina. Ahora se trata de preservar ese otro valioso tesoro natural y cultural como son los humanos Pacahuara.
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 Publicado en la separata Datos & Análisis Nro.1 (en SdP Nro.18)

Es más fácil imaginar la destrucción de la naturaleza que soñar con el derrumbe del capitalismo

Posted in Derechos Humanos,MEDIOAMBIENTE par colectivoboliviano sur 22 avril, 2011

DISCURSO EN EL DIÁLOGO INTERACTIVO DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE ARMONÍA CON LA NATURALEZA, 20 DE ABRIL DE 2011

Pablo Solón *

Nueva York.- Víctor Hugo, el autor de Los Miserables escribió: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el genero humano no escucha”. Hoy estamos reunidos para intentar dialogar no sólo entre Estados sino con la naturaleza. Aunque muchas veces lo olvidamos, los seres humanos somos una de las fuerzas de la naturaleza. En verdad, todos venimos del mismo Big Bang que dio origen al universo. Aunque algunos solo ven la leña para el fuego, cuando cruzan el bosque.

Tres preguntas son el punto de partida del debate de hoy: Primero: ¿Qué es la naturaleza? Una cosa, una fuente de recursos, un sistema, un hogar, una comunidad de seres y entes interdependientes.
Segundo: ¿Existen reglas en la naturaleza? ¿Leyes naturales que gobiernan su integridad, interrelación, reproducción y transformación? Y tercero: ¿Nosotros como Estados y como sociedad estamos reconociendo, respetando y haciendo prevalecer esas reglas de la naturaleza?

Francis Bacon decía que no se manda a la naturaleza sino obedeciéndola. El tiempo de los superhéroes y los superpoderes está llegando a su fin. La naturaleza no puede ser sometida a los caprichos de laboratorio. La ciencia y la tecnología lo pueden todo incluyendo la destrucción del propio mundo.

Es el momento de hacer un alto en el camino, y reafirmar el principio precautorio frente a la geoingeniería y toda manipulación artificial del clima. Todas las nuevas tecnologías tienen que ser previamente evaluadas en sus impactos ambientales, sociales y económicos. La respuesta para un futuro no está en una invención científica sino en nuestra capacidad de escuchar a la naturaleza.

La Economía Verde considera indispensable darle precio a los servicios gratuitos que plantas, animales y ecosistemas brindan a la humanidad en la lucha por la conservación de la biodiversidad, la depuración de las aguas, la polinización que realizan las abejas, la protección de los arrecifes coralinos y la regulación climática.

Para la Economía Verde es necesario identificar las funciones específicas de los ecosistemas y la biodiversidad que puedan ser sujetas de valoración monetaria, evaluar su estado actual, definir el límite a partir del cual dejarían de prestar ese servicio, y concretar en términos económicos el costo de su conservación para desarrollar un mercado de servicios ambientales.

Para la Economía Verde el error del capitalismo es no haber incorporado en toda su magnitud a la naturaleza como un capital. Por eso, su planteamiento central es hacer negocios “amigables con la naturaleza”, crear empleos verdes y así limitar el deterioro ambiental introduciendo las leyes del capitalismo a la naturaleza.

En otras palabras, una transfusión de las reglas del mercado salvará a la naturaleza. El debate no es filosófico, ya se anuncia que la tercera ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio sería sobre el comercio de los servicios y los bienes ambientales.

La humanidad se encuentra en una encrucijada: ¿Por qué solo debemos respetar las leyes de los seres humanos y no las leyes de la naturaleza? ¿Por qué es sólo criminal el que mata al prójimo y no el que extingue una especie o contamina todo un río? ¿Por qué juzgamos la vida de los seres humanos con unos parámetros diferentes a los de la vida del sistema en su conjunto si todos, absolutamente todos, dependemos de la vida del Sistema Tierra?

¿No hay una contradicción en solo reconocer derechos a la parte humana de este sistema mientras todo el sistema es reducido a una fuente de recursos, de materias primas, en síntesis a una oportunidad de hacer negocios?

Hablar de equilibrio es hablar de derechos para todas las partes del todo. Puede ser que los derechos no sean idénticos para todos ya que no todos son iguales. Pero creer que sólo la parte humana goza de privilegios mientras los otros son objetos, es la peor estupidez de la naturaleza humana. Hace décadas decir que los esclavos tenían los mismos derechos era la misma herejía que ahora decir que los nevados o los ríos o los árboles también tienen derechos.

La naturaleza es implacable cuando se la desconoce. Es increíble que sea más fácil imaginar la destrucción de la naturaleza que soñar con el derrumbe del capitalismo.

Albert Einstein decía que “La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal sino por los que se sientan a ver lo que pasa”.

Aquí no hemos venido a ver un entierro.

* Embajador representante de Bolivia ante las Naciones Unidas.

El « vice » macartista: Garcia Linera DESBOCADO

Posted in Política par colectivoboliviano sur 13 avril, 2011

Pablo Rieznik 

“Los trotskistas son la avanzada política de la extrema derecha, porque toda su vida han buscado tumbar un gobierno popular; son mentirosos, provocadores y peligrosos, es la ultraderecha camuflada”.
García Linera lanzó su diatriba como respuesta a « los dirigentes sindicales » que convocaron a la huelga general del 18 de febrero pasado para reclamar un aumento de salarios. Motivos para el reclamo sobran y son muy acuciantes, porque -luego de que el gobierno se echara atrás con el « gasolinazo »- los precios del resto de los productos del consumo popular no dejaron de subir. El autor del ‘gasolinazo’ fue, precisamente, García Linera en ausencia de Evo Morales. Esto sólo explica el exabrupto del tilingo contra el trotskismo boliviano. García reclamó la expulsión del trotskismo de la COB, algo literalmente imposible, porque el POR de Bolivia es el fundador de la Central Obrera y autor de sus tesis de acción históricas. Para echar al trotskismo hay que disolver antes al movimiento obrero.
La huelga de la COB fue muy fuerte, para desencanto de quienes tipifican a la COB como insignificante. Hubo una gran marcha de los trabajadores de Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija. Cochabamba quedó paralizada por completo por los bloqueos de obreros, fabriles y maestros en puentes y distribuidoras vehiculares. En La Paz, una masiva movilización paralizó el centro de la ciudad. Pedro Montes, ejecutivo de la Central Obrera (COB) y partidario del gobierno, tuvo que admitir que « ya no podemos controlar la protesta de los trabajadores por el alza del costo de vida que están viviendo, por eso están saliendo a las calles a protestar y hacer sentir su malestar por el hambre, la miseria, la desocupación y por tener el estómago prácticamente vacío ».
El rancio macartismo de don Alvaro es cínico, porque toda la derecha apoyó al gobierno con el gasolinazo. Expresa fundamentalmente el agotamiento de la estrella de Evo Morales. En el propio MAS, el río está más que revuelto. « Los masistas están muy dolidos por la actitud del ‘hermano Evo’ que se burla de las aspiraciones salariales del pueblo y, al mismo tiempo, se esfuerza por aumentar las ganancias de las petroleras y las mineras que se llevan al bolsillo miles de millones de dólares (Bolpress). » La encuestadora privada Ipsos Apoyo Opinión y Mercado reveló que la popularidad del Presidente cayó estrepitosamente de 84% en 2007 a 36% en enero de 2011, con un 56% de desaprobación. Al vice le fue peor: su popularidad cayó de 46% en noviembre de 2010 a 29% en enero de 2001, mientras que el porcentaje de gente que lo reprobó subió de 47 al 71%.
La historia
Con pretensiones de historiador sabelotodo García Linera sostuvo, además, que « …los trotskistas han tumbado gobiernos de izquierda, pero no para que entre un gobierno de ultraizquierda, sino de ultraderecha. Son culpables de la caída del Presidente Juan José Torres en 1970 y de Hernán Siles Suazo en 1985, y ahora quieren hacer lo mismo con el presidente Morales, están trabajando para que regrese el fascismo, para que regrese Sánchez de Lozada… ».
Como todo provocador, Alvaro macanea: la Asamblea Popular, fundada por iniciativa del POR a principios de 1971, combatió el golpe fascista del general Banzer por medio de una insurrección obrera que fue derrotada en una lucha armada, mientras se derrumbaba el intento de los militares nacionalistas de arbitrar entre la corporación armada y el pueblo insurgente.
El caso de Siles Suazo es patético, porque se retiró en el 85 con elecciones anticipadas y una economía en bancarrota para ceder el poder al gobierno neoliberal de Víctor Paz Estensoro, el cual debutó con planteos antiimperialistas en la década del ’50, para empeñarse en la disolución de las milicias obreras que fueron creadas por la COB y que concluyó firmando acuerdos con el FMI. Veinte años después, apoyó el golpe de Banzer. El intelectual indigenista, que llegó a la vicepresidencia de puro arribista, es un falsificador literal de la historia. García Linera no menciona, sin embargo, que sus antecesores stalinis-tas sí colaboraron con el golpe que derribó al presidente Villarroel, « el presidente colgado », e inauguró el sexenio oligárqui-co de la « rosca », autor de las mayores masacres mineras de la historia de Bolivia.
El macaneador Linera es también un detritus de la descomposición histórica del nacionalismo en Bolivia. En la prensa boliviana, un compañero de andanzas juveniles recordó que Alvarito no se animaba a discutir con los trotskistas para no sufrir una paliza política. El hombre se ha tomado su « venganza » luego de haber pactado con los monopolios petroleros, las mineras y los prohombres de la extrema derecha. Inventó la categoría de « socialismo comunitario » para luego corregirse por el de « capitalismo andino » -el andarivel para justificar la alianza con Repsol, Petrobras y las petroleras británicas. El « antitrotsko » de La Paz es una joyita.
Ultimo: la « acusación » de que el trotskismo mantuvo siempre una actitud independiente y combativa frente a los límites insalvables del nacionalismo ni siquiera es correcta. Al contrario: un balance histórico del gran papel del trotskismo boliviano muestra que, en los días decisivos de la gran revolución obrera y popular de 1952, el POR renunció a un planteo de gobierno obrero para apoyar al gobierno del nacionalista MNR (ver Pablo Rieznik, « El POR en la Revolución Boliviana de 1952 », en revista En Defensa del Marxismo N° 2, diciembre 1991). Tampoco fue consecuentemente independiente del gobierno militar nacionalista de Torres, pues recién planteó el armamento de las masas cuando se largó el golpe fascista. Es un tema para el debate en el campo de los que luchamos por la revolución social. Linera ha elegido el terreno de la contrarrevolución hace mucho tiempo, algo que nosotros denunciamos cuando enunció su tesis de ‘autogestión indigenista’. El sinvergüenza reacciona como un pequeño burgués fascistizante porque el ‘gasolinazo’ fue derrotado por las masas y los días de García Linera están contados.

Periódico El Trabajador Nº 4

Narcos peruanos y colombianos invaden el Parque Madidi y amenazan de muerte a la población

Posted in ACCION URGENTE,JUSTICIA,MEDIOAMBIENTE,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 8 avril, 2011

DRAMÁTICA DENUNCIA DEL ALCALDE DE APOLO

Pablo Cingolani

A media mañana de hoy, 7 de abril de 2011, el Sr. Mario Flores, alcalde del Municipio de Apolo (Provincia Franz Tamayo, Departamento de La Paz) realizó una dramática denuncia sobre la presencia y accionar violento de narcotraficantes de origen peruano y colombiano, que ingresan al país por la frontera boliviano-peruana de su municipio, donde está situado gran parte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, mundialmente famoso por su biodiversidad. El urgente clamor por resguardo, garantías y seguridad para la población, mayoritariamente campesina que habita ese sector, fue parte de una entrevista telefónica, emitida por Radio Panamericana, de la ciudad de La Paz.

Pablo Cingolani

Según Flores, la denuncia fue oficializada por escrito por los moradores de las comunidades fronterizas de Puerto San Fermín y de Cocos-Lanza, así como por los comunarios de Asariamas, desde donde se accede a pie a las primeras, tras cuatro días de caminata por la selva tropical.

Las gravísimas informaciones dan cuenta que los narcos extranjeros ingresan droga desde la vecina Perú, cruzando los ríos Tambopata y Lanza –que ofician de límite natural internacional entre las dos naciones- y atravesando el monte, arriban a la referida población de Asariamas. Desde allí, algunos bajan por el camino vehicular que conduce a la capital municipal, Apolo, y luego parten rumbo a La Paz. Otros, desde la ya citada Asariamas, bajan navegando por las aguas del río Tuichi, hacia Rurrenabaque, en el departamento del Beni.

“En Apolo, los narcos se alojan, comen, farrean (se emborrachan) a la vista de la fuerza antinarcóticos”, declaró con desesperación la primera autoridad municipal, reclamando que “más que hacer problemas con el tema de la coca” (Apolo es zona tradicional de cultivo de la hoja de coca), luchen contra el narcotráfico.

En la frontera, la situación es absolutamente crítica ya que “nadie debe hablar, nadie debe denunciar, ya que las familias que lo hagan serán liquidadas como perros”, dado que los narcos han amenazado de muerte a los escasos pobladores que allí viven, según el alcalde, “un sector abandonado a su suerte”.

Consultado por el periodista radiofónico, sobre la presencia militar en la zona, Flores indicó que es “insuficiente”, que tan sólo hay una escuadra en cada uno de los tres puestos militares de avanzada asentados allí: Cocos-Lanza, Lino Echeverría y Colorado.

A su vez, el alcalde alertó que el accionar de los narcos está poniendo en riesgo al Parque Madidi y a las 34 comunidades campesinas que se localizan allí. El 22 de marzo pasado, según la denuncia escrita, un comunario llamado Sandro Baler, de Cocos-Lanza, se encontró con un grupo de narcotraficantes, quienes le sustrajeron su rifle de cacería. “Con su misma arma le dispararon, por suerte pudo escapar al monte”, señaló Flores quien indicó que los narcos se desplazan en bandas de 10 y hasta 40 individuos. Los narcos van acompañados de sicarios –“que no tienen miedo a nada”- y que exhiben impunemente armamento pesado, como ametralladoras. “En carnavales, hemos estado recorriendo las comunidades ya que la de Vilipiza alertó sobre la presencia de 8 narcos peruanos con droga”. Según el alcalde, es incesante la presencia de personas desconocidas y movilidades de todo tipo -motos, vagonetas y taxis- en el camino que une a Asariamas con Apolo. “Esto pasa semanalmente”, aclaró. Recordó también que ya el 2007 hubo una balacera, otra vez en Cocos-Lanza, entre narcotraficantes peruanos. “Cuando terminó, los comunarios encontraron a un hombre con diez balas en su cuerpo. Lo evacuaron al Perú, porque en la zona carecemos de atención médica”- remarcó.

Consultado acerca de sí era la primera vez que se hacía esta denuncia, la autoridad informó que, dado el riesgo de muerte que conlleva la misma, el año pasado los comunarios de la frontera lo habían hecho apersonándose en su despacho. “Vía teléfono, hemos hablado con la policía, pero hasta ahora no ha habido respuesta alguna”, señaló.

La denuncia escrita solicita urgente presencia militar y policial en el sector y fue enviada con copia a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia y Gobierno, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias estatales.

Flores no pudo ocultar su temor frente a sus propias declaraciones, insistiendo que “seguro que ahora me van a amenazar de muerte también a mí y a mi familia”, aunque dejó en claro que “como municipio, estamos en la obligación de hacerlo”, clamando porque se efectivice, por parte de las autoridades nacionales, el resguardo de esa frontera y el cumplimiento de garantías constitucionales y de medidas de seguridad para sus habitantes.

“Todos están amenazados de muerte”- concluyó.

Ya se había denunciado la presencia de narcos

El 16 de diciembre del año pasado, la Expedición Madidi y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) presentaron una denuncia-informe al Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villena, sobre la presencia de narcos en la frontera boliviano-peruana, no solamente en las comunidades señaladas en la entrevista por el Alcalde de Apolo, sino incluso en el colindante Municipio de Ixiamas.

La gravedad de la denuncia hecha en diciembre radicaba en que los narcos también están invadiendo los territorios que forman parte de la Zona de Reserva Absoluta Toromona -situada al norte de la ya referida comunidad de San Fermín y al interior del Parque Madidi-, y donde habita un pueblo indígena en situación de aislamiento, probablemente los supervivientes de los Toromonas históricos, y que por mandato del Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el gobierno también está en la obligación de protegerlos.

Parte de la denuncia escrita efectuada a la Defensoría indicaba que, según informes de los guardaparques del área protegida, también el sector de Alto Madidi, en el Municipio de Ixiamas, “se ha vuelto (…) zona de paso para los que trafican con la “blanca” [cocaína] desde Perú, seguramente por el [río] Heath, se cruzan al [río] Enajewa hasta el [río] Enatawa, de ahí al campamento [de guardaparques de Alto Madidi], seguidamente a Ixiamas. Se dice que en Ixiamas llegan avionetas en la noche, cargan o descargan en dos minutos y se van, claro la pista está ahí y no se usa, y está en perfecto estado y sin vigilancia”. Se refiere a la pista de aviones de Ixiamas, que nunca entró en operaciones civiles ni militares, por carecer de torre de control.

En el mismo informe se aclaraba otra de las rutas que utilizan los narcos, que complementa la información brindada por el Alcalde Flores: “Desde Asariamas seguramente o desde más arriba, viajan por sendas hasta el rio Tuichi, y se entran más arriba de San José de Uchupiamonas, sin pasar por la población, hasta llegar a Tumupasa, todo de noche”. Finalmente, se denuncia también que los narcos “le han ofrecido a gente de Ixiamas, guardaparques, gente local, etc., hasta 100 dólares el kilo de la “blanca”, solo por el transporte”. Los informantes de esta situación han solicitado permanecer en el anonimato, por temor a represalias, según se indica en el escrito presentado a la Defensoría.

La situación que puede estar viviendo el pueblo indígena aislado que habita la Zona de Reserva Absoluta Toromona, reclama solidaridad y atención urgente, nacional e internacional.

Río Abajo, 7 de abril de 2011 12:05

Fuente: BOLPRESS, 7 de abril de 2011

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