El discurso pronunciado por el presidente Morales en el Día del Mar

(TEXTUAL) 23 marzo de 2011

La Paz, 23 mar (ABI).- El siguiente el discurso inextenso del presidente de Bolivia, Evo Morales, pronunciado el miércoles en La Paz, en la conmemoración del 132 aniversario de la pérdida del litoral boliviano tras una guerra con Chile.   Compatriotas:   Hoy 23 de marzo, recordamos 132 años de la heroica Defensa de Calama en la que brindó su vida Eduardo Avaroa  y junto a esta acción recordamos también a héroes de la talla de los valientes Colorados de Bolivia, el coraje de Juancito Pinto y otros patriotas que derramaron su sangre y ofrendaron su vida por la Patria en la defensa de nuestro Litoral.   Volver la mirada atrás, es encontrarnos con una realidad que hoy día debemos recordarla y explicarla para poder enmendar la injusticia de este enclaustramiento.   El conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, en su carta de 15 de octubre de 1550, afirma, textualmente, el paralelo 25 como el límite más al norte de lo que hoy es Chile.   El territorio costero de la Audiencia de Charcas, sobre la cual se conformó nuestra República, abarcaba desde el Río Loa hacia el norte, y el Río Salado en el sur.   La organización territorial y administrativa de la Audiencia de Charcas, estaba conformada por cuatro intendencias, la de La Paz, la de Santa Cruz, la de Charcas y la de Potosí, que estaba dividida en seis partidos: Porco, Chayanta, Lípez, Chichas, Tarija y Atacama, que tenía por límite contiguo a Chile al Río Salado, junto al Río Paposo.   Bolivia nació con su litoral soberano en el Océano Pacífico, así lo demuestra la Convocatoria de 9 de febrero de 1825 que hizo el Mariscal José Antonio de Sucre para que los habitantes del Alto Perú definan sobre su independencia, documento en el que se consignó la población de Atacama, además que, el Acta de Independencia de Bolivia, de 6 de agosto de 1825, se encuentra firmada por el representante de Atacama.   Luego de constituida la República de Bolivia, se creó el Departamento del Litoral, compuesto de las provincias La Mar, con su capital Cobija, y Atacama, con su capital San Pedro de Atacama.   En la costa boliviana estaban los puertos de Antofagasta, Cobija y Tocopilla, y las bahías de Mejillones, Algodonales y Herradura.   Las constituciones políticas de Chile de los años 1822, 1823 y 1833 reconocen que el límite norte de Chile era el desierto de Atacama.   El primer Tratado de Límites entre Chile y Bolivia fue suscrito el 10 de agosto de 1866 que fijó como límite el paralelo 24° de latitud sur. Este límite fue confirmado el 6 de agosto de 1874 por el segundo  Tratado de Límites entre Bolivia y Chile.   En estos dos Tratados de Límites se acordó que Chile y Bolivia podían explotar en la zona denominada de medianería el guano, los metales y minerales en el territorio comprendido entre los paralelos 23° y 25° de latitud meridional. Sin embargo quedó claro que el límite entre ambos Estados era el Paralelo 24.   El año de 1877 se produjo un terremoto seguido de Tsunami que sembró muerte y devastó los puertos de Tocopilla y Cobija por lo que el Estado Boliviano tuvo que efectuar el cobro de impuestos a empresas que explotaban los recursos naturales que existen en aquella región: guano, salitre y minerales.   Estos cobros no establecían nuevos impuestos y por tanto no violaban el Tratado de 1874.   A esta decisión boliviana, Chile expresó unilateralmente que el Tratado de 1874 estaba roto, pese a que el Protocolo de 1875 establecía que cualquier mal entendido sobre la aplicación del Tratado debía resolverse por la vía del Arbitraje.   Chile, financiado con capitales imperiales, aprovechando de la desgracia, de la catástrofe natural sufrida por Bolivia, invadió militarmente el puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Después de tomar Antofagasta, Chile tomó sucesivamente los puertos de Cobija, Mejillones y Gatico, las poblaciones de Calama y San Pedro de Atacama y los yacimientos mineros de Caracoles.   Como consecuencia de la guerra, el país vio cercenado su territorio y su acceso soberano al Océano Pacífico. En el territorio usurpado a Bolivia se descubrieron los yacimientos cupríferos de Chuquicamata, que son los más importantes de esos territorios y uno de los más grandes del mundo. También fueron usurpadas significativas reservas de guano y salitre que, durante décadas, contribuyeron al desarrollo chileno.   El 13 de agosto de 1900, Abraham Koning, ministro Plenipotenciario de Chile enviado a Bolivia, remitió una nota que expresaba:   ‘ »Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él, con el mismo titulo que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de  las naciones »‘   El Tratado de 1904 se forjó bajo la presión chilena y la fuerza, cuya expresión es la carta de Abraham Koning, el anuncio de tropas chilenas apostadas en la frontera, sumado a la complicidad e intereses internos antipatrias.   El injusto Tratado de 1904, no se cumple ni ha sido cumplido por Chile. El régimen de libre tránsito no sólo fue afectado por la privatización de los puertos que utiliza Bolivia, sino que no funciona como debería.   Los daños, económicos, comerciales, financieros de la invasión y la usurpación son incalculables. Cada año, cada mes, cada día de los últimos 132 años Bolivia pierde y se limita en sus capacidades de desarrollo.   No solamente eso, sino que se ha provocado al pueblo boliviano un sentimiento de aislamiento y desventaja. No podemos permitirnos condenar a las futuras generaciones a ese destino.   Bolivia recibió múltiples muestras de apoyo en diversos foros y encuentros internacionales, así como por personalidades y jefes de Estado, gobiernos, movimientos sociales del mundo, en cuanto a la necesidad de reivindicación marítima.   Un hito importante lo marca la Organización de Estados Americanos, que el año 1979, a través de la Resolución Nº 426, resuelve: « Recomendar a los Estados, a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico y asimismo tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales ».   Saludamos los esfuerzos que hicieron presidentes de las anteriores gestiones de Gobierno.   En nuestra gestión logramos iniciar un diálogo bilateral entre Bolivia y Chile, sin exclusiones sobre trece puntos entre los que se encuentra el tema del mar. Gracias a este diálogo se ha logrado la sensibilización en diferentes estamentos de parte de la población de Chile, en particular sus movimientos sociales, que ven como una injusticia que Bolivia esté cercenada sin acceso al Pacífico.   Se ha construido un clima de mutuo diálogo entre diferentes instituciones, y hemos sostenido varias reuniones a todo nivel con las autoridades de Chile, conformando una Comisión de Alto Nivel, para acelerar propuestas concretas, útiles y factibles.   No obstante, a pesar de 132 años de diálogo y esfuerzos, Bolivia no tiene una salida soberana al Pacífico.   Frente a esta realidad es necesario dar un paso histórico por la esperanza y el bienestar de los bolivianos.   Compatriotas:   Es importante mencionar que la Constitución declara a Bolivia como un Estado pacifista que busca la solución de sus controversias por métodos pacíficos, sin renunciar a su derecho a defenderse de todo tipo de agresiones.   La misma Constitución aprobada por el pueblo, establece con suma claridad la reivindicación marítima con soberanía, como una de las bases de la política internacional de nuestro país. Es deber de nuestro Gobierno cumplir el mandato constitucional.   El Derecho Internacional, en estas últimas décadas y particularmente estos últimos años, ha dado grandes avances, ahora existen tribunales y cortes a los cuales pueden llegar los Estados soberanos a reclamar y demandar lo que en derecho les corresponde.   Ahora es factible y posible lograr que estos organismos internacionales hagan justicia y reparen los daños causados a los países, sin necesidad de recurrir a ninguna forma de violencia.   Por todo ello, la lucha por nuestra reivindicación marítima, lucha que ha marcado nuestra historia por  132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al océano pacifico.   Bolivia es un país digno, respetuoso y respetado en la comunidad internacional. Somos un país que en los últimos años se ha hecho conocer en el mundo entero, por la determinación de su pueblo y su gobierno de buscar para sí mismos un futuro mejor con igualdad y equidad.   La comunidad internacional debe entender ahora que ha llegado el momento, para que esta inmensa herida que tenemos los bolivianos por nuestro enclaustramiento marítimo sea cerrada en base a un proceso de connotaciones históricas que con un fallo justo y certero, le devuelva la cualidad marítima a nuestro país.   Es en función de ello que he planteado al Gabinete de Ministros que mediante un Decreto Supremo se cree la Dirección General de Reivindicación Marítima, que será la instancia dentro de la cual jurídicamente se preparen las acciones por la causa marítima boliviana, y a la cual todos los bolivianos, gobernantes y gobernados, ayudaremos a que cumpla eficazmente su trabajo.   Asimismo he solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, apruebe a la brevedad posible todos los tratados y convenios internacionales que nos posibiliten esta misión que hoy empezamos los bolivianos.   Hermanas y hermanos:   Los derechos nacen del respeto, la solidaridad, la complementariedad  y la hermandad de los pueblos, esa es la ley suprema de las naciones.   Muy pocos pueblos han sufrido una injusticia tan grande como la que sufre el pueblo boliviano. La memoria de nuestros mártires, la historia, la conciencia de la comunidad internacional, la razón y la justicia acompañan al Pueblo de Bolivia en su demanda marítima.   Este es un momento de la historia en el que debemos despojarnos de cualquier interés personal, sectario y partidario, y anteponer los intereses de la patria. Les convoco a sumar nuestros esfuerzos en este desafío.   Somos un país en vías de desarrollo, pero soberano. Somos un país pequeño pero digno. Por ahora somos un país sin mar, pero volveremos al mar con soberanía.   SE. Juan Evo Morales Ayma Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia La Paz, 23 de marzo de 2011 Fuente: ABI

 

 

 

Gonzalo Castellanos del TAN definirá el derecho propietario del predio Yasminka, reclamado por Yasminka Marinkovic y su esposo Robert Jakuvek Fojs

Redacción Bolpress
El 14 de octubre de 1998, los esposos Robert Jakuvek Fojs y Yasminka Catarina Marinkovic solicitaron a la oficina departamental del INRA de Santa Cruz la tenencia de cinco mil hectáreas de « terrenos baldíos y vírgenes », situados a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
Los Jakuvek-Marinkovic informaron que las tierras reclamadas eran « baldías y vírgenes », es decir que pertenecían al Estado. Pero en una segunda solicitud el 30 de noviembre de 1998, demandaron el saneamiento de 12.152 hectáreas ubicadas a 60 kilómetros de la comunidad Santa María, dentro del cantón Yaguarú, en el camino carretero Santa Cruz-Beni, « en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993 ».
En su primera demanda, el matrimonio reconoció que los predios carecían de antecedentes agrarios, y en su segunda solicitud 45 días después aseguraron que cumplían con la Función Económica Social de ley. La contradicción quedó registrada en el informe técnico jurídico N. 097/2001 enviado al director departamental del INRA.
A lo largo del trámite, los beneficiarios incurrieron en repetidas contradicciones respecto a la fecha de su posesión. El portavoz de la familia Juan Manuel Arias dijo que Robert Jakuvec, el verdadero dueño de Yasminka, ocupaba las tierras desde 1993. En otras declaraciones los demandantes aseguraban la posesión desde 1994, mientras que algunos documentos establecen que estarían en el lugar desde 1998.
El predio solicitado por el matrimonio Jakuvek-Marinkovic está dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo Guarayo en proceso de saneamiento que se encontraba inmovilizada desde 1997.
De acuerdo con la ley 1715, toda posesión posterior a 1996 es ilegal y todas las actividades realizadas en los predios después de 1997 no son reconocidas porque violan las resoluciones de inmovilización de la TCO.
A pesar de ello, el INRA aceptó el inicio de un trámite de « saneamiento simple ». En pericias de campo realizadas en julio de 2000, los técnicos evidenciaron un desmonte de 100 hectáreas y la existencia de alrededor de 30 reces. Sin embargo, certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas.
Los Jakuvek-Marinkovic tendrían que haberse dado por sobre satisfechos, pues la norma manda reconocer sólo la superficie que cumple la FES cuando no existe un título de propiedad perfecto o cuando el título tiene vicios de nulidad. Pero no fue suficiente para la familia.
El 21 de agosto de 2002, los Jakuvek-Marinkovic se apropiaron irregularmente de otras 10 mil hectáreas de tierra mediante un « acta de conciliación » suscrita con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori. De esta forma, la hacienda Yasminka creció de 2.558 a 12.587 hectáreas. (1)
Además, ex autoridades de INRA admitieron como pruebas de cumplimiento de la FES documentos privados de dudosa validez. En el caso de Yasminka, se validaron « notas de entrega » y « notas de crédito », considerados documentos privados de carácter doméstico sin valor probatorio alguno. (2)
En 2004, cuatro años después de las pericias de campo, se añadió al plano de la hacienda un punto geodésico que no se había visto antes. Gracias a esa misteriosa modificación apareció dentro de Yasminka un pequeño descampado de 35 hectáreas anterior a 1996 denominado « Once por ciento », de propiedad de Santos Méndez Carrillo.
Se presume que los Jakuvek-Marinkovic se valieron del pequeño descampado y se atribuyeron trabajo ajeno para demostrar que toda la hacienda Yasminka era anterior a 1996. Sin embargo, imágenes satelitales tomadas entre 1993 y 2006 demuestran que se hicieron trabajos en esas tierras caracterizadas por ser « monte alto » recién a partir de los años 2000 y 2001.
Actos procesales
El 10 de julio de 2007, el Viceministerio de Tierras formalizó una denuncia penal ante el Fiscal General de la República en contra de Robert Jakuvek Fojs, Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval y Silvia Ximena Ovando Bilbao La Vieja por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, tipificados por los artículos 199, 203 y 146 del Código Penal.
El 12 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso Milton Mendoza comunicó el inicio de las investigaciones al Juez Instructor y Cautelar Segundo en lo Penal Julia Parra.
El 20 de julio de 2007, el ciudadano Rubén Darío Bascopé Hurtado presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la ciudad de Santa Cruz en contra de Jakuvek, Marinkovic, Silvia Ovando y Eliane Capobianco por la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica destinados al acaparamiento de tierras en la provincia Guarayos.
El proceso registrado con el número 0705076/07 quedó a cargo del fiscal Osmar Arias. Los imputados se presentaron voluntariamente a prestar declaraciones informativas, negando los delitos que se les imputaban.
Se presume que este proceso abierto en Santa Cruz fue una « autodenuncia » con el objetivo de trasladar a la capital cruceña el proceso iniciado en La Paz. El 20 de agosto de 2007, los imputados Jakuvek Fojs, Marinkovic de Jakuvek y Ovando interpusieron una demanda de Excepción de Incompetencia en razón de territorio, solicitando la declinatoria de competencia de la Juez Julia Parra.
En septiembre de 2007, la juez Parra declaró probadas las excepciones de incompetencia en razón de territorio, disponiendo la remisión del proceso a la ciudad de Santa Cruz.
El Ministerio Público y el Viceministerio de Tierras interpusieron un Recurso de Apelación Incidental, el cual pasó a conocimiento de la Sala Penal Segunda integrada por Dora Villarroel y Armando Pinilla, quienes devolvieron los antecedentes a la juez Parra disponiendo que corrija los errores procedimentales de forma y de fondo, y dicte una nueva resolución.
El 15 de mayo del 2008, la juez Parra emitió la Resolución 633/2008 mediante la cual ratificó y declaró Probada la Excepción de Incompetencia en Razón de Territorio.
El 20 de mayo de 2008 se formalizó la Querella Criminal y el 30 de mayo el Viceministerio de Tierras interpuso un Recurso de Apelación Incidental contra la Resolución N. 633/2008, el cual se encuentra pendiente de resolución.
En manos del TAN
El 19 de octubre de 2007, en representación de Yasminka Marinkovic y Robert Jakuvek, Nenad Matkovic Vrajincan interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN), impugnando la Resolución Administrativa RA-ST-0529/2007 del INRA. El proceso contencioso administrativo registrado como expediente N. 63 se halla pendiente de resolución.
El presidente del TAN Luis Arratia Jiménez informó que el proceso contencioso que definirá el derecho propietario del predio Yasminka fue sorteado para resolución el 1 de septiembre de 2008, quedando a cargo del caso el vocal relator Gonzalo Castellanos.
Mediante un Auto, se solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia y se pidió un informe técnico al geodesta del TAN.
La resolución del proceso Yasminka depende directamente del vocal del TAN Gonzalo Castellanos. En sus manos está hacer justicia y devolver la tierra usurpada al Estado y al pueblo guarayo, o consolidar un latifundio malhabido.
Notas
1. La Ley INRA indica que la FES, la base para el reconocimiento de derechos, se verifica en pericias de campo (arts. l66 I 3 de la Ley 1715 y 290 – 293 del D.S. 25763). La verificación de la FES significa contar vacas y medir el terreno con herramientas tecnológicas. Contrariando la norma, a fines de los años 90, ex autoridades utilizaron la novedosa figura de « conciliación entre partes » para reconocer derechos propietarios de la tierra. Firmaron el acta de conciliación de Yasminka la directora interina del INRA Santa Cruz de entonces Eliane Beatriz Capobianco Sandoval (ex constituyente de Podemos) y Silvia Ximena Ovando Bilbao la Vieja, ex directora nacional de TCOs. Ambas autoridades violentaron la normativa y validaron el mecanismo ilícito de la « conciliación » para beneficiar a los empresarios, y ahora son enjuiciadas por la comisión del delito de uso indebido de influencias. Se instruyó el inicio de un proceso administrativo en contra de 16 ex funcionarios del INRA: Fernando Caballero, Guillermo Rivero Cuéllar, Iván Altamirano, Yaquelín Zabala, Ivón Vedia, Jorge Aguilera, Eliane Capobianco, Silvia Ovando, Wilson Vaca, Magali Padilla, Jaime Luisi, Jorge Chavarria, Mónica Justiniano y José Landrie Alfredo Caballero. También firmaron el acta de conciliación de Yasminka Henry Escalante, abogado de los guarayos, (trabajaba para los indígenas en el CEJIS, pero con el tiempo se fue entendiendo mejor con los latifundistas; hoy es alto funcionario de la Prefectura de Santa Cruz) y Jorge Amantegui, asesor legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz – FEGASACRUZ (actual jefe de gabinete del Prefecto Rubén Costas).
2. En el texto del acuerdo conciliatorio del predio Yasminka se presenta como pruebas 1. Una « Autorización para venta » de 2.100 dosis de vacunas antiaftosa fechada el 20 de agosto de 2002; 2. Nota de entrega N. 4495 de Veterinaria La Quinta de fecha 1 de julio de 2002; 3. Nota de crédito N. 1036 de Servicios Veterinarios Fortaleza del 1 de julio de 2002 por 1000 dosis de vacunas; 4. Un contrato de trabajo con el Ing. Evert Durán Rodríguez suscrito el 20 de agosto de 2002 para la elaboración de un Plan de Manejo Forestal para 4912 has.; 5. Nota de entrega N. 8988 de Agroinco SRL del 20 de agosto de 2002 que detalla la entrega de 2100 dosis de vacuna aftosa; 6. Contrato privado de compraventa de ganado vacuno suscrito el 28 de junio de 2002 por los esposos Jakuvek Marincovic y la Empresa Laguna Corazón SA (en ese momento Yasminka M. era co propietaria y ejecutiva de la empresa Laguna Corazón y por tanto el negocio lo hizo ella sola) y 7. Acta de Reconocimiento de la « Central Yaguarú » (sic). Los certificados de vacunación, de veterinaria, de adquisición de ganado, etc. son complementarios y sirven para aclarar, pero en ningún caso para sustituir o contradecir lo que se apreció en terreno, observa un informe del Defensor del Pueblo de 2005 referido al caso.

Denuncia de la Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz

AMENAZA DEL COMITÉ CÍVICO REGIONAL DE RIBERALTA

ALCALDES MUNICIPALES, DIRIGENTES SOCIALES Y TRABAJADORES DE CEJIS RIBERALTA – CIPCA NORTE – IPHAE

TIENEN 24 HORAS DE ABANDONAR RIBERALTA – BENI  

 

La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz denuncia a la opinión pública nacional e internacional que dirigentes campesinos, trabajadores zafreros y los trabajadores de las organizaciones de Derechos Humanos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA e IPHAE, han recibido hoy 15 de septiembre, la intimación del Comité Cívico Regional de Riberalta de abandonar la ciudad, « .caso contrario no nos responsabilizamos de lo que pueda pasarles. » 

HECHOS

En una declaración de prensa al medio día de hoy en el canal 4 de Riberalta el líder cívico Mario Aguilera B. y el vicepresidente Marcos Jáuregui, declararon que conocían quienes habían financiado a los campesinos y zafreros que se habían desplazado desde Riberalta para marchar en Pando, sindicando directamente a CIPCA Norte, CEJIS Riberalta e IPHAE, así como, a dirigentes campesinos y trabajadores zafreros amenazando a estas personas a salir en 24 horas de Riberalta, caso contrario el presidente del comité cívico no se responsabiliza de lo que pudiera suceder.

ANTECEDENTES

El día viernes 12 de septiembre la Subprefectura de la provincia Vaca Díez-Beni, constitucionalmente responsable de la seguridad ciudadana y resguardo de las personas, convocó a una reunión de instituciones con el objetivo de promover un « Pacto De Unidad y Pacificación » en Riberalta, ante las muertes que se habían producido en Pando -Masacre de Porvenir y 3 Barracas, que arrojan más de 30 campesinos muertos. En dicha reunión la Federación de Campesinos de Vaca Diez desmintió las aseveraciones que estaba realizando la prensa, sobre que habrían sido campesinos de Beni los que se encontraban en el enfrentamiento en Pando, puesto que ellos no participaron de la marcha a Porvenir. La reunión concluyó con el acuerdo de pacificación. Sin embargo, al final de la reunión un grupo de cívicos irrumpió rechazando toda tregua y desconociendo los acuerdos asumidos en la reunión.

Sin efecto ya los acuerdos y las garantías para los ciudadanos en esa provincia, los cívicos continuaron con sus amenazas de muerte, persiguiendo e intimando de retirarse de la ciudad a los alcaldes municipales del partido de Gobierno (MAS), autoridades cuyas jurisdicciones están en el vecino Pando, pero radican en Riberalta (Municipios Gonzalo Moreno, San Pedro y El Sena), al igual que a los dirigentes de los trabajadores zafreros de castaña y a las ONG, acusados de « promover el enfrentamiento en Pando desde Riberalta« .

Este clima de tensión se mantiene en la ciudad desde el día martes 9 de septiembre cuando el Comité Cívico Regional y la Subprefectura de la Provincia Vaca Diez, iniciaron la toma de instituciones estatales como Migraciones, Impuestos Internos y Correos, además, de destrozar las oficinas de ENTEL, en coordinación con los otros departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Esta gente está desde esa fecha apostada en el aeropuerto, el cual fue clausurado, convirtiéndose actualmente en su centro de operaciones, donde pernoctan los grupos de vándalos que recorren la ciudad en motocicletas que con cohetes y pirotecnia, amedrentan día y noche a la población de Riberalta. 

PETICIÓN

Ante la continuación de los actos de violencia, amenazas y persecuciones que sufren los ciudadanos de Riberalta, sobre todo alcaldes, dirigentes sociales e instituciones de derechos humanos de la región:

1.     Exigimos al Subprefecto de la provincia Vaca Díez del Departamento del Beni, provea todos los medios necesarios que protejan la vida y la integridad de los dirigentes sociales campesinos y zafreros perseguidos, los trabajadores de las ONG’s: CEJIS Riberalta, CIPCA Norte e IPHAE, así como, a los alcaldes municipales que viven en Riberalta.

2.     Exigimos a los Ministros de Gobierno y Defensa, dispongan el inmediato despliegue de fuerzas policiales y militares que resguarden las autoridades municipales, dirigentes sociales y trabajadores, cuyas vidas e integridad personales están en serio riesgo debido al descontrol y violencia que reina en la ciudad de Riberalta exaltado por los grupos violentos incrustados en el Comité Cívico.

3.    Exigimos al Comando de la Policía Nacional y la Fiscalía de Riberalta inicie de oficio la investigación penal de los hechos  denunciados.

4.     Exigimos al Estado de Bolivia se ajuste a los convenios internacionales de derechos humanos a los que se encuentra suscrito, así como, a la normativa nacional vigente para dar con los responsables y restablecer la paz social en la región.

Por la Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz:

Leonardo Tamburini, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)

Eulogio Núñez, Centro para la Investigación y Promoción del Campesinados (CIPCA) Santa Cruz

Miriam Suárez, Casa de la Mujer

Guadalupe Pérez, Colectivo Rebeldía

Javier Guillaumet, Formación Solidaria (Formasol)

Juan José Ávila, Desafío

Raúl Soto, Colonia Piraí

Fernando Rivero, Defensa del Niño Internacional (DNI)

Gerardo Burgos, Propuesta

Alcides Vadillo, Fundación Tierra

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) preocupada por violencia

http://www.fidh.org

5/09/2008

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) está extremadamente preocupada por la ola de violencia desatada por los prefectos y comités cívicos separatistas y racistas en Bolivia en estos últimos días.

Tras el anuncio del Presidente de su intención de convocar un referendum de aprobación del proyecto de Constitución en diciembre de este año, y descontenta frente a la repartición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la oposición al gobierno de Evo Morales procedió a la toma de instituciones estatales en Santa Cruz, Cobija, Tarija y Trinidad.

En Cobija (departamento del Pando), trabajadores de la Prefectura, miembros de los Comités Cívicos y campesinos, armados con bates y palos irrumpieron, saquearon y tomaron violentamente seis entidades públicas: entre el miércoles 3 de septiembre y ayer, fueron tomados el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las instalaciones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Superintendencia Forestal, la Dirección Nacional de Migración y la oficina de la Representación Presidencial. Las oficinas de la Aduana Nacional y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) fueron tomadas en los días anteriores. Habría habido amenazas de muerte contra los funcionarios y se denunció además que armas letales abrían sido utilizadas. Asimismo, la representante presidencial en el Pando, Nancy Texeira, alarmó sobre el hecho que está confirmada la llegada de más de 500 campesinos a la capital cobijeña con el propósito de fortalecer la toma de entidades públicas [].

En Trinidad (Beni), un grupo de 200 personas habría intentado tomar las instalaciones de Impuestos Internos el martes con piedras, palos y armas de fuego, pero fueron repelidos por los efectivos militares, mientras que en la mañana de este jueves, una bomba « molotov » explotó al interior de la Representación Presidencial en Tarija. Ya el miércoles, jóvenes movilizados, según ABI por la Prefectura, habrían intentado ingresar a las oficinas de la representación a las 2h00 de la madrugada. En Santa Cruz también la representación de la Presidencia fue tomada violentamente el lunes 1 de septiembre por unas 60 personas que golpearon a los presentes.

Más grave aún, estos actos de vandalismo y tomas de instituciones han sido acompañados por ataques en contra de miembros de las Fuerzas Armadas y amenazas de toma de cuarteles del Ejército por parte de las autoridades opositoras al gobierno de Evo Morales.

En la noche del martes, grupos armados que intentaban tomar las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales en Trinidad (Beni) atacaron a los militares de la Sexta División con armas blancas y de fuego, dejando diez heridos entre los miembros del Ejército. El presidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar, dio « un plazo » de 48 horas para que el comandante de la Sexta División del Ejército, abandonara el « territorio beniano ». Ya el 21 de agosto policías habían sido golpeados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz, cuando estos últimos estaban intentando tomar el Comando Departamental de la Policía cruceña, y en el Pando se estaría amenazando con ocupar las dependencias de las Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto.

En este ambiente siguen los ataques y amenazas de carácter racista y discriminatorio en contra de dirigentes sociales y en general de todos los que se supone están a favor del gobierno actual. El último ejemplo es aquello del incendio criminal de la casa del dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), Lucio Vedia. El dirigente ya había sufrido un primer atentado y sería objeto de amenazas de muerte por parte de la UJC. El domingo 29 de agosto, personas marchando con la COD fueron agredidas e insultadas con propósitos racistas por grupos de choque entre los cuales se identificaron el Grupo Resistencia, Alianza Autonómica de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista.

En este contexto, el gobierno nacional adoptó el Decreto Supremo Nro. 29698 – en vigencia desde ayer-, que « establece los mecanismos de reparación de los daños causados por actos de vandalismo y depredación del patrimonio Estatal provocados por alteraciones del orden público, promovidos por las Prefecturas de Departamento » y en el cual se prevén, entre otros, procesos penales y descuentos de recursos a las prefecturas departamentales en casos de vandalismo o degradaciones a instalaciones públicas. Frente a esta medida, el senador por el Beni, Walter Guiteras, amenazó que « no se atrevan a descontar ni un solo centavo » y aseguró que el pueblo beniano tomaría los cuarteles de la Sexta División, sin tomar en cuenta las consecuencias que podría generar una acción de esa naturaleza.

La FIDH condena firmemente estos actos de violencia con armas letales y blancas cometidos por los comités cívicos y afines con el apoyo de algunas autoridades regionales, que desestabilizan el país y lesionan la institucionlidad democrática. Urgimos a los comités cívicos y a sus afines a regresar a un ejercicio político de su derecho a la oposición. La FIDH llama a la OEA, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para que condenen estos hechos de violencia y para que respalden al gobierno legítimamente constituido de Evo Morales. La FIDH llama también la comunidad internacional a denunciar estos actos y a prestar sus buenos oficios para restablecer el díalogo entre las partes y permitir la estabilidad del Estado boliviano. 

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[1] Según lo reportado por esta representante del gobierno nacional a ABI (Agencia Boliviana de Información), 200 personas ya habrían sido trasladadas desde las provincias en vehículos de la Prefectura.

MAGNO AMPLIADO MUNICIPAL DE MOJOCOYA

VILLA MOJOCOYA TERCERA SECCION PROVINCIA ZUDAÑEZ

CHUQUISACA – BOLIVIA 

R E S O L U C I Ó N 

En el Coliseo de Redención Pampa, Municipio Mojocoya, provincia Zudañez del departamento de Chuquisaca, siendo a horas doce de la tarde del día domingo 25 de mayo de 2008, en presencia de todas las autoridades sindicales, Municipales, cívicas, comité de Vigilancia del Municipio Mojocoya,  Asociaciones productivas (ADIC  y OECAs), Organización de Mujeres del Municipio, instituciones públicas (salud y Educación), se reúnen todos los dirigentes y bases de las comunidades del Municipio en un AMPLIADO DE EMERGENCIA con el objeto de abordar el tema agresiones físicas y psicológicas a los representantes del Municipio en la ciudad de Sucre el día 24 de mayo del presente año;  después de un profundo análisis de la situación se resuelve lo siguiente:

C O N S I D E R A N D O

Que, los dirigentes de las comunidades del Municipio Mojocoya se trasladan a la ciudad de Sucre con el objeto de celebrar 199 años de independencia del departamento de Chuquisaca, evento en el que el. Exmo Presidente Constitucional de república  Sr. Evo Morales Ayma tenia previsto hacer la entrega de dos ambulancias por Municipio y además de la entrega de cheques para la ejecución de proyectos de desarrollo rural; cuando todos los dirigentes al igual que muchos representantes de otros Municipio fueron sorprendidos por la turba enardecida a la cabeza de la Sra. Epifanía Terrazas y su esposo e inmediatamente fueron agredidos físicamente de la forma mas desastrosa, brutal, cobarde, humillante y  discriminante, sin respetar el sexo,  ni la edad y la condición física de los trabajadores del agro.

Que, el Municipio Mojocoya sufre una de las agresiones físicas de la forma mas brutal y  humillante, cuando después de informarnos que la entrega de las ambulancias previstas se ha suspendido, se decide el retorno a nuestros lugares de origen, sin embargo inmediatamente fuimos interceptados por un grupo de jóvenes a la cabeza de la Sra. Epifania Terrazas y su esposo…… muchos de nosotros escapamos a ocultarnos en las viviendas cercanas….. hasta que finalmente fuimos capturados y tomados rehénes en condiciones lamentables, inicialmente  fuimos brutalmente golpeados, ultrajados, humillados y muchos de los agresores gritaban “Los mataremos a estos indios” .. a qué vienen estos indios carajo!… porque no se quedaron en sus casas! … después deciden conducirnos  conjuntamente con otros dirigentes a la plaza 25 de mayo…. En todo el trayecto fuimos agredidos físicamente y obligados  a gritar contra nuestra voluntad con palabras  ofensivas al Sr. Presidente de la República y además fuimos obligados a levantar la bandera de la capitalidad y la candidata a Prefectura de Chuquisaca Sra. Sabina Cuellar, finalmente en  la plaza  25 de mayo de la ciudad de Sucre nos desnudan y nos obligan a caminar de rodillas a latigazos, mientras uno de los dirigentes es obligado a quemar la Wifala y su poncho, además de repetir palabras de insulto hacia la primera autoridad Nacional.  En cada una de nuestras resistencias recibíamos  agresiones físicas, insultos e humillaciones. 

Que, el H. Alcalde Municipal de Mojocoya en su condición de primera autoridad del Municipio Mojocoya fue agredido físicamente, posteriormente le sustrajeron  1000 Bs, un celular marca Nokía, un maletín que contenía  documentos personales, Sello Institucional, pie de firma, hojas membretadas y solicitudes de financiamiento de proyectos dirigido al Exmo Presidente de la República.

Que; los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de Bolivia, previstos  en el Art. 12 de la CPE que indica “Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren”.

Que en el Numeral II del Art. 9  de la Constitución Política del Estado que determina que Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que este emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.

 Que, además en los incisos  b, c y g, del Art. 7 de la Constitución Política del Estado, que determina  que toda persona puede en el marco de uso de sus derechos  emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión; reunirse y asociarse para fines lícitos; ingresar, permanecer, transitar y/o salir en cualquier parte del territorio Nacional; Además que en el Numeral II del Art. 6 de la CPE indica que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

Que. Los tratados internaciones de los derechos Humanos como la OIT y la Asamblea de Derechos Humanos a nivel Internacional y otros organismos internacionales reconocen los derechos arriba mencionados

Estos derechos y garantías constitucionales fueron  atropellados, por un grupo de personas inadaptados a la cabeza de la Sra.. Epifanía Terrazas y su esposo, así como señala la CPE deben ser sancionados. Las personas que sufrieron las agresiones fisicas,  torturas, vejamenes y humillaciones, del Municipio Mojocoya, son: Angel Ballejos Ramos, Maria Vela, Victoriano Ballejos Ramos, Maria Luz Quispe, Alejandro Choque, Eudocia Velasquez, Javier Maturano, Lucia Choque, Antonio Velasquez, Juana Serrano, Gabriel Caballero, Leonardo Caballero, Abelardo Arevalo, Aydde Zarate Serrano, Falix Cabello, Santos Maturano, Trifonia Vargas, Lisveth Yucra Copa, Maria Luz Moscoso, Paulina Carrillo, Maxima Vides, Eriberto Gutierrez, Casto Velasquez, Vicenta Maturano, Maria Sullk’a, Roberto Maturano, Genoveva Zarate, Cayetana Serrudo, Pedro Nogalez y Bernabé Zarate Serrudo.

POR TANTO

El Magno Ampliado Municipal de Mojocoya en uso de sus específicas atribuciones conferidas por las leyes en actual vigencia.

RESUELVE

PRIMERO: Repudiar, condenar y rechazar contundentemente las agresiones fisicas  a nuestro H. Alcalde Municipal,  dirigentes y bases del Municipio Mojocoya y del departamento de Chuquisaca,   y denunciar ante las instancias nacionales e internacionales de los atropellos, torturas, vejámenes, discriminación, racismo y actos de xenofobia que sufrieron nuestros compatriotas en la ciudad de Sucre.

SEGUNDO: Conminar, instar, exigir, exhortar, clamar y solicitar  al Ministerio Público y otras instancias Nacionales e Internacionales  defensores de los Derechos Humanos de realizar una investigación exhaustiva para determinar los autores intelectuales y materiales para sancionar de la forma mas ejemplarizadora a todos los agresores de los dirigentes del área rural;  lo único que estamos solicitando es que se cumpla la Constitución Política del Estado y las leyes en actual vigencia, además de los tratados internacionales de los derechos humanos. Caso contrario nos veremos obligados a realizar futuras acciones que el caso aconseje.

TERCERO: Exigimos la renuncia irrevocable de los Sres: Jaime Barron al cargo de rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca; Sra. Aydde Nava Alcaldesa de la ciudad de Sucre; Jhon Caba Presidente del Comité cívico, Fidel Herrera Presidente del H. Concejo Municipal de Sucre,  Antonio Jesús Ejecutivo de la FUL y otros lacayos y fieles servidores de la oligarquía boliviana; dándose un plazo de 30 días para la renuncia irrevocable caso contrario tomaremos futuras acciones.

CUARTO: Rechazar, condenar y repudiar la actitud de algunos medios de comunicación que incitan la violencia y la  confrontación entre bolivianos, es en este sentido solicitamos corregir sus actitudes radicales  y realizar una información imparcial, caso contrario recurriremos a las instancias nacionales e internacionales del periodismo para denunciar el trabajo mediático de la prensa local y Nacional. Así mismo desmentir la simulada información de algunos de medios de comunicación que pretenden desinformar a la población con falsas acusaciones como la supuesta planilla de pago a dirigentes, el mismo es falso y total acusación infundada.

QUINTO: Advertir al Comité Interinstitucional de la ciudad de Sucre y la candidatura de la Sabina Cuellar a no realizar campañas electorales en las comunidades del Municipio Mojocoya y otros Municipios del área rural, porque la sociedad civil está enardecida por los hechos ocurridos en la ciudad de Sucre, caso contrario no nos responsabilizamos de las acciones tomadas por las bases porque existe un rechazo total e incontenible a los representantes del Comité Interinstitucional y su candidatura.

SEXTO: Repudiar, rechazar y condenar  la quema del segundo símbolo Patriótico “la Wifala” que representa la pluriculturalidad de nuestra república. En todo caso esto es una provocación a la sociedad más empobrecida de nuestro país.

SEPTIMO: Declarar el estado de emergencia en todo el Municipio Mojocoya por los hechos nefastos, discriminantes, humillantes, vejámenes y xenofobia; y estar en alerta ante cualquiera de las acciones del Comité Interinstitucional de la ciudad de Sucre.

Redención Pampa, 25 de mayo de 2008