COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE


Servidumbre por deudas y sobre explotación de recursos naturales en la Chiquitaní

Posted in Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 31 octobre, 2008

Arturo D. Villanueva Imaña

Este mes en la Chiquitanía, específicamente en Concepción, se ha llevado adelante un nuevo Festival de la orquídea, que ha convocado innumerable cantidad de turistas nacionales y extranjeros y ha volcado la atención del país sobre esta iniciativa digna de todo reconocimiento.

La música barroca, la arquitectura misional y otras experiencias culturales que se recuperan son una cara de la medalla que no es posible dejar de resaltar y reconocer, en vista de su indudable aporte al desarrollo. En el mismo contexto, también se están produciendo hechos y situaciones de extrema gravedad.

La Gran Chiquitanía continúa siendo sometida a un sistema de sobre explotación y despojo que se expresa de diversas maneras, de acuerdo a lo que se pudo establecer en una investigación de campo realizada durante todo el mes de julio pasado y que permitió recorrer las 5 provincias chiquitanas del departamento de Santa Cruz.

En la Chiquitanía persisten relaciones de servidumbre temporal por endeudamiento de la fuerza de trabajo de las comunidades indígenas chiquitanas, que a través del mecanismo del « adelanto » o pago anticipado que se acostumbra recibir de contratistas, « pirateros » y patrones, engancha a los comunarios indígenas que se ven obligados a efectuar tareas de « rumbeo » (búsqueda de árboles en el bosque), marcaje de los árboles, corte y carguío de los mismos, a precios realmente ridículos frente a los que se obtienen los dueños del capital y los contratistas en el mercado, sin ni siquiera haberse dado ninguna molestia o trabajo para percibir los ingresos y la ganancia obtenida.

Esta práctica (originada en gran medida en las enormes necesidades y la pobreza del pueblo indígena chiquitano), al margen de someter y reproducir a relaciones de trabajo servidumbrales que debieron haber sido superadas hace decenas de años, provocan una sobre explotación de los recursos forestales, cuya magnitud solo se puede apreciar cuando se observa innumerable cantidad de camiones tronqueros que cotidianamente circulan por los caminos, así como por la sorprendente cantidad de aserraderos instalados en diversos pueblos de las 5 provincias chiquitanas.

Esta situación entraña el sometimiento y explotación laboral y de trabajo de la población indígena chiquitana, así como de su propia dignidad, bajo relaciones servidumbrales inadmisibles; al mismo tiempo provocan una sobre explotación y pirateo de los recursos forestales, afectando de forma alarmante al ecosistema de la región.

Al margen de la importante riqueza forestal y de biodiversidad que todavía se concentra en la Gran Chiquitanía, también son de gran significación los recursos mineros (especialmente el hierro en el Mutún y el oro a lo largo de varias provincias), tal como se establece en los mapas de concesión respectivos.

La enorme riqueza aurífera ha convocado al establecimiento y explotación de enormes emprendimientos empresariales que implican el funcionamiento de grandes campamentos, maquinaria y tecnología de última generación y gran capacidad, e inclusive el establecimiento de pistas y aeropuertos privados que funcionan interrumpidamente sacando el oro por kilogramos.

También opera una minería más rústica pero no menos dañina que está provocando muy graves daños socio ambientales que afectan el paisaje, el bosque, las fuentes de agua, etc, dejando enormes huecos e innumerables caminos que destrozan el territorio chiquitano, sin que se haya podido percibir ningún trabajo de supervisión, control y, menos, de mitigación.

La Organización Indígena Chiquitana (OICH) que aglutina 12 centrales regionales en las 5 provincias en el pasado ha efectuado y logrado en algunos casos poner en evidencia los efectos y daños provocados por la actividad minera en sus territorios; sin embargo, debe denunciarse y resaltarse el hecho de que dichas iniciativas no han logrado detener el impacto y la continuidad de estas actividades que al mismo tiempo de provocar enormes impactos socio ambientales, también contribuyen a la distorsión y efecto negativo sobre las actividades y el sistema económico productivo de las comunidades indígenas chiquitanas, que distraen parte de su tiempo para obtener unos pocos gramos de oro, a costa de contribuir al destrozo, deterioro y grave afectación del territorio, el medio ambiente y sus propias comunidades.

Esta muy breve descripción de otras actividades económicas y productivas que actualmente también se realizan en la Chiquitanía no puede dejar de mencionar lo que sucede con las tierras.

Al margen del innegable avance en el proceso de saneamiento y la voluntad política expresa por lograr una mas equitativa distribución de tierras que revierta a dominio del Estado los latifundios improductivos; debe señalarse que en el caso de la Gran Chiquitanía parece haber olvidado la imperiosa necesidad de que ese proceso agrario no ignore y también contemple, recupere y garantice la soberanía territorial.

Además de la elevada concentración de tierras en manos de pocos latifundistas, la Gran Chiquitanía es también escenario de una febril actividad de tráfico de tierras que está favoreciendo principalmente a Menonitas de diverso origen y brasileños, que se están adueñando de grandes extensiones de tierra, afectando de esta manera la propia soberanía nacional sobre las mismas.

La gravedad del asunto es mayor. La cantidad sorprendente de personas y familias extranjeras (especialmente menonitas) que recorren y es posible encontrar a lo largo y ancho de la Chiquitanía integran conglomerados sociales completamente cerrados y excluyentes, que trabajan desboscando y explotando grandes extensiones de tierras, sin relacionarse con la sociedad circundante y sin contribuir en absoluto a la economía regional, bajo un sistema totalmente discriminatorio del país y la sociedad que los cobija.

Estos hechos que por cierto vulneran a los derechos laborales, ambientales, económicos y culturales del pueblo indígena chiquitano, también inciden de manera preocupante en la soberanía nacional, la economía regional y los recursos naturales de la Chiquitanía.

Sería conveniente que en forma urgente y perentoria, los organismos estatales competentes (cuyo vacío y falta de presencia en la región chiquitana provoca indefensión, falta de control y desprotección), puedan priorizar también la gestión pública, la definición de políticas y la atención de los problemas y situaciones descritas. 

BOLPRESS, 31 octubre de 2008

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Noticias de lo que queda de la oposición boliviana I

Posted in OPINION par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008

por Flavio Dalostto

Sabina: La novia de Chuki-Saca
Una vez más, la tristemente célebre Sabina Cuellar, prefecta de los barrios céntricos de la ciudad de Sucre, ha dado otra muestra de sagacidad política, al decidir ir a visitar al tristemente célebre Leopoldo « Herodes » Fernandez, ex prefecto de Pando, preso en La Paz. Sí, Sabina se negó a sacarse una « foto » de compromiso en Cochabamba con el presidente y los demás prefectos; pero lo hará con gusto junto al ex funcionario acusado de instrumentar el Puente de Sangre, donde fueron masacrados un número indeterminado de campesinos. Realmente, la personalidad de Sabina, pobre de toda pobreza, abona cada vez más la hipótesis de no dejarse engañar solo porque alguien es pobre o indio. Éstas son solo condiciones, y no encierran virtudes en si mismas.
Sabina, está alejada de los otros tres prefectos opositores (Suarez de Beni, Costas de Santa Cruz y Cossio de Tarija), que la dejaron sola desgañitando su reclamo sobre « capitalidad », y que también dejaron solo a Fernández, por el que no levantaron ni un dedo ni le dedicaron un día de huelga de hambre. Por eso, solidaria con los solos, Sabina se acerca al caído de Pando, uniendo su figura ya desprestigiada por la pasada humillación de campesinos en la plaza de Sucre, a la de la Masacre de Pando.
No hay que olvidar, porque justo es recordarlo, que Sabina fue un invento del MAS, seducido en su momento por su condición de « vendedora de ropa usada », e « indígena quechua ». Hay que aprender la lección, porque en todas partes se cuecen habas. Ahora, la prefecta de Sucre, estrenará otro título, al de « malinche boliviana », le agregará « la novia de Chuki (Saca) ».
David y su Ángelo. Los cruceñistas se cruzan.
Hoy nos enteramos, que en el día de ayer, las facciones en que se partió la unión juvenil cruceñista, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra: la del presidente David Cejas y la del vice Ángelo Céspedes, se están disputando la posesión de las oficinas del grupo, situados dentro del comité cívico pro-santa cruz. Resulta que viene un grupo de 15 fulanos con bates (los cejistas), y se apropia de la oficina. A las horas viene un grupo de 15 menganos con bates (los angelitos), y desplazan a los anteriores y se posecionan del lugar. Y después vienen los otros, y así sucesivamente. Es decir, que la ujc, sin los fondos que recibía de la prefectura, quedó reducida a 30 zutanos rentados. ¡Qué lejos estamos de aquellos tres mil « cruceñistas » movilizados en tiempo de los referendos autonómicos de los departamentos orientales! Sin dinero, el cruceñismo se redujo al 1% de su supuesta militancia. Como están enfrentados, el 0,5% es cejista y el otro 0,5% es angelito.
A costa de Costas.
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz está muy enojado, porque el gobierno de Evo le descontará de los fondos de la prefectura, los gastos necesarios para reparar los daños a las oficinas públicas realizadas en setiembre por sus seguidores « autonomistas » y « cruceñistas ».
Dice que los descuentos no le dejarán pagar el desayuno y el almuerzo escolar a los niños de las provincias cruceñas. ¡Qué bueno Rubén! ¡Cómo le preocupan los niños indígenas y rurales cruceños!
Lo que puede a su vez, hacer Costas, es cobrarle los descuentos a los que rompieron las oficinas cruceñas, en la « gesta autonomista ». Él debería ser el primer contribuyente y también Bronko Marinkovich, que anda « de gira » por otros planetas, explicando las bondades del régimen prefectural « autonomista ». Don Bronko puede vender las 20.000 hectáreas que le quitó al pueblo guarayo, para aliviar los gastos prefecturales y ayudar al desayuno de los niños pobres.
Así todos lo recordarían como un Santo, y varias escuelas llevarían su nombre; por que no puede ser que todo sea a « Costa de Costas ».
La lawentable Elena a favor de Herodes Fernandez
Ayer, en la corte de Chuquisaca, los abogados de Leopoldo Fernández, presentaron un « habeas corpus » para trasladar a Sucre a su defendido. En fallo (sí, en fallo) dividido, la vocal Elena Lawental votó Sí, y la Teresa Rosquellas votó No. Desempató Fong Roca, a favor del ex prefecto.
Fernandez sabe que Sucre es « territorio amigo », y que desde allí puede implementar una estrategia para escaparse de la Justicia Boliviana. En las afueras del penal de San Pedro (La Paz), un grupo de 40 personas, entre ellos, familiares de víctimas de Pando, esperan a Fernandez, para aplicarle « justicia comunitaria », si intentan trasladarlo a Sucre. Así que el gobierno, por « seguridad » del hombre, no creo que sea mudado.
Lo triste es que Sucre, sede del poder judicial del país, se viene caracterizando por hechos de notable injusticia, empezando la toma ilegal de la prefectura en 2007 por Cuellar, la vejación pública de campesinos de la región, por el hecho de sabotear la llegada del presidente de la nación hace unos meses atrás, y ahora por favorecer al máximo responsable de la tragedia de Pando. La « capitalidad » se aleja cada vez más de la ciudad de Sucre. Ahora se esfuma la justicia. ¿Podrá Sucre retener en el futuro el Poder Judicial? Como se vienen dando las cosas, me parece dudoso.
Lo seguro es que en Sucre, como en Santa Cruz, la mayoría de la gente está invisibilizada por la fama de los violentos. La gente común trabajadora, honesta y solidaria de esas ciudades tiene miedo de ser blanco de ataques de los intolerantes « autonomistas ». Pero llega la hora en que esto se revierta, y nuevas expresiones políticas se hagan cargo de Chuquisaca, para darle al departamento el progreso y la prosperidad que se merecen. 

 

Como perro en cancha de bochas. La oposición boliviana
La oposición boliviana ha quedado, por el momento y probablemente por todo el año 2009, desarticulada. Sin liderazgo, fragmentada, peleada, sin saber que camino tomar para oponerse al gobierno de Evo Morales. Desprestigiada ante la sociedad y el mundo, va a tardar un buen tiempo en recuperarse.. Su estado es tan depresivo que apuestan a que a Evo le vaya mal económicamente, para poder asomar la cabeza. Ya van queriendo implementar un nuevo « frente amplio », sucesor de la difunta CONALDE, pero no alcanzar a digerir sus traiciones mutuas, ni a reconocer sus numerosos errores. Por ahora están: los prefectos Costas y Suarez por un lado. Sabina por otro. Kinklis, Ortiz y los legisladores cruceñistas no-pactistas son otra línea. As-Tuto, Borth, Colanzi y otros legisladores « pactistas » aparte. De Cossio no hay noticias. Los « civiquistas » de los comités cívicos están bastante diluídos, o fugados del país.
Igual no debemos subestimarlos, porque « algo » harán algunos.
http://la-opinion-argentina.blogspot.com/

CIDOB y el Observatorio de Derechos Humanos firman acuerdo para el desarrollo de las TICs en los 34 pueblos indígenas del oriente boliviano

Posted in Derechos Humanos,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008


La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales suscribieron un convenio para la capacitación de líderes indígenas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). El Observatorio, implementado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), tiene por objetivo democratizar el acceso a la información en Bolivia. El acuerdo permitirá a las organizaciones trabajar por garantizar la vigencia del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: « Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión ».
 
Para el Observatorio, el medio es Internet. Desde su sitio http://www.observatorioddhh.org <http://www.observatorioddhh.org/> , se define como « un instrumento de difusión, información y denuncia de los conflictos emergentes por el ejercicio de los derechos humanos. Permitiría a los asociados realizar campañas y proponer instrumentos o estrategias de prevención y contención de la violencia, además de articular y fortalecer las alianzas entre los diversos actores involucrados en el conflicto ».
 
El responsable del Observatorio, Emir Iskenderián, indicó que « en este proceso, uno de los servicios brindados es el aporte de recursos para realizar capacitaciones en tecnologías de la información y comunicaciones, para lograr mejorar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas ». Hasta ahora, el taller llegó a mujeres y hombres de los pueblos Guarayo, Guaraní, Chiquitano, Ayoreo y Yuracaré.
 
En las capacitaciones, los indígenas aprenden a crear un blog en su propio idioma, sea bésiro, zamuco o guaraní, por ejemplo. « Proyectos de este tipo son muy fundamentales para nosotros. A lo largo de este año trabajaremos por avanzar en otras cosas de las TICs. Es una gran oportunidad para seguir capacitándonos con las hermanas y hermanos que lo necesitan », dijo el vicepresidente de la CIDOB, el mojeño Pedro Nuny.
 
El Observatorio contribuirá a tender redes entre los blogs de varios pueblos del oriente a los que llega el taller, como una manera de acortar las distancias entre Chaco, Amazonía y Chiquitanía. A través de Internet, los indígenas que puedan conectarse tendrán oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones con gran parte del mundo.
 
« Es una oportunidad para empezar a trabajar por los derechos indígenas desde esta rama de la comunicación. En los últimos años, Internet ha tenido un desarrollo impresionante y permite a las organizaciones tener un posicionamiento esencial. Es parte de la lucha de los pueblos indígenas », consideró Leonardo Tamburini, director ejecutivo del CEJIS.
 
Según Eliana Rioja, comunicadora de la CIDOB, el convenio inicia « un proceso de capacitación a líderes en el uso y manejo de las nuevas tecnologías. Las hermanas y hermanos no sólo serán receptores de la información, sino generadores ». Luego de las firmas, las partes dejaron los lapiceros para levantar los vasos de brindis: « Viene la chaya con chicha », anunció Nuny.
 
Para mayor información:
 
cejis@scbbs-bo.com

Bienvenidos a la nueva Megacoalición por el Sí

Posted in Política par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008

El gobierno en cuenta regresiva y con Plan nacional de Desarrollo a medias

Rolando Carvajal

Para llegar hasta donde finalmente cedió y negoció, sobre todo con los terratenientes, el gobierno pudo haber ahorrado a los bolivianos la confrontación de los últimos 10 meses, incluidos los altos costos del revocatorio, el vandalismo en Santa Cruz y el Chaco, la matanza de Pando y hasta las lágrimas del Presidente en la plaza Murillo, según las repercusiones al reciente acuerdo entre masistas y la derecha sobre el texto constitucional que será votado el 25 de enero

La liebre del retroceso, agazapada durante los últimos meses en la alta yerba del oficialismo, saltó de pronto el pasado fin de semana hacia las galerías del Parlamento para negociar desnuda pero con la agilidad de siempre un pacto que los nacionalistas de los años 40 habrían denunciado como entreguista pero que sus apologistas no terminan de celebrar, mientras las contrapartes se aprestan a sumergirse en otro año de elecciones, propaganda y gastos a raudales.  

« Las propuestas que hicieron para aprobar en Sucre, y después en Oruro, eran un poco fuertes para después negociarlas », reveló en las últimas horas el presidente Evo Morales.

El pacto, por el que se modificaron en La Paz los términos de la nueva Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro hace diez meses, tiene similitudes, según algunos dirigentes oficialistas, con las transacciones de los partidos tradicionales por el reparto de cupos en las anteriores administraciones estatales.

« Es como antes con la megacoalición, que era por cuotas de poder. Pero ahora es por acuerdo político de cambio », dijo Miguel Surco, una de los cabecillas de la multitudinaria marcha que el pasado lunes llegó a la sede de Gobierno para presionar por la nueva Constitución.

Horas después, paradógicamente festivos, los marchistas, en su mayoría indígenas y campesinos, abandonaban La Paz sin haber evitado, por ejemplo, que los latifundistas sigan detentando sus extensos predios rurales.

« Ahí, han quedado aliviados los ganaderos », admitió Surco en declaraciones a la Cadena Erbol, mientras el presentador de la Cadena A, Jorge Tejerina precisaba que el presidente Evo Morales sirvió como un « tapón » para contener una eventual reacción de los movimientos sociales.

« De la Constitución de Oruro sólo quedó la mitad » dijo en las últimas horas el líder derechista Tuto Quiroga la a cadena Unitel haciendo el ademán de partir unos de los pequeños ejemplares del texto difundido entre los movimientos sociales para « socializar » sus ventajas, que al final quedaron sustancialmente reducidas.

Tierras para los latifundistas

Uno de los retrocesos oficiales más cuestionados se refiere a que las restricciones y eventual expropiación de grandes propiedades rurales, entre cinco mil y diez mil hectáreas, sólo regirán para futuro y no tendrán carácter retroactivo.

Con este beneficio -no aplicado por ejemplo hace medio siglo por la Reforma Agraria de 1953, que confiscó cientos de hacienda para repartirlas entre los campesinos- los grandes ganaderos y terratenientes preservarán sus privilegios, conservando incluso la posibilidad de seguir « engordando la tierra » a través de argucias para cumplir con la función económica y social.

Las propiedades que están siendo saneadas se regirán por el actual reglamento, de manera que, mientras los latifundios sean productivos, no tendrán ningún límite de extensión, ni podrán ser revertidos ni expropiados, explicó el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.

Pero algunos dirigentes oficialistas discreparon de estos términos. Se deberá aclarar « por qué modificaron lo que han hecho los asambleístas y por qué se ha convertido el Congreso en Constituyente. El Presidente debe explicar al pueblo, porque yo también estoy descontento », dijo el constituyente Román Loayza, seguido de su colega Mirtha Jiménez, luego que el Congreso funcionara como poder constituyente, haciendo a un lado a la Asamblea por la que los movimientos sociales fueron atropellados en varias oportunidades.

Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblo Indígenas del Oriente, reveló que cierta « autorización » al primer mandatario se limitaba realizar cambios únicamente en el capítulo de autonomías, pero que « por la urgencia de alcanzar acuerdos » se abrieron otros puntos.

« Este nuevo pacto con la derecha de Evo Morales demuestra hasta la saciedad su debilidad, falta de carácter e incapacidad de llevar adelante las exigencias de cambio y transformación », cuestionó un comunicado del MIP difundido por la agencia Bolpress.

« Esto constituye un gran alivio para los 100 clanes familiares que son dueños de la tierra y los grandes negocios en el oriente y los valles del país. Ellos controlan más de 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que subsisten apenas en los valles y el altiplano en los minifundios degradados por la sobreexplotación y la desertificación », recordó la agencia Econoticias.

La derecha festeja, el gobierno revela

Significativamente, los acuerdos fueron más largamente celebrados por Podemos de Tuto Quiroga, el MNR y la Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, y más enfáticamente destacados por los analistas neoliberales y medios allegados a la derecha, pese a cuestionamientos de los comités cívicos regionales y parlamentarios de Santa Cruz, que en representación de los agroempresarios reclamaron no haber sido oídos.

« Que nos digan qué es lo que no les han aceptado, porque les han dado todo lo que han pedido », respondiío el senador por Tarija, Roberto Ruiz Wass Werner (Podemos)

« Se transformó radicalmente la nueva CPE. El control, social, que se planteaba como un suprapoder, se convirtió en un fiscalizador simple », dijo su conmilitón, el senador Luis Vásquez, mientras sus colegas destacaban que la oposición había logrado modificar 200 de los 411 artículos del texto aprobado en Oruro. El vicepresidente Alvaro García Linera dijo que sólo fueron 100.

A su vez, Morales dijo que los sindicatos oficialistas sabían que las propuestas fuertes serían después negociadas: « hemos callado, hemos callado, y cuando hay que empezar a acordar, se acordó los temas complementarios », dijo en su característico estilo, remarcando su complacencia:

« No ha sido una modificación sin consulta. Tal vez algunos aumentaron, se puede ver, y seguro que la derecha va a empezar a difundir como ya lo están haciendo, como un triunfo de ellos, pero era parte de nuestro secreto ».

El pacto debía ser logrado entre el 20 de octubre, en honor a la fundación de la ciudad de La Paz según las declaraciones de algunos parlamentarios oficialistas, y el 26, fecha de un nuevo cumpleaños de Morales al que querían ofrendarle « un regalo ».

El Presidente -que junto a su partido y los de la oposición se alista para las elecciones generales de diciembre próximo- anunció que el lunes 27 se reunirá con los sectores sociales para explicarles los cambios finales que se hicieron al texto de Oruro, en diciembre pasado.

A partir de entonces se intensificó en los últimos diez meses la escalada de confrontación y violencia que incluyó las protestas de las regiones opositoras al gobierno masista, entre abril, mayo y junio, cuando fueron aprobados cuatro estatutos autonómicos departamentales.

Se sumaron también golpes y vejaciones en ambos bandos durante la campaña por el referéndum revocatorio del Presidente y los prefectos; los bloqueos en el oriente seguidos de la explosión de una válvula de gas y finalmente la matanza de campesinos en Pando.

El Presidente encara los últimos 14 meses de gestión en una cuenta regresiva que incluye modestos avances en el Plan Nacional de Desarrollo denominado « Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien », y cuyo incumplimiento fue atribuido a los problemas sociales, a la falta de legislación y a otras causas, entre las que no se mencionaron la falta de experticia de la nueva burocracia, y los riesgos de nepotismo.

Debido a la crisis económica internacional, el crecimiento de la economía boliviana proyectado para 2008 será solo 5,7% y no 6,5% como se había pronosticado

Junto con la frustrada doble reelección del presidente Morales, la oposición logró mantener los parlamentarios plurinominales. Asimismo, que la reforma constitucional se realizará por dos tercios de voto en el Legislativo y no por mayoría absoluta, además que « la propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión » y que la expropiación « se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa ».

BOLPRESS, 29 de Octubre de 2008

Carta de las víctimas de Pando a los tres poderes del Estado

Posted in movimientos sociales,Pueblos indígenas par colectivoboliviano sur 29 octobre, 2008

26 de Octubre de 2008

Señores/as:

Autoridades del Poder Ejecutivo

Autoridades del Poder Legislativo

Autoridades del Poder Judicial

Bolivia

De nuestra mayor consideración,

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando, preocupada por la falta de respuesta efectiva a sus demandas de seguridad para proteger a las comunidades de Pando y Bení, donde persisten las amenazas y agresiones en contra de familias campesinas que luchan por la defensa de todos sus derechos y que históricamente han sido objeto de discriminación socioeconómica, política y cultural, solicitan su atención.

Si bien el Estado de Sitio trajo algo de tranquilidad a Pando, la seguridad no está garantizada más allá de la capital, Cobija y de ciudades intermedias, dejando a las comunidades y cantones en total vulnerabilidad y asecho de sicarios que siguen insultando, golpeando, violando y maltratando a los dirigentes y a nuestras familias.

A su vez, estamos atentos a las acciones que se realizan para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de la masacre del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir. Creemos que el Sr. Leopoldo Fernández Ferreira, principal acusado de estos hechos no es el único que debe responder por la muerte de tantos compañeros y por la instigación a la violencia que no cesa y que podría incrementarse al levantarse el Estado de Sitio o, al dejarlo en libertad. Por ello, exigimos al poder judicial una gestión basada en la imparcialidad, en la justa aplicación de las leyes y la protección de nuestros derechos humanos para demostrar que en este país existe justicia.

Asimismo, demandamos a todas las autoridades de los tres Poderes del Estado, interponer sus oficios para exigir a las instancias correspondientes que puedan dar respuestas claras y efectivas a los problemas de inseguridad y desprotección que venimos enfrentando en el oriente boliviano por la violencia sembrada por parte de Leopoldo Fernández y todos sus seguidores, para que en todas las comunidades afectadas las familias puedan vivir libremente y los desplazados y perseguidos políticos podamos retornar y restablecer nuestra vida normal.

Consideramos que el Ministerio de Justicia es la instancia que puede exigir y demandar a los entes correspondientes la celeridad en la investigación, juicio y condena de Leopoldo Fernández y todas las personas que han participado en la masacre de Porvenir.

Los medios de comunicación han hecho eco extenso de la solicitud que realizó la Corte Superior de Justicia de Sucre pidiendo la remisión del caso a esa ciudad. Este incidente puso en duda el verdadero rol de la justicia boliviana e incrementó el temor de quienes somos víctimas de la masacre, en relación a que el caso pase de juicio ordinario a juicio de responsabilidades, pues sabemos que esa sería una forma de retardar y diluir el proceso jurídico para que quede en la impunidad.

Finalmente, pedimos a las organizaciones de la sociedad civil sumarse a la lucha contra la impunidad para exigir que las autoridades judiciales garanticen la justicia, en base a la verdad, y evitar que los culpables estén en libertad.

Por el derecho a la verdad y la justicia,

las víctimas de Pando

Fuente: BOLPRESS, 29 octubre de 2008

Ordenan liberar a Leopoldo Fernández en un plazo de 48 horas

Posted in Política par colectivoboliviano sur 28 octobre, 2008

La Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca, la misma que dejó libre a « Chito » Valle, declaró procedente un recurso de habeas corpus a favor del ex prefecto de Pando

Dos vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca declararon procedente un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro de La Paz desde el 18 de septiembre por los presuntos delitos de asesinato y terrorismo. El Poder Ejecutivo rechazó el « fallo de la corrupción » que ordena la excarcelación del ex prefecto en un plazo de 48 horas.

La Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca dispuso el cierre del proceso ordinario y el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex prefecto, a pesar de que existen indicios suficientes contra Fernández como uno de los autores intelectuales de la masacre de al menos 18 personas en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, departamento de Pando, entre el 11 y 14 de septiembre de 2008.

Autoridades del Ejecutivo descalificaron la « decisión ilegal » de la cuestionada Sala, la misma que dejó en libertad al ex prefecto de La Paz Alberto « Chito » Valle, acusado de una millonaria estafa.

El ministro responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales Héctor Arce y el viceministro de Justicia Wilfredo Chávez recordaron que el presidente de la Corte Superior de Chuquisaca Luis Fernando Iriarte, quien administra los sorteos de casos, fue diputado de ADN, partido de Leopoldo Fernández y del ex prefecto paceño Valle.

Además, uno de los vocales de la Sala que favoreció a Fernández opinó en días pasados que debería suspenderse el estado de sitio en Pando. La abogada de las víctimas Mary Carrasco reveló que este vocal es pariente espiritual del Fiscal General Mario Uribe, quien es parte del recurso de habeas corpus.

« No hay duda de que se trata de un fallo de la corrupción, como lo fue el caso de Chito Valle. El fiscal general Mario Uribe ratificó que se trata de un juicio ordinario por la masacre de Porvenir (contra Fernández) », explicó el ministro de Defensa Walker San Miguel en una entrevista con la red ATB.
San Miguel recordó que la defensa de Fernández aceptó la jurisdicción de la justicia de La Paz cuando presentó su primer recurso de habeas corpus, el cual fue declarado improcedente.

Arce descalificó la citación « ilegal » a los ministros de Gobierno, de Defensa, fiscales y autoridades que atienden el caso « porque en principio el recurso fue presentado en Sucre por autoridades que tienen sus oficinas, su residencia y su domicilio en la ciudad de La Paz, por lo que no hay razón para presentarlo en la ciudad de Sucre, más allá de buscar el contubernio con una Sala con dudosos antecedentes ».

San Miguel afirmó que cuando se notifica a una de las partes del proceso a última hora (10 de la mañana de este lunes) los fallos son irregulares, no tienen efecto legal y no causan estado.

Arce adelantó que el Ejecutivo no puede cumplir un fallo viciado de ilegalidad y aseguró que se presentará un amparo constitucional para que autoridades judiciales probas restituyan la legalidad, el estado de derecho y el debido proceso. Esta vez se hará justicia y no ocurrirá lo mismo que en el caso de Chito Valle, añadió el ministro San Miguel.

BOLPRESS, 28 de octubre de 2008

Comparación del capítulo Tierra aprobado por la Constituyente y el texto corregido en el Congres

Posted in Política par colectivoboliviano sur 24 octobre, 2008
Consenso congresal hizo dos modificaciones en el Capítulo de Tierra y Territorio del texto constitucional

La Paz, 22 Oct (Erbol).- El Viceministerio de Tierras señaló este miércoles que el Congreso de la República hizo dos modificaciones importantes en el Capítulo Noveno Tierra y Territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro. 

En el Capítulo Noveno Tierra y Territorio del proyecto constitucional corregido se “garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos”, el subdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan de Dios Fernández en declaraciones de la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol informó que este artículo para no es nuevo ya que existen dentro de algunas Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) propiedades privadas que son respetadas.

El segundo exime a las propiedades agrarias adquiridas antes de la aprobación de la nueva Constitución de cumplir con los límites de la propiedad de la tierra determinadas en el artículo 398.

Fernández indicó que después de los resultados del Referendo Dirimitorio los propietarios que tengan arriba de lo permitido por el texto constitucional no podrán comercializar la tierra, tendrán que parcelarla.

Además, el texto constitucional consensuado en el Congreso redistribuye las competencias asignadas al Estado central y a las entidades territoriales autónomas.

El Estado tiene ahora menos competencias privativas en temas relacionados con la tierra, mientras que los departamentos autónomos adquieren mayores facultades reglamentarias y ejecutivas en esta temática.

Comparación del capítulo Tierra aprobado por la Constituyente y el texto corregido en el Congreso

Viceministerio de Tierras
Unidad de Promoción Indígena y Campesina
La Paz, 23 de octubre de 2008 – Boletín N. 76

El Congreso de la República hizo dos modificaciones importantes en el Capítulo Noveno Tierra y Territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro. 
En el Capítulo Noveno Tierra y Territorio del proyecto constitucional corregido se « garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos », y se exime a las propiedades agrarias adquiridas antes de la aprobación de la nueva Constitución de cumplir con los límites de la propiedad de la tierra determinadas en el artículo 398.

Además, el texto constitucional consensuado en el Congreso redistribuye las competencias asignadas al Estado central y a las entidades territoriales autónomas. El Estado tiene ahora menos competencias privativas en temas relacionados con la tierra, mientras que los departamentos autónomos adquieren mayores facultades reglamentarias y ejecutivas en esta temática.

 

Proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro

Presidencia y Vicepresidencia de Estado

Artículo 173

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras.

Distribución de competencias

Artículo 299

Son competencias privativas indelegables del Estado plurinacional:

20. Tierra y territorio; recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, recursos hídricos, espectro electromagnético, biodiversidad y recursos forestales;

31. Levantamiento de planos, mapas cartográficos; geodesia;

35. Registro de derechos reales;

40. Políticas de tierras, suelos, forestales y bosques;

41. Titulación de tierras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Fuente: constituyentesoberana.org

 

 

 

 

Proyecto de Constitución corregido en el Congreso Nacional

Presidencia y Vicepresidencia de Estado

Artículo 172

Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras.

Distribución de competencias

Artículo 298

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación;

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado (facultad legislativa, pudiendo transferir y delegar facultades reglamentarias y ejecutivas):

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente; 7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques; 12. Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales, geodesia; 18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal; 19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado; 20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales; 22. Control de la administración agraria y catastro rural; 29. Asentamientos humanos rurales; 33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial, y 38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías.

Artículo 299

Son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental;

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques;

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

Artículo 300

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino;

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria;

18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental;

31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.

 

Recursos naturales

Artículo 349

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

III. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. (NUEVO)

Gonzalo Castellanos del TAN definirá el derecho propietario del predio Yasminka, reclamado por Yasminka Marinkovic y su esposo Robert Jakuvek Fojs

Posted in Comunicados/Discursos par colectivoboliviano sur 24 octobre, 2008

El rescate de 12 mil hectáreas robadas al Estado y al pueblo guarayo depende de un vocal del Tribunal Agrario

Redacción Bolpress
El 14 de octubre de 1998, los esposos Robert Jakuvek Fojs y Yasminka Catarina Marinkovic solicitaron a la oficina departamental del INRA de Santa Cruz la tenencia de cinco mil hectáreas de « terrenos baldíos y vírgenes », situados a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
Los Jakuvek-Marinkovic informaron que las tierras reclamadas eran « baldías y vírgenes », es decir que pertenecían al Estado. Pero en una segunda solicitud el 30 de noviembre de 1998, demandaron el saneamiento de 12.152 hectáreas ubicadas a 60 kilómetros de la comunidad Santa María, dentro del cantón Yaguarú, en el camino carretero Santa Cruz-Beni, « en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993 ».
En su primera demanda, el matrimonio reconoció que los predios carecían de antecedentes agrarios, y en su segunda solicitud 45 días después aseguraron que cumplían con la Función Económica Social de ley. La contradicción quedó registrada en el informe técnico jurídico N. 097/2001 enviado al director departamental del INRA.
A lo largo del trámite, los beneficiarios incurrieron en repetidas contradicciones respecto a la fecha de su posesión. El portavoz de la familia Juan Manuel Arias dijo que Robert Jakuvec, el verdadero dueño de Yasminka, ocupaba las tierras desde 1993. En otras declaraciones los demandantes aseguraban la posesión desde 1994, mientras que algunos documentos establecen que estarían en el lugar desde 1998.
El predio solicitado por el matrimonio Jakuvek-Marinkovic está dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo Guarayo en proceso de saneamiento que se encontraba inmovilizada desde 1997.
De acuerdo con la ley 1715, toda posesión posterior a 1996 es ilegal y todas las actividades realizadas en los predios después de 1997 no son reconocidas porque violan las resoluciones de inmovilización de la TCO.
A pesar de ello, el INRA aceptó el inicio de un trámite de « saneamiento simple ». En pericias de campo realizadas en julio de 2000, los técnicos evidenciaron un desmonte de 100 hectáreas y la existencia de alrededor de 30 reces. Sin embargo, certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas.
Los Jakuvek-Marinkovic tendrían que haberse dado por sobre satisfechos, pues la norma manda reconocer sólo la superficie que cumple la FES cuando no existe un título de propiedad perfecto o cuando el título tiene vicios de nulidad. Pero no fue suficiente para la familia.
El 21 de agosto de 2002, los Jakuvek-Marinkovic se apropiaron irregularmente de otras 10 mil hectáreas de tierra mediante un « acta de conciliación » suscrita con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori. De esta forma, la hacienda Yasminka creció de 2.558 a 12.587 hectáreas. (1)
Además, ex autoridades de INRA admitieron como pruebas de cumplimiento de la FES documentos privados de dudosa validez. En el caso de Yasminka, se validaron « notas de entrega » y « notas de crédito », considerados documentos privados de carácter doméstico sin valor probatorio alguno. (2)
En 2004, cuatro años después de las pericias de campo, se añadió al plano de la hacienda un punto geodésico que no se había visto antes. Gracias a esa misteriosa modificación apareció dentro de Yasminka un pequeño descampado de 35 hectáreas anterior a 1996 denominado « Once por ciento », de propiedad de Santos Méndez Carrillo.
Se presume que los Jakuvek-Marinkovic se valieron del pequeño descampado y se atribuyeron trabajo ajeno para demostrar que toda la hacienda Yasminka era anterior a 1996. Sin embargo, imágenes satelitales tomadas entre 1993 y 2006 demuestran que se hicieron trabajos en esas tierras caracterizadas por ser « monte alto » recién a partir de los años 2000 y 2001.
Actos procesales
El 10 de julio de 2007, el Viceministerio de Tierras formalizó una denuncia penal ante el Fiscal General de la República en contra de Robert Jakuvek Fojs, Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval y Silvia Ximena Ovando Bilbao La Vieja por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, tipificados por los artículos 199, 203 y 146 del Código Penal.
El 12 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso Milton Mendoza comunicó el inicio de las investigaciones al Juez Instructor y Cautelar Segundo en lo Penal Julia Parra.
El 20 de julio de 2007, el ciudadano Rubén Darío Bascopé Hurtado presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la ciudad de Santa Cruz en contra de Jakuvek, Marinkovic, Silvia Ovando y Eliane Capobianco por la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica destinados al acaparamiento de tierras en la provincia Guarayos.
El proceso registrado con el número 0705076/07 quedó a cargo del fiscal Osmar Arias. Los imputados se presentaron voluntariamente a prestar declaraciones informativas, negando los delitos que se les imputaban.
Se presume que este proceso abierto en Santa Cruz fue una « autodenuncia » con el objetivo de trasladar a la capital cruceña el proceso iniciado en La Paz. El 20 de agosto de 2007, los imputados Jakuvek Fojs, Marinkovic de Jakuvek y Ovando interpusieron una demanda de Excepción de Incompetencia en razón de territorio, solicitando la declinatoria de competencia de la Juez Julia Parra.
En septiembre de 2007, la juez Parra declaró probadas las excepciones de incompetencia en razón de territorio, disponiendo la remisión del proceso a la ciudad de Santa Cruz.
El Ministerio Público y el Viceministerio de Tierras interpusieron un Recurso de Apelación Incidental, el cual pasó a conocimiento de la Sala Penal Segunda integrada por Dora Villarroel y Armando Pinilla, quienes devolvieron los antecedentes a la juez Parra disponiendo que corrija los errores procedimentales de forma y de fondo, y dicte una nueva resolución.
El 15 de mayo del 2008, la juez Parra emitió la Resolución 633/2008 mediante la cual ratificó y declaró Probada la Excepción de Incompetencia en Razón de Territorio.
El 20 de mayo de 2008 se formalizó la Querella Criminal y el 30 de mayo el Viceministerio de Tierras interpuso un Recurso de Apelación Incidental contra la Resolución N. 633/2008, el cual se encuentra pendiente de resolución.
En manos del TAN
El 19 de octubre de 2007, en representación de Yasminka Marinkovic y Robert Jakuvek, Nenad Matkovic Vrajincan interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN), impugnando la Resolución Administrativa RA-ST-0529/2007 del INRA. El proceso contencioso administrativo registrado como expediente N. 63 se halla pendiente de resolución.
El presidente del TAN Luis Arratia Jiménez informó que el proceso contencioso que definirá el derecho propietario del predio Yasminka fue sorteado para resolución el 1 de septiembre de 2008, quedando a cargo del caso el vocal relator Gonzalo Castellanos.
Mediante un Auto, se solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia y se pidió un informe técnico al geodesta del TAN.
La resolución del proceso Yasminka depende directamente del vocal del TAN Gonzalo Castellanos. En sus manos está hacer justicia y devolver la tierra usurpada al Estado y al pueblo guarayo, o consolidar un latifundio malhabido.
Notas
1. La Ley INRA indica que la FES, la base para el reconocimiento de derechos, se verifica en pericias de campo (arts. l66 I 3 de la Ley 1715 y 290 – 293 del D.S. 25763). La verificación de la FES significa contar vacas y medir el terreno con herramientas tecnológicas. Contrariando la norma, a fines de los años 90, ex autoridades utilizaron la novedosa figura de « conciliación entre partes » para reconocer derechos propietarios de la tierra. Firmaron el acta de conciliación de Yasminka la directora interina del INRA Santa Cruz de entonces Eliane Beatriz Capobianco Sandoval (ex constituyente de Podemos) y Silvia Ximena Ovando Bilbao la Vieja, ex directora nacional de TCOs. Ambas autoridades violentaron la normativa y validaron el mecanismo ilícito de la « conciliación » para beneficiar a los empresarios, y ahora son enjuiciadas por la comisión del delito de uso indebido de influencias. Se instruyó el inicio de un proceso administrativo en contra de 16 ex funcionarios del INRA: Fernando Caballero, Guillermo Rivero Cuéllar, Iván Altamirano, Yaquelín Zabala, Ivón Vedia, Jorge Aguilera, Eliane Capobianco, Silvia Ovando, Wilson Vaca, Magali Padilla, Jaime Luisi, Jorge Chavarria, Mónica Justiniano y José Landrie Alfredo Caballero. También firmaron el acta de conciliación de Yasminka Henry Escalante, abogado de los guarayos, (trabajaba para los indígenas en el CEJIS, pero con el tiempo se fue entendiendo mejor con los latifundistas; hoy es alto funcionario de la Prefectura de Santa Cruz) y Jorge Amantegui, asesor legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz – FEGASACRUZ (actual jefe de gabinete del Prefecto Rubén Costas).
2. En el texto del acuerdo conciliatorio del predio Yasminka se presenta como pruebas 1. Una « Autorización para venta » de 2.100 dosis de vacunas antiaftosa fechada el 20 de agosto de 2002; 2. Nota de entrega N. 4495 de Veterinaria La Quinta de fecha 1 de julio de 2002; 3. Nota de crédito N. 1036 de Servicios Veterinarios Fortaleza del 1 de julio de 2002 por 1000 dosis de vacunas; 4. Un contrato de trabajo con el Ing. Evert Durán Rodríguez suscrito el 20 de agosto de 2002 para la elaboración de un Plan de Manejo Forestal para 4912 has.; 5. Nota de entrega N. 8988 de Agroinco SRL del 20 de agosto de 2002 que detalla la entrega de 2100 dosis de vacuna aftosa; 6. Contrato privado de compraventa de ganado vacuno suscrito el 28 de junio de 2002 por los esposos Jakuvek Marincovic y la Empresa Laguna Corazón SA (en ese momento Yasminka M. era co propietaria y ejecutiva de la empresa Laguna Corazón y por tanto el negocio lo hizo ella sola) y 7. Acta de Reconocimiento de la « Central Yaguarú » (sic). Los certificados de vacunación, de veterinaria, de adquisición de ganado, etc. son complementarios y sirven para aclarar, pero en ningún caso para sustituir o contradecir lo que se apreció en terreno, observa un informe del Defensor del Pueblo de 2005 referido al caso.

De Ric a Melgar

Posted in MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLITICA,Medios de comunicación,Racismo par colectivoboliviano sur 23 octobre, 2008

Claudia Benavente

En Santa Cruz se ha levantado una suerte de persecución contra « collas » y « cambas traidores » libre de límites. Si no se baja la cabeza ante las ideas de una oposición extremista que se cobija bajo el paraguas cívico, las personas están sometidas a un hostigamiento público que parece de otro siglo. La violencia simbólica y física anulan entonces derechos básicos. Uno de los recientes casos del que los medios, esencialmente televisivos, no han dicho gran cosa, es el de Salvador Ric.
El viernes 3 de octubre, gente de los movimientos ultras pro-cívicos, salieron del Comité Cívico a las calles para hacer « jocha ». La escena fue un café de la avenida Monseñor Rivero (barrio chic cruceño) donde encontraron a Salvador Ric, conocido empresario y ex ministro del Gobierno del MAS durante los primeros meses de gestión. Se acercaron y, sin anestesia, le exigieron que abandone el local. Ric simplemente se trasladó a otro café de la misma avenida donde los ultra intolerantes mutaban palabras en violencia física. El ex ministro terminó refugiándose tras los mostradores. Finalmente buscó seguridad en la planta alta del local hasta que llegó la Policía (tan venida a menos por allá), para salvarlo, pues según la prensa, abandonó el lugar resguardado por uniformados y disfrazado de policía.
« Abandoné la política hace más de dos años » dijo Salvador Ric horas más tarde, cuando el punto no es ese, sino el descarado abuso de sectores poblacionales cuyo mundo es tan estrecho que no logra dar paso a ningún grado de diferencia entre ellos y los otros, los que piensan diferente. Sólo este enorme vacío explica que una mujer lance sin tapujos: « juro por Dios, juro por esta tierra, que ese hijo de perra no amanece vivo, mierda ». Bajo sus promesas a Dios, su lealtad a la cruz y a Santa Cruz se han perdido en el peor de los infiernos. El del espíritu de venganza, ese que impulsa a escribir « listas de traidores », ese que derivó en atentados a los « indeseables », en agresiones públicas como la que le tocó a Alfonso Román, intelectual cruceño que fue humillado delante de cámaras de televisión.
Los casos precedentes, pese al paso de las semanas, no se enfrían porque son muestras de la irracionalidad que sufrimos cotidianamente. Viene también al caso porque en la anterior semana una de las noticias duras fue la detención de Jorge Melgar y vale la pena un par de consideraciones en paralelo. De entrada, llama la atención que la flagrante violación de los derechos ciudadanos de Román o de Ric (por citar apenas dos apellidos) no haya ocupado el centro de la discusión mediática como lo fue en días pasados la detención de Melgar. Por supuesto que nos sumamos a las voces que piden términos democráticos en las detenciones, en el trato a los familiares y criticamos el uso de capuchas en una detención bajo ley. Sin embargo, estos dobleces no nos hacen quitar la vista del núcleo del asunto: las razones de la detención.
A diferencia de Ric y de Román, Melgar no tomaba un café ni salía de ser entrevistado. Está acusado de sedición, de conspiración, de participar en tomas de instituciones, sin mencionar el detalle de sus antecedentes penales. Sus defensores afirman que se trata de una venganza política por conducir el programa Camila y Macarena, contrario a la línea gubernamental. El problema real es que uno puede ser todo lo opositor que quiera siempre y cuando no se salga de la raya democrática. Entonces, vociferar que tal y tal sean fusilados, vociferar que hay razas malditas u otras perlas más es no haber entendido el ABC de la democracia y es injustificable en cualquier contexto. Es simplemente execrable. Periodista o no, comentador o no, camba o colla.

À 40 jours des attaques contre les organisations sociales dans l’Est de la Bolivie

Posted in Pueblos indígenas,Racismo par colectivoboliviano sur 22 octobre, 2008

40 jours après l’attaque contre des organisations autochtones et de droits humains, à Santa Cruz de la Sierra, perpétrée par des groupes de délinquants subordonnés à la Préfecture et au Comité civique de ce département, nous ne pouvons pas encore compter sur des garanties minimums nous permettant de retourner travailler dans nos bureaux.

Le 9 septembre dernier, au milieu d’une supposé « révolte populaire » financée par des groupes opposés au gouvernement du président Evo Morales, les bureaux  du Centre d’études juridiques et de recherche sociale (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS) ont été attaqués, mis à sac et incendiés par 50 jeunes et adolescents employés par des personnes liées à la Préfecture et au Comité civique. Le soir du même jour, les bureaux du Centre de recherche et promotion de la paysannerie (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA) de Ascension de Guarayos, dans le nord du département de Santa-Cruz, ont aussi été assaillis et mis à sac par des personnes reliées au Comité civique de cette municipalité et à la mairie.

À Trinidad, notre bureau doit fonctionner dans la clandestinité depuis qu’a circulé, de façon non officielle, une « liste » sur laquelle figurent des noms de personnes et d’institutions « ennemies de l’autonomie et de la bénitude (de la benianidad) » qui sont l’objet de persécution et d’agression. À Riberalta, depuis un mois, de la même façon que les dirigeants et autorités locales liés aux mouvements sociaux le sont, les ONG CEJIS Riberalta, CIPCA Nord et l’Institut pour l’homme, l’agriculture et l’écologie (Instituto para el Hombre Agricultura y Ecología – IPHAE) ont dû fermer leurs portes et leurs employés ne peuvent pas travailler ni circuler librement dans cette localité du nord de l’Amazonie.

Le 15 septembre, le Comité civique régional a donné aux employés de ces institutions 24 heures pour abandonner Riberalta : « dans le cas contraire nous ne somme pas responsable de ce qui peut vous arriver » ont menacé les partisans du préfet Ernesto Suarez. Ce jour-là, la Coordination interinstitutionnelle de droits humains a demandé au sous-préfet de la province Vaca Díez, Augustín Vargaz, de protéger la vie et l’intégrité des personnes encore aujourd’hui persécutées parce qu’elle ne se range pas aux mots d’ordre des groupes de pouvoir traditionnels.

L’après-midi du 9 septembre, en face des bureaux détruits du CEJIS de Santa Cruz, un tiers de sa bibliothèque a été brûlée.  Celle-ci était reconnue internationalement pour sa spécialisation sur les thèmes législatifs, autochtones, paysans,  agraires et fonciers. L’incinération des livres a été classiquement célébrée par ceux qui, de façon obtuse, croient que les idées qu’ils combattent disparaîtront en faisant de la fumée avec des papiers.

Les 10 et 11, les bureaux de la Coordination des peuples ethniques de Santa Cruz (Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC) et de la Confédération des peuples autochtones de Bolivie (Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB) ont été occupés par des autochtones expulsés du mouvement autochtone et recyclés comme fonctionnaire de la Préfecture et du Comité. Ils s’octroient une représentativité mais n’ont pas de base. À moins que leur base soit les dizaines de jeunes « engagés pour voler » comme ceux-ci se définissent devant les caméras de télévisions. Les bureaux de l’Organisation nationale des peuples autochtones de Bolivie ont été récupérés cinq jours plus tard grâce à une action coordonnée des citoyens du quartier Villa 1er mai et des autochtones.

La CPESC, située à moins d’un coin de rue, a été détruite par les vandales engagés à cette fin. Il n’est resté que des murs branlants de la Grande maison des peuples de l’Orient. C’est de là qu’étaient parties plusieurs marches de centaines de kilomètres demandant à l’État bolivien de reconnaître les droits des peuples autochtones. C’est là qu’est né le Pacte d’unité, principale référence des mouvements sociaux du pays, et où ont été rédigés plusieurs documents qui aujourd’hui sont des lois.  C’est là qu’a été conçue, en 2002, l’idée folle de marcher pour exiger la convocation d’une Assemblée constituante. Est-ce que les groupes de pouvoir de l’Est ont cru qu’en effaçant le siège social de la CPESC il n’y aurait plus de mouvement autochtone dans les départements qu’eux considèrent comme des grandes propriétés?

Devant cette situation de violence, des actions légales ont immédiatement été entreprises auprès des autorités compétentes pour qu’on enquête et qu’on identifie les responsables de ces actes.

Nous dénonçons la placidité de l’enquête du Ministère public de Santa Cruz  qui se cache derrière – selon sa définition – le « système juridique de garanti » de ce pays pour ne pas citer à comparaître les dizaines de supposés démocrates qui ont agressé brutalement des innocents, attaqué des propriétés publiques et privées, menacé et maintiennent toujours dans l’angoisse les populations qui ne partagent pas leurs valeurs de totale violation des droits humains. Les visages de ces personnes ont été captés par plusieurs canaux de télévision privés au moment même où ils commettaient ces méfaits et se vantaient de les commettre.

40 jours après l’attaque contre les organisations, la Justice s’est bornée à demander ces images aux canaux de télévision privés dont les possesseurs sont de prospères propriétaires de grandes étendues de terre ou d’anciens fonctionnaires des partis politiques de droite qui défendent et couvrent la violence exercée contre ceux qui n’adhèrent pas à la dictature civique des préfectures subie dans l’Est du pays.

40 jours plus tard, ces canaux n’ont pas fourni les images parce que – c’est évident – ça ne leur viendrait jamais à l’idée de donner des informations  qui pourraient bloquer les fruits de la violence qu’ils sèment dans chaque minute de leur transmission. Nous déplorons l’attitude des médias de communication qui violent le droit des citoyens à recevoir une information vraie.

La population n’a toujours aucune influence sur le discours des médias qui est celui des propriétaires de ces médias. La seule ressource qui nous reste c’est d’adresser directement notre message et notre vision à chaque personne individuellement. Cela donne des résultats avec certains organismes comme les Nations Unies, La Commission interaméricaine pour les droits humains (CIDH) de l’Organisation des États américains (OEA), la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), le Parlement de l’Union européenne et l’Union des pays sud-américains (UNASUR).

Mais le travail pour abattre le mur d’omerta qui fait taire les voix discordantes et oblige à une permanente autocensure est long et ardu. C’est pourquoi le combat contre l’impunité est la priorité des organisations comme le CEJIS où nous travaillons à la construction permanente d’une société juste, incluante et solidaire.

Leonardo Tamburini, Directeur exécutif du CEJIS

Traduction: Louise Lavallée

Note: Cette note a été publié aussi en espagnol dans notre blog le 20 octobre 2008

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