VIII Marcha Indígena: “Nuestro respaldo es la ciudadanía de todo el país”

EL CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU CONVOCA AL BLOQUEO NACIONAL DE CAMINOS

(Comisión de Comunicación de la Marcha).- La VIII Marcha Indígena llegó este sábado a la comunidad Limoncito, a 200 metros del puente donde 100 policías antimotines piensan detener el paso de los marchistas. El nuevo lugar de descanso está a cinco kilómetros de Yucumo, donde un grupo de campesinos simpatizantes del Presidente Evo Morales mantiene cortado el camino y amenaza con agredir a los indígenas si no se someten a los dictados del gobierno. La hostilidad de los bloqueadores no se dirige solamente contra las y los caminantes; también pretenden condicionar el trabajo de la prensa en la “vigilia”, como prefieren llamarla en el Palacio Quemado.

 

 

En Yucumo

César Tamayo, periodista de Radio Fides, volvió del bloqueo en Yucumo sano, pero con su cámara de fotos fregada. “He sufrido una agresión hostil de parte de los colonos. Porque aquí (en el campamento de la octava marcha), como verán, la gente es muy tranquila. Ya hace una semana de que estoy aquí. El anterior sábado, estuve en el bloqueo de Yucumo y saqué unas fotografías, tengo aquí registradas las fotografías del bloqueo. Esas imágenes hablan más que mil palabras y muestran a unas 10 o 15 personas en el bloqueo. Publiqué esas imágenes en la página web www.radiofides.com y el día domingo fuimos otra vez al punto de bloqueo. Ahí fui rodeado, todos estaban con palos. Vinieron Guzmán Aliaga, René Huasco, que son los dirigentes con los que he hablado. Vinieron y me rodearon el anterior sábado, me dijeron ‘¿por qué has publicado tú unas fotografías donde nos haces ver que somos poquitos?‘. Yo les dije: ‘Esas son las fotografías y esa es la cantidad de gente‘. Ellos empezaron a gritarme que ‘la prensa está parcializada‘, ‘nos hacen ver mal‘. Y me vino un palazo de este lado. Me lo dieron a la cámara, que cayó y se me rajó (más bien todavía está funcionando). Yo mantuve la calma, les expliqué, les dije ‘miren, discúlpenme, ustedes son los bloqueadores, pero en todo caso, si quieren que se vea que son varios pues ábranse entonces, para que se note que son hartos. Pero no puedo hacer nada más, o sea estoy sacando lo que estoy viendo, lo que la cámara está captando‘ », contó Tamayo.

“Ayer tuve una entrevista con Andrés Rojas en su programa de la tarde en vivo y en directo –continuó Tamayo–. Hice las alocuciones correspondientes, los entrevisté, todo eso. Luego vino y me dijo René Huasco, uno de los dirigentes, que ‘Andrés Rojas ha referido que somos cocaleros y masistas. Y no lo somos, por eso tienes que rectificarte aquí‘. Entonces me rodearon y sentí un tono hostil de agresión. Más bien, el compañero de la Red Erbol fue muy inteligente porque estaba adelante y pueden preguntarle a él, que prácticamente, por así decirlo, me salvó la vida. Cuando ya me rodearon y me gritaban ‘tienes que rectificarte‘, yo les dije ‘pero esas palabras las dijo Andrés Rojas‘. Entonces me dijeron ellos que ‘tú trabajas en Radio Fides y vos vas a pagar‘. Se me acercaron, se me acercaron y ahí es que el queridísimo amigo de Erbol se me acercó y dijo ‘¿qué pasa? ¿Te vas a volver Alcalde, que te están reuniendo?‘. Entonces yo mantuve la calma, no quise expresar miedo, porque es como los perros, ellos sienten el miedo y recién te atacan. Yo les dije que fue Andrés Rojas y que iba a hablar con él. Me alejé porque dije que me estaban llamando, agarré una moto y me fui. Pero es verdad que los bloqueadores son pocos. Hasta convocaron al pueblo de Yucumo y el pueblo no les hizo caso. Ahora tengo un problema con la cámara, tengo que ver cómo solucionarlo, pero más bien que no llego a más », relató el periodista.

El compañero de Erbol también fue amenazado en varias oportunidades por los bloqueadores. Pero hasta ahora tuvo la suerte de que en esos momentos siempre le tocaba transmitir al aire. Otros medios que caen mal a los campesinos son ATB, Unitel, El Deber, La Razón y RPT (la lista sigue creciendo).

Hacia La Paz

El jueves a última hora, el gobierno nacional envió un documento de respuesta a la octava marcha en el que plasmaba su propuesta para atender a las 16 demandas de los pueblos indígenas. Luego de que lo analizaran, hoy los marchistas replicaron con una contrapropuesta a los ocupantes del Palacio Quemado. “Consideramos que la atención a nuestras demandas debe establecerse dentro del marco de nuestra plataforma. Pero las respuestas que mandó el gobierno han sido vagas, no es así como nos debería responder. Pareciera que inventa respuestas para presentar al público, pero no para tratar de resolver las demandas de nosotros los marchistas”, dijo Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de comunidades del TIPNIS.

“No satisfacen las respuestas dadas a nuestras demandas, por lo tanto no tiene sentido seguir sentados a conversar, si vamos a redundar sobre lo mismo y no hay voluntad de diálogo en el gobierno. Pero seguimos abiertos al diálogo y pensamos que en cualquier momento el gobierno puede cambiar su actitud”, agregó Vargas.

Ayer, partió una avanzada de 60 indígenas de la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas del norte de La Paz), quienes llegaron primero al campamento en Limoncito. Durante el trayecto, fueron monitoreados en cuatro ocasiones por movilidades cargados de policías. En una de ellas, los uniformados se dedicaban a filmar tanto a los marchistas como a los periodistas que realizaban su trabajo.

“Ya entendemos que la Policía está en movimiento, ustedes los han visto, son testigos con sus cámaras –dijo a la prensa el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez-. Por nuestra parte no hay ningún temor, vamos a seguir la caminata. Cuando hay desesperación e ingobernabilidad, cuando se piensa extremadamente negativo, cuando los ministros y el Presidente no pueden resolver temas esenciales de los pueblos indígenas, comienzan un movimiento de amedrentamiento. Pero a nosotros no nos amedrenta nadie, nuestro respaldo es la ciudadanía de todo el país, por eso los hermanos van a en tranquilidad, en paz”.

“El Defensor del Pueblo ha manifestado muy claro que por derecho constitucional deben estar expeditas las vías carreteras. Nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho de transitar libremente, entonces creo que el gobierno sigue cometiendo otro error constitucional. Va a haber forcejeo, provocado por la Policía, cuando nos quieran parar. Pero quiero destacar que el campo es abierto, no vamos a entrar a su juego de los policías. Es pampa a ambos lados de donde nos quieren frenar. Entonces no sé a quién van a detener. Lo que nos preocupa es que estamos viviendo la conculcación de los derechos a la protesta, a la liberad de expresión. Pareciera que quien se oponga a una política del gobierno va a ser acallado, y eso está muy mal para un Estado Plurinacional, por eso creo que hay que reconducirlo”, dijo el dirigente tacana.

Posiblemente el lunes la octava marcha se encuentre cara a cara con la Policía. O más bien será cara contra escudo, de acuerdo con las imágenes difundidas de los ejercicios de los uniformados antimotines. “Pedimos a la población boliviana que esté atenta a lo que pudiera ocurrir cuando estemos cerca de la Policía. Puede ocurrir que se metan infiltrados para provocar, como ya ha ocurrido en Caranavi, donde hubo dos muertos, o similar a la matanza de campesinos en Porvenir. Los hermanos que nos encontramos en el campamento estamos con todas las ganas de seguir adelante”, contó Chávez.

“Le decimos a la población de Bolivia que debe estar preparada por si algo ocurriera a los pueblos indígenas –agregó-. Si así fuera, deberán tomar las decisiones para reconducir este país, porque todos lo necesitamos, por el bien de todos los bolivianos”.

En Limoncito

Cientos de indígenas hay instalados en la casa de una familia, a metros de donde la Policía espera frenar la marcha. En el lugar hay un solo grifo, que funciona permanentemente para atender a la sed de los indígenas. El perrito Romero -que engordó pero todavía es flaco- quedó adherido al suelo luego de liderar la movilización durante 17 kilómetros.

Don Antonio Sotto Watara, del pueblo Canichana, acudió al médico del campamento porque lo atacaban los calambres en las piernas. Además, estaba deshidratado.

– Le voy a dar suero, una friccionada ahí donde le duele y ya. Nos deshidratamos porque transpiramos mucho y no tomamos agua. Le vamos a preparar un suero de rehidratación oral ¿listo? Acomódese bien para que pueda friccionarlo –dijo el doctor con sus guantes de plástico relucientes.

Don Antonio, de 68 años, es escritor. Todo el tiempo se dedica a tomar notas a modo de bitácora de la marcha. Cada tanto, lee sus poemas a los marchistas y les levanta el ánimo, porque les habla de ellos. “Puede acercarse a mi carpa, donde tengo mi diario completo. Hoy todavía no he escrito porque salimos a la mañanita. Y ahora que llegamos aquí este calambre no se me pasa, no puedo ni echarme ya. Me duele desde el pie hasta la corva. Doctor, yo he estado en todas las marchas, en todingas, conozco las alegrías, los sinsabores de las marchas, los muertos. Mucha gente de los periodistas me pregunta cómo han sido las marchas”.

– ¿Y cuál ha sido la más sacrificada?– dijo el doctor, mientras le masajeaba las pantorrillas entumecidas.

– Esta. Esta es la más sacrificada- dijo don Antonio.

Y continuó con el relato de sus dolencias. “Cuando veníamos por la estancita comenzaron a darme los calambres y zas, me embarcaron para venirme acá. Es que hace dos días me dio diarrea, tuve dos días y dos noches. Pucha que trajinaba a cada rato. Eso es por el agua que tomamos. Y ahí en La Embocada me pusieron un suero anteayer. Con eso me mejoré bastante, porque tenía hasta fiebre”.

Ahora el escritor canichana espera a recuperarse para seguir la caminata hacia La Paz, a 300 kilómetros. Dijo que no piensa dejar la marcha. « Voy a estar hasta lo último, porque me daría vergüenza volverme. Y segundo, si me fuera estaría traicionando al movimiento indígena, lo cual nunca he hecho. Ya me voy a componer bien nomás y voy a continuar », aseguró.

« En todas las marchas he hecho canciones, poesías, chistes, cuentos. De cada comunidad que venimos tengo anotado en mi diario cuándo se fundó, quiénes fueron los fundadores, los héroes de esos pequeños pueblitos que están ahí en la carretera, a los que no ha llegado el desarrollo. Por ejemplo Puerto San Borja, comunidad bonita pero muy olvidada de las autoridades. Lo mismo Totaizal, Santa Ana de Moseruna, Vista Hermosa, adonde llegamos y de donde hemos salido; de La Embocada, mire usted que por lo menos tiene su centro para curar, su iglesita, pero nada más. Tiene un agua pésima, que parece barreno, la luz no llega a todos los hogares. Sería bueno que las autoridades se pongan a mirar, a visitar los ranchitos, las comunidades, para que llegue el progreso, el desarrollo, así los niños vivirían mejor que nosotros. Pero creo que nosotros hemos vivido mejor aquí, 70 años atrás », dijo el comunario de San Pedro Nuevo, al norte de Beni.

Hasta el lunes, los marchistas decidirán qué hacen ante el bloqueo de la Policía antimotines y el puñado de campesinos paceños en Yucumo. « No deja de ser un riesgo para los pueblos indígenas, no solamente para las señoras, sino también para nosotros los hombres. Pareciera que estamos en pie de guerra, pero para nosotros es una guerra sin armas. Nuestra guerra sin armas es por un bien social, por el bien de todo nuestro país. Pero no hay sensibilidad con nosotros. Ayer, nuestro Presidente se bajó hasta la comunidad Santo Domingo (en el TIPNIS), pudiendo venir acá una hora: en una hora se soluciona el problema si él tuviera voluntad de venir aquí. Y mire que nos equivocamos pues. Yo no soy del MAS (Movimiento Al Socialismo, actual partido gobernante), pero le colaboré. Me hice enemigo de ganaderos, de tanta gente, por convencer a otros, a toda mi familia. Lo digo con bastante simpatía, porque así fue », dijo Sotto.

Pronunciamiento del CONAMAQ desde la octava marcha

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) emitió ayer un pronunciamiento en el que instruye a sus bases en los Andes a organizar el bloqueo de todas las carreteras, para protestar contra la barrera que el gobierno nacional –por medio de la Policía y campesinos masistas- ha tendido a la Octava Marcha Indígena. Estos son algunos de los puntos principales de su resolución:

“Ratificamos una vez más, ante la opinión pública nacional e internacional, que la Octava Marcha del CONAMAQ y la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) es completamente pacífica y expresa la más amplia voluntad de diálogo para llegar a consensos en defensa de la Pachamama y para realizar los procedimientos adecuados en el ejercicio del derecho a la consulta previa, informada y con consentimiento libre”.

“Denunciamos ante los organismos de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas y otras, que el gobierno nacional, a través del Presidente del Estado Plurinacional, una vez más está atentando contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, violando los derechos consagrados en la Constitución”.

“Rechazamos categóricamente la supuesta reunión de inicio de consulta en el TIPNIS (en la comunidad Santo Domingo), donde el presidente Evo Morales Ayma quiere aparentar que responde a las demandas de los pueblos indígena originarios del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), ya que la misma carece de toda legitimidad y legalidad; al mismos tiempo, viola los principios y valores y procedimientos administrativos establecidos en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la jurisprudencia internacional. De continuarse tal extremo, nos obligamos a recurrir a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”.

“Denunciamos ante el pueblo boliviano que la presencia del Presidente en el TIPNIS tiene por objetivo confundir a la población con el supuesto inicio de la consulta. Al respecto, cabe aclarar que esta acción no es consulta previa ni tiene consentimiento libre, ya que el tramo 1 y 3 del proyecto de carretera ya se encuentran en ejecución. Además, tiene un contrato ‘llave en mano’ con la empresa brasileña OAS. Por tanto, esta acción es nula de pleno derecho y es inconstitucional, a sabiendas de que los pueblos ya expresaron su rechazo antes y durante la Octava Marcha Indígena. Además, la consulta sería realizada bajo presión psicológica y represión de la fuerza pública”.

“Pedimos al gobierno nacional las garantías constitucionales para los hermanos y hermanas de la Octava Marcha Indígena, por ser sus demandas justas y legítimas. En este sentido, pedimos levantar de inmediato el bloqueo de los colonizadores en Yucumo. De lo contrario, el único responsable por lo que pudiera suceder será el gobierno nacional”.

“Instruimos desde la Octava Marcha de Tierras Altas y Tierras Bajas a los 19 suyus del CONAMAQ a planificar, coordinar, organizar e iniciar el bloqueo de las carreteras estratégicas en el Altiplano boliviano en defensa de los derechos colectivos consagrados en la Constitución y exigiendo respeto a la autodeterminación de los pueblos que habitan en el TIPNIS, respeto a las TCO (Territorio Comunitario de Origen) y frenar la violación de los derechos en ayllus, markas y suyus”.

“Convocamos a la conciencia nacional, profesionales, ambientalistas, obreros y estudiantes a sumarse a esta lucha por la defensa del TIPNIS y los derechos de los pueblos indígenas originarios, exigiendo al gobierno nacional la correcta aplicación de la Constitución, y que desista en la construcción de la ruta con cuyo tramo 2 pretende atravesar el corazón del TIPNIS”.

 

¿Por qué no preguntamos a la Madre Tierra?

EN EL ASUNTO DEL TIPNIS:

Rafael Bautista S. *

El conflicto suscitado por la construcción de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS, descubre, de nuevo, la auto contradicción en que incurre un proyecto estatal que no ha superado su condición colonial. Porque su apuesta por el “desarrollo” no pasa por la generación de un nuevo modelo (acorde al nuevo contenido plurinacional que dice abrazar) sino del empecinamiento en perseguir el mismo modelo de “desarrollo” que produce nuestro subdesarrollo. No se trata de una palabra cualquiera sino del concepto que comprime la creencia última e irrenunciable de la dominación moderna.

El concepto de “desarrollo” es sólo posible por la dicotomía superior-inferior que es, a su vez, un modo sofisticado de encubrir la previa clasificación racista entre civilizados y bárbaros.

En ese sentido, los procesos de “modernización” que abraza ahora nuestro nuevo Estado, asumidos como sinónimo de “progreso”, encubren esta clasificación naturalizada; pues los objetos a ser siempre “modernizados” somos nosotros (afirmamos estar en contra del capitalismo pero seguimos planificando nuestra economía a partir de sus criterios y sus expectativas). Seguimos mirándonos con los ojos del dominador, que nos hace creer que “su desarrollo” es el desarrollo que todos debemos perseguir; pero como el mundo ya no puede repartirse, en esa carrera perdemos siempre y, en efecto, logramos un “desarrollo”, pero que ya no es el nuestro. Para colmo, nuestra colonialidad naturalizada, nos hace creer que “desarrollo” y “progreso” son categoría éticas que nos prescriben el deber moral de “desarrollarnos”, como antes debíamos “civilizarnos”.

Si la historia se repite, la repiten quienes no aprenden nada de ella y no aprenden nada de sus dogmas de fe; por eso no es raro que la izquierda en este proceso (la nueva derecha del proceso) apueste por aquello que critica. En el primer volumen de El Capital, Marx muestra cómo el capitalismo naciente y su correspondiente sociedad burguesa, necesitan destruir toda forma de relación comunitaria para imponer exclusivamente intereses privados como el articulador de las nuevas relaciones sociales. Entonces, lo primero a destruir es la ligazón común, de pertenencia y reciprocidad, del campesino feudal con la tierra; esto se efectiviza con la privatización legal de la propiedad común del campo. El concepto mismo de propiedad es traducido como propiedad privada, es decir, toda propiedad sólo puede ser privada; lo que es posesión común ya no tiene ningún amparo legal, por lo tanto, es susceptible de apropiación (lo que era común ahora es de unos cuantos y lo que consagra las nueva propiedades no son las cercas sino las leyes).

El campesino moderno nace con esta nueva concepción de la tierra: ya no es algo sagrado o divino sino fuente de recursos, es decir, objeto de explotación. La expropiación “legal” de las tierras de comunidad (en el altiplano paceño) para pasar a poder de los nuevos latifundistas (los posteriores detractores del indio), tenían el mismo objetivo. Imponer relaciones sociales pasa por destruir las formas de vida comunitarias. La falacia que inventa la modernidad, para justificar todo proyecto de “desarrollo”, consiste en presentar a toda forma de comunidad como atrasada o prehistórica; pues desde la perspectiva de ella misma, todo lo que no es ella es pre moderno. Es decir, ella se pone, como juez y parte, para decidir que lo que ha destruido o lo que va a destruir, es inferior en sí y ella es lo único superior. En el concepto de “desarrollo” se halla comprimida esta concepción, desde la cual se encuentra devaluada toda forma de vida que no contenga sus valores irrenunciables: el interés individualista, la propiedad privada, la maximización de las ganancias, la codicia como ordenador de la existencia, etc.

Entonces, no se trata de rechazar la modernidad y su economía, el capitalismo, por afanes culturalistas o afirmación intercultural de las diferencias. No. Se trata del rechazo humano a una forma de vida (la moderna) que está conduciendo a la humanidad toda al suicidio colectivo del planeta. Por eso el discurso de “vida o capital” no se trataba de una afirmación folklórica sino de un juicio de hecho: persistir en el desarrollismo moderno era y es una carrera suicida, no sólo para nosotros sino para todos.

Por eso el grito de los pueblos indígenas era un grito superlativo, porque ese grito contenía el grito de la Madre (y de los Ajayus y Achachilas o, lo que dicen los indios de Norteamérica, el Gran Espíritu). Los indios se habían convertido en el portavoz de la Madre, sus defensores, quienes habían alertado al planeta entero, ellos, los primeros sacrificados del proyecto moderno. Por eso tenía sentido la constitución de un Estado plurinacional, como defensor de los derechos de la Madre tierra. Por eso era fundamental proponernos un nuevo modelo de vida que se traduzca en un nuevo modelo de desarrollo, que ya no confirme nuestro subdesarrollo como condición para el desarrollo exclusivo del primer mundo. Pero (oyendo a los portavoces gubernamentales) perseguir el mismo “desarrollo” moderno, delata un síntoma de adicción de algo que no se ha superado. El discurso entonces se hace demagogia y lo que se expresa afuera es algo en lo cual no se cree realmente. Por eso viene la pregunta: si, como dice el gobierno, los indios son manejados por las ONG, ¿por qué no preguntamos a la Madre?

La cuestión es simple. Si decimos ser “defensores de la Madre tierra”, es decir, no la concebimos como objeto sino como sujeto de derechos, por lo tanto, sujeto de expresión, entonces, ella misma puede expresarnos su parecer. Tenemos para ello su modo de comunicación, que es la hoja de coca. A ella también la consideramos como sagrada y hasta hacemos huajtas (ofrendas a la PachaMama) en palacio de gobierno. Es decir, si no creemos ya en los indios e incluso oponemos el interés nacional al interés de ellos, que ahora sería mero interés particular; preguntemos a la Madre, haber qué dice.

¿O es que ya tampoco creemos en la Madre? Y la defensa de ella es mero recurso demagógico para perseguir un proyecto que nos haga ricos, siempre a costa de alguien (en este caso de la Madre). Si el proyecto es, otra vez, la riqueza, habría que preguntarse, ¿qué clase de riqueza? Si es la riqueza moderna, entonces ya sabemos, el precio de esa riqueza es la producción de miseria. ¿Quiénes serían nuestros nuevos miserables? El enfrentamiento entre sectores campesinos e indígenas no es casual. Si los campesinos también apuestan por esa clase de riqueza entonces la tierra no es Madre sino fuente de ganancias; por eso hay cocaleros (no todos) que intensifican su producción a costa de los consumidores, pues de tanto químico que acelera las cosechas, la hoja bendita ya no produce bendición. Se convierte en fuente de ganancias. Lo sagrado se hace pagano.

El problema en el TIPNIS tiene varias aristas que, por el enfrenamiento insensato y paulatino que ha ido adquiriendo la política boliviana, gracias sobre todo a los medios de comunicación, no son fáciles de abordar en declaraciones de uno y otro lado. En principio, la posición gubernamental, errática como de costumbre, ahora insiste en el diálogo cuando previamente no propició aquello; pues lo sensato consistía en hacer del enunciado constitucional, política de Estado. Pero la posición, por principista de, por ejemplo, el ministro de la presidencia, muestra la incongruencia de esta posición con el nuevo contenido de Estado: “la consulta no puede ser vinculante porque no lo quiera yo sino porque en ningún país es vinculante”. Se olvida el ministro que ninguno de esos países es un Estado plurinacional que, además, proclama la defensa de la Madre tierra como defensa internacional. Ese apego legalista es ingenuamente colonial, pues el derecho internacional es una de las determinaciones del derecho de la conquista que se otorga, para sí, el conquistador. Es decir, postulamos la descolonización pero nos aferramos a la defensa hasta histriónica del derecho moderno, para el cual nunca fuimos sujetos de derecho sino mero objeto.

Por eso la Madre nunca tuvo derechos; si los indios son inferiores, con mayor razón la tierra, por eso el concepto de humanidad que proclama la modernidad consiste en su enajenamiento radical de su condición natural. La condición del indio es inferior porque es natural, en cambio, la condición del conquistador es superior porque es condición civil, donde hay leyes (hechas por el conquistador mismo).

Ya no es así, “el derecho ha avanzado”, dicen sus apologistas y, para ello, se amparan en la noción de “desarrollo”, con lo cual, de modo ingenuo, confirman la supeditación a la clasificación mundial que ha originado el racismo y que, en el paradigma del “desarrollo” (encubierto de modo sofisticado), deposita su última creencia: la superioridad europeo-gringo-moderno-occidental. El gobierno insiste en algo que no cree (el “mandar obedeciendo”); pues si creyera, escucharía de modo anticipado, por eso firma contratos sin atender a los afectados, sólo atiende a las necesidades de los inversores, porque también se ha creído el cuento de la inversión.

Si Marx desmonta el sistema de categorías de la ciencia económica burguesa, es para mostrar su falacia encubierta: que el capital es la fuente de toda riqueza. Descubre Marx lo contrario: el capital sólo sabe desarrollar su proceso de acumulación socavando, a su vez, las dos únicas fuentes de riqueza: el trabajo humano y la naturaleza. Quien piensa que no hay nada sin inversión, es decir, sin capital, no ha entendido en aquello que consistiría una crítica al capitalismo. Éste es apenas la expresión económica de un proyecto de vida. Ese proyecto es el moderno. Entonces, no hay crítica de su sistema económico sin crítica de sus presupuestos culturales y civilizatorios.Volvemos al inicio, ¿por qué no preguntamos a la Madre? No preguntamos porque, en el fondo, no creemos en ella, y no creemos porque somos más modernos que el conquistador. El enemigo no está afuera, está en uno mismo, naturalizado en nuestras concepciones de vida, hombre y naturaleza. Por eso toda crítica es descalificada como puro resentimiento. Porque nuestra noción del poder no ha sufrido cambio alguno y llamamos “mandar obedeciendo” a lo que es, en realidad: Yo mando y tú obedeces. Y si no obedeces, estás en contra del proceso. Y si la Madre no obedece, ella también está en contra del proceso. Entonces, todos aparecen como obstáculos del proceso; como algo a eliminar, para el “desarrollo” del proceso.

De ese modo, se produce la recaída en aquello que se pretendía abandonar, la política neoliberal. Para ésta, seres humanos y naturaleza, se presentan como distorsiones del equilibrio del mercado, que siempre son vistos como amenazas externas que impiden el desarrollo de la supuesta armonía que produce el mercado (un verdadero ídolo moderno, como el capital, al cual se sacrifican, desde 1492, pueblos enteros). Que esto crean en el primer mundo se entiende, pero que esto siga siendo dogma de fe de los supuestos anti-neoliberales ya es patético.Seguramente, la pregunta que origina estas notas, motivará la burla de algunos que están en ámbitos de decisión. Preguntar a la Madre les sonará irrisorio, cosa de indios o, como ya dicen, producto de las “siete fumadas poderosas”; tal vez haciendo eco de los detractores del proceso, aquellos despistados que ven en la crítica a la modernidad el “pachamamismo” que les produce tanta ansiedad (¿será que se conciben como los nuevos cruzados del racismo moderno, denunciando los despropósitos prehistóricos de la indiada?).Amenazados por esta nueva cruzada (que no logró desprestigiarlos, pero no cesa de “hacerles entrar en razón”, incluso a la fuerza) los indios empiezan la marcha y, con ellos, marcha la Madre, reclamando, en primera instancia, coherencia. Que el discurso se haga política de Estado. Porque lo que está en juego no es el empecinamiento de los indios que, supuestamente, sólo desean aislarse. Veamos. De las 4’463.157 hectáreas de bosque tropical certificados en el mundo, Bolivia posee 1’474.175, es decir, el 33%, superando inclusive al Brasil, con 1’249.204, el 28%. Parte de ese 33% se encuentra en el TIPNIS. El ingreso a este territorio, por su centro neurálgico, representa inevitablemente, la colonización territorial de estos bosques tropicales. Los cuales no son sólo el pulmón del planeta sino el lugar de origen del 95% de los recursos genéticos, es decir, microorganismos, plantas y animales, de todo el planeta.

La agricultura tropical es de suma importancia para los intereses del primer mundo y sus transnacionales de los granos y los alimentos, por eso no es raro la sentencia de Kissinger: si controlas el petróleo, controlas a los gobiernos, pero si controlas los alimentos, controlas a los pueblos. La lucha por el acceso, control, apropiación, regulación y uso de los recursos tropicales es una nueva distribución geopolítica de los recursos naturales. Ya es sabida la influencia de la Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuaria, EMBRAPA, en algunas políticas agropecuarias que se traducen en nuestro país; esta empresa creada en 1972, en plena dictadura militar, bajo auspicios de la fundación Ford, es uno de los centros de investigación que aplica y desarrolla la cultura científica hegemónica en la actualidad, es decir, el dominio y control de los recursos genéticos en beneficio de las transnacionales. Fue el mismo Ford quien financió una de las mayores destrucciones del Amazonas para la producción intensiva de caucho; la lógica de la maximización de los beneficios hace creer a la propia ciencia que puede alterar y reconducir en unos cuantos años lo que a la naturaleza le costó millones de años. Las alteraciones, en este caso, son producto de la necesidad que siempre ha tenido el primer mundo, de contar con el acceso irrestricto de todas las riquezas naturales, para beneficio exclusivo suyo.

Entonces, ¿cómo se puede insistir en que el interés de los indígenas del TIPNIS sea particular? ¿No se estará admitiendo que lo que entendemos por interés nacional, no es otra cosa que el interés de acceso y control de uno de los últimos reservorios de recursos genéticos del planeta? Sin contar, por supuesto, el petróleo y el gas que se supone existen allí. Es decir, ¿es la defensa del planeta, o sea, de la Madre tierra, interés particular? ¿Por qué una carretera debe necesariamente penetrar el corazón del TIPNIS y no bordearlo?; además habiendo otras conexiones más urgentes y necesarias (como la tan deseada conexión entre La Paz y Trinidad) y no precisamente Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Ahora la ABC (Administración Boliviana de Carreteras) señala que no hay todavía proyecto definido; pero entonces, ¿por qué las palabras del presidente, del sí o sí se construye esa carretera, por donde se ha proyectado, quieran o no los indígenas? ¿Por qué el llamado al diálogo, como de costumbre, se da a destiempo, cuando la marcha se inicia?Si ya no creemos en los indios, porque se han hecho expresión de los ambientalistas y de la derecha, otra vez, ¿por qué no preguntamos a la Madre? Tenemos a yatiris, amautas y chamanes, que son los representantes del saber y el conocimiento de nuestros pueblos; ¿o es que sólo nos sirven para la foto y la imagen internacional? ¿Será que, en el fondo, no creemos en ellos ni en la Madre? Entonces, ¿cómo podemos pretender siquiera ayudarlos si no creemos en ellos? Si fuéramos primer mundo se entendería esa apuesta: dominar; pero si somos nosotros la prueba histórica de las consecuencias irracionales de aquello, ¿por qué la obstinación en perseguir algo que sólo produce miseria? La crisis ecológica no es producto de la casualidad sino las consecuencias de un modelo de vida que hace de su “desarrollo” depredador el único posible.

La humanidad entera está hambrienta de alternativas, incluso el primer mundo; si es así, ¿por qué clausurar en nosotros la posibilidad de ser fieles a una apuesta que no es sólo nuestra sino mundial?“Vida o capital” quería decir: toda recomposición de la lógica del capital es acceso, control, apropiación, regulación y abuso de los recursos naturales, en beneficio apenas del 1% rico del planeta; quienes, para colmo, apenas son los empleados de los dueños del planeta, aquellos que se aglutinan en torno a aquellos ámbitos oscuros e influyentes, como el club Bilderberg. El 1% de ese 1% son los verdaderos dueños del mundo, quienes poseen las transnacionales como la ostentación de sus business. Entre esos se encuentran las dinastías Rotschild y Rockefeller; cuya fortuna, si se repartiera entre cada uno de los 7.000’000.000 de gentes que pueblan este planeta, deberían recibir, cada uno, a 3’000.000 de dólares. Pero ni esa distribución produciría la felicidad, porque se trata de dinero maldito. Nada robado produce la felicidad, y eso lo saben muy bien los ricos del primer mundo, por eso hasta se suicidan, teniendo todo.La única forma es hacer un alto en aquella desenfrenada apuesta por un “desarrollo” y “progreso” que nos hace volver al estado natural de Hobbes, la lucha de todos contra todos.

La crisis actual es una crisis civilizatoria que se percibe en la relación entre los mitos modernos y los proyectos políticos que se proponen su realización. El “progreso infinito” es uno de ellos; el mito consiste en que es posible de ser realizado, lo cual desata la rebelión de los límites, porque ni el ser humano ni la naturaleza (fuentes de toda riqueza) son infinitos, en consecuencia, la maximización de la acumulación, como criterio de “desarrollo”, “crecimiento” y “progreso”, atenta al propio “desarrollo” y a la vida misma. Si la vida es limitada, porque es mortal, no puede imponérsele un modelo que la devalúe a ser mero sostén de un afán infinito. En eso consiste la irracionalidad de la racionalidad económica moderna, que ya no es sólo capitalista sino también socialista. La segunda critica el dominio burgués del trabajo pero insiste en el dominio de la naturaleza. Siempre hay que dominar algo, en eso consiste ser moderno. Contra toda forma de dominio es que se levanta, Hinkelammert dixit, el grito del sujeto reprimido.

Por eso, en la marcha en defensa del TIPNIS, marcha la Madre misma, porque no ha sido consultada, por un alguien que dice ser su defensor. Si lo es, que sea consecuente con lo que pregona. Que escuche y obedezca antes de actuar. Y si la Madre dice no, que sea consecuente hasta el final. Si se trata de la Madre, se trata del origen de la vida y, si no hay vida, no hay nada, ni siquiera el “desarrollo” y “progreso” que tanto se pregona. La Madre no es infinita e inagotable, es un ser vivo, un sujeto de derechos al cual debemos respeto. Por eso la frase del presidente fue de lo más desafortunada, cuando pidió a los cocaleros (para reafirmar la decisión gubernamental de construir la carretera en su fase dos, en base al proyecto original, cortando al TIPNIS en dos), “conquistar a las indias yuracares”.

La devaluación de la Madre ha traído consigo, bajo la lógica moderna, la devaluación de la mujer; lo cual no es, ni más ni menos, que la devaluación de la vida misma (porque lo femenino es fuente de vida). Conquistar significa poseer, someter algo como mío; así piensa el colonizador aunque se haga llamar intercultural. Por eso la modernidad globaliza su lógica de modo épico. Se trata del júbilo de la muerte, como única y suprema vencedora ante el vacío que queda en el universo entero, cuando se ha acabado con la vida. Por eso descolonizarse no significa cambiar de apariencia, ni de bandera ni de grito de guerra sino cambiar, en definitiva, de forma de vida.

El tránsito hacia una nueva forma de vida no es, en consecuencia, exclusivamente lógico sino existencial, es decir, no se trata de cambiar de idea sino que la idea se encarne en una nueva subjetividad, es decir, en un nuevo sentido de la existencia. Sólo quien atraviesa esto podría concebir como lógico y sensato algo como “preguntar a la Madre”. Algo que sería locura a los ojos de “este mundo” moderno. Pero, dice el mismo fundamento, al cual acude el Occidente moderno, para reafirmarse, que “Dios escogió a los débiles para vencer a los fuertes, a los ignorantes para confundir a los sabios”.Desde la lógica de la dominación, los que marchan por la Madre, los indios, esos son los débiles e ignorantes, los irracionales, salvajes y bárbaros; pero para el propio Dios cristiano, esos son los escogidos, “lo que no es”, para poner en su lugar a lo que es: Toda dominación es un gigante de bronce con pies de barro; porque la verdadera fuerza no la tienen los que mandan. La verdadera fuerza proviene de lo débil. Por eso, el origen del poder no es el que gobierna, el verdadero origen del poder es la comunidad. Por eso ella está en todo su derecho para reclamarle al detentador actual del poder –al que se le ha transferido, de modo circunstancial, ese poder originario– el cumplir el mandato original.

Otra vez, la marcha demanda el aprender a escuchar; y el silencio sospechoso, de las voces oficiales de la defensa de la Madre tierra, no hacen sino confirmar el abandono gubernamental de los principios que dieron origen a este gobierno. Seguramente ya no hay nadie quien le recuerde, al presidente Evo, por qué había luchado.A la oposición le duele no ser ella la que comande esta nueva apuesta por el mismo “desarrollo” que cree como el único posible; le duele que lo haga un indio y que éste les muestre la inoperancia prebendal y corrupta de su tradición. Lo que les irrita es que lo que debieron hacer ellos (pero no hicieron por ladrones), lo haga aquel que siempre despreciaron. Pero el problema ya no es ese sino que toda discusión se reduzca al modo de hacer las cosas y no al sentido que debiera tener un proyecto de desarrollo propio.

El gobierno ha caído en el discurso del “desarrollo”, por eso en sus planes educativos, otra vez, se insiste en la formación de técnicos, como salvación nacional; es decir, no se concibe la manera de producir conocimiento propio sino sólo aplicar el conocimiento hegemónico, es decir, convertirnos en mano de obra apta para aplicar lo que se produce en el primer mundo. Por eso se apuesta, otra vez, de modo solapado, a la consigna colonial del “exportar o morir”; y en esa línea se encuentra la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS. Se trata de una nueva conquista del territorio, ni siquiera para integrarnos entre nosotros, sino para abrir los territorios vírgenes como ampliación de los mercados, es decir, poner en bandeja de plata lo que se le antoje al capital transnacional que, para eso, tiene dinero, y mucho, para someter a un Estado que, en esa lógica, tiene necesidad de dinero, y mucho, para así sellar su dependencia estructural, con inversión, financiamiento, transferencia tecnológica, etc.

Eso trae plata para repartir por supuesto (más aun cuando nuestros proyectos se circunscriben al mismo del primer mundo; presos de sus seductoras mercancías, para lo cual se requiere siempre más ingresos, como el adicto requiere cada vez más dosis), pero, a la larga, lo que ganamos no compensa lo que destruimos. Los indios Cree tienen razón: “sólo cuando se haya cortado el último árbol, sólo cuando el último río haya muerto envenenado, sólo cuando se haya cazado al último pez, sólo entonces verás que el dinero no se puede comer”. Parece que sólo así aprenderemos que la tierra, como decía el cacique Seattle, no es nuestra enemiga (a quien hay que vencer para triunfar) sino nuestra hermana; en nuestro caso, nuestra Madre. Ojalá que no nos demos cuenta de eso cuando ya sea demasiado tarde.

* Autor de “¿QUÉ SIGNIFICA EL ESTADO PLURINACIONAL?” y “HACIA UNA CONSTITUCIÓN DEL SENTIDO SIGNIFICATIVO DEL VIVIR BIEN”, rincón ediciones. rafaelcorso@yahoo.com

Fuente: BOLPRESS, agosto 2011

MÁS ALLÁ DE LA MEZQUINDAD DEL VOTO NULO

¡La justicia un bien, un voto!

Amanda Dávila *

Estimado ciudadano y estimada ciudadana: Es una pena que siendo bolivianos/as nos opongamos, promoviendo el voto nulo, a la transformación del sistema judicial que históricamente se ha convertido en un poder al servicio de los intereses privados de las grandes empresas y no del país. La justicia se convirtió en un derecho de unos cuantos privilegiados.

 

 

 

 

La justicia una iniciativa y responsabilidad de la sociedad

¿Qué acciones han tomado los anteriores gobiernos para solucionar el problema de la corrupción, retardación y la racialización de la administración de la justicia, práctica mediante la cual indígenas campesinos bolivianos eran criminalizados por cualquier bagatela en tanto que los delincuentes de cuello blanco evadían la justicia y ocupaban curules o asumían funciones públicas?

Las elecciones judiciales son el resultado de iniciativas ciudadanas presentadas ante la Asamblea Constituyente demandando reformas en la justicia. La mayor parte de las demandas ciudadanas que se recogieron en los encuentros territoriales que organizó la Asamblea Constituyente pedía elección de jueces. Es cierto que los comicios por sí solos no resuelven los problemas estructurales, pero son el inicio del largo camino que debe recorrer el país para transformar el poder judicial. Los comicios judiciales son, pues, un mecanismo que se halla legalizado por la Constitución Política de 2009, aprobada con el 67 por ciento del voto de la población, y permiten, por primera vez en la historia de Bolivia, que la ciudadanía participe directamente en un problema que no deber sólo de abogados sino de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La convocatoria pública para las elecciones y su reglamento fueron aprobados en medio de debates en el país. Un artículo de la Ley de Convocatoria establecía restricciones a la información en un exceso de celo de os legisladores para, explicaron, garantizar la igualdad de acceso a los medios de todos los/las postulantes y evitar las preferencias que suelen mostrar los medios de comunicación en campañas presidenciales. Estas observaciones fueron solucionadas por el Tribunal Supremo Electoral.

De 581 postulantes quedaron 118 tras largo proceso de selección público

Así, un total de 581 postulantes presentaron sus expedientes a la Asamblea Plurinacional para terciar por 56 cargos ten cuatro órganos judiciales: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.

La Comisión Mixta de Constitución y Justicia de la Asamblea Plurinacional, integrada por senadores y diputados tanto del oficialismo y como de la oposición, inició el proceso examinando –la oposición con una lupa cuidadosa- a los 581 expedientes de igual número de candidatos/as para evitar que los postulantes tuvieran lazos sobre todo con el oficialismo.

El propio presidente Evo Morales demandó a sus correligionarios no elegir a ningún postulante que hubiera tenido alguna relación con el gobierno, hubiese sido asesor o militante. La prensa registra discusiones en la bancada del oficialismo ante este mandato. Muchos allegados/as al gobierno fueron eliminados de las listas, como consta a la opinión pública, e incluso, exagerando el cuidado, ex-esposos/as y parientes de miembros del gobierno fueron invitados a retirar su postulación.

La Comisión Mixta cumplió con todos los procedimientos de la convocatoria a elecciones y el reglamento aprobados por la Asamblea Plurinacional.

Evaluación de méritos y conocimientos bajo el ojo de expertos y de sociedad

Así, la Comisión revisó los expedientes en actos públicos y abiertos y recibió cartas, demandas o postulantes que deseaban entrevistarse con ellos como, por ejemplo, autoridades de justicia indígena que explicaron su postulación ante el tribunal supremo, basados en su experiencia, pese a que no tenían título de abogados, un requisito exigido en la convocatoria.

Luego de su habilitación, los postulantes pasaron a las entrevistas personales y de conocimientos y se sometieron a la evaluación de méritos en la Comisión Mixta de Constitución de la Asambleade senadores y diputados oficialistas y de la oposición, de carácter siempre abierto.

Las preguntas de conocimientos sobre temáticas de los cuatro órganos fueron elaboradas por expertos jurisconsultos de las Universidades Mayor de San Andrés de La Paz, y la Universidad Católica Boliviana. Para evitar cualquier sospecha, las preguntas fueron sacadas al azar por los postulantes y fueron respondidas por estos públicamente en un lapso de 15 minutos.

Los actos de selección fueron abiertos. Contaron con la presencia de observadores internacionales, como la OEA, de organizaciones sociales y de ONGs, como, por ejemplo, la Red de Participación y Justicia que, por lo que se sabe, no es afín al gobierno sino que cuenta con apoyo, entre otras fuentes, de USAID. En esta Red participan organizaciones no gubernamentales de diversos sectores y regiones interesadas en que en la justicia sea un derecho al que accedan todos y todas en igualdad de condiciones. La Red de Participación y Justicia ha dicho que hubiera querido que el proceso de selección sea mejor pero considera que ésta es una primera experiencia.

La Comisión Mixta de Constitución presentó el informe final sobre la preselección de candidatos antes de la votación en la Asamblea.

Elecciones con equidad de género y participación indígena

El pleno de la Asamblea eligió a 118 futuros candidatos para cuatro listas que corresponden al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia.

Este 25 de julio, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inició reuniones con los 118 candidatos a los comicios del Poder Judicial, previstos para el próximo 16 de octubre, con el objetivo de profundizar en el reglamento de esa consulta que, como se puede entender, no es una elección como cualquier otra, que admita campañas políticas. Por eso, el reglamento establece consideraciones específicas como, por ejemplo:

Igualdad de acceso a los medios a todos los candidatos. Campaña informativa sobre la difusión de méritos de los candidatos 45 días antes de las elecciones judiciales. Creación de espacios pagados por el Tribunal Supremo Electoral en medios de comunicación para que los postulantes comenten sobre su trayectoria, formación académica, la producción intelectual y experiencia profesional. Los medios de comunicación pueden realizar entrevistas a los postulantes cuidando de hacerlas con todos y todas los candidatos por lo que pueden elegir una lista, por ejemplo: Tribunal Constitucional: Los medios tendrían que entrevistar a un total de 28 postulantes: 14 hombres y 14 mujeres. En esta lista, 50% de mujeres y 32% se auto-identifica indígena. Tribunal Agroambiental: Los medios tendrían que entrevistar a un total de 28 postulantes: 14 hombres y 14 mujeres. En esta lista, 50% son mujeres y 57% se auto-identifica indígena. Consejo de la Magistratura: Los medios tendrían que entrevistar a un total de 14 postulantes: 7 hombres y 7 mujeres. En esta lista 50% son mujeres y 42% se auto-identifica indígena. Tribunal Supremo Electoral: Los medios tendrían que entrevistar un total de 48 postulantes, 24 hombres y 24 mujeres. En esta lista 50% son mujeres y 27% se auto-identifica indígena.

En estas cuatro listas, se ha logrado equidad de género; es decir 50 por ciento de mujeres en las listas y una buena participación indígena. No hay un porcentaje explícito para la participación indígena.

Cinco marcas, cinco votos en la papeleta

El 16 de octubre de este año, poco más de cinco millones bolivianos elegirán con su voto a 56 autoridades de los entre 118 candidatos y candidatas.

Las papeletas tendrán cuatro franjas, una por cada órgano judicial

Para el Tribunal Constitucional, votaremos por uno de los 28 candidatos. Los siete más votados y votadas serán titulares de este órgano, y los siete siguientes serán suplentes. Para el Tribunal Agroambiental, votaremos por uno de los 28 candidatos. Los siete más votados y votadas serán titulares de este órgano, y los siete siguientes serán suplentes. Para el Consejo de la Magistratura, votaremos por uno de los 14 candidatos.

En cambio, para el Tribunal Supremo de Justicia, emitiremos dos votos porque esta instancia está formada por circunscripciones departamentales. Cada departamento tiene 6 candidatos diferentes, de ellos tres son hombres y tres mujeres. Nosotros debemos votar por un hombre y una mujer.

El movimiento feminista boliviano dice: “Por las mujeres hay que votar!”, votar por las candidatas mujeres porque ellas suelen ser más honestas, administrar la justicia con más equidad y construir un mundo humano más allá de la mezquindad de un voto nulo.

¡Por las mujeres hay que votar!

BOLPRESS, La Paz, Bolivia

* Periodista y activista de la Red Antirracismo.

Indígenas del Oriente Realizarán Nueva Marcha a la Sede de Gobierno

Martes, 28 de Junio de 2011 16:08 | Escrito por Eduardo Justiniano – sociologo Cipca Beni |  |

NOTICIAS

CIPCA–Beni 28/06/2011 La III Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) reunida en Trinidad, determinó realizar la octava marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas hasta la sede de gobierno, en protesta por los daños que se causará al TIPNIS con la construcción de una carretera troncal por media reserva natural.

La octava marcha de los pueblos indígenas, partirá desde Villa Tunari (Cochabamba), el 2 de agosto venidero, y con ello  se quiere golpear el corazón del poder político del presidente Evo Morales, para que haya una respuesta inmediata al planteamiento de cambiar la ruta de la carretera Beni-Cochabamba.

No fue fácil tomar la decisión, dado que los dirigentes observaron que las organizaciones indígenas siempre están necesitadas de recursos económicos y medios logísticos para efectuar una medida de éste orden. “…Nuevamente estamos con este tipo de medidas que requiere un esfuerzo de los dirigentes y de los mismos pueblos que van a marchar”, sostuvo el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, quien oficializó la decisión al tiempo de concluir la III Comisión Nacional, que es la máxima instancia de decisiones de los pueblos de tierras bajas en el país.

Argumentó que, se mantiene el incumplimiento del gobierno a una serie de compromisos asumidos en anteriores encuentros; ahora lo central estaría en el incumplimiento al derecho de la consulta pública a los pueblos indígenas, cuando se trata de proyectos que afecten directa o indirectamente a los territorios indígenas.

Ese sería el caso del TIPNIS, considerado como una de las cinco reservas naturales más importantes de América, por su biodiversidad y fragilidad ecológica, dado que es un pie de montaña, apto para la reproducción de peces y otros animales que no les queda otro refugio, por el acentuado acoso humano al que han sido sometidos.

De la misma manera, el dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Pedro Vare, un viviente de la zona del Sécure, sostuvo que el gobierno insiste con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, sin tomar en cuenta la opinión de las 64 comunidades indígenas afectadas en el TIPNIS; un área reconocido constitucionalmente y por convenios internacionales que el Estado debe garantizar.

Ante la posibilidad de  una reacción de fuerza de los cocaleros del valle, acérrimos defensores de la política del presidente Evo Morales, el dirigente de la CPIB, dijo que no están en contra de otro sector social, simplemente que ante el riesgo de desaparecer por la política gubernamental, están ejerciendo su derecho a la protesta, “estamos en democracia, tenemos derechos que se debe respetar, no buscamos enfrentamientos con otros sectores sociales”, sostuvo.

Demandó las garantías necesarias del gobierno para realizar la marcha, además, les dijo a los dirigentes cocaleros, que “deben acordarse de lo que sucedió en la marcha de 1990 por el Territorio y la Dignidad, el pueblo andino fue el primero en manifestarse a nuestro favor, porque entendían que luchábamos por el respeto a nuestros derechos, eso mismo estamos haciendo ahora”, precisó Vare.

La confección de la plataforma, con las demandas puntuales, se realizará en julio, cuando nuevamente se realice otra reunión nacional de la CIDOB; sin embargo, se adelantó que el tema central es la exigencia para el cambio de ruta de la carretera Beni-Cochabamba; que se pare el avasallamiento de particulares a las TCOs y que el gobierno cumpla sus compromisos de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Narcos peruanos y colombianos invaden el Parque Madidi y amenazan de muerte a la población

DRAMÁTICA DENUNCIA DEL ALCALDE DE APOLO

Pablo Cingolani

A media mañana de hoy, 7 de abril de 2011, el Sr. Mario Flores, alcalde del Municipio de Apolo (Provincia Franz Tamayo, Departamento de La Paz) realizó una dramática denuncia sobre la presencia y accionar violento de narcotraficantes de origen peruano y colombiano, que ingresan al país por la frontera boliviano-peruana de su municipio, donde está situado gran parte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, mundialmente famoso por su biodiversidad. El urgente clamor por resguardo, garantías y seguridad para la población, mayoritariamente campesina que habita ese sector, fue parte de una entrevista telefónica, emitida por Radio Panamericana, de la ciudad de La Paz.

Pablo Cingolani

Según Flores, la denuncia fue oficializada por escrito por los moradores de las comunidades fronterizas de Puerto San Fermín y de Cocos-Lanza, así como por los comunarios de Asariamas, desde donde se accede a pie a las primeras, tras cuatro días de caminata por la selva tropical.

Las gravísimas informaciones dan cuenta que los narcos extranjeros ingresan droga desde la vecina Perú, cruzando los ríos Tambopata y Lanza –que ofician de límite natural internacional entre las dos naciones- y atravesando el monte, arriban a la referida población de Asariamas. Desde allí, algunos bajan por el camino vehicular que conduce a la capital municipal, Apolo, y luego parten rumbo a La Paz. Otros, desde la ya citada Asariamas, bajan navegando por las aguas del río Tuichi, hacia Rurrenabaque, en el departamento del Beni.

“En Apolo, los narcos se alojan, comen, farrean (se emborrachan) a la vista de la fuerza antinarcóticos”, declaró con desesperación la primera autoridad municipal, reclamando que “más que hacer problemas con el tema de la coca” (Apolo es zona tradicional de cultivo de la hoja de coca), luchen contra el narcotráfico.

En la frontera, la situación es absolutamente crítica ya que “nadie debe hablar, nadie debe denunciar, ya que las familias que lo hagan serán liquidadas como perros”, dado que los narcos han amenazado de muerte a los escasos pobladores que allí viven, según el alcalde, “un sector abandonado a su suerte”.

Consultado por el periodista radiofónico, sobre la presencia militar en la zona, Flores indicó que es “insuficiente”, que tan sólo hay una escuadra en cada uno de los tres puestos militares de avanzada asentados allí: Cocos-Lanza, Lino Echeverría y Colorado.

A su vez, el alcalde alertó que el accionar de los narcos está poniendo en riesgo al Parque Madidi y a las 34 comunidades campesinas que se localizan allí. El 22 de marzo pasado, según la denuncia escrita, un comunario llamado Sandro Baler, de Cocos-Lanza, se encontró con un grupo de narcotraficantes, quienes le sustrajeron su rifle de cacería. “Con su misma arma le dispararon, por suerte pudo escapar al monte”, señaló Flores quien indicó que los narcos se desplazan en bandas de 10 y hasta 40 individuos. Los narcos van acompañados de sicarios –“que no tienen miedo a nada”- y que exhiben impunemente armamento pesado, como ametralladoras. “En carnavales, hemos estado recorriendo las comunidades ya que la de Vilipiza alertó sobre la presencia de 8 narcos peruanos con droga”. Según el alcalde, es incesante la presencia de personas desconocidas y movilidades de todo tipo -motos, vagonetas y taxis- en el camino que une a Asariamas con Apolo. “Esto pasa semanalmente”, aclaró. Recordó también que ya el 2007 hubo una balacera, otra vez en Cocos-Lanza, entre narcotraficantes peruanos. “Cuando terminó, los comunarios encontraron a un hombre con diez balas en su cuerpo. Lo evacuaron al Perú, porque en la zona carecemos de atención médica”- remarcó.

Consultado acerca de sí era la primera vez que se hacía esta denuncia, la autoridad informó que, dado el riesgo de muerte que conlleva la misma, el año pasado los comunarios de la frontera lo habían hecho apersonándose en su despacho. “Vía teléfono, hemos hablado con la policía, pero hasta ahora no ha habido respuesta alguna”, señaló.

La denuncia escrita solicita urgente presencia militar y policial en el sector y fue enviada con copia a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia y Gobierno, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias estatales.

Flores no pudo ocultar su temor frente a sus propias declaraciones, insistiendo que “seguro que ahora me van a amenazar de muerte también a mí y a mi familia”, aunque dejó en claro que “como municipio, estamos en la obligación de hacerlo”, clamando porque se efectivice, por parte de las autoridades nacionales, el resguardo de esa frontera y el cumplimiento de garantías constitucionales y de medidas de seguridad para sus habitantes.

“Todos están amenazados de muerte”- concluyó.

Ya se había denunciado la presencia de narcos

El 16 de diciembre del año pasado, la Expedición Madidi y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) presentaron una denuncia-informe al Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villena, sobre la presencia de narcos en la frontera boliviano-peruana, no solamente en las comunidades señaladas en la entrevista por el Alcalde de Apolo, sino incluso en el colindante Municipio de Ixiamas.

La gravedad de la denuncia hecha en diciembre radicaba en que los narcos también están invadiendo los territorios que forman parte de la Zona de Reserva Absoluta Toromona -situada al norte de la ya referida comunidad de San Fermín y al interior del Parque Madidi-, y donde habita un pueblo indígena en situación de aislamiento, probablemente los supervivientes de los Toromonas históricos, y que por mandato del Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el gobierno también está en la obligación de protegerlos.

Parte de la denuncia escrita efectuada a la Defensoría indicaba que, según informes de los guardaparques del área protegida, también el sector de Alto Madidi, en el Municipio de Ixiamas, “se ha vuelto (…) zona de paso para los que trafican con la “blanca” [cocaína] desde Perú, seguramente por el [río] Heath, se cruzan al [río] Enajewa hasta el [río] Enatawa, de ahí al campamento [de guardaparques de Alto Madidi], seguidamente a Ixiamas. Se dice que en Ixiamas llegan avionetas en la noche, cargan o descargan en dos minutos y se van, claro la pista está ahí y no se usa, y está en perfecto estado y sin vigilancia”. Se refiere a la pista de aviones de Ixiamas, que nunca entró en operaciones civiles ni militares, por carecer de torre de control.

En el mismo informe se aclaraba otra de las rutas que utilizan los narcos, que complementa la información brindada por el Alcalde Flores: “Desde Asariamas seguramente o desde más arriba, viajan por sendas hasta el rio Tuichi, y se entran más arriba de San José de Uchupiamonas, sin pasar por la población, hasta llegar a Tumupasa, todo de noche”. Finalmente, se denuncia también que los narcos “le han ofrecido a gente de Ixiamas, guardaparques, gente local, etc., hasta 100 dólares el kilo de la “blanca”, solo por el transporte”. Los informantes de esta situación han solicitado permanecer en el anonimato, por temor a represalias, según se indica en el escrito presentado a la Defensoría.

La situación que puede estar viviendo el pueblo indígena aislado que habita la Zona de Reserva Absoluta Toromona, reclama solidaridad y atención urgente, nacional e internacional.

Río Abajo, 7 de abril de 2011 12:05

Fuente: BOLPRESS, 7 de abril de 2011

CorteIDH condena a Bolivia por desapariciones en dictadura de Bánzer

Hugo Bánzer Suárez.

San José, Costa Rica, 4 Oct (Erbol).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de laOEA)’> Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció al Estado boliviano por la detención y desaparición de Ibsen Cárdenas y su hijo Ibsen Peña durante el gobierno de facto de Hugo Bánzer Suárez (1971-1978).

Según la sentencia emitida por unanimidad por los jueces del caso el pasado 1 de septiembre y la que está disponible en sitio oficial de la CIDH, “el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida”.

La Corte dispuso, en cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad respecto al homicidio y desaparición forzada de ambas personas; por lo que el Estado deberá iniciar las investigaciones que sean necesarias para determinar lo sucedido y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que correspondan, dentro de un plazo razonable.

Indemnización económica

El Estado boliviano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.

Designación pública

Asimismo, Bolivia deberá acordar con los familiares de los señores Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña la designación de un lugar público con los nombres de ambos, en el cual se deberá colocar una placa en la que se haga alusión a esta Sentencia, a los hechos del caso y a las circunstancias en que ocurrieron.

Los jueces que emitieron esta sentencia por unanimidad son: Diego García-Sayán, Presidente; Leonardo Franco, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
Alberto Pérez Pérez, Juez, y Eduardo Vio Grossi, Juez.

Además, estuvieron presentes Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta.

FALLO:

LA CORTE

DECIDE, por unanimidad

1. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 5 y 24 a 26 de la presente Sentencia.

2. Aceptar las medidas de reparación implementadas por el Estado, en los términos de los párrafos 247, 248, 252 y 254 de la presente Sentencia.

DECLARA, por unanimidad, que,

3. El Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los artículos I.a) y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de los señores Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña, en los términos de los párrafos 49 a 122 de la presente Sentencia.

4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Martha Castro Mendoza y de los señores Rebeca, Tito y Raquel, todos de apellidos Ibsen Castro, en los términos de los párrafos 123 a 133 de la presente Sentencia.

5. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de la señora Martha Castro Mendoza y de los señores Rebeca, Tito y Raquel, 91 todos de apellidos Ibsen Castro, en los términos de los párrafos 135 a 226 de la presente Sentencia.

Y, DISPONE, por unanimidad, que,

6. Esta sentencia constituye perse una forma de reparación.

7. En cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad respecto a la tortura y vejaciones a que fue sometido José Luis Ibsen Peña, el Estado deberá iniciar las investigaciones que sean necesarias para determinar, dentro de un plazo razonable, todas las responsabilidades que correspondan por su detención y posterior desaparición, en los términos de los párrafos 237 a 238 de la presente Sentencia.

8. En cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad respecto al homicidio y desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas, el Estado deberá iniciar las investigaciones que sean necesarias para determinar lo sucedido y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que correspondan, dentro de un plazo razonable, en los términos de los párrafos 237 a 238 de la presente Sentencia.

9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva del paradero del señor José Luis Ibsen Peña, en los términos del párrafo 242 del presente Fallo.

10. El Estado deberá publicar por una sola vez en el Diario Oficial los párrafos 1 a 5, 23 a 29, 33, 34, 36 a 38, 50 a 57, 67, 68, 71 a 75, 80 a 82, 84 a 92, 94, 102 a 111, 115, 116, 118, 119, 122, 126, 128 a 133, 155 a 163, 165 a 174, 177, 178, 180 a 184, 189 a 191, 193 a 195, 197 a 202, 205 a 212, 214 a 226, 231 y 232 de la presente Sentencia, incluyendo los nombres de cada capítulo y el apartado respectivo, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, publicar en un diario de amplia circulación nacional el resumen oficial de esta Sentencia, y publicar íntegramente este Fallo en un sitio web adecuado, en los términos del párrafo 244 del mismo.

11. El Estado deberá acordar con los familiares de los señores Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña la designación de un lugar público con los nombres de ambos, en el cual se deberá colocar una placa en la que se haga alusión a esta Sentencia, a los hechos del caso y a las circunstancias en que ocurrieron, en los términos del párrafo 249 de la presente Sentencia.

12. El Estado deberá brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaradas en el presente Fallo que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 253 y 254 del mismo.

13. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva
disposición presupuestaria, un programa de formación sobre la debida investigación y 92 juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Bolivia que tengan competencia en la investigación y juzgamiento de hechos como los ocurridos en el presente caso, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente la práctica de la desaparición forzada, en los términos de los párrafos 257 a 259 de esta Sentencia.

14. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 267, 271, 276, 283 y 291 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 266, 270, 274, 275, 282 y 288 a 290 del mismo.

15. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 1 de septiembre de 2010.

ERBOL, 3 de octubre de 2010

BOLIVIA: ¿ES EL RACISMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Por Rafael Bautista S. La polémica levantada por la prensa, en torno a la ley anti-racismo, no tiene, como fundamento, al derecho sino al cohecho. Porque cuando la propia prensa es cooptada por intereses privados monopólicos, entonces no es la libertad de expresión la que toma la palabra sino la privatización de ésta. Lo que es patrimonio público es raptado como propiedad exclusiva de los medios privados; este supuesto “derecho” es el que se pronuncia en contra del derecho de todos. Los medios no defienden la libertad de expresión: lo que defienden es la potestad absoluta que pretenden sobre ésta. Por eso aparece la intolerancia: exigen ser “consultados”, acusan de “violación a sus derechos”, hasta casi ordenan la derogación de dos artículos (que no les conviene); es decir, si de libertad de expresión se trata, no les interesa la expresión popular sino, exclusivamente, la suya; por eso exigen una “consulta” que ya tiene sentencia: si no se hace lo que exigen, resulta “violación a la libertad de expresión”. Demandan la anulación de dos artículos que les incomoda, es decir: está bien estar contra el racismo, siempre y cuando se tenga carta blanca para decir lo que se quiera (o haciendo decir a otros lo que se piensa). El racista opina, precisamente, de ese modo, por eso nunca se confiesa: su confirmación necesita de la negación retórica de sus actos. Una sociedad es racista no porque un desequilibrado profiera insultos en una radio, un periódico o un canal de televisión (quien se delata no es tan peligroso como se cree) sino porque está estructurada y atravesada política, económica y culturalmente, por el racismo. Si la propia clasificación social es, previamente, una clasificación racista, entonces hablamos de una naturalización de la dominación; que estructura las relaciones de poder como relaciones racistas de dominación. La naturalización de éstas es lo que produce su invisibilización; cuando las jerarquías sociales contienen clasificación racial, entonces parece “natural” esa distribución social. Si el precio del ascenso social es el desprecio (aunque sea disimulado) al supuesto “inferior”, lo que se evidencia, aunque nos duela en el alma, es el fundamento racista de nuestra propia subjetividad. Hechos aparentemente inocentes nos muestran esto: teñirse el pelo no es un acto cosmético sino ético (como auto-negación), porque si el patrón de belleza que adopto no se corresponde a mi constitución biológica (que tiene su propia expresión cultural que no admito), entonces esa adopción se convierte en una negación de lo que, en definitiva, soy. Cosa curiosa, cuanto más oscuro es el cabello, más posibilidades de desarrollar las cualidades que hacen a un cabello sano (brillo, volumen, consistencia, etc.); pero si por mudar de color (siempre a más claro) debo quemarlo, lo que quemo, en última instancia, es la vida del cabello; es decir, por “verme bien” (según el patrón adoptado) mato algo en mí. La constante es cruel: para afirmar el patrón estético dominante (moderno-occidental) debo negar lo que soy (si lo que soy no se corresponde con lo “superior” entonces, por definición, soy “inferior”). Una adopción estética no es inocente; es más, si el precio de esa adopción es mi negación, entonces mi apuesta no me honra sino me degrada. En este caso, el precio del racismo es la negación de la propia persona. Por eso el precio de la ignorancia es siempre la muerte, es el caso de nuestro ejemplo: para quemar el color del cabello no sólo quemo éste sino también neuronas cerebrales, porque los químicos que aplico atraviesan el cuero cabelludo, que es por donde respira el cerebro. Para aceptar como “natural” esa cosmetología, debo aceptar como “mejor y más bueno” (“verse moderna”) el patrón estético que la sostiene (blanqueamiento como sinónimo de perfeccionamiento). En eso consiste el racismo: en la naturalización de las diferencias fenotípicas como superior e inferior; todo aquello que no coincide con el patrón blanco-moderno-occidental (euro-gringo-centrismo) es inferiorizado. Como consecuencia, el “verse bien” posee contenido moral, así como el “verse mal”; bien y mal quedan estetizados: el “bien” es blanco, el “mal” es negro. Se trata de una moral inmoral. Porque la imagen del “bien” le otorga legitimidad a la estética blanca (sinónimo de “pureza”); en cambio, toda otra estética es negada como “inferior”. Por eso se adopta lo blanco como “modelo de belleza” porque, previamente, lo que no es blanco, ha sido naturalizado como inferior, siendo su única “salvación” parecerse, lo más posible, a lo “superior, perfecto y bueno”. Por eso el racismo reordena a la humanidad a su imagen y semejanza. Ya no está hecho el ser humano a imagen y semejanza de Dios sino al contrario: Dios (lo infinito espiritual) tiene ahora hasta color; se parece a Santa Claus, es decir, un viejito ario, rubio y de ojos azules. El mismo Jesús, quien era semita (es decir, no era ario), es blanqueado para, de ese modo, “limpiar” su procedencia. Ahora bien, ¿no tiene la comunicación actual el paradigma del lenguaje de la imagen? La imagen domina la televisión, la prensa y hasta la radio; por eso el lenguaje se va reduciendo a mero apéndice de la imagología dominante de los medios. Pero si el lenguaje mismo de la imagen se halla contaminado de racismo implícito, entonces se entiende la reacción de los medios. Su reacción no es impensada o accidental, fruto de la susceptibilidad o de la sospecha; es coherente con sus más hondos prejuicios. En eso son visionarios: si la discriminación y el racismo son combatidos legalmente, su accionar ya no puede ser omnímodo e impune. Su aparente inocencia queda descubierta como lo que es: operadores ideológicos de la naturalización de las relaciones de dominación. Por eso la pregunta no es retórica. Es la pregunta que debe, siendo consecuentes, formulársele a una componenda mediático-periodística: ¿es el racismo “libertad de expresión”? La libertad también puede definirse en contra de ella misma; es cuando prescinde de toda referencia anterior y pretende fundarse a sí misma, en consecuencia, la libertad mía se opone a la libertad ajena. Esta aporía es insoluble; en la que se cae cuando se defiende la libertad por la libertad. Eso hace el díscolo. Lo que define a la libertad es la responsabilidad; por eso la libertad no es un principio metafísico sino autoconciencia de la finitud humana. Somos libres porque somos finitos; por eso hay decisión, porque la libertad consiste en elegir, y uno elige porque la existencia no es infinita. Por eso, las verdaderas elecciones, no consisten en elegir esto o aquello, sino en elegir la posibilidad misma de toda elección, esto es, la vida. Si niego la vida del otro, niego la vida, porque ésta no se reduce a mi vida sino a la vida de todos. Por eso la libertad no se define metafísicamente sino políticamente. Expando mi libertad cuando trasciendo mi propio yo: las necesidades materiales de mi prójimo son necesidades espirituales para mí. Soy libre en la medida en que me hago responsable. Sin responsabilidad, mi libertad es pura inercia, y todo lo que se encuentra en su camino resulta un obstáculo o distorsión de su espontáneo desplazamiento. Esta concepción física de la libertad, llevada al ámbito humano, tiene consecuencias desastrosas. De ese modo se comporta el capricho pueril del mimado, que sólo está dispuesto a escuchar a los demás, si confirman su propio parecer. Si se pone a sí mismo como criterio absoluto de todo dictamen, entonces se entiende su oposición a toda regulación exterior (toda moral queda reducida a su moral). Quiere tener la potestad de juzgar, pero que no le juzgue nadie. Lo que no ve o no quiere ver es que su accionar tiene consecuencias públicas, y eso no puede evaluarlo él mismo, porque los afectados son también otros. Las objeciones periodísticas que se escuchan, se escudan en la preservación de sus fuentes de trabajo; aunque la ley sólo estipule en casos extremos el cierre de medios, además de acuerdo a una normativa posterior (de consenso democrático, donde no sólo los periodistas sean los interlocutores sino la población en su conjunto). Pero esta objeción, si somos coherentes con una lucha contra toda forma de racismo y discriminación (que los periodistas alegan no estar en contra), no es legítima. Un ejemplo: si todos estamos en contra de las armas, ello supone eliminar su fabricación, lo cual conduce, inevitablemente, a la eliminación de empleos. En el fondo se trata de la dignificación del empleo. No todo empleo es digno, por lo tanto, si no apuesto a su dignificación, su defensa es sinónimo de intransigencia. Ésta no es legítima, porque acabaría afirmando: estoy en contra del racismo, siempre y cuando no afecte a mis intereses; lo cual solapadamente quiere decir: soy capaz de tolerar el racismo porque no me afecta, es más, saco provecho de ello. Esa parece ser la bandera sarcástica de los humoristas que, ingenuamente, se brindan como escudo melodramático de los medios. Si el humor sólo sirve para burlarnos de otros, entonces el humor nos degrada; cuando un prejuicio es sañudo, los chistes se hacen venenosos, incluso para el que los profiere. Una cesación del racismo debiera ser un reto positivo para el humor boliviano, pues no hay nada más imaginativo que hacer del humor un acto pedagógico. De lo contrario, hasta con chistes, los medios preparan a una sociedad discriminadora, activando su descontento en explosiones de odio, despertando el racismo centenario que prescribe su subconsciente a la hora del insulto: “indio de mierda”. En ese sentido, la “auto-regulación”, es un despropósito. Porque esto no significa otra cosa que auto-justificación. Uno no puede evaluarse a sí mismo si sus acciones van más allá de uno. Porque si de autocrítica hablamos, ésta es propia de un ser moral, autónomo, es decir, de alguien que responde por sus actos ante sí y ante los demás. Por eso la moralidad no es algo que abandono después que cierro la puerta de mi dormitorio; es algo que llevo y que me expone ante los demás como un ser responsable. Cuando los periodistas cuestionan todo intento de regulación pública de su actividad, actúan como los políticos y, de ese modo, inconscientemente, consagran la inmoralidad que tanto critican. Por eso hasta el lenguaje degenera en los medios. Cuando ya no hay ética en el oficio, ninguna renuncia concedo de parte mía, ni siquiera por el bien común; si antes no garantizo mis intereses, el interés de los demás no me interesa, defiendo lo mío aunque vaya en contra del resto. Con el episodio de la tortura a un conscripto, ni los periodistas y menos los medios, son capaces de reflexión. Ellos mismos propician un debate sobre la obligatoriedad del servicio militar; es decir, se requiere una medida drástica ante semejante hecho, lo cual, inevitablemente, pone en entredicho la función misma de las fuerzas armadas. Pero esa misma argumentación ya no la usan los medios para sí mismos, aunque sirva también para el proceder de ellos. Extrañamente, no están dispuestos a medirse, ellos mismos, con la misma vara que miden a los demás. Veamos un hecho: la masacre de campesinos en Pando. El 11 de septiembre de 2008, en medio todavía de la persecución y la masacre, los medios montaron, unánimemente, la retórica del “enfrentamiento”. Todos los titulares, de modo premeditado, sentenciaron el hecho. Ese sorprendente acuerdo tácito no dejó lugar a dudas. El “enfrentamiento” (que nunca fue “supuesto”, como el terrorismo que aun encubren como “supuesto”) nos colocaba en una situación moral o, más bien, inmoral: era un “enfrentamiento entre buenos y malos”. Si los analistas (invento mediático) pregonan que nada es o negro o blanco, que los matices cuentan; aquel día el acuerdo fue absoluto, sin matices que valgan. La retórica del “enfrentamiento” excusaba todo exceso; por eso las palabras del prefecto de Pando (amplificada por los medios), podían ser consentidas y hasta aplaudidas: se trataba de una apología del genocidio (por eso a los asesinos les llamaba “mártires”). El “enfrentamiento” servía para eso: se trataba de un guión que no sólo lavaba culpas sino –y esto es lo peor– nos convertía, a todos, en cómplices de un hecho flagrante. Admitir el “enfrentamiento” era admitir que aquel genocidio fue una “defensa”. Hay químicos que limpian las manchas de sangre, pero no hay nada que limpie la conciencia del asesinato. Pero los medios creen que eso es posible. Por eso inventan figuras que devuelven la inocencia al culpable. El montaje espectacular de aquel 11, es sólo comparable al montaje de aquel otro 11 de septiembre, de 2001. Ambos realizan una demolición planificada. Lo que se demuele, en definitiva, son las coordenadas del bien y del mal: si el verdugo es la víctima y la víctima el verdugo, entonces nos hallamos ante una inmoralidad. Si, frente a ello, el público no tiene criterios para enfrentar semejante situación, entonces, lo que viene, es la descomposición social. Por eso no es rara la mezcolanza obscena que los noticieros prodigan sin asco (y hasta con auspicios apetitosos): el genocidio es seguido por un circo y la masacre es precedida por LG, “life is good”. Esta descomposición produce también contaminación; pero no se trata del medio ambiente sino de nuestra propia conciencia. Cuando esto se socializa, nos revuelve una paradoja: en la era de las comunicaciones, ésta es cada vez menos posible. La comunicación no es un algo dado sino algo que se produce. Si se merma la posibilidad de esa producción, aparecen los síntomas de esa paradoja: el diálogo va desapareciendo de la convivencia humana y, con él, la propia convivencia. Entonces la política tampoco es posible; su única posibilidad es la guerra. Lo cual es ya común cuando la política es cooptada por los medios. Cuando los actores, en medio de algún conflicto, acuden a los medios, es cuando estos reducen todo a su lógica: no median nada sino, al contrario, imposibilitan cualquier mediación. Porque los criterios que guían el accionar mediático son mercadotécnicos y, dentro de ellos, lo que importa es el espectáculo; la verdad, el sujeto y la realidad son desplazados por exigencias comerciales. El formato de las telenovelas pasa a ser el formato noticiero, dejando al público en un permanente estado de tensión, sumido en la incertidumbre, pronunciando aquello que, de uno u otro modo, resulta una trampa que montan los propios medios: “ya no hay a quién creerle”. Quien dice esto ya no cree pero, curiosamente, cree en aquel que le ha inducido a no creer en nadie: los medios. Es decir, la incredulidad reinante es la más crédula afirmación de un público que le otorga, inocentemente, a los medios, la autoridad sobre sus creencias. La nueva religiosidad que inaugura la globalización ya no necesita iglesias. Sus nuevos templos son los medios, adonde concurren los feligreses, cada día, para saber qué comer, qué vestir y, lo más grave, qué opinar. El periodismo aparece como el nuevo sacerdocio del mercado global, donde las grandes cadenas y los monopolios mediáticos cotizan en su propia bolsa de valores: el rating. Este índice le sirve al mercado global para reproducirse al infinito, a costa siempre de lo finito: el ser humano y la naturaleza. Los medios no toleran regulación alguna, porque actúan según el mercado: éste no tolera ningún Estado (salvo el que le sirve) porque no tolera regulación ni ley, salvo la suya: ésta dictamina que todo es mercancía, que nada es verdad ni moral ni ético, tampoco justo o sagrado, que todo es ofertable, vendible; por eso, la única libertad radica en la libertad de vender y venderse. Esta libertad escupe su grito a los cielos cuando se pretende nacionalizar la riqueza o cuando se propone el respeto a la naturaleza; porque si no todo es vendible, entonces se puede poner límites al mercado. Es cuando los medios decretan el estado de excepción. El 2002 el golpe a Hugo Chávez fue mediático. El 2008, el golpe cívico-prefectural tuvo, en los medios, el lugar de articulación y emanación del racismo citadino. Esto es posible porque la sociedad boliviana es constitutivamente racista; su carácter colonial no es sólo institucional sino subjetivo y aparece cuando se encienden los dispositivos que despiertan sus más hondos prejuicios. La nueva colonización opera de modo sofisticado y tiene, a los medios, como a los ejecutores de una nueva invasión: ya no se trata de la conquista física sino espiritual. Los bombardeos son, ahora, mediáticos y ocurren todos los días y en todos los ámbitos de la convivencia humana. En las actuales “guerras de cuarta generación”, los medios ocupan un lugar fundamental, provocando derrumbes de procesos democráticos, para garantizar la expansión del mercado global. El poder que cuentan no es sólo económico sino político y esto es, precisamente, lo que se denomina mediocracia. Los medios se vuelven operadores políticos y, como tales, se otorgan, para sí, la potestad de la interpretación de los hechos políticos. Ya no se actúa como medio sino como un fin en sí mismo. La realidad se hace prescindible y, en consecuencia, la verdad innecesaria. Por eso la identidad entre realidad y hecho informativo es falsa, porque la noticia resultante es producto de una “composición” de la realidad; en la “edición” de la noticia es donde la realidad se construye a partir de prerrogativas ideológicas que, en el peor de los casos, cuando hay racismo de por medio, el resultante es lo que pasó el 11 de septiembre de 2008: una masacre. La asonada mediática fue preparando, sistemáticamente, la figura del “enfrentamiento”; configurando estereotipos que despertaron hondos prejuicios afincados en una subjetividad citadina, maleducada y deformada, no sólo por una educación discriminadora sino por la presencia cuasi omnímoda que operan los medios sobre la sociedad. La naturalización de las relaciones racistas de dominación son activadas, por lo general, mediante dispositivos que encienden la disponibilidad del público a agredir a su prójimo, sin remordimiento alguno; porque el racismo opera precisamente para otorgarle inocencia al agresor: si se trata de un indio, se trata de una llama. Por eso el “enfrentamiento” era lo inmoral por antonomasia: el bando de los “buenos” eran “jóvenes”, “población pandina”, “autonomistas”, “cívicos” y hasta “mártires por la democracia y el IDH”; los “malos” eran “sicarios pagados por el gobierno”, “hordas masistas”, “collas”, “campesinos que venían a sembrar terror”, “indios armados hasta los dientes”. Bajo esta escenografía, la “defensa” estaba bendecida y merecía hasta la llegada del Cristo redentor. La memoria del asesino acudía a su pasado sacrificial y encontraba en las arengas de las cruzadas la razón que justificaba su sed de venganza ante el atrevimiento de la plebe. Nos hicieron tragar el “enfrentamiento” para decir amén a la “defensa”; sin siquiera preguntar lo más sensato: ¿qué clase de “defensa” persigue a los supuestos “malos” hasta acribillarlos abusivamente mientras escapan desesperados por un rio? Aquello arrojó una suma de muertes, perseguidos y desaparecidos que, más que una “defensa”, era una brutal ofensa. Para los medios, la masacre no existió. Si ésta no existió, las víctimas tampoco existen, por tanto, Leopoldo Fernández está preso injustamente. Esta distorsión se hace argucia legal y reivindicación política del racista que tiene, en los medios, un espacio hasta familiar. Si la verdad es rehén de los medios, es decir, su propiedad privada, lo que aparece es un totalitarismo con cara de inocencia. Objetarle algo resulta ir contra la libertad de expresión; proponer una regulación es dictadura, plantear una ley es persecución política. Pero la comunicación es un bien público y no puede ser patrimonio privado. No puede dejarse al lucro privado lo que es condición de la convivencia humana. Ante la objeción del derecho a la libertad de prensa (confundida con la libertad de expresión), la respuesta de la comunidad política no puede ser otra que la de afirmar un derecho anterior a cualquier “derecho” que puedan objetar los monopolios de la comunicación: el derecho a la verdad. Sin este derecho se abre la posibilidad de la demolición moral de la comunidad. La comunicación no puede ser un negocio, así como la verdad no puede ser mercantilizada. Otorgar el ejercicio de la comunicación a intereses privados, cuyo fin es el lucro, significa el suicidio de una comunidad. Por ello, la recuperación pública del ejercicio de la comunicación, forma parte de una política de nacionalización y de recuperación de la soberanía de un Estado. Hay un curioso discurso del presidente Einsenhower, de enero de 1961: “La influencia total (de esta conjunción entre un inmenso aparato militar y la industria armamentista) en lo económico, político y hasta espiritual es percibida en cada ciudad, cada institución, cada oficina del gobierno federal. Tenemos que protegernos contra la invasión de influencias incorrectas, intencionadas o no, del complejo militar-industrial. No debemos nunca permitir que la fuerza de esta combinación ponga en peligro nuestra libertad o nuestro proceso democrático”. Ahora sabemos que los norteamericanos perdieron esa batalla y, con ella, su libertad y su democracia; por eso acabaron siendo un público domesticado dispuesto a justificar las más grandes atrocidades de los afanes imperialistas de ese complejo militar-industrial que gobierna ese país. Allí se desarrollaron las ciencias de la comunicación o, más bien, ciencias de la manipulación, que no es más que la formalización cientificista de la propaganda ideológica que había producido el régimen nazi. Goebbels lo decía de este modo: “no nos interesa comunicar la verdad sino lograr un efecto”. El poder mediático consiste, de ese modo, en generar efectos premeditados; su propósito ya no es la verdad sino la negación de ésta, como solía repetir ese ministro de propaganda e información nazi: “una verdad debe construirse a base de mentiras”. En el reino de la mentira se produce el monopolio de las comunicaciones; las grandes cadenas de información ya no informan; su propósito es otro: la humanidad, el planeta y la naturaleza, son sólo la escenografía de un apetito que se expande a todos los rincones del mundo: el mercado global o imperio del capital. El poder mediático influye en casi todos los ámbitos de la existencia humana; coloniza nuestras conciencias generando una nueva religiosidad: la idolatría del mercado. El público es amaestrado según las necesidades del mercado; es decir, ya no es sujeto de decisiones sino objeto de las decisiones de este nuevo ídolo, que reclama un nuevo holocausto, para así tener libre acceso a todos los recursos planetarios. Por eso le otorga poder a los medios, con la garantía, además, de Estados irresponsables. Aparece un nuevo poder: la mediocracia. Este poder es político y operador idóneo que usa el imperio para desestabilizar procesos democráticos. Actuaron como operadores políticos de una estrategia bélica de recaptura del poder el 2008; y son quienes preparan la masacre, preparando a los verdugos de aquel genocidio. Por eso el 11 de septiembre la invención del “enfrentamiento” no buscaba describir nada sino confirmar su credo: los indios alzados merecían un escarmiento. Si toda información consiste en la mentira, la calumnia, el chisme, la burla, entonces la información ya no informa ni comunica la realidad, sino la desfigura, la manipula y la deforma. Una regulación de medios es necesaria incluso para bien del propio ejercicio periodístico. Una historia: una creyente confiesa haber pecado de calumnia, busca el perdón. Su confesor le dice: cuando despiertes sube a la terraza de tu casa y lleva contigo una almohada de plumas, destrózala y esparce las plumas al aire. Ella lo hace y regresa, preguntando: ¿estoy ahora perdonada? La respuesta es: todavía no. Ahora debes volver y recoger todas las plumas y rellenar de nuevo la almohada. Pero eso es imposible, replica. Exactamente, dice el confesor. Es imposible remediar aquello. La calumnia es como las plumas que esparciste, no podrás deshacer aquello. Un analista de Panamericana, en referencia a la ley que está por aprobarse, decía: no soy de izquierda ni de derecha, soy católico y creo que con esta ley sólo nos resta acudir a Dios. Parece que este analista no lee su Biblia. Si el “no mentiras” es un principio de nuestra constitución, también lo es del decálogo. Y lo que hicieron y hacen los medios, continuamente, es mentir cínicamente. Ese analista habla, por supuesto, para quienes, como él, no creen en la igualdad humana. Los Salmos, llaman a estos, impíos: “No tienen parte en las humanas aflicciones y no son atribulados como los otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe como collar y los cubre la violencia como vestido. Ponen su boca en el cielo y su lengua se agita por la tierra. Por eso el pueblo se vuelve tras ellos. Helos ahí son impíos, pero tranquilos constantemente aumentan su fortuna” (73:3-12). ¿Qué dice el Eclesiástico?: “El rico hace injusticias y se gloría de ello; el pobre recibe una injusticia y debe pedir perdón. Si el rico habla, todos le aplauden; aunque diga necedades le dan la razón. Pero si el pobre habla, le insultan, habla con moderación y nadie le reconoce. Habla el rico y todos callan. Pero habla el pobre y dicen: ¿quién es éste? Y si dice algo más, todos se le echan encima” (4:29). No es raro que la comisión episcopal se oponga a la ley anti-racismo; pero si nos oponemos a ella, ¿qué hacemos con los principios cristianos? Lo que se nos pide es romperlos. Sólo nos resta decirles, lo que decía otro masacrado: “perdónalos Señor porque no saben lo que dicen”. La masacre continúa cada día que nos roban el derecho a la verdad. Las víctimas son doblemente asesinadas y nosotros, al consentir aquello, nos hacemos cómplices de esa ejecución continua. Hay que señalar: no se puede hacer desaparecer a los medios, ni al periodismo, pero tampoco se les puede otorgar una libertad de acción irrestricta, impune e inmune a toda legislación pública. Recordemos: “No debemos permitir que la fuerza de esta combinación ponga en peligro nuestra libertad o nuestro proceso democrático”. La comunicación es un bien público y no puede ser privatizado y menos monopolizado por el lucro. Recuperarlo no es desprivatizarlo sino nacionalizarlo (porque no es patrimonio privado sino público). Nacionalizar el ámbito de los medios significa devolverles su propósito original: servir a su propia comunidad, promoviendo la educación y el desarrollo cultural y nacional de la comunidad que les dio origen y a la que se deben. La Paz, Bolivia, 27 de septiembre de 2010 Rafael Bautista S. Autor de “LA MASACRE NO SERÁ TRASNMITIDA: EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA MASACRE DE PANDO” rafaelcorso@yahoo.com

Manifiesto de los ex presos y perseguidos políticos de las dictaduras fascistas

Se viene orquestando la realización de uno de los atentados más nefastos e infames contra la memoria histórica del pueblo boliviano y sus masas trabajadoras revolucionarias y anti-fascistas: ¡En Bolivia no habría existido un ciclo de dictaduras militares fascistas!

El gobierno del c. Evo Morales, mediante su Ministerio de “Justicia”, viene cometiendo uno de los errores mayúsculos que puede manchar definitivamente todo el presente proceso de cambio que ha surgido precisamente por el sacrificio y la lucha heroica de miles de revolucionarios bolivianos que por más de medio siglo combatieron contra el MNR, las dictaduras militares y el neoliberalismo.

Burlándose sangrientamente de miles y miles de perseguidos, encarcelados, torturados y exiliados políticos, el Ministerio de “Justicia” a cargo de abogadillos imberbes, tinterillos desmemoriados e ignorantes, ha emitido miles de “resoluciones” infamantes en las que descalifican totalmente nuestras pruebas fehacientes de prisión, persecución, tortura y exilio, delitos que se cometieron por parte del Estado oligárquico en las dictaduras más oprobiosas de toda la historia de Bolivia.

El proceso de la llamada “evaluación y calificación” estuvo caracterizado por una irresponsabilidad imperdonable y sin límites. Se procedió con la exigencia de presentar pruebas que eran imposible conseguirlas, se negó en forma arbitraria todo indicio conducente a probar las causales de resarcimiento. En fin se cometieron incontables errores de apreciación que dieron como resultado la DESCALIFICACIÓN DE SEIS MIL PRESOS, PERSEGUIDOS, TORTURADOS Y EXILIADOS en las más sangrientas de las dictaduras de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional» y la famosa y muy conocida «Operación Cóndor» que coordinaba a nivel sub-regional del Cono Sur la actividad terrorista de los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, hechos y fenómenos que, indudablemente no conocen ni por el forro nuestros eventuales evaluadores.

Se ha concluido con la facción de una ridícula lista de unas 200 personas que presumiblemente habrían cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley, sus modificaciones y sus reglamentos. Es pues urgente que se conozcan los nombres de esos “privilegiados” que habrían tenido la capacidad de derrocar una dictadura fascista.

Las diversas resoluciones de descalificación de seis mil solicitantes constituyen una “prueba” para que la derecha fascista NIEGUE la existencia de dictaduras fascistas y militares en Bolivia. Según las conclusiones que se pueden extraer, todos los testimonios de prisión por largos años, las persecuciones sañudas proclamadas públicamente por las dictaduras, las torturas inhumanas practicadas con presos ancianos, mujeres y niños, así como los larguísimos exilios, constituyen un “INVENTO” de los solicitantes.

Señores del Gobierno:

¡No vamos a tolerar semejante infamia! ¡No vamos a tolerar que se nos llame impostores!

Los evaluadores deberán obligatoriamente iniciar los procesos penales que corresponden, pues según sus conclusiones nuestras pruebas son “falsas”. (D. S. 28015 de 22 de febrero de 2005. Artículo 7, inciso f)

En nombre de todos los ex-presos, perseguidos, torturados y exiliados políticos por parte de las dictaduras militares fascistas, tenemos a bien dirigirnos a la opinión pública nacional a través de este manifiesto para expresar nuestra profunda preocupación en cuanto se refiere al incumplimiento de la Ley de la República No. 2640 de 11 de marzo de 2004 y su Decreto Reglamentario No. 28015 de 22 de febrero de 2005.

Nuestras organizaciones recuerdan cada 4 de noviembre, cada 17 de julio y cada 21 de agosto como aniversarios de las asonadas fascistas protagonizadas por los dictadores René Barrientos, Hugo Bánzer Suárez y Luís García Meza así como su máximo operador y lugarteniente Luís Arce Gómez, que sumieron al pueblo boliviano en un mar de sangre en cada una de esas fechas memorables de resistencia popular y masacres genocidas.

Barrientos se encarnizó con los mineros en Huanuni, Catavi y Siglo XX, la noche de San Juan; Bánzer, inauguró los campos de concentración famosos por sus aberraciones inhumanas como Chonchocoro, Viacha. Achocalla, Madidi, Coati, etc.; García Meza, asaltando violentamente la sede de la Central Obrera Boliviana donde fueron asesinados cobardemente los patriotas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura (uno de los DESCALIFICADOS), asaltando igualmente el Palacio de Gobierno y apresando a la Presidente Lidia Gueiler y su gabinete, cometiendo toda una serie de asesinatos y violaciones múltiples a los derechos humanos.

Todo el llamado ciclo militar que se inaugura con el golpe del 4 de noviembre de 1964, por parte de René Barrientos Ortuño, continúa con Bánzer Suárez y culmina con García Mesa, constituyó un verdadero manto negro de luto que cubrió la vida y la existencia del pueblo boliviano. Fueron 18 años de resistencia heroica del pueblo y sus organizaciones políticas y sindicales las que representadas por los actuales peticionarios, combatieron en condiciones sumamente difíciles la arremetida genocida del fascismo.

Las generaciones jóvenes no conocen la historia porque el neoliberalismo, que se apoderó de una democracia por la que jamás luchó y por el contrario fue cómplice de las dictaduras, sometió a los pueblos a una amnesia provocada por sus medios de comunicación corruptos que no hacen otra cosa que tergiversar la historia y hacer pasar los crímenes de las dictaduras como virtudes democráticas. Así transformaron a un dictador asesino en “demócrata” en el caso de Bánzer Suárez. Nos corresponde pues recordar a los “olvidadizos” que la democracia relativa que se abre trabajosamente por obra de los movimientos sociales revolucionarios tuvo como antecedente inmediato nuestra lucha sacrificada y victoriosa en los años terribles de la represión, el asesinato y la persecución sañuda.

La “democracia” del neoliberalismo que duró 15 largos años, significó desocupación, despidos, relocalizaciones, privatizaciones, capitalizaciones y otros atentados contra la Patria y los derechos de los pueblos y las clases oprimidas. También enfrentamos a esos enemigos de clase y junto con las nuevas generaciones derrotamos a sus expresiones políticas como el MNR en el recordado y glorioso octubre-17 de 2003. Sus protagonistas principales recibieron justamente el reconocimiento oficial y el resarcimiento por los daños sufridos. Del mismo modo, nosotros los reprimidos de las dictaduras fascistas militares exigimos igual trato.

Hay quiénes piensan que la historia de Bolivia comienza en el 2005 cuando resultó victorioso en la urnas el c. Evo Morales y su organización el MAS. No es así, la lucha es milenaria, comenzó con las insurrecciones indígenas del siglo XVIII, las luchas de independencia que le siguieron en el siglo XIX, las luchas republicanas anti-oligárquicas, etc., que constituyen la historia larga, después viene la historia media que comprende precisamente nuestras luchas sagradas del siglo XX y finalmente la historia corta que comienza con el nuevo siglo y que nos tiene otra vez como protagonistas pero sin tener la oportunidad verdadera de contribuir a su profundización y su victoria definitiva.

En nombre de los militantes políticos conocidos, perseguidos desde hacen por lo menos 40 años, encarcelados, desterrados, confinados, torturados, exiliados y finalmente asesinados o desaparecidos por las dictaduras, exigimos la nulidad completa del falso proceso de evaluación, desconocemos la validez de la Comisión Evaluadora y que se disponga la investigación en aquellos casos en los que la duda sea razonable.

Finalmente, nos dirigimos a la opinión nacional, a las nuevas generaciones, a aquellos que no tienen idea de lo que significa enfrentar y vivir los largos años de dictadura militar-fascista, a fin de que tomen conciencia y apoyen aunque sea moralmente nuestros justos pedidos que como hemos explicado ya han sido reconocidos por una Ley del Estado y sus reglamentos, que sin embargo no podemos lograr su cumplimiento verdadero.

La información que se ha hecho pública por parte de la escolina Ministra de “Justicia”, Nilda Copa, expresa que el proceso de evaluación ya ha concluido y que en octubre se “cancelará” la indemnización a los 200 privilegiados.

Es preciso que esas “autoridades” sin ningún mérito, sepan que ese octubre verá a miles de revolucionarios víctimas de la violencia política llenar la Asamblea Plurinacional impidiendo que se consuma el atentado criminal contra la historia revolucionaria de Bolivia.

Estamos comprometidos con el proceso de transformaciones profundas que han conseguido las clases y las naciones oprimidas, nos sentimos legítimamente parte integrante de esos grandes esfuerzos y no por oportunismo que se manifiesta en algunos “masistas” de última hora, sino por convicción profunda en el triunfo de las aspiraciones históricas del pueblo boliviano.

La Paz, Bolivia, Julio 30 de 2010.

BOLPRESS, 30 de julio de 2010

Organizaciones y movimientos sociales recuerdan muerte del padre Luis Espinal

La Paz, 18 mar (ABI).- Al cumplirse 30 años del asesinato del padre jesuita, Luis Espinal, luchador social incansable, ejemplo de ética y de entrega en favor de los más pobres, organizaciones sociales, humanitarias y culturales de Bolivia realizarán una serie de homenajes en honor del clérigo que fue asesinado por fuerzas paramilitares en 1980, de acuerdo con un informe divulgado por el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD). Los actos son organizados por la Coordinadora ?Luis Espinal?, la Central Obrera Boliviana, la Compañía de Jesús, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz (APDHLP), el café semilla Juvenil, Fundación Solón, la Red de Medios Alternativos y la Asociación latinoamericana de comunicación grupal Proa. Uno de esos actos es la romería que se desarrollará este lunes 22 con la presencia de jóvenes, estudiantes de secundaria, vecinos de Achichicle y otras organizaciones que partirá desde el Plan Autopista hasta Villa las Nieves lugar donde se encontró el cadáver del sacerdote jesuita tras ser secuestrado y torturado por paramilitares al mando del ex coronel y entonces jefe del departamento II del Ejército, Luis Arce Gómez. Arce Gómez fue procesado y condenado a 30 años de reclusión sin derecho a indulto. En la actualidad cumple esa condena en la cárcel de Chonchocoro tras ser expulsado de Estados Unidos, donde estuvo encarcelado por delitos del narcotráfico. Las actividades de homenaje contemplan, además de la romería y actos litúrgicos,  ciclos de cine y proyecciones de videos para socializar el pensamiento y obra de Espinal, quien además de sacerdote era periodista, cineasta, docente y escritor. Luis Espinal Camps nació en un pueblo cerca de Manresa el 4 de febrero de 1932. A los 17 años ingresó en la Compañía de Jesús donde se ordenó como sacerdote en 1962. Llegó a Bolivia el 6 de agosto de 1968 donde se interiorizó rápidamente de la problemática y cultura de su país de adopción, identificándose con él al punto de adoptar la nacionalidad boliviana en 1970. Vivió una época agitada socialmente: guerrilla, golpes de estado, gobiernos dictatoriales, fugaces periodos democráticos y violencia. Durante el golpe militar de 1971 encabezado por Hugo Banzer Suárez, Espinal intervino en defensa de políticos y sindicalistas perseguidos y detenidos. En 1977 se sumó a la huelga  de las mujeres mineras  para derrocar al gobierno dictatorial de Banzer. 1979 se hizo cargo de la dirección del semanario Aquí donde llevó adelante un periodismo en defensa de los intereses del pueblo, de acuerdo con el informe. Agrega que la noche del 22 de marzo fue secuestrado, llevado en un jeep, torturado en un matadero por cuatro horas y finalmente asesinado con 14 balazos. Los asesinos le marcaron a culatazos una cruz amoratada en el pecho. Acl                ABI ABI. Copyright 1998-2010.

Proyecto de Ley de lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ílícito e Investigación de fortunas

Proyecto « Marcelo Quiroga Santa Cruz » aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de julio de 2007 510/2007 Otros artículos 22-12-2008: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2009 21-12-2008: Proyecto de Ley de Pensiones 10-12-2008: Proyecto de Ley de armas, municiones, explosivos y otros relacionados 05-12-2008: Anteproyecto de ley contra la discriminación 05-11-2008: ¡Ninguna confianza a Barack Obama! 21-10-2008: Ley de Convocatoria a Referéndum Dirimidor del Artículo 398 y para refrendar el proyecto de Constitución 21-10-2008: Ley interpretativa que habilita al Congreso para modificar el proyecto de Constitución 09-10-2008: Violaciones a las leyes en la aprobación del proyecto constitucional del MAS y resumen de algunos problemas estructurales de ese texto.

TÍTULO I / DEFINICIONES Y PRINCIPIOS: ARTÍCULO 1 (Definiciones). Corrupción es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, una persona natural o jurídica nacional o extranjera que comprometa o afecte recursos económicos del Estado, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Embargo Preventivo o Incautación: Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, trasladar o de asumir la custodia o el control de bienes, en virtud de un requerimiento fiscal, con la finalidad de precautelar la reparación del daño causado. Confiscación: Acto por el cual la Autoridad Jurisdiccional Competente, mediante sentencia ejecutoriada, priva el derecho propietario de los bienes de una persona, de manera definitiva a favor del Estado, por ser éstos producto o instrumentos de un delito. Servidor Público: Servidor Público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios con relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la legislación nacional vigente; se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Legitimación de Ganancias Ilícitas: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que a sabiendas se preste o preste su nombre para ocultar o legitimar los bienes de terceros, de cualquier especie, habidos ilícitamente.

ARTÍCULO 2 (Principios). La presente Ley se funda en los siguientes principios: Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Transparencia. Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Es el acceso a la información veraz, oportuna, comprensible y confiable de recursos y gastos del Estado, a través de los medios y la tecnología existentes, que está a disposición de todo ciudadano que así lo requiera, excepto las limitaciones establecidas por Ley. Gratuidad. Los servicios de la administración de justicia, del Ministerio público, de los órganos de investigación y de la administración pública en general tienen carácter gratuito. Inmediatez. La administración de justicia debe fundarse en la eficiencia y eficacia, a fin de obtener celeridad en los trámites. Universalidad. La presente Ley, se aplicará a todo servidor público y a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades públicas o privadas dentro del territorio nacional y que tengan relación con el Estado reafirmando de esta manera, el principio constitucional de igualdad de todos ante la Ley. Control Social. Es la participación activa de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Defensa del Patrimonio del Estado. Se rige por la obligación constitucional que tiene todo boliviano (a) de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado en todas sus formas. Imprescriptibilidad. Se entiende como la no extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, delincuencia económica y financiera que atentan contra el patrimonio del Estado y otros establecidos en la presente Ley.

TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 3 (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la protección y recuperación del patrimonio del Estado, por medio de una lucha efectiva contra la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delitos económicos y financieros a través de mecanismos de control, prevención y educación, con la participación activa de entidades públicas, privadas y la sociedad civil.

ARTÍCULO 4 (Finalidad). La presente Ley establece normas y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, las Leyes, Tratados y Convenciones Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, así como los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que comprometan o afecten recursos del Estado.

ARTÍCULO 5 (Ámbito de Aplicación). El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende las acciones u omisiones de: Los servidores públicos, electos, designados, de libre nombramiento, de carrera, interinos y otras personas que prestan servicios al Estado en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Prefecturas, instituciones descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, semi autárquicas, de economía mixta, residuales, entidades autónomas, Gobiernos Municipales, universidades y otras entidades de la estructura del Estado. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Corte Nacional Electoral, Banco Central de Bolivia, Superintendencias y Defensor del Pueblo. Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación en su estructura patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica; personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos, se beneficien indebidamente con recursos del Estado. Personas privadas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean reportadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, por conducta o actividad relacionada a operaciones sospechosas vinculadas con actos de la administración pública, y que de manera directa o indirecta, afecten o comprometan los recursos del Estado. Ningún servidor público queda exento de la presente norma jurídica. Esta Ley especial no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente. En el caso del Presidente y Vicepresidente, ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República, Ministros y ex Ministros de Estado, Prefectos, Senadores y Diputados, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República, Superintendentes, Contralor General de la República, Vocales de las Cortes Superiores, Defensor del Pueblo y Vocales de la Corte Nacional Electoral y aquellos que ocuparon estas funciones y que hubiesen cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, se procederá, previo cumplimiento de los Artículos 52º, 62º, numeral 3, 66º, atribuciones primera, 68º, numeral 11), 118º, numeral 5) y 6) de la Constitución Política del Estado. En caso de existir responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva y penal, se aplicará con preferencia la responsabilidad penal y ésta no será subsidiaria con relación a las demás.

TÍTULO III ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CAPÍTULO I COMISIÓN NACIONAL DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS ARTÍCULO 6 (Comisión Nacional y Composición). Se crea la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por: Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Ministerio de Gobierno. Ministerio Público. Contraloría General de la República. Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial. Defensor del Pueblo. Un representante del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción. La Comisión Nacional estará presidida por el Ministro de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros.

ARTÍCULO 7 (Atribuciones). Las atribuciones de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas son las siguientes: Supervisar, fiscalizar y proponer políticas públicas nacionales, orientadas a prevenir actos de corrupción dentro de la función pública. Aprobar y evaluar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, elaborado por el Ministerio del ramo, responsable de esas funciones. Informar anualmente al Presidente de la República, al Congreso Nacional y a la Sociedad Civil sobre la ejecución y cumplimiento de las metas formuladas. Promover la probidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública, y la obligación de rendir cuentas sobre la gestión administrativa y los recursos del Estado. Promocionar la enseñanza y práctica de valores morales y éticos en el sistema educativo boliviano público y privado.

CAPÍTULO II MINISTERIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ARTÍCULO 8 (Responsabilidad). El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito tiene la responsabilidad de elaborar, proponer, desarrollar y ejecutar las políticas públicas anticorrupción aprobadas por la Comisión Nacional. ARTÍCULO 9 (Atribuciones). El Ministro de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, tiene las siguientes atribuciones: Elaborar los programas de prevención y lucha contra la corrupción, promover y fomentar la ética y transparencia en la gestión pública. Prestar asistencia técnica y asesoramiento a los organismos del Estado para implementar la lucha contra todas las formas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Coordinar acciones con las instituciones públicas y privadas para implementar programas de prevención, capacitación y difusión de valores éticos en las escuelas, colegios, institutos y universidades del país. Constituirse como sujeto procesal coadyuvante e intervenir de oficio en las denuncias de corrupción, para su investigación por el Ministerio Público y sanción por las autoridades jurisdiccionales competentes. Diseñar e implementar un programas de registro, control y seguimiento permanente de los bienes adquiridos por los servidores públicos y de las personas públicas o privadas que presten servicios públicos o comprometan de manera ilegal los recursos del Estado, en coordinación con el Ministerio Público, Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial y otras instituciones públicas o privadas. Representar a la Comisión Nacional de Lucha Anticorrupción, el Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Y otras establecidas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y su Decreto Reglamentario. Diseñar y desarrollar, anualmente, dentro del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el Programa Institucional Nacional Anticorrupción (PINA), destinado a: Capacitar, actualizar y acreditar la formación de: Fiscales Anticorrupción; Investigadores de la Policía Boliviana; Funcionarios de la UIFP; Funcionarios de la Contraloría General de la República; otros funcionarios públicos. Prevenir la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la legitimación de ganancias ilícitas mediante la difusión de valores éticos en las escuelas, colegios, institutos, universidades e instituciones públicas del país. Aprobar, supervisar, evaluar y fiscalizar el desarrollo y resultados del Programa Institucional Nacional Anticorrupción (PINA) a nivel institucional, elaborados y ejecutados por parte de la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Policía Boliviana y la UIFP.

CAPÍTULO III CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ARTÍCULO 10 (Representación de la Sociedad Civil). Se crea el Consejo Nacional y los Consejos Departamentales de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, integrado por representantes de las organizaciones sociales departamentales y nacionales respectivamente; que tiene como objetivo fundamental promover y fortalecer la participación activa de la sociedad civil para ejercer el control social anticorrupción. Su composición y atribuciones serán reglamentadas por Decreto Supremo.

CAPÍTULO IV FISCALES ANTICORRUPCIÓN ARTÍCULO 11 (Fiscales Anticorrupción). El Fiscal General de la República, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público designará, en cada departamento y en base a acreditación emitida por el PINA y evaluación permanente, a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia económica y financiera. Atribución que será incluida en el Artículo 36º de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 2175 de 13 de febrero de 2001.

CAPÍTULO V INVESTIGADORES DE LA POLICÍA NACIONAL

ARTÍCULO 12 (Investigadores de la Policía Boliviana). El Comando General de la Policía Boliviana, en base a la acreditación emitida por el PINA y evaluación permanente designará a los investigadores especializados de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, en cada departamento y desempeñarán sus actividades bajo, la dirección funcional y operativa de los fiscales. Estará integrada por Jefes y Oficiales de la Policía, idóneos y capacitados; serán inamovibles de sus funciones salvo que no cumplan la orden judicial, la del Fiscal, no tengan actualizada su acreditación del PINA o actúen negligentemente.

CAPÍTULO VI UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL (UIFP)

ARTÍCULO 13 (Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial). Se crea la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, como entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Hacienda; su Director será designado por el Presidente de la República.

ARTÍCULO 14 (Funciones). La Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial tiene como funciones básicas: A requerimiento formal del Ministerio de Lucha Contra la Corrupción o del Ministerio Público mediante los Fiscales Anticorrupción, analizar y realizar actividad de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos de corrupción, cuya información deberá ser proporcionada por los sujetos obligados sobre operaciones sospechosas, sin límite de monto. Remitir los resultados del análisis y antecedentes al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente, cuando así corresponda. A requerimiento formal del Ministerio de Lucha Contra la Corrupción o del Ministerio Público mediante los Fiscales Anticorrupción, aplicar procedimientos de análisis de actividades financieras y patrimoniales de los servidores públicos, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que comprometan y/o afecten directa o indirectamente los recursos del Estado. Otras atribuciones se establecerán por Decreto Supremo, tomando en cuenta la normativa nacional y las recomendaciones de Convenios Internacionales vigentes en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia económica y financiera.

ARTÍCULO 15 (Manejo de la Información). La información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial (UIFP), no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis. Cuando la UIFP considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, la remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público. Esta información, valorada por el Ministerio Público, podrá ser presentada como prueba en los procesos penales.

CAPÍTULO VII CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ARTÍCULO 16 (Unidad de Declaraciones Juradas). La Contraloría General de la República, designará a funcionarios acreditados por el PINA especializados de la Unidad para la recepción y verificación, seguimiento y actualización de las declaraciones juradas de los servidores públicos. Esta unidad deberá coordinar sus actividades con la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, Fiscales Anticorrupción y Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Sus funciones ser regularán mediante Decreto Supremo.

TÍTULO IV SUJETOS OBLIGADOS

ARTÍCULO 17 (Denominación). Son sujetos obligados las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras cuya obligación es cumplir y hacer cumplir las instrucciones y disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, relativa a la aplicación de medidas preventivas contra la corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

ARTÍCULO 18 (Alcances). Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a las actividades de: a) Banca nacional, b) Mercado de valores, c) Entidades aseguradoras, intermediarios y auxiliares de seguros, d) Mercado de pensiones, e) Operaciones sistemáticas de cambio de moneda, f) Emisión, venta o canje de cheques, cheques viajeros, g) Casas de préstamo y empeño, h) Giro postal, i) Emisión de tarjetas de crédito o débito, j) Títulos valores, k)Transferencias sistemáticas de fondos por courrier, correos especiales y/o medios electrónicos, l) Cooperativas en general, m) Compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueológicos, n) Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas, o) Juegos de azar, casinos, loterías y bingos, p) Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje, q) Actividades relacionadas con la minería, r) Actividades relacionadas con la construcción de carreteras y/o infraestructura vial, s) Despachadores de aduanas, importación y exportación, t) Fondos financieros privados, u) Mutuales de ahorro y préstamo, v) Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones, w) Actividades inmobiliarias, de compra venta de inmuebles, x) Servicios de inversión, y) Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, z) Actividades con alto movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Artículo 6º del Código de Comercio y otras presentes y futuras, establecidas por la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial.

ARTÍCULO 19 (Exención de Secreto Bancario). No se podrá invocar secreto bancario, de valores y de seguros, comercial, industrial, tributario, económico y financiero, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial requiera información para el cumplimiento de sus funciones, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno. La información obtenida por la Unidad solo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos vinculados a la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera. La exención requerida por la Unidad estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos.

ARTÍCULO 20 (Protección de los Denunciantes). Las denuncias de los funcionarios públicos y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, plantea la necesidad de proteger la identidad y la seguridad de los denunciantes. A tal efecto, el Ministerio Público y la Policía Nacional están obligados a establecer los mecanismos pertinentes para ejecutar dichas acciones, dentro del marco constitucional. En caso de una denuncia o acusación falsa, la persona agraviada será públicamente desagraviada, contando además con el pago de los daños y perjuicios que por Ley correspondan, aplicándose lo establecido por el Artículo 166º del Código Penal.

ARTÍCULO 21 (Protección de Sujetos Participantes). Los peritos, testigos, asesores técnicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento, gozarán de las garantías constitucionales, para evitar agresiones, represalias o intimidación.

TÍTULO V MODIFICACIONES, COMPLEMENTACIONES E INCLUSIONES AL CÓDIGO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CAPÍTULO I INCLUSIONES Y MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 22. Se incluye en el Código Penal los siguientes Artículos: 39 Bis, 90º Bis, 104º Bis, 144º Bis, 149º Bis, 149º Ter, 158º Bis y 177º Bis y modificación 185º Bis según el siguiente texto: ARTÍCULO 39 BIS (Atenuantes en Delitos de Corrupción). Toda Persona que hubiese participado o participe como instigador, cómplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y juzgamiento de los delitos sistematizados en el Artículo 23º de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se beneficiará con la reducción de un tercio de la pena que le correspondiere. ARTÍCULO 90º BIS (Incautación y Confiscación de Bienes y Activos). En el caso de los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde el inicio de las investigaciones de los ilícitos, previo requerimiento fiscal, y en un plazo perentorio de cinco días, se procederá a la incautación de los bienes y activos, con inventario completo, en presencia de un Notario de Fe Pública, designado al depositario de acuerdo a Ley, y concluidos los trámites de la causa, el órgano jurisdiccional dispondrá, en sentencia, la confiscación definitiva de tales bienes y activos a favor del Estado. Durante la etapa preparatoria, el sindicado o sospechoso de estos ilícitos, deberá demostrar la obtención o tenencia lícita de los bienes y productos incautados. ARTÍCULO 104º BIS (Extinción de la Pena por Prescripción). No procede la extinción de la pena por prescripción en los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ARTÍCULO 144º BIS (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). El servidor público que arbitrariamente otorgue un fin distinto al cual se hallare destinado, en beneficio propio o de terceros, bienes derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a los cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de la función pública, de cinco a diez años. En el mismo delito incurrirá el servidor público que, dando un fin distinto al cual se hallaren destinados, utilice los servicios prestados por personas remuneradas por el Estado o que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal. ARTÍCULO 149º BIS (Enriquecimiento Ilícito). El que en ejercicio de la función pública, custodie, explote, use o administre fondos, servicios o bienes públicos; bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, para acrecentar su patrimonio respecto de sus ingresos, adquiera bienes, goce derechos y acciones, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directa o por medio de otras personas naturales o jurídicas y no justifique la procedencia legal, será sancionado con privación de libertad de ocho a doce años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de hasta quinientos días y la confiscación de los bienes obtenidos ilegalmente. Las mismas sanciones se aplicarán para el caso de la persona natural o jurídica que mediante actividad privada, por sí o a través de otras personas, acreciente su fortuna afectando el patrimonio del Estado o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación directa o indirecta y no justifique procedencia legal. ARTÍCULO 149º TER. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilícito de un servidor público, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con presidio de tres a cinco años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días. ARTÍCULO 158º BIS (Cohecho Activo Transnacional). El que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una entidad internacional directa o indirectamente, ya sea en beneficio propio o de un tercero, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier otro acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial, será sancionado con presidio de ocho a doce años y multa de cincuenta a quinientos días. ARTÍCULO 177º BIS (Obstrucción de la Justicia). El que mediante el uso de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a obstaculizar la presentación o la aportación de pruebas en procesos relativos a la comisión de delitos vinculados con la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera, será sancionado con presidio de tres a cinco años y multa de treinta a quinientos días. Se agravará la sanción en una mitad a quienes mediante el uso de la fuerza física, amenazas o intimación obstaculicen las funciones a oficiales y jueces, fiscales y policías, así como a los órganos de prevención en relación con la comisión de delitos vinculados a la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica y financiera. ARTÍCULO 185º BIS (Legitimación de Ganancias Ilícitas). El que adquiera, transporte, convierta o transfiera, utilice y administre bienes, recursos, derechos, activos económicos, financieros y comerciales, vinculados a delitos de: tráfico de sustancias controladas, delitos de corrupción, delitos contra la función judicial y los cometidos por organizaciones criminales, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas, robo, falsificación de moneda o billetes de bancos, emisión ilegal, falsificación de documentos en general, contribuciones y ventajas ilegítimas, sociedad y acciones ficticias, franquicias, liberaciones o privilegios, defraudación tributaria e ilícitos aduaneros, con la finalidad de ocultar, simular, engañar, encubrir o impedir la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad verdadera de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes, comete delito de legitimación de ganancias ilícitas serán sancionados con presidio de ocho a doce años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y con multa de hasta quinientos días. El que por negligencia, imprudencia, impericia o falta de diligencia debida, facilite la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas será sancionado con reclusión de tres a cuatro años. El delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo. Las normas de éste Artículo se aplicarán también a personas nacionales y extranjeras que lo cometan en el territorio boliviano o fuera de éste, en el marco de los Convenios y Tratados Internacionales. ARTÍCULO 23 (Sistematización Penal). Los tipos penales establecidos en los Artículos: 132º Bis, 142º,143º,144º, 144º Bis, 145º,146º,147º,149º,149º Bis, 149º Ter, 150º,151º, 152º, 158º, 158º Bis, 173º, 173º Bis, 174º, 177º, 177º Bis, 185º Bis, 221º, 224º, 225º, 228º, 229º y 231º del Código Penal, Artículos 177º,178º,179º,180º y 181º del Código Tributario, Artículos 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º y 177º de la Ley General de Aduanas serán sistematizados bajo el Título de Delitos de Corrupción. ARTÍCULO 24 (Modificación de las Penas Aplicables). Las penas de los Artículos 132º Bis, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 149º, 150º, 151º, 152º, 158º, 173º, 173º Bis, 174º, 177º, 221º, 224º, 225º, 228º, 229º y 231º del Código Penal, Artículos 177º, 178º, 179º, 180º y 181º del Código Tributario, Artículos 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º y 177º de la Ley General de Aduanas, serán de ocho a doce años y multa de hasta quinientos días. CAPÍTULO II INCLUSIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTÍCULO 25. Se incluye al Código de Procedimiento Penal los Artículos 23º Bis, 29º Bis, 91º Bis, 133º Bis y 148 Bis, de acuerdo con el siguiente texto: ARTÍCULO 23º BIS (Improcedencia de la Suspensión Condicional del Proceso). La suspensión condicional del proceso no procede en los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ARTÍCULO 29º BIS (Imprescriptibilidad). Los delitos sistematizados en el Artículo 23 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, son imprescriptibles. ARTÍCULO 91º BIS (Prosecución del Juicio en Rebeldía). Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro el proceso penal por los delitos establecidos en el Artículo 104º Bis de la presente Ley, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes. ARTÍCULO 148º BIS (Recuperación de Bienes en el Extranjero). El Estado solicitará a las autoridades extranjeras la cooperación necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos, sustraídos por servidores y ex servidores públicos, objeto o producto de delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delitos económicos y financieros, que se encuentren fuera del país. ARTÍCULO 133º BIS (Duración Máxima del Proceso en Delitos de Corrupción). El proceso de investigación, en los delitos sistematizados en el Artículo 23º de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 29º Bis no prescriben, y la duración máxima de la investigación (etapa preliminar), desde la denuncia hasta el inicio del juicio oral, público contradictorio y continuo (acusación), será de dieciocho meses. CAPÍTULO III COMPLEMENTACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ARTÍCULO 26. Se complementa los Artículos 962º, 1502º, 1552º y 1553º del Código Civil, de acuerdo con el siguiente texto: ARTÍCULO 962 (Carácter Subsidiario de la Acción). La acción de enriquecimiento no es admisible cuando el perjudicado puede ejercer otra acción para obtener, se le indemnice por el perjuicio que ha sufrido. Ésta prohibición no será aplicable en los casos en los que el perjudicado sea el Estado como consecuencia de actos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. ARTÍCULO 1502.- (Excepciones). La prescripción no corre: Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio de la República, hasta treinta días después de haber cesado en sus funciones. Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue. Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que tenga contra la sucesión. Entre cónyuges. Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción. En los casos relacionados con recuperación de activos para el Estado, provenientes de la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. En los demás casos establecidos por la Ley. ARTÍCULO 1552. (Anotación Preventiva en el Registro). Podrán pedir anotación preventiva de sus derechos en el registro público: Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles de deudor. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación. Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el Artículo 1540, inciso 14. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable. El Ministerio Público en representación del Estado y la sociedad en los casos relacionados con recuperación de activos provenientes de la corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. II. En los casos previstos por el Artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. ARTÍCULO 1553 (Término de la Anotación Preventiva). La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intervalo. El término establecido en el parágrafo I, en los casos relacionados con recuperación de bienes y activos para el Estado provenientes de los delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delincuencia económica, financiera y comercial. Será de 10 años prorrogable hasta por un total de quince años. ARTÍCULO 27 (Complementación al Código de Procedimiento Civil). Se complementa el Artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el siguiente texto: ARTÍCULO 375 (Carga de la Prueba). La carga de la prueba incumbe: Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho. Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor. En las demandas del Estado por recuperación de bienes y activos, provenientes de los delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y criminalidad económica, financiera y comercial; el Estado esta únicamente obligado a demostrar la calidad actual o pasada del servidor público o de demandado. En los casos que un servidor público o demandado tenga relación con bienes y activos que acrecienten ilícitamente el patrimonio de alguno de ellos, la carga de la prueba para demostrar la lícitud de su incremento patrimonial, corresponderá al demandado. CAPÍTULO IV MODIFICACIONES A LA LEY 2445 DE 13 DE MARZO DE 2003 ARTÍCULO 28 (Modificaciones al Artículo 4º de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades). Se modifica el Artículo 4º de la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003 de Juicio de Responsabilidades, quedando de acuerdo al siguiente texto: ARTÍCULO 4º (Participación Delictiva). Quienes tuvieran cualquier forma de participación delictiva con las autoridades en la comisión de cualquier delito mencionado en el Artículo 1º de la presente Ley, sin estar comprendidos en el ejercicio de funciones señaladas en el Artículo 118º, atribución 5ª de la Constitución Política del Estado, o quienes actúan como instigadores, cómplices o encubridores, de estos delitos, serán enjuiciados conjuntamente la causa principal. Si no hubieran sido incluidos, serán enjuiciados por la Justicia Ordinaria, de acuerdo a la Ley Común. ARTÍCULO 29 (Complementaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público). Inclúyese al Artículo 36º de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 2175 de 13 de febrero de 2001, la atribución otorgada al Fiscal General de la República, contenida en el Artículo 11º de la presente Ley. CAPÍTULO V DEROGACIONES ARTÍCULO ÚNICO. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: Artículo 185º Ter del Código Penal, Artículos 87º y 158 de la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras, modificada por la Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 – Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera), y Artículo 2º de la Ley 2623 de 22 de diciembre de 2003 « Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República », y toda disposición legal contraria a la presente Ley. El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa días a partir de su promulgación y publicación. Remítase al H. Senado Nacional, para fines de revisión. Es dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a los trece días del mes de julio de dos mil siete años.

Edmundo Novillo Aguilar PRESIDENTE H. CÁMARA DE DIPUTADOS

BOLPRESS, 13 de enero de 2009